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derechos humanos

baño de sangre premeditado


Golpes, gases, tiros y picanas en alta mar. Estremecedores relatos de los sobrevivientes de la flotilla humanitaria atacada camino a la Franja de Gaza. Los relatos del abordaje evocan malos tratos, golpes y hasta el uso de pulsiones eléctricas.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Antes de que el primer ministro israelí decidiera deportar a todos los extranjeros detenidos durante el asalto a la flotilla humanitaria internacional que se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria, el Estado israelí había cerrado una situación orwelliana. Israel obligó a los detenidos a firmar un documento de deportación y las personas que se negaron a hacerlo fueron encarceladas bajo el cargo de ingreso ilegal en el territorio. Ahora bien, nadie entró ilegalmente al territorio israelí, sino que fueron conducidos por la fuerza y, según se desprende de los primeros testimonios de franceses, griegos y alemanes que llegaron hoy a sus respectivos países, los prisioneros fueron tratados como auténticos criminales por los militares israelíes. Los relatos del abordaje evocan disparos a la cabeza, malos tratos, golpes y hasta utilización de pulsiones eléctricas.
La cineasta brasileña Iara Lee, que formaba parte de la flota, contó a medios de su país que los soldados, una vez en el barco, comenzaron a atacar de manera indiscriminada. "Esperábamos que dispararan a las piernas o al aire, pero fueron directo a la cabeza de los pasajeros." La activista turca Nilufer Cetin ofreció su testimonio sobre el desenlace de los hechos cuando llegó ayer a Estambul con su hijo en brazos. "Primero usaron bombas de humo y gas lacrimógeno. Luego comenzaron a descender desde helicópteros. Entonces el choque fue brutal. El barco ‘Mavi Marmara’ se volvió un baño de sangre. Me oculté con mi bebé de un año en el baño del camarote."
Entre la decena de detenidos franceses en esta operación, uno de ellos llegó ayer a París y dio un testimonio. Su relato se suma al de las dos mujeres, los militantes alemanes, griegos y al de Hanin Zoabi, la única diputada israelí que participó en la expedición humanitaria. Yussef Benderbal, miembro del Comité de Beneficencia y Socorro a los Palestinos (CBSP), contó que a bordo del barco "no había ningún tipo de armas". Según este activista, el argumento esgrimido por Israel y según el cual en los barcos había armas tiene un solo objetivo, que consiste "en desacreditar el convoy humanitario". Yussef Benderbal aclaró que desde el principio se dieron instrucciones precisas para que no hubiese "ninguna provocación, incluso si los israelíes subían a abordo. Nosotros no buscamos la agresión, fuimos agredidos".
El activista francés explicó en París que los organizadores de la flotilla habían decidido agruparse y que los israelíes les habían pedido que "dieran media vuelta", lo que "era inaceptable para nosotros". Cuando los soldados abordaron el barco desde los helicópteros les pidieron a gritos que se sentaran. "Teníamos la consigna de dialogar con los israelíes y proteger la cabina del capitán con nuestros cuerpos. Un soldado le dio un golpe en la mandíbula a un pasajero y le puso su arma en la garganta."
Norman Paech, un ex diputado de 72 años del partido alemán Die Linke, que se encontraba a bordo del ‘Mavi Marmara’, dijo en el curso de una conferencia de prensa que "nunca vimos un cuchillo utilizado como arma. Nos defendimos con palos". Paech negó también que la actitud violenta de los soldados que abordaron el ‘Marmara’ se explique por su necesidad de defenderse de la violencia de los pasajeros. "Fue un ataque contra una misión pacífica en aguas internacionales. Los israelíes pueden defender su zona de defensa militar, pero nosotros estábamos fuera de esos límites. Teníamos derecho a defendernos." Otros dos diputados del partido Die Linke, Inge Hoeger (59 años) y Anette Groth (56 años), completaron el relato de Paech: "Nadie estaba armado", dijo Hoeger. Matthias Jochheim, un médico miembro de la asociación contra las armas nucleares Ippwn, aseguró que "los soldados dispararon con balas reales, no con balas de caucho".
A su vez, Nadel el Sakka, una representante de la comunidad palestina en Alemania, admitió que "nos esperábamos muchas cosas, pero no la brutalidad a la que nos enfrentamos. Esperábamos que hubiese presiones, obstáculos, pero no este estado de guerra". Norman Paech reveló que desde el vamos los pasajeros de los barcos habían descartado la violencia y la resistencia porque "sabíamos que, frente a esos soldados, no teníamos ninguna posibilidad". Otros cuatro griegos que formaban parte de la flotilla denunciaron en Atenas sus condiciones de arresto y detención, que calificaron de "miserables".
Michalis Grigoropolus, un integrante de la tripulación del barco ‘Eleftheri Mésogeio’, contó que los comandos israelíes que saltaron al barco "dispararon gases lacrimógenos y balas de caucho" y que, luego, los comandos "aplicaron electroshocks a algunos militantes". Este militante narró también las primeras horas del arresto: "Las condiciones de detención en el puerto de Ashdod, donde fueron agrupadas 500 personas, eran miserables. Los policías filmaban videos, nosotros estábamos sentados en el suelo y los policías nos amenazaban con sus armas. Nos hicieron firmar papeles sin que yo supiera qué decían esos papeles, porque no tenía derecho a contar con un traductor, de tener un abogado o comunicarme con mi familia". Aris Papadokostopolus, otro integrante de la tripulación del mismo barco, afirmó que "dos griegos detenidos fueron golpeados porque se negaron a que se les tomaran sus huellas digitales". Aunados unos a otros, los relatos que empiezan a emerger permiten hacerse una idea algo más clara. Los enfrentamientos más duros, por ejemplo, tuvieron lugar a bordo del barco turco ‘Mavi Marmara’. Es allí donde se contabilizaron los nueve muertos. Liberada gracias a la inmunidad que le confiere su estatuto, la diputada israelí Hanin Zoabi –estaba a bordo del Marmara– dijo en una conferencia de prensa que resultaba evidente que el propósito del comando que abordó el barco "no era detenerlo, sino causar el mayor número de bajas para impedir futuras iniciativas similares. Nuestro objetivo era romper el bloqueo. No teníamos planes para un enfrentamiento. Israel efectuó una operación militar provocadora".

3 de junio de 2010
2 de junio de 2010
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ejército judío comete nueva masacre


Unánime condena internacional a la masacre. El asalto del Ejército israelí a una flotilla de barcos con ayuda humanitaria para Gaza causó más de una decena de muertos. La ONU, la UE y la Liga Árabe se movilizan para mantener reuniones de urgencia tras el asalto a la ‘Flotilla de la Libertad’.
Palestina. El Ejército israelí ha reconocido la muerte de diez activistas, pero medios locales cifran las víctimas entre 14 y 20 muertos, así como entre 30 y 60 heridos, en el asalto, llevado a cabo por miembros de una unidad de elite en aguas internacionales, a unas veinte millas de la franja palestina. Los testimonios de las víctimas afirman que los soldados israelíes descendieron sobre las cubiertas desde helicópteros abriendo fuego, mientras las imágenes de televisión mostraban la evacuación de un cadáver, una camilla ensangrentada y restos de sangre en el suelo de la embarcación, así como los soldados israelíes que la abordaron.
La portavoz del Ejército de Israel, la comandante Avital Leibowitz, aseguró que los tripulantes abrieron fuego, trataron de apuñalar y lanzaron piedras a los soldados. El asalto a la flotilla, cuya principal responsable es la ONG turca IHH, ha causado una oleada de ira en Turquía, donde unas 10.000 personas protestaron en el centro de Estambul.
El Gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, que ha cancelado una gira en Latinoamérica por el incidente, ha avisado de que el ataque tendrá "consecuencias" y ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, como lo ha hecho el Líbano.
A la espera de que Naciones Unidas decida al respecto, sí que han confirmado reuniones extraordinarias los ministros de Exteriores de la UE, esta tarde, y los países miembros de la Liga Árabe, mañana.
El Vaticano expresó "gran preocupación" y "dolor" por "la inútil pérdida de vidas humanas", según su portavoz, Federico Lombardi. Francia y Alemania han mostrado su "conmoción" y han "exigido", como España e Italia, una investigación exhaustiva de lo sucedido, que también ha solicitado la jefa de la diplomacia europea, Catherine Asthon, además de pedir que se depuren responsabilidades. Algunos miembros del Parlamento Europeo han ido más allá en su condena y han unido sus voces a las de varios mandatarios árabes y asiáticos para el desbloqueo inmediato de los accesos a Gaza.
Así lo han hecho el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y el emir de Qatar, jeque Hamad bin Jalifa al Zani, para quien "todos los que hablan de libertad, justicia y democracia están llamados ahora a hacer algo para romper este bloqueo para que no se pierda la sangre de estos mártires".
La Liga árabe ha convocado para mañana una reunión de urgencia de su comisión permanente en El Cairo, tras calificar lo sucedido de "crimen" y de "acción terrorista". Para su secretario general, Amro Musa, el asalto es una "clara señal de que Israel no está preparado para la paz".
En ese sentido, ha sorprendido que Abás, que ha decretado tres días de luto en los territorios palestinos, no suspendiera, sin embargo, las negociaciones indirectas que mantiene con Israel. Por su parte, el jefe de Gobierno en Gaza del movimiento islamista Hamás, Ismail Haniye, convocó de urgencia a sus ministros y calificó el ataque de "brutal", mientras que la secretaría del grupo en Damasco instó a la reacción a la comunidad internacional y consideró cómplices a quienes no se pronuncien sobre esta "agresión atroz".
Tanto el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, como el de Exteriores, Avigdor Lieberman, han convocado esta mañana reuniones de urgencia, mientras su número dos, Dani Ayalón, responsabilizó de las muertes a los miembros de la flotilla. Ayalón dijo que los activistas respondieron a los soldados con armas y llegó a relacionar a los organizadores de la flotilla humanitaria con Al Qaeda.

31 de mayo de 2010
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ramón sáez valcárcel sobre garzón


Entrevista con el juez español de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel. De paso en Buenos aires, se sumó a la defensa de su colega enjuiciado por investigar los crímenes del franquismo. Dice que la transición a la democracia se vendió como ejemplar, pero es un modelo de impunidad e injusticia.
Argentina. Ramón Sáez Valcárcel es juez de la Audiencia Nacional española, al igual que el actualmente suspendido Baltasar Garzón. La suya fue una de las tantas voces que se alzaron para defender al magistrado, que tras su intento de terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo debió migrar como consultor al Tribunal Penal Internacional.
En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.

¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?
Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.

¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?
La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.

¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?
La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.

¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?
El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.

¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?
Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.

¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?
En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.

¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?
Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.

¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?
España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.

Informe de Luciana Bertoia.

30 de mayo de 2010
29 de mayo de 2010
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habla el fiscal moreno ocampo


El fiscal que contrató a Garzón: "Hay dos formas de ser víctima". El juez español castigado por buscar la verdad de crímenes del franquismo está por mudarse a La Haya. Asesorará a Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en 1985 y actual fiscal de la Corte Penal Internacional.
[Martín Granovsky] La parábola se completará esta semana: el juez que quiso investigar qué pasó con las víctimas del franquismo comenzará a trabajar con el fiscal que hace 25 años acusó a los victimarios argentinos.
"Hace muchos años que necesito la ayuda de Baltasar Garzón", dice Luis Moreno Ocampo a Página/12. Y tras aclarar que no puede opinar sobre la Justicia española desliza una ironía: "Y ahora tengo tiempo".
Moreno Ocampo es fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. No es la misma que falló sobre Botnia y el río Uruguay. Fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma para investigar crímenes contra la humanidad y la paz y comenzó a funcionar cuando 60 estados ratificaron el Estatuto, en 2002. Una de las primeras medidas prácticas fue designar un fiscal y pedirle que montase una fiscalía. Esos son el cargo y el trabajo de Moreno Ocampo.
Garzón será su colaborador luego de que el Consejo General del Poder Judicial de España lo autorizó el viernes último. Está suspendido como juez desde que el Tribunal Supremo hizo lugar a acusaciones impulsadas por organizaciones franquistas y neofranquistas, irritadas porque Garzón se declaró competente para investigar los detalles de la muerte que la tiranía de Francisco Franco descargó sobre miles de víctimas entre 1939 y 1975.

–Como usted sabe, el gobierno español estuvo de acuerdo con que Garzón viniera a la Corte –dice Moreno Ocampo—. Eso sin perjuicio de que el caso que pesa hoy sobre él se tiene que desarrollar porque nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario.

¿En qué lo ayudará Garzón a usted?
Tiene una gran experiencia por la diversidad de casos que afrontó en los últimos 20 años. Sabe cómo investigar las relaciones entre poder político y criminalidad y entre finanzas y criminalidad. No lo sabe en teoría. Lo hizo. Investigó la financiación de la ETA y las relaciones con Herri Batasuna, investigó a los parapoliciales de los GAL, al fundamentalismo islámico, a Augusto Pinochet... Hablamos muchas veces sobre estos temas. Ya le había pedido ayuda una vez que fuimos juntos a Colombia para colaborar en el desarrollo del sistema nacional de investigaciones penales sobre crímenes masivos.

Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto de Julio Strassera en el proceso a los comandantes de la dictadura de 1985.
En el ’85 la Argentina hervía y la discusión era si juzgar estaba bien o mal. Lo que pasó es extraordinario, porque hoy el país no está dividido por ese tema sino por matices. El Juicio a las Juntas tuvo un efecto muy importante. Estableció claramente cómo había sido la historia. El juicio aclaró el pasado y la Argentina, incluso con todos los vaivenes que vivió después, se consolidó. Hoy la democracia es tan natural como la de los Estados Unidos o Europa: ahí está, es parte del aire que uno respira. Alguien dijo que los buenos diseños demuestran su efectividad cuando son invisibles. Es lo que pasa con la democracia argentina.

Usted no quiere hablar de la tramitación judicial sobre Garzón, pero puede opinar sobre un hecho relacionado con la situación española: el derecho de las víctimas y sus familiares a saber qué ocurrió, versus la ley de amnistía de 1977.
Ya hay leyes, jurisprudencia y consenso sobre que las normas locales no se pueden oponer a los tratados internacionales. Ya cuando hicimos el Juicio a las Juntas invitamos a Louis Joinet, relator especial de Naciones Unidas, que explicó los diferentes aspectos de la Justicia.

Joinet siempre sostuvo que saber qué pasó también es un derecho colectivo.
Exactamente. Me sumo a las palabras de él. Hay dos formas de ser víctima. Por un lado, los torturados y asesinados. Por otro, las familias que nunca tuvieron información. Si no saben qué pasó, las familias de los desaparecidos son víctimas permanentes. Siempre me acuerdo de cuando varios años después del Juicio a las Juntas, me encontré con el padre de Inés Olleros, una chica secuestrada y desaparecida. Un día me dijo: "Yo creo que la asesinaron, pero mi corazón guarda siempre una cuota de esperanza". Me contó que unas semanas antes alguien le había dicho que su hija estaba en un hospital para enfermos mentales de Caleta Olivia. Viajó hasta Santa Cruz y vio la cara de las internadas. Una por una. La única forma de que se acabe esa incertidumbre es saber. Cuando aún no podían juzgarse los crímenes de la dictadura, la Cámara Federal de La Plata organizó audiencias públicas para establecer la verdad de lo que ocurrió con las víctimas y para que lo supieran sus familiares, esas otras víctimas.

Siete Años, Siete Juicios
La Cámara de La Plata autorizó el Juicio por la Verdad en 1998. Su resolución fue simple: "Declarar el derecho de los familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en el pasado gobierno de facto (1976/83) de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la desaparición de ellas y en su caso el destino final de sus restos". La investigación avanzó velozmente por la dinámica de la Justicia y el trabajo sistemático de los organismos de derechos humanos. Cuando, otra vez, juzgar fue posible, buena parte de la prueba ya estaba producida durante el Juicio por la Verdad.

Instalado en La Haya desde hace siete años, Moreno Ocampo aprovechó la experiencia argentina de una fiscalía montada desde cero en 1984.
Hace siete años me nombraron. Con siete pisos vacíos. Tenía una conclusión: el Juicio a las Juntas fue muy bueno porque empezó por las cabezas. ¿Cómo hacía yo para montar una fiscalía? ¿Cómo lograba arrestar a jefes y garantizar los juicios? Había llegado a un criterio: pocos juicios y procesados de alta jerarquía. El desafío era doble. Por un lado, construir la estructura de una institución pensada para durar siglos. Por otro, investigar crímenes masivos mientras estaban ocurriendo.

¿Qué hizo con la primera tarea?
Tengo trabajando 300 personas de 70 países.

¿Y con el segundo desafío?
Procesé a jefes de Uganda y el Congo y al presidente de Sudán. La Corte tiene tres juicios en marcha.
El presidente sudanés está bajo proceso por la limpieza étnica de Darfur, que desde 2003 produjo miles de muertos y un millón de desplazados.
La realidad, además, plantea cada día nuevos problemas. Por ejemplo, cada país de Europa que interviene en conflictos fuera del continente debe respetar las normas europeas de derechos humanos. ¿Cuáles son las normas para el Reino Unido en Afganistán?

Parte de las 300 personas son algunos juristas especializados. Moreno Ocampo contrató a Catharine MacKinnon, de la New York University, que trabajó por primera vez el concepto de acoso sexual. También al argentino Juan Méndez, consejero del secretario general de Naciones Unidas para la prevención de genocidios.
Baltasar Garzón, andaluz de Jaén, 54, será el nuevo del equipo.

–Necesitamos gente de la más alta calidad posible –explica Moreno Ocampo.

La vendetta española produjo una parábola y, además, una paradoja: mejoró la calidad de un tribunal dedicado a la justicia sin fronteras por haberle puesto una frontera a la justicia.

23 de mayo de 2010
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recuerdos de provincia


Si un delito anterior a la definición de crimen de lesa humanidad es susceptible de ser descrito como tal, como tal ha de ser descrito y juzgado.
[Horacio Verbitsky] El lunes pasado el plenario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó la condena a Vasiliy Kononov, de 87 años, por crímenes de guerra cometidos en 1944 contra ciudadanos letones. El ex militar soviético negaba que fueran crímenes de guerra y aducía, como los lobbystas de la Corporación de Abogados Católicos, que si lo fueran habrían prescripto. En 1944, cuando Letonia era un anexo de la Unión Soviética, las tropas alemanas ocupantes asesinaron en la aldea Mazie Bati a un grupo de partisanos escondidos en una granja. Kononov dirigía un comando soviético de los ‘Partisanos Rojos’, que tomó represalias sobre los habitantes de Mazie Bati por delatar el escondite a los alemanes. En mayo de 1944 ingresaron a la aldea, vestidos con uniformes del ejército alemán para no llamar la atención y atacaron las casas de los habitantes. Sacaron a todos de las camas o de la ducha, los golpearon, y prendieron fuego a sus casas con ellos adentro. La mujer de un granjero, embarazada de nueve meses, escapó pero los partisanos la volvieron a arrojar a la casa en llamas. A otro hombre lo dejaron agonizar hasta el día siguiente. Después de la derrota alemana Kononov fue condecorado con la Orden de Lenin. Recién en 1990 Letonia recuperó su independencia, y en 1998 el Centro para la Documentación de las Consecuencias del Totalitarismo acusó a Kononov por los crímenes de 1944. Juzgado en 2004, Kononov negó su participación personal, si bien estaba a cargo del comando, y dijo que permitió que "se distorsionaran los hechos" para su gloria personal. Según su versión, un tribunal militar ad hoc había hallado culpables a los habitantes del delito de traición, y su comando debía arrestarlos para llevarlos a juicio. No pudo hacerlo porque los aldeanos comenzaron a disparar y obligaron a su comando a abrir fuego. El plenario del Tribunal Europeo confirmó la condena de la justicia de Letonia. No consideró probado que los aldeanos hubieran disparado y sostuvo que en 1944 los actos cometidos ya eran considerados crímenes de guerra a la luz de los principios e instrumentos internacionales que protegen tanto a los ciudadanos ajenos al conflicto como al enemigo cuando ha cesado el combate. Dijo que esos crímenes eran imprescriptibles entonces y lo siguen siendo hoy.

23 de mayo de 2010
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juez garzón se marcha a la haya


Autorizado por CGPJ a trabajar en La Haya por un periodo de siete meses.
Madrid, España. El juez fue autorizado a trabajar en La Haya. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles, autorizó su traslado a la Corte Penal Internacional, invitado por el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, para trabajar como asesor externo de la fiscalía por un periodo inicial de siete meses.
Mientras tanto el Partido Popular afirmó que es "intolerable" que la presidenta argentina "venga de fuera a dar lecciones de respeto a la Justicia". Así lo manifestó Soraya Sáen, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, después de que Cristina le brindara su apoyo.
Cristina Fernández de Kirchner y su marido "son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie", afirmó la dirigente conservadora española.
Por ello, pidió al Gobierno español que no permita que nadie "ponga en entredicho" a las instituciones españoles, si bien matizó: "Cuando desde dentro del gobierno las debilitan, algunos desde fuera se ven legitimados para hacer lo mismo".
La presidenta de Argentina se manifestó ayer preocupada, dolida y sorprendida por el caso de Garzón, toda vez que la decisión del Tribunal Supremo le resulta "una regresión en la concepción de la justicia universal en materia de derechos humanos".
En tanto, en un escrito dirigido a la embajada de la República Argentina en España, el secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernard, manifestó su "total rechazo y repulsa a la injerencia de la presidenta de su país en asuntos de la Justicia española".
Según Bernard, el encuentro que Cristina mantuvo con el juez español supone un aval "a un imputado en tres causas penales" y una "censura" a la Justicia española. "Su presidenta se descalifica por sí misma en sus actuaciones y manifestaciones y debería preocuparse de sanear un entrañable país al cual le ha sumido en una ruina económica e institucional", concluye el escrito.

18 de mayo de 2010
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visita de cristina a juez garzón


Encuentro de la presidenta y de Néstor Kirchner con el suspendido juez español Baltasar Garzón. Cristina Kirchner se convirtió en la primera jefa de Estado en transmitirle su solidaridad al juez Garzón. Criticó el "doble estándar" de la Justicia española, que acepta investigar crímenes cometidos en otros países, pero no en el propio.
[Santiago Rodríguez] Madrid, España. Cristina Fernández de Kirchner le brindó ayer un fuerte respaldo al juez Baltasar Garzón, suspendido en sus funciones el viernes pasado por su decisión de avanzar en la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo: lo invitó a la residencia de la embajada argentina en Madrid, donde conversaron durante media hora y le propuso que realice una nueva visita al país. "Le brindamos todo nuestro apoyo", contó después la Presidenta, quien recordó el papel del magistrado en la persecución de los represores argentinos, y dijo que "resulta un tanto incomprensible este doble estándar" de "juzgamos a todos los que están afuera, pero no a los que cometieron delitos adentro". El encuentro se produjo antes de que Garzón viajara a Francia, donde recibió el Premio Libertad y Democracia René Cassin, uno de los galardones más importantes en materia de derechos humanos.
La reunión entre Cristina Kirchner y el suspendido juez español fue en la residencia que ocupa el embajador Carlos Bettini. Allí también estuvo Néstor Kirchner. "Era justo y necesario que se encontrara en estos momentos con Garzón por todo lo que ha hecho en defensa de los derechos humanos, en particular en Argentina", destacaron en la comitiva argentina, en la que interpretan que el apartamiento del magistrado –tema que en los medios españoles se debate casi tanto como la crisis– "es producto del avance de la derecha".
Cristina Kirchner no lo planteó públicamente en esos términos, pero sí fue clara en cuanto a su desagrado con la situación por la que atraviesa Garzón. "Estamos preocupados, sorprendidos y dolidos por esto que significa una regresión en materia de juzgamiento y de la concepción de justicia universal en materia de derechos humanos, que precisamente lo instauró España con mucha fuerza y de la cual todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos".
Garzón fue suspendido en su función de juez el último viernes por el Consejo del Poder Judicial español. El magistrado está acusado por haber intentado investigar las desapariciones de más de 130 mil personas durante la dictadura franquista. La suspensión llegó después de que un juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, decidiera someterlo a juicio oral por prevaricato; es decir, por dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. Fue justamente eso lo que argumentaron las organizaciones de ultraderecha que se presentaron como querellantes particulares contra el magistrado.
Cristina Kirchner es la primera mandataria que sale a respaldar a Garzón, quien hasta aquí había recibido el apoyo de diversas figuras. La relación entre el juez y la Presidenta tiene su tiempo. La misma Cristina Kirchner, que contó haberlo invitado a que visite nuevamente la Argentina, recordó: "Cada vez que el juez ha viajado a la Argentina se ha entrevistado con nosotros, hemos participado en forma conjunta en seminarios, y en casi todas las oportunidades que vine a Madrid nos hemos hecho algún momento para encontrarnos".
El gestor del encuentro entre Garzón y la Presidenta fue Bettini, quien a lo largo de sus años en España ha cultivado un estrecho vínculo con el juez. El contacto se estableció durante el fin de semana y en cuestión de horas se acordó la reunión. Cristina Kirchner y el magistrado compartieron media hora de charla. Primero arrancaron a solas y después se sumaron Kirchner y Bettini. Al final todos se fotografiaron juntos.
"Saben el rol tan importante que Garzón ha desempeñado en materia de justicia universal de derechos humanos. No sólo en relación con nuestro país, sino también con nuestra hermana República de Chile, cuando decidió el juzgamiento del dictador Pinochet", destacó la Presidenta a propósito del papel que desde España cumplió Garzón en la persecución penal de los crímenes cometidos no sólo por la dictadura argentina. "De hecho –agregó–, Scilingo cumple aquí una condena de más de mil años que le ha sido confirmada por la Audiencia Nacional."
Cristina Kirchner aclaró que su decisión de encontrarse con Garzón a días de su suspensión y manifestarle su apoyo "no significa, para nada, inmiscuirse en asuntos internos españoles". Apuntó que "al contrario, nosotros creemos que los derechos humanos son universales. Ese fue el concepto que tuvo la Justicia española cuando permitió el juzgamiento de Pinochet, Scilingo y tantísimos otros" y reflexionó que "la Justicia siempre tiene que ser para todos lados; para los propios y para los ajenos".
Ayer mismo, después de reunirse con Cristina Kirchner, Garzón viajó a París y recibió allí el premio que lleva el nombre del principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Nobel de la Paz en 1968. La entrega se concretó por la noche, al término de un coloquio sobre justicia internacional en el que, entre otros, intervinieron, además del propio juez suspendido, el ex primer ministro de Francia Dominique de Villepin y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. El ex fiscal argentino es ahora fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya y ha invitado a Garzón a que se una a su equipo como asesor. El Consejo del Poder Judicial español no decidió aún si lo autorizará a cumplir la misión que quiere confiarle Moreno Ocampo.

18 de mayo de 2010
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premio libertad y democracia para garzón


Garzón recibirá premio en París por defensa a la democracia.
Francia. El juez español Baltasar Garzón recibirá el lunes en París un premio por su defensa de los valores democráticos en el prestigioso Instituto de Ciencias Políticas de la capital francesa, 3 días después de haber sido suspendido de sus funciones en su país.
El magistrado español, de 54 años, conocido por su defensa de la justicia universal, recibirá el Premio Liberté et Democratie René Cassin que otorga cada 2 años la asociación académica Jeune Republique (Joven República).
Garzón, reconocido internacionalmente por haber impulsado investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante las pasadas dictaduras chilena (1973-90) y argentina (1976-83), y en particular por lograr la detención en Londres en 1998 del ex dictador  Augusto Pinochet, tiene 3 causas pendientes ante la justicia española.
A la ceremonia del lunes, asistirá el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el magistrado argentino Luis Moreno Ocampo, pero también el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, el embajador de Estados Unidos en Francia, Stephen Rapp y el embajador francés para Derechos Humanos, Francois Zimeray.
El pasado viernes, el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) suspendió a Garzón de sus funciones al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras haber sido inculpado por querer investigar los crímenes del franquismo amnistiados por ley en 1977.
Esa decisión levantó una ola de protestas de organismos defensores de los derechos humanos y de víctimas de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75).
René Cassin, jurista, diplomático y político, fue uno de los dirigentes de la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial y promotor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1968 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

17 de mayo de 2010
©la nación
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