derechos humanos

cristina se reunió con juez garzón

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CFK visitó a Garzón. "Creemos que los derechos humanos son universales". La presidenta se reunió con el juez español Baltasar Garzón, quien fue suspendido por investigar los crímenes del franquismo. Cristina aclaró que el encuentro no significa "inmiscuirse en asuntos internos españoles", sino que se debe a que "nosotros creemos que los derechos humanos son universales".

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Madrid, España. "Realmente le brindamos todo nuestro apoyo", informó la jefa de Estado a la prensa tras, reinaugurar oficinas de Aerolíneas en Madrid. Cristina aclaró que la audiencia con Garzón "no significa inmiscuirse en asuntos internos españoles" y sostuvo que "estamos no sólo preocupados, sino sorprendidos y dolidos" por la decisión adoptada contra el magistrado, a la que consideró "una regresión en materia de juzgamientos".
"Todos los españoles deberían sentirse muy orgullosos", agregó Cristina, en relación al reconocimiento que ha tenido España por esa concepción de justicia universal en materia de derechos humanos. "Ustedes saben el rol tan importante que el juez Baltasar Garzón ha desempeñado, no solamente en relación a nuestro país sino también a la hermana república de Chile", detalló. En ese sentido, la mandataria recordó cuando Garzón "decidió el juzgamiento del dictador (Augusto) Pinochet" y remarcó también que "de hecho (el ex marino Adolfo) Scilingo cumple una condena de más de mil años porque ha sido confirmada por el Tribunal Supremo".
En cuanto a la reapertura de las oficinas de Aerolíneas, la Presidenta sostuvo que "estamos en un lugar propio, que nos ha permitido dejar sin efecto los alquileres que la empresa tenía aquí en Madrid". La mandataria destacó la importancia de la reinauguración del edificio adquirido originalmente por AA en 1969 y dejado de usar durante la gestión de los propietarios privados extranjeros. En ese marco, manifestó su satisfacción de "estar en este local tan emblemático para nosotros, como es emblemática Aerolíneas".

17 de mayo de 2010
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repulsa universal contra españa

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Repudio universal de artistas, intelectuales y activistas sociales. Desde José Saramago hasta las Madres de Plaza de Mayo, desde Human Rights Watch hasta las víctimas del franquismo, de una orilla a otra del Atlántico, cientos de voces se alzaron en defensa de la trayectoria del juez Garzón.

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España. "Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo." Así, con una mezcla de tristeza y bronca, describió el escritor portugués José Saramago la suspensión del juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón. A través de un texto publicado en su blog, el Premio Nobel de Literatura sumó su apoyo a la seguidilla que recibió ayer, tras escuchar la decisión del Consejo General del Poder Judicial. "Tocarán a muerto, sí, pero millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, esclarecido, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente", escribió.
Palabras cargadas de igual cariño cruzaron el Océano Atlántico y se hicieron escuchar en Argentina y Chile, dos países en los que el juez Garzón ayudó a impulsar los juicios contra los represores de las últimas dictaduras. "Es aberrante lo que están haciendo con nuestro querido juez Garzón –se quejó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida–. No puede ser que una persona de conducta intachable, que realmente ha defendido siempre los derechos humanos, sea suspendido porque ahora se ha puesto a defender la verdad de lo que pasó con todas las víctimas del franquismo."
En Santiago, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Lorena Pizarro, también condenó el juicio oral contra Garzón y advirtió sobre las repercusiones que podrá tener esa decisión en el resto del mundo. "Es una muy mala noticia para el respeto de los derechos humanos, para el Nunca Más y un triunfo momentáneo y parcial de todos aquellos cómplices y ejecutores del terrorismo de Estado en el planeta", aseguró la hija de desaparecidos.
El juez español también recibió apoyo de sus colegas de gran parte de Europa occidental y de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch. "Ahora, la Justicia misma se ha convertido en una víctima en España", aseguró el consejero jurídico de la ONG, Reed Brody.
Dentro de España, en tanto, la llamada Plataforma de artistas contra la impunidad del franquismo convocó a manifestaciones todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid y adelantó que difundirán avisos en la televisión y páginas de Internet para reclamar la exoneración de Garzón y recordar a las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y las largas décadas de dictadura.
Actores, escritores y directores dieron una conferencia de prensa para repudiar la decisión judicial. "Somos el país europeo con más desaparecidos", sentenció el grupo, que el jueves había homenajeado a 1800 fusilados en el barranco de Viznar y la fosa de Alfacar, en Granada, el mismo lugar donde el juez Garzón había ordenado excavar. Según la información que él manejaba, allí podría estar enterrado como NN el escritor Federico García Lorca.
"Hay que ponerle una querella al juez (Luciano) Varela porque está bailando sobre las tumbas de las víctimas de la Guerra Civil", había reclamado el jueves el escritor español Benjamín Prado, durante el acto. La idea prendió aún con más fuerza ayer, tras la suspensión de Garzón. Será uno de los reclamos principales de las manifestaciones que comenzarán la semana próxima.
Como adelantó Saramago en su blog: "El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español".

15 de mayo de 2010
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conmoción tras suspensión de juez

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El magistrado español fue sancionado por su investigación de la fosas comunes y los crímenes de la dictadura. Ante la decisión del cuerpo judicial, la indignación se hizo carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia y la sede del Partido Popular.

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[Óscar Guisoni] Madrid, España."Ustedes, fascistas, son los terroristas", "Garzón, amigo, el pueblo está contigo", "Queremos justicia". Los manifestantes espontáneos que ayer acudieron a la sede madrileña de la Audiencia Nacional no se ahorraron broncas ni emociones cuando por la tarde Baltasar Garzón abandonó su puesto de trabajo, luego de que le notificaran su suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial. Mientras los grupos franquistas como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias valoraban positivamente la medida y hablaban con suma hipocresía de "un triunfo de la sociedad", la indignación se hacía carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia. El día más negro de la Justicia española estuvo plagado de tensiones.
El predecible linchamiento público al que sus propios colegas han sometido a Baltasar Garzón por haberse atrevido a abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo tuvo su primer acto en horas de la mañana, cuando se reunión el Consejo General del Poder Judicial. La asamblea había sido convocada de urgencia durante el transcurso de la semana gracias a la movilización de los vocales conservadores, que no ahorraron prisas para llevarla a cabo antes de que se le diera el visto bueno a Garzón para marcharse al Tribunal Penal Internacional en calidad de asesor del fiscal Luis María Ocampo, una puerta de salida digna que sus enemigos no están dispuestos a concederle.
El único objetivo de la reunión del CGPJ era suspender a Garzón, por lo cual la reunión se llevó a cabo en un clima de gran tensión, sobre todo en las horas previas, ya que los vocales progresistas intentaban por todos los medios garantizar la salida del juez a La Haya, mientras que la derecha judicial no quiere ni oír hablar de ponerle semejante alfombra roja bajo los pies.
Al mismo tiempo que los vocales del CGPJ estaban reunidos, se activaban las redes sociales, que durante los últimos meses han sido las plataformas donde se desarrolló el mayor activismo a favor del magistrado de la Audiencia Nacional. En Facebook, las asociaciones de la Memoria Histórica y ciudadanos de a pie comenzaron a convocar a manifestaciones espontáneas apenas se hizo patente que el Consejo se disponía a suspender a Garzón de sus funciones. En Twitter, el tag #Garzón llegó a ser a lo largo del día uno de los diez trending topics (los temas más comentados) en todo el mundo y la mayor parte de las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país fueron convocadas a través de esta herramienta.
Luego de dos horas de deliberaciones, el CGPJ adoptó por unanimidad la decisión de suspender al juez de sus funciones, la única medida que según los especialistas podían tomar luego de que el juez Luciano Varela le hubiera iniciado el proceso oral el martes pasado. En medio de la reunión hubo una tentativa inútil del sector progresista para que el Consejo Permanente, el órgano que toma las decisiones del día a día dentro del CGPJ, diera su visto bueno a la marcha de Garzón a La Haya. Lo único que lograron es que esa decisión quedara aplazada, solicitando informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que den su opinión sobre si procede otorgarle a Garzón este beneficio mientras está siendo procesado.
Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, Garzón se encontraba en su juzgado tomando declaraciones a un empresario vinculado con una trama de corrupción cuando a las 13.19 recibió una llamada del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, para comunicarle que había sido suspendido. A esa hora se encontraban ya en la Audiencia muchos de sus compañeros, jueces, asistentes, simpatizantes, que habían acudido a brindarle su apoyo. Desde la calle llegaba una algarabía de manifestantes que expresaban a los gritos su indignación por lo ocurrido mientras cortaban la calle frente a la Audiencia.
Un rato más tarde, Garzón abandonó el juzgado. Se acababan de ese modo más de veintidós años de servicio en los que el juez alcanzó dimensión internacional al procesar a dictadores como Augusto Pinochet y notorios jerarcas de la dictadura argentina. Una vez en la calle, seguido por un par de custodios que no lo dejan ni a sol ni a sombra –el juez ha sido amenazado por ETA y tiene poderosos enemigos en las redes del narcotráfico y del terrorismo islámico, fruto de sus investigaciones durante las últimas dos décadas–, Garzón se encaminó a su vehículo, saludando tímidamente con su mano a los manifestantes, pero guardando la compostura y la frialdad que caracterizan sus gestos en público. Pero cuando ya parecía que se marchaba, dejó abierta la puerta de su coche y volvió hacia atrás para fundirse en un emotivo abrazo con sus compañeros. Ahí estaba los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska y Fernando Andreu, de los pocos colegas de profesión que se animaron a brindarle su apoyo eludiendo las envidias y enconos del resto del mundillo judicial. Estaban también sus colaboradores más cercanos, las secretarias que no podían contener las lágrimas y los fiscales y abogados asiduos de la Audiencia que no quisieron dejar pasar este día sin estar su lado. Un grupo de enardecidos manifestantes preocuparon por su efusividad a los custodios del magistrado, pero el juez se saltó los protocolos y los miedos sin disimular su emoción. Eran las dos de la tarde de un día frío y ventoso en Madrid. El día más oscuro de la Justicia española desde la muerte del dictador Francisco Franco.
Al caer el sol se multiplicaban los manifestantes frente a los edificios del Poder Judicial y ante la sede del Partido Popular, que apoyó sin disimulos el proceso, al tiempo que voces prestigiosas en todo el mundo se pronunciaban a favor del juez y un grupo de artistas e intelectuales anunciaban la grabación de un corto publicitario que se emitirá por televisión para llamar la atención sobre lo que algunos no han dudado en llamar "un auténtico golpe de Estado judicial, un episodio oscuro que deja por los suelos la credibilidad internacional de la Justicia española. Y para que la llama de la indignación no se apague, los familiares de las víctimas del franquismo anunciaban por la noche que a partir de ahora comenzarán a manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, emulando a las Madres de Plaza de Mayo. Como decía la cadena de SMS que arrasó en los teléfonos celulares durante la tarde, "Para que Franco no se vaya de rositas".

15 de mayo de 2010
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hrw lamenta suspensión de garzón

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Human Rights Watch lamenta suspensión de Garzón.

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Washington, Estados Unidos. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha lamentado hoy la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, que, según afirma, convirtió a España "en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo".
"Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España", dice el consejero jurídico de la ONG, Reed Brody, en un comunicado enviado a la prensa.
"El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país", asevera Brody.
Brody considera que Garzón está siendo procesado por "no aplicar la Ley de Amnistía de 1977", una decisión que a su juicio "es acorde al derecho internacional, que impone a los Estados la obligación de investigar los más graves crímenes internacionales, incluidos los crímenes de lesa humanidad".
"Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del juez Garzón de investigarlos", concluye el consejero jurídico de Human Rights Watch.

14 de mayo de 2010
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cgpj suspende a juez garzón

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El Consejo General del Poder Judicial suspendió a Garzón. Llorando y entre aplausos y gritos de apoyo de compañeros y simpatizantes, el juez Baltasar Garzón abandonó la Audiencia Nacional, al frente de cuyo juzgado de instrucción ha estado 22 años.

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Madrid, España. El magistrado fue suspendido hoy cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que el miércoles el Tribunal Supremo decidiese sentarlo en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación intencionada en su investigación de los crímenes del franquismo.
Garzón, muy emocionado, se abrazó a compañeros como los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, mientras en la calle, decenas de personas gritaban en apoyo del juez consignas como "Garzón, amigo, el pueblo está contigo".
El magistrado se enteró de la decisión del órgano de gobierno de los jueces por una llamada de teléfono, que interrumpió una toma de declaración que estaba conduciendo.
Su mujer, Rosario Molina, acudió a la Audiencia Nacional poco antes del anuncio. Numerosos compañeros, entre jueces y fiscales, pasaron durante la mañana por su despacho para mostrarle su apoyo mientras deliberaba el CGPJ.

14 de mayo de 2010
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arrancó juicio a garzón

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Dos organizaciones franquistas lo acusan de prevaricato. Según la acusación, presentada por dos organizaciones de derecha, Garzón fue más allá de su jurisdicción e ignoró la amnistía que garantiza hace más de treinta años la impunidad de los represores franquistas. El juez no irá a La Haya.

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Madrid, España. Un juez del Tribunal Supremo español mandó ayer a juicio oral una causa contra Baltasar Garzón, aguándole casi todas sus posibilidades de exiliarse en la Corte Penal Internacional de La Haya. En un extenso auto, el magistrado Luciano Varela defendió la apertura de un proceso contra Garzón por el delito de prevaricato, aunque no le puso fecha. El texto sostiene que el juez que ordenó la detención de Augusto Pinochet en 1998 actuó contra la ley diez años después, cuando intentó investigar los crímenes del franquismo. "Intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar", argumentó en el auto. Según la acusación, presentada por dos organizaciones de derecha, Garzón fue más allá de su jurisdicción e ignoró la amnistía que garantiza hace más de 30 años la impunidad de los represores franquistas. Ahora la decisión final la tendrá el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). Mañana se reunirán en una sesión extraordinaria para decidir la suspensión cautelar de Garzón. Si la aprueban, el juez no podrá ser transferido a La Haya.
La decisión de abrir el juicio oral no puede ser apelada. El anuncio sorprendió a algunos, aunque varios analistas españoles esperaban que el acusador de Garzón reaccionara ante la posible salida del juez del país, para ocupar una asesoría junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo. La respuesta de Varela llegó justo cuando el CSPJ, el máximo órgano de decisión sobre los jueces del país, analizaba el pedido de Garzón para prestar servicios especiales ante La Haya. El consejo llegó solamente a enviar la consulta de rutina a la Cancillería. Antes de tomar una decisión debe tener el visto bueno del Ejecutivo y muy probablemente esa respuesta no llegue antes de la sesión extraordinaria, convocada para mañana. Por eso, la predicción que imperaba ayer en Madrid era que Garzón enfrentará su continuidad en la Audiencia Nacional mañana.
El juez que ganó fama mundial por perseguir, procesar y condenar a dictadores y represores de todo el mundo está siendo investigado por tres causas. Se lo acusa de haber violado los derechos de dirigentes presos del conservador Partido Popular al ordenar espiar sus conversaciones con sus abogados, y de haber provocado un conflicto de intereses, al recibir dinero del Banco Santander durante unos cursos que dio en la Universidad de Nueva York.
Pero el primero en llegar a juicio es el que más repudio causó en España y en el mundo entero, y el único en que no participa la Fiscalía Nacional. Dos organizaciones de derecha, el sindicato Manos Limpias (que no tiene representación en ninguna empresa española) y Libertad e Identidad, acusaron a Garzón de extralimitarse al ordenar la apertura de causas por los crímenes cometidos por el franquismo, tanto durante la Guerra Civil (1936-1939) como durante la dictadura, que duró hasta 1975. La Falange Española, heredera del partido único del régimen dirigido por Francisco Franco, también había presentado una querella similar, pero finalmente fue separada del proceso por no cumplir con los tiempos procesales.
El juez Varela les dio la razón a estas organizaciones y ordenó abrir un juicio, que podría terminar en una condena de hasta 20 años de inhabilitación. "El acusado no puede tratar de justificar su irresponsabilidad penal con el pretendido objetivo de favorecer a las víctimas de la Guerra Civil", argumentó el juez en su auto de procesamiento, difundido ayer.
En cambio, la Fiscalía Nacional sostiene que no hay pruebas de prevaricato en ese caso y, por eso, no se sumó a las querellas en la acusación y había cuestionado la eventual apertura de un juicio. Según la Fiscalía, Varela no puede abrir un proceso si un fiscal de la Nación no participa de la parte acusadora. Sin embargo, en su escrito Varela se basó en un antecedente del llamado "caso Ibarretxe", en el que el Tribunal permitió la apertura de un juicio penal a instancias sólo de una acusación popular. El pasado 7 de abril el juez Varela había instado a los querellantes a presentar sus escritos de acusación contra Garzón para abrir a partir de ese momento el juicio oral al magistrado. Cuando lo hicieron, los escritos presentaban defectos de forma y, en vez de rechazarlos, Varela se los devolvió con correcciones. Falange, según Varela, fue el único querellante que no llegó a volver a entregar el escrito a tiempo.
La actitud de Varela le valió una recusación de Garzón, que fue rechazada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, si el juicio oral avanza y Garzón es suspendido mañana, presentará otro recurso contra Varela, esta vez ante el máximo tribunal posible, la Corte Constitucional. Garzón argumentaría que Varela vulneró sus derechos constitucionales al mostrar parcialidad a favor de sus denunciantes.

13 de mayo de 2010
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garzón será juzgado

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Baltasar Garzon será procesado por "prevaricato". El juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados, después de que el Tribunal Supremo español decidiese abrirle juicio oral por las denuncias de un grupo de organizaciones de derecha, que lo acusó de prevaricato en su investigación de los crímenes del franquismo.

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Madrid, España. La decisión, tomada por el magistrado Luciano Varela, que instruyó esa causa contra Garzón, se produce un día después de que Garzón solicitase su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para trabajar durante un periodo inicial de siete meses como asistente del fiscal jefe de ese tribunal sito en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo.
La apertura del juicio oral pone ahora en peligro el traslado de Garzón a la ciudad holandesa, ya que esa medida supone, según la ley, una suspensión del juez en sus funciones, y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.
El Tribunal Supremo envió el auto de apertura de juicio oral contra Garzón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el que tiene que decidir sobre la suspensión de Garzón. El órgano de gobierno de los jueces es también el que debe dar el visto bueno para el traslado de Garzón a La Haya, contando con un dictamen favorable del Ministerio de Exteriores.
El proceso comenzó con una querella contra él por prevaricación presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias. Se le unió la organización Libertad e Identidad y posteriormente presentó otra querella Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), si bien esta formación fue expulsada del proceso recientemente.
Las organizaciones de ultraderecha sostienen que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Garzón defiende que el derecho internacional está por encima y sí podía hacerlo.
Después de haber acusado al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España, Garzón se vio obligado en noviembre de 2008 a abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país.
La fiscalía ha pedido en repetidas ocasiones el archivo del caso al no ver indicios de delito de prevaricación en la actuación de Garzón. A la fiscalía, que defiende que no se puede abrir juicio oral sin que ella esté presente en la acusación, respondió hoy el juez Varela que "omite, olvida o ignora" el criterio del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de hacerlo a instancias sólo de la acusación popular.
Al imputarle el delito de prevaricato, Varela sostuvo que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 "superar la limitación que dicha ley imponía" e intentó "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar" del franquismo.
Una vez dictada la apertura de juicio oral, la resolución debe ser trasladada al CGPJ, que podría decidir hoy mismo la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional, antes de dar el visto bueno a su solicitud de ser trasladado al Tribunal dependiente de Naciones Unidas.
Tanto de producirse su traslado o suspensión, Garzón abandonaría el cargo que ocupa desde 1988, y desde el cual llevó adelante algunas de las investigaciones más importantes de la historia judicial de España contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, y la organización separatista vasca ETA. Desde la Audiencia Nacional, el magistrado se hizo mundialmente famoso al aplicar el principio de justicia universal para perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Sclingo por crímenes de lesa humanidad.

12 de mayo de 2010
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matanza de mendigos en sao paulo

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Hombres armados asesinaron hoy a cinco mendigos que dormían bajo un puente de la ciudad de Sao Paulo, en la segunda matanza registrada en la mayor ciudad brasileña en dos días.

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Sao Paulo, Brasil. Cinco delincuentes llegaron en la madrugada de este martes al lugar del crimen a bordo de tres motocicletas y comenzaron a disparar contra las víctimas sin que éstas presentaran resistencia, dijeron testigos.
La policía trasladó hasta un hospital próximo al lugar del crimen, un puente en la autopista Fernan Dias, a otro de los hombres que vive bajo el puente quien se encuentra en estado grave, reportó radio CBN.
Ejecuciones a cargo de supuestos narcotraficantes o "escuadrones de la muerte", integrados generalmente por policías, han ocurrido en los últimos meses en Sao Paulo.
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar al interior paulista debido al recrudecimiento de la violencia en esa región. Seis personas, entre ellas una adolescente de 17 años, fueron asesinadas por un grupo de desconocidos en la madrugada del lunes en una favela, barrio empobrecido, de Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo.
En tanto la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo ordenó la prisión de 4 policías acusados de matar el sábado al entregador de pizzas, Antonio Ferreira Pinto. La madre de Pinto, Maria Aparecida, dijo haber visto como éste fue golpeado durante media hora pateado y luego asfixiado por los agentes, en la puerta de su casa.

11 de mayo de 2010
©la nación