derechos humanos

primer eslabón de la esclavitud sexual

mqh - 14 de enero de 2007 - 17:44 - derechos humanos

[Mariana Carbajal] Rescate en el kilómetro cero. Operativos en misiones, punto de partida de la explotación sexual.

Operadores de una red de ONG recorren ómnibus y trenes que salen de Posadas en busca de adolescentes que son reclutadas bajo engaño y terminan esclavizadas en prostíbulos de distintos puntos del país. En seis meses lograron que retornen a su hogar cuarenta y cinco chicas. La mayoría tenía entre 14 y 16 años. Las jóvenes misioneras son las más buscadas por los traficantes.
La terminal de ómnibus y la estación del ferrocarril de Posadas son puntos de partida de la ruta más importante de trata de mujeres para la explotación sexual en la Argentina. Ahí, operadores de una red de ONG recorren micros y vagones, antes de su salida, en busca de adolescentes reclutadas, casi siempre bajo engaño, para terminar como esclavas en prostíbulos de distintos puntos del país. El objetivo es rescatarlas antes de que inicien el viaje. Trabajan en coordinación con Migraciones, Gendarmería y el Programa Las Víctimas contra las Violencias, que encabeza Eva Giberti, del ministerio del Interior de la nación. En los últimos seis meses lograron que retornen a sus hogares unas treinta chicas paraguayas y una quince de diversas localidades misioneras. La mayoría tenía entre 14 y 16 años; algunas, apenas 12.
"Misiones es un semillero de víctimas de redes de trata para la explotación sexual", advierte Claudia Lascano, coordinadora de la Red Alto al Tráfico y a la Trata, que reúne a las seis ONG que durante 2006 empezaron a trabajar en conjunto para tratar de frenar la salida de chicas y jóvenes de la provincia rumbo a un destino negro en cabarets y whiskerías de otras provincias. La iniciativa surgió de las ONG El Güembe, que encabeza Lascano, y del Centro Integral de Rehabilitación Social Argentina (Cirsa), y cuenta con el aval del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que preside Estela de Carlotto.
Una mezcla de factores convierten a Misiones en el principal territorio de reclutamiento de mujeres para redes de prostitución. En esto coinciden quienes conocen el mapa de este crimen organizado en el país. También lo destaca el informe sobre Trata en la Argentina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyas conclusiones adelantó Página/12 en su edición del 2 de enero. "Hay una cuestión cultural propia de la zona de Misiones y también de Paraguay y es que antiguamente existía la práctica de enviar chicas a trabajar a casas de familia con el compromiso de hacerlas estudiar y de mantener un contacto regular con su familia de origen. Todavía subsiste la creencia de que eso sigue ocurriendo, sobre todo en los pueblos pequeños del interior", explica Lascano, en diálogo con Página/12.
A eso se suma el hecho de que en Misiones confluyeron una multiplicidad de corrientes migratorias provenientes de todas partes del mundo (Alemania, Suiza, Polonia, Ucrania, Rusia, España, Italia, Japón, Brasil y Paraguay), "lo que ha tenido como consecuencia una mezcla única en el país", destaca al respecto el estudio de la OIM. "La belleza y el exotismo de las mujeres misioneras las hace objeto de interés en el mercado de trata. Y a eso se suma el hecho de que, por cuestiones culturales, los padres entregan a sus hijas pensando que les dan la oportunidad de un futuro mejor. Por eso los reclutadores van a Misiones", sostiene Lascano.

¿No sospechan que las pueden llevar para ejercer la prostitución?
Es gente que no tiene acceso a información. No ve televisión ni lee diarios. En los medios de comunicación locales no hay conciencia sobre este tema. No lo consideran una problemática –opina Lascano.

Las ciudades de Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá, El Soberbio, Apóstoles, San Vicente, Campo Grande, San Pedro, Capiovi, Puerto Rico, Bernardo de Irigoyen, Ruiz de Montoya, Aristóbulo del Valle, Caingua, San Ignacio, Wanda y Almirante Brown fueron identificadas como áreas sensibles de reclutamiento por los investigadores de la OIM. En Posadas, los barrios más frecuentados por reclutadores son San Lorenzo y Nueva Garupá, y también las zonas próximas a la terminal de ómnibus.

El Engaño
La modalidad dominante de captación de adolescentes y jóvenes en Misiones es el engaño: el ofrecimiento de un buen trabajo y atractivo salario. Las propuestas falsas pueden variar desde trabajar en un restaurante, como empleada doméstica, cuidando niños o ancianos o en promociones. "Hay dos tipos de reclutadores: gente que viene de Buenos Aires y recorre los barrios y pueblos del interior, y personas conocidas de los barrios que van convenciendo a las familias para que entreguen a las chicas. Los más habitual es que sean conocidos", cuenta la coordinadora de la Red Alto al Tráfico y a la Trata.
A veces las mismas víctimas de redes de trata regresan a su lugar de origen como reclutadoras. "Puede ocurrir que sean mujeres que estén operando bajo coacción o bien que lo hagan de manera libre y sin presión alguna, motivadas por el pago de una comisión que el regente del prostíbulo les haya ofrecido por cada mujer que capten", dice el informe de la OIM.
Puerto Iguazú, en la llamada Triple Frontera, es también zona roja de reclutamiento de víctimas de trata. Una empleada de la Secretaría de Turismo local utilizaba el teléfono laboral para sus actividades de reclutadora, según pudo identificar la investigación de la OIM. La mujer "negociaba directamente con los prostíbulos de otras provincias" y contaba con reclutadores en distintos barrios de Puerto Iguazú (como Villa Alta, Santa Rosa y Ribera del Paraná), quienes efectuaban el primer acercamiento a las posibles víctimas, señala el informe. En la actualidad, esa empleada dejó su puesto público y cuenta con su propia ‘agencia de turismo'.
En Misiones también se apela al sistema de casting: regentes de prostíbulos o sus empleados se instalan en un hotel, publican avisos en diarios locales e incluso a veces reparten volantes en las esquinas céntricas para captar posibles víctimas. La investigación de la OIM detectó castings para seleccionar "mujeres jóvenes" para cosechar manzanas en la provincia de Río Negro, trabajar en restaurantes en provincias de Buenos Aires y Córdoba y en promociones de una gaseosa famosa en la ciudad de Posadas, o cuidado de niños en las provincias del sur del país.
A diferencia de lo que ocurre en otras zonas del país, como Tucumán y La Rioja, en Misiones los investigadores de la OIM detectaron sólo un caso de víctima de trata captada mediante secuestro: A.D.R., una joven misionera secuestrada en la ciudad de Posadas, fue mantenida en cautiverio durante ocho años en la provincia de La Rioja.

Las Rutas
Las rutas de trata para explotación sexual que se inician en Misiones (desde Posadas, pero también desde Puerto Iguazú y Eldorado) finalizan en dos puntos principales: las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. "Hemos colaborado en la restitución de chicas misioneras encontradas en prostíbulos de las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú", señala Lascano. Buenos Aires sería centro de recepción de las mujeres para luego rotarlas en prostíbulos de las provincias de Córdoba, Santa Cruz (Río Gallegos y Caleta Olivia), Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. "La zona petrolera, donde hay gran cantidad de hombres con poder económico y alejados de sus familias, tiene un número enorme de cabarets con mujeres víctimas de trata", denuncia Lascano.
A los vagones de trenes y a los micros en busca de chicas reclutadas, Lascano y otros integrantes de la Red comenzaron a subirse en 2006. Suben con el dato chequeado de que está por salir un contingente de adolescentes reclutadas. "Trabajamos con un banco de informantes de los barrios y tres operadores de la red cruzan la información que nos dan. Cuando nos avisan que hay un traslado de chicas nos vamos a las estaciones de tren de Posadas, desde donde sale El Gran Capitán hacia Buenos Aires, y de Garupá (a 10 kilómetros de la ciudad capital), que es la última parada que hace el tren en Misiones. También vamos a la terminal de ómnibus y a la parada que hacen los micros en San José, que es la salida de la provincia hacia Corrientes, donde Gendarmería realiza control de documentos y requisa por si se traslada droga", cuenta Lascano.
En esas recorridas detectaron a mediados de año que cada 15 días un grupo de 50 personas, la mayoría hombres y dos o tres menores, partían en el tren El Gran Capitán, que une Misiones con Buenos Aires, rumbo a Concordia: la información que tenían era que se trataba de mano de obra para trabajo esclavo en plantaciones de Entre Ríos. Lograron conseguir más datos y decidieron enviar la información, a modo de denuncia, a una serie de direcciones de correo electrónico del Ministerio del Interior de la Nación. Desde el Programa Las Víctimas contra las Violencias, que dirige Eva Giberti, les respondieron. "Tomaron el caso, lo verificaron. A la gente la llevaban a trabajar a plantaciones de arándanos y cítricos en Concordia. Y la tenían en galpones, durmiendo en el piso, mal alimentada y sin paga alguna. Se realizó un operativo que terminó con el empresario que los explotaba con una causa por trabajo esclavo y la gente fue devuelta a sus lugares de origen. La mayoría era de la localidad de Montecarlo y viajó hasta el intendente de esa localidad a buscarlos por la trascendencia que tuvo el caso en los medios locales", relata Lascano.
A partir de ese caso, Giberti les ofreció trabajar en forma articulada: desde mediados de año, suben a los micros y a los vagones junto con Migraciones y Gendarmería e intentan detectar a las víctimas de trata mientras que el personal de ambos organismos realiza su tarea de control. "En el único caso en que podemos hacer bajar a una chica y devolverla a su casa es cuando no tiene la documentación en regla para viajar, si no, por más que tengamos la certeza de que viaja hacia un prostíbulo, aunque ella no lo sepa aún, no podemos hacer nada", aclara Lascano. Las menores que viajan sin la compañía de sus padres deben llevar una autorización con la firma de ellos y el nombre de la persona que los va a recibir en el lugar de destino y la dirección donde van a vivir. Si la tienen, la salida de la provincia es legal.

¿Cómo se dan cuenta de que se trata de posibles víctimas de trata para explotación sexual?
Habitualmente, cuando les hacemos preguntas tienen el reflejo de mirar hacia un asiento donde está el presunto reclutador. No tienen un discurso claro: evidentemente les dicen qué contestar. Suelen decir que van de paseo, a visitar a un familiar. Esos son los versos que ponen.

¿Qué pueden hacer si las chicas tienen la documentación en regla?
Acabamos de acordar con el Programa Las Víctimas contra las Violencias que en estos casos les pasamos las direcciones y los nombres de las personas que las van a recibir en Buenos Aires para que corroboren si son ciertas y si no hay prostitución detrás. Tienen 12 horas para investigar en el caso de que el viaje sea en micro y 26 horas cuando se traslada en tren. Esos son los tiempos que demoran en llegar a Buenos Aires.

Según pudieron reconstruir los autores del estudio de la OIM, frecuentemente las mujeres paraguayas reclutadas mediante engaño atraviesan la frontera y se dirigen directamente a la terminal de ómnibus de Posadas, donde suele esperarlas la persona que las reclutó para entregarles los pasajes. "El reclutador, de acuerdo con el trato que tenga con el regente del prostíbulo al que las envía, viaja o no con ellas. También puede ocurrir que el reclutador trabaje con una segunda persona que se ocupa de efectuar el viaje con las mujeres y entregarlas", describe el informe. El paso fronterizo de Encarnación-Posadas constituye uno de los puntos de entrada más importantes al país de mujeres víctimas de trata provenientes de Paraguay.

Impunidad
"La falta de una ley de trata impide perseguir penalmente a los reclutadores", subraya Lascano. En el Congreso hay varios proyectos en discusión para tipificar estos procedimientos como delitos federales: uno, impulsado por el Gobierno, tiene media sanción del Senado.
En Misiones las denuncias son escasas o casi nulas. Es muy común que las mujeres que logran escapar de las redes de prostitución "no formulen denuncia alguna", advierte la OIM. Eso se debe a varias razones, señala el informe, y a continuación las detalla: "En primer lugar, las personas que las han reclutado en los barrios nunca resultan imputadas en la causa y siguen operando con total impunidad. Es común que las mujeres que logran escapar tras varios meses o años explotadas sexualmente en un prostíbulo y logran retornar a sus lugares de origen se crucen cotidianamente con los reclutadores que las han engañado y originado esa situación. En otros casos, las mujeres no denuncian porque los reclutadores además de ser sus vecinos las amenazan a ellas o a su familia. A veces, las amenazas consisten en quemar la pequeña casita de madera donde viven. En último término, pero no menos poderosas, aparecen la vergüenza y la sanción moral. La combinación entre la exposición mediática, la carencia de asistencia y de protección y finalmente la hipocresía pública las condena a la marginación. De allí que muchas veces quedan condenadas al silencio", sostiene el informe de la OIM.
Desde mediados de 2006 a la fecha, la Red contra el Tráfico y la Trata de Misiones logró que unas treinta adolescentes paraguayas y alrededor de quince misioneras regresen a sus hogares, antes de que se las lleven en tren o micro los reclutadores. "Han sido más las paraguayas que pudimos bajar porque tienen que tener sus papeles migratorios en orden y es más frecuente que no tengan toda la documentación que se les exige como extranjeras para ingresar al país. Estamos trabajando en conjunto con el Consulado de Paraguay en Posadas y ellos se encargan de repatriarlas", señala Lascano.
La mayoría de las chicas que rescataron antes de caer en prostíbulos tenía entre 14 y 16 años, algunas, incluso, apenas 12.

14 de enero de 2007
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dónde está lópez 11

mqh - 14 de enero de 2007 - 17:36 - derechos humanos

[Adriana Meyer]"Se lo llevaron porque mandó preso a Etchecolatz". Hablan la esposa y el hijo de Julio Lóopez.

Esta semana se cumplen los cuatro meses de su segunda desaparición. Su familia está convencida de que "se lo llevaron por venganza", le pide a Kirchner que mantenga la búsqueda y revela detalles, como lo ocurrido con las llaves.
"Se lo llevaron como venganza porque mandó preso a Etchecolatz", dice Irene Savegnago de López, con contundente lógica. Está molesta y no lo oculta. Solo accedió a conversar con Página/12, y es la primera vez que lo hace con un medio nacional, porque sabe que es necesario cada vez que se cumple un nuevo mes de la desaparición de su marido, para que se mantenga vivo su reclamo. A poco de cumplirse cuatro meses desde la última vez que fue visto Jorge Julio López –el albañil que sobrevivió a su primer secuestro y cautiverio durante la dictadura y fue uno de los testigos clave para lograr la condena al ex lugarteniente de Ramón Camps–, esta mujer de 78 años, que reniega de la política y de los medios, le volvió a pedir al presidente Néstor Kirchner "que lo busque, que haga lo posible por encontrarlo, sea como sea". Respecto de los efectos del paso del tiempo, su hijo mayor desafía: "Perdé cuidado que no se van a olvidar. Estamos viendo que están haciendo cosas, pero el día que no veamos eso se los vamos a marcar".
Ruben López considera que fue un error que nadie pensara durante las primeras horas que su padre había sido secuestrado, a diferencia del "caso Gerez, que el Presidente se puso al frente, hubo mucha presión y resultó". Ellos mismos no lo pensaron, pero entienden que era responsabilidad de los funcionarios manejar las diferentes hipótesis.
La casa de la esquina de 65 y 140 está igual, bien pintada y ahora con el pasto cortado. Tito, como lo llama su familia, la construyó hace 45 años y fue una de las primeras de la cuadra. En los últimos tiempos, ya jubilado, se dedicaba con esmero a cuidar su pequeño jardín, sus malvones rojos. El hombre sentado junto a la puerta no parece pero es un custodio de la Policía Federal. El interior es austero y prolijo, con un televisor en una esquina del comedor que será apagado y un ventilador que dejarán encendido.
Irene nació y vivió siempre en Los Hornos, desde que era zona de quintas y había pocas casas. Sus estudios llegaron hasta cuarto grado y su única ocupación fue siempre la vida doméstica. "Tito es de General Villegas pero nos conocimos acá, no sé si fue en un baile o por amigos", cuenta sobre su primer encuentro con López. No tiene recuerdos de viajes porque "nunca íbamos a ningún lado", y la vivencia más feliz que dice haber compartido con el albañil desaparecido es el nacimiento de los hijos. Desde los días del primer secuestro, a manos de la patota que comandaba el comisario Miguel Etchecolatz, ella toma pastillas para dormir, por eso la madrugada del 18 de septiembre no escuchó nada. Y así como nunca quiso hablar con López sobre ese hecho, tampoco estuvo de acuerdo con las dos declaraciones que hizo ante la Justicia.
Durante el primer mes de investigación se sintieron ellos los investigados, y esto les produjo un gran malestar, sobre todo a Irene. Al principio de su regreso a la tragedia estuvo aturdida. Ahora siente bronca porque "se metieron con la familia". Más contemplativo, Ruben dice que entiende que cuando se trata de personas perdidas hay un alto porcentaje que aparecen con la propia familia. "Estuvieron un mes con eso hasta que se dieron cuenta de que no teníamos nada que ver." En la intimidad, los López se quejan de que los investigadores bonaerenses hayan "perdido tiempo" con esa hipótesis. En esta charla con Página/12 explican con detalle el porqué de su actitud durante los primeros días del caso.

¿Cómo era un día normal de Tito?
(Irene) De trabajo. Cuando empezó en la construcción se iba a la mañana y volvía a la noche. En los ratos libres iba a esa unidad (N. de R.: La unidad básica Juan Pablo Maestre, que respondía a Montoneros) a ayudar, a dar la merienda a los pibes. Le gustaba el fútbol pero fue pocas veces a la cancha.

¿Cómo fue la primera desaparición?
Fue un golpe terrible, entraron una noche y se lo llevaron. A las 2 y pico de la mañana, los chicos tenían 6 y 10 años.

¿A usted le hicieron daño, Irene?
No, ni a mí ni a los chicos. Rompieron la puerta, revolvieron todo y se comieron lo que había en la heladera. Encontré los platos vacíos sobre la mesa. Pero no se llevaron nada..., se llevaron a Tito.

¿En ese momento supieron por qué lo secuestraron?
Porque iba a la unidad básica. (Ruben se suma a la conversación.) Después nos fuimos enterando con los años de que en esos días reventaron la unidad básica, la acribillaron a tiros y la quemaron, y levantaron a varios... (Irene) A los seis meses escribe una carta que lo habían llevado a la Unidad 9. (Ruben) En esa época se decía que lo blanquearon, lo habían pasado al PEN (Poder Ejecutivo Nacional). En la comisaría 8ª les daban un tiempo para que se recompongan antes de blanquearlos. Y en total pasó casi tres años detenido.

¿En los años siguientes hablaron del tema?
(Irene) Yo no quería hablar, pero él conversaba con quien podía, lo necesario. Pero yo nunca quise escuchar nada. Había sufrido mucho, iba a entrar a contar cosas que me iban a hacer mal.

¿Leyeron los cuadernos de Tito?
(Irene) No. (Ruben) No, los miramos un poco. Sabíamos que escribía pero no tanto, eran como tres tomos, por decirlo de alguna manera. En tres carpetas escribió todo lo que le pasó y todo lo que recordó, por eso lo tenía tan claro.

Entonces, cuando toma la decisión de volver a declarar fue como reabrir la herida para ustedes.
(Ruben) Esto se da en el año 1998, cuando empezó el Juicio por la Verdad. Por intermedio de un amigo se conectó con agrupaciones de derechos humanos. Contó lo que vio y lo que pasó y fue así que se enteraron los padres de Patricia Dall'Orto.

¿Cómo fue aquella primera declaración?
(Irene) Yo no quería que vaya, pero quiso ir. Ahora veo que necesitaba ir, como un alivio. Fue y habló porque necesitaba desahogarse, pero en ese momento no lo comprendí. Me parecía que lo iba a superar, que había pasado.

¿Y la segunda, cuando dio testimonio contra Etchecolatz?
(Irene) Teníamos miedo que remover todo eso le hiciera mal, por su edad. Yo le decía que no fuera pero él no tenía miedo. (Ruben) Ahí lo acompañamos mi hermano, yo y un primo. Nunca habíamos querido que fuera porque pensábamos que eso le iba a afectar, pero cambiamos. El día que fuimos a acompañarlo, entendimos por qué quería contar todo eso, y la promesa que le había hecho a Patricia (N. de R.: Fue compañera de cautiverio y antes de ser asesinada le pidió que buscara a su hija y le dijera que la amaba.) Era su búsqueda de justicia. En su testimonio dice "quería matarlo yo pero después lo pensé bien...". No sólo él sino las agrupaciones de derechos humanos lograron con mucha lucha llegar a que se derogaran las leyes y se enjuiciara a esta gente. Tenía ilusión de ver a Etchecolatz el día que desapareció. (Irene) Sí, había dejado la ropa ya preparada.

¿Ese cuchillo que no apareció se lo podría haber llevado Tito para atacar a Etchecolatz?
(Ruben) No, porque luchó tanto, se bancó meses de preparar el juicio. (Irene) Que vaya preso... hasta ahí llegaba su ilusión.

¿Piensan que la idea de los que se lo llevaron fue meter miedo?
(Ruben) Nadie se hace cargo, pero el mensaje está. Si quieren sembrar el miedo, en muchos testigos lo hicieron, pero muchos otros se fortificaron. Es doble, hay mucha gente que sigue insistiendo.

¿Cómo fueron las últimas horas que estuvo con ustedes?
(Irene) Se quedó mirando el fútbol, el último partido de Boca, y después nos fuimos a dormir. (Ruben) Cuando mi hermano (Gustavo, 38 años, empleado bancario) se levanta para ducharse e ir a trabajar no lo ve en la cama.

¿Cómo creen que estaba vestido?
Con un jogging azul gastado que parece gris, y un pullóver verde de lana con ochos, también gastado.

¿Están conformes con la investigación?
(Ruben) Lo estaríamos si lo hubieran encontrado. Pero no estamos disconformes, están investigando. Están haciendo cosas. Hay muchas hipótesis pero todavía nada.

Además del cuchillo también faltaban las llaves. ¿Cómo entienden que hayan aparecido ahora?
(Ruben) Alguien las puso, o las tiró después, o fue mi viejo, el día que se fue. El pasto estaba crecido, y no se veía a simple vista. Como investigaban averiguación de paradero no hicieron rastrillajes en la casa. El día que aparecieron sí. (Se miran y se sonríen.) (Irene) Ahí sí, rompieron todos los malvones... (Ruben) La denuncia se hizo enseguida, no como dijo un diputado, que la familia tardó 36 horas en hacerla. Lo que pasa es que tardaron 48 horas en salir a buscarlo porque ése es el tiempo que se espera por una persona perdida. Las primeras 48 horas se perdieron. No así en el caso de Gerez, que como el Presidente se puso al frente había muchísima presión y resultó.

¿Cuál fue el error en el caso López?
Que nadie lo asoció en las primeras 48 horas con un secuestro por su declaración en el juicio.

¿Pero ni siquiera ustedes estaban convencidos?
(Irene) Pensamos que se había perdido, que le había dado algo en la cabeza. Nunca pensamos en una cosa de éstas. Irse por su cuenta, no. Nunca faltó de casa, salvo cuando se lo llevaron la primera vez. (Ruben) Te quiero aclarar algo, mi vieja es ama de casa, mi hermano es bancario y yo soy carpintero. No estoy en un ministerio para pensar y proteger a la gente. Eso lo tienen que pensar los cráneos que están gobernando. La llave apareció de casualidad, mi señora se pone a cortar el pasto porque estaba aburrida. (Irene) No la buscamos porque pensamos que se la había llevado él.

¿Se asustaron cuando encontraron la llave?
(Irene) No, la agarré, la limpié y me la puse en el bolsillo, como algo natural. No medimos las consecuencias.

¿Cómo viven la investigación?
Con bronca, con rabia, con angustia. ¿Cómo quiere que estemos? Cada vez que encuentran un cuerpo nos llaman y nos ilusionamos que puede ser...

¿Piensan que está vivo?
Ojalá, pero que aparezca de alguna forma, como sea.

¿Tienen custodia?
Sí. (Señalan hacia el jardín.) De la Policía Federal. Al principio no queríamos tener nada. (Irene) No queríamos dar entrevistas... (Ruben) Queríamos una vigilancia rotativa, pero desde que apareció la llave no nos dieron opción.

¿Por qué creen que se lo llevaron?
(Irene) Como una venganza porque mandó preso a Etchecolatz. Para mí es eso. Gente vinculada a él, policías, militares, pueden ser muchos.

¿Qué sintieron cuando se enteraron del secuestro de Gerez?
(Irene) Bronca, rabia... que estábamos otra vez en la misma.

¿Y cuando apareció?
Alegría porque cuando se lo llevan así uno siempre piensa lo peor. Tuvo suerte y apareció. Yo estoy acá esperando.

¿Hablaron con familiares de Gerez?
(Ruben) Sí, nos llamaron para agradecernos que en el momento del secuestro nos comunicamos enseguida para decirles que estábamos con ellos.

¿Es cierto que el presidente Néstor Kirchner encomendó al jefe de la SIDE mantener contacto casi cotidiano con ustedes?
(Ruben) Sí, tenemos un diálogo fluido con el segundo de la SIDE. (N. de R.: José Larcher) Nos informan de lo que van haciendo.

Hace un mes hicieron una carta pública dirigida al Presidente. ¿Qué le diría ahora?
(Irene) Que lo busque, que haga lo posible por encontrarlo... como sea.

¿Piensan que se está haciendo lo necesario?
(Ruben) Sí. En el juzgado federal están trabajando muchísimo, incluso ahora que están de feria. Al Presidente le reafirmamos la carta que le mandamos hace un mes, y le pedimos que sigan investigando con la misma presión que se usó cuando desapareció Gerez, que dio sus resultados. Tenemos el compromiso público y personal de que lo van a encontrar, y seguimos creyendo en eso.

¿Temen que el paso del tiempo traiga el olvido del tema?
(Ruben) Perdé cuidado que no se van a olvidar, se lo voy a hacer recordar día por día. Estamos viendo que están haciendo cosas, pero el día que no veamos eso se lo vamos a marcar. Es lógico que vaya bajando el interés de los medios, pero eso no quiere decir que la Justicia deje de investigar.

¿El Estado es el responsable de no haberlo cuidado?
El Estado no es responsable de eso, pero sí de que aparezca. Fallaron varios, no sé si la Justicia en general, el Estado... hubo fallas. Mi viejo no tenía miedo, y estando en democracia, después de 30 años, no nos imaginamos que esto podía pasar.

14 de enero de 2007
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el rastro de la triple a 3

mqh - 11 de enero de 2007 - 14:41 - derechos humanos

[Irina Hauser] La AAA se reagrupa en prisión. Ordenaron la prision de Felipe Romeo y Miguel Rovira.

El juez Norberto Oyarbide pidió la captura del ex director de El Caudillo, órgano de difusión de la Alianza Anticomunista Argentina, y del ex policía, acusado del asesinato de Julio Troxler.
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó la detención de Felipe Romeo, el hombre que dirigía la revista El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, y que como reveló Página/12 vive en Buenos Aires reciclado como restaurador de cúpulas y edificios antiguos. El magistrado también dispuso el arresto del ex policía Miguel Angel Rovira, otro integrante de la organización terrorista de José López Rega, acusado de haber sido el autor de los disparos en la cabeza y el tórax que mataron en septiembre de 1974 a Julio Troxler, militante peronista y ex subjefe de la Policía Bonaerense. Tanto a Romeo como a Rovira se les imputa el delito de asociación ilícita y al menos ocho homicidios cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Desde que el mes pasado una investigación periodística española reveló que uno de los jefes de las Tres A, Rodolfo Eduardo Almirón, llevaba una vida sin sobresaltos en Valencia, Oyarbide dispuso su detención, luego la de su ex compañero Juan Ramón Morales y ayer agregó dos casos más al pedir la captura de Romeo y Rovira. El ex subcomisario Almirón, que comandaba la custodia de Isabelita, quedó preso en Madrid a la espera del proceso de extradición. Morales, el ex comisario guardaespaldas del propio López Rega, quedó con arresto domiciliario en su casa en Palermo. A Romeo y Rovira anoche los buscaban la Policía Federal e Interpol, según informaron a este diario allegados a la pesquisa.
Romeo era un personaje conocido en la ultraderecha, miembro de la Guardia Restauradora Nacionalista que se escindió de Tacuara, y fundó El Caudillo, el house organ de la Triple A que financiaba el Brujo desde el Ministerio de Bienestar Social. Tenía 28 años cuando, en 1973, comenzó a editar la revista en la que acuñó la consigna "el mejor enemigo es el enemigo muerto". Resultó uno de los primeros escrachados, en 1975, en la vieja causa judicial sobre la organización parapolicial. Fue por la denuncia de un granadero que, por casualidad, cuando se le descompuso la camioneta entró a pedir ayuda a un edificio en Figueroa Alcorta 3297. Le dijeron que era la redacción de El Caudillo y Puntal, pero advirtió que era una sede disfrazada de la estructura terrorista. Había un arsenal y una mujer a quien aludían como "la secretaria de López Rega".
El mismo Romeo figura en el expediente como quien se encargó de alquilar el inmueble que oficiaba de centro de operaciones. Pese a todo, nunca declaró ante la Justicia. Por eso, en cuanto lo apresen quedaría incomunicado. Rovira, en cambio, declaró alguna vez y –como todos los implicados– dijo ser ajeno a la Triple A. Este ex policía compartía funciones con Almirón y su ex suegro Morales. Funcionaban como equipo, tanto que López Rega se llevó a los tres a España cuando viajó en comisión, ya corrido del poder. Rovira fue sorprendido en Buenos Aires, trabajando como jefe de seguridad de Metrovías, donde los trabajadores exigieron su despido. Según funcionarios con acceso a la causa, habría pruebas de su intervención directa en el asesinato de Troxler, fusilado de ocho balazos. Lo dejaron con las manos atadas junto a un paredón en Barracas y le dispararon desde un auto.
Pero la acusación contra Rovira no se limita al homicidio de Troxler. Al igual que Romeo y los dos jerarcas policiales que ya están detenidos, se les imputan al menos ocho asesinatos, entre los que figuran los del ex diputado Rodolfo Ortega Peña y de Silvio Frondizi, profesor universitario y hermano del ex presidente Arturo Frondizi. Son los crímenes que se señalaron en la causa desde un comienzo y los que permitieron la extradición de López Rega en 1986, quien murió en la cárcel antes de recibir sentencia.
En el juzgado de Oyarbide hay copias y extractos de la revista El Caudillo. Un editorial de 1974, que pinta el tono de la publicación, decía: "El enemigo está en la ‘cosa' las 24 horas del día (...) para combatir este tipo de guerra las fuerzas de seguridad tienen que despojarse de todas las trabas mentales y legales que les atan las manos. El Código Penal en muchos casos es insuficiente. El paredón es más efectivo..." En otros casos celebraban y reivindicaban los asesinatos de la Triple A. Lo hicieron, por ejemplo, con un cínico "réquiem" tras el homicidio de Ortega Peña. Para Oyarbide, esos crímenes son delitos de lesa humanidad y no prescriben, según una resolución que firmó días atrás. Esto significa que nadie podrá escudarse en el paso del tiempo y que la lista de acusados puede seguir.

11 de enero de 2007
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el rastro de la triple a 2

mqh - 09 de enero de 2007 - 22:22 - derechos humanos

[Irina Hauser] Juan Ramón Morales, otro de los integrantes de la Triple A, quedó detenido. Apresaron a otro culata de López Rega.

El juez Norberto Oyarbide detuvo a uno de los integrantes de la Alianza Antiterrorista Argentina. Se negó a declarar y quedó preso en su domicilio de Palermo por el beneficio de sus 88 años. Está acusado de asociación ilícita, ocho homicidios y tres desapariciones. En diez días se resolverá su situación procesal.
Hace unos pocos días, cuando empezaron a revolver entre los papeles de una vieja y olvidada causa sobre la Triple A, los colaboradores del juez Norberto Oyarbide descubrieron que no sólo el ex subcomisario Rodolfo Almirón, hallado en España, tenía un pedido de captura pendiente desde 1984 por los crímenes de aquella organización terrorista. También había uno para su ex suegro, Juan Ramón Morales, encargado directo de la custodia de José López Rega. Almirón fue detenido el 28 de diciembre. En el juzgado sacaron cuentas al voleo y dieron casi por hecho que Morales estaba muerto. Pero el sábado se enteraron de que el jefe de la banda arraigada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón vivía en Palermo. Le pusieron una guardia y finalmente lo detuvieron el domingo a la tarde. Ayer se negó a declarar. Por sus 88 años consiguió que le dieran arresto domiciliario.
Lo que permitirá, pese al paso de los años, juzgar a Almirón, Morales y todos los ex miembros de las Tres A que sigan vivos, es una resolución del juez Oyarbide –anticipada por Página/12– que por primera vez calificó sus secuestros, atentados y asesinatos como delitos de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben. Al disponer la detención de Morales, el magistrado aludió a esa definición: decía que la organización fue "montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó" y constituyó la antesala del "plan sistemático" desarrollado a partir del golpe de 1976.
Una investigación periodística española fue la que dio el puntapié para que resucitara, en los tribunales argentinos, el expediente sobre la Triple A, a la que manejaba y financiaba el Brujo López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en diciembre de 2005, pero los movimientos en la causa recién comenzaron el mes pasado, cuando el diario El Mundo informó que Almirón, uno de los jefes operativos de la estructura terrorista, llevaba una vida apacible a diez kilómetros de Valencia. Oyarbide actualizó un pedido de captura tipeado con máquina de escribir hace casi veintitrés años y el ex subcomisario fue encarcelado. Ahora enfrenta un proceso para definir su extradición, que puede durar varios meses.
Algo que llamó la atención de los investigadores es que en la antigua orden de detención librada contra Morales sólo figuraba su apellido. Hablaba del "ex comisario Morales", pero no estaban los escritos ni su nombre ni las razones para el arresto. Parecía todo dado para que nunca lo atraparan. Igual que en el caso de Almirón, que aparecía con un nombre incorrecto: decía Luis en lugar de Rodolfo Eduardo.
Después de que la Policía Federal llamara a su puerta el domingo, Morales fue trasladado a la Unidad Antiterrorista, en barrio Parque, donde pasó la noche. A la mañana lo llevaron al juzgado, en los tribunales de Retiro, donde lo esperaba el juez para indagarlo por los delitos de "asociación ilícita en concurso real con homicidio en al menos ocho oportunidades y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en tres oportunidades". El ex policía llevaba un saco marrón claro y camisa blanca. Lo acompañaron su esposa y la defensora oficial Silvia Otero Rella. Morales se quejó por los llamados telefónicos de periodistas que venía recibiendo, un punto al que el magistrado le restó trascendencia. Después no quiso contestar ninguna pregunta.
El ex comisario había declarado en la causa en junio de 1977 y julio de 1978 como "imputado no procesado", lo que implicaba según el viejo Código Penal que no corría demasiado riesgo de ir preso. En las dos oportunidades alegó que su única función había sido organizar, desde la Policía Federal, la custodia del Ministerio de Bienestar Social.
Oyarbide considera que hay muchos elementos acopiados hace años en la causa que permiten considerarlo responsable de los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega. El juez también contempla otros casos planteados por el fiscal Taiano, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses.
La realidad es que se calcula que los crímenes de la estructura parapolicial que manejaba López Rega fueron por lo menos 1500. En la causa judicial también se mencionan, por ejemplo, los asesinatos del cura Carlos Mugica, al ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y al ex secretario de Economía de esa provincia Juan Varas.

Cartón Lleno
Ya en la primera denuncia sobre la Triple A que hizo en 1975 el abogado Miguel Radrizzani Goñi, los principales acusados eran López Rega y sus colaboradores claves, Almirón y Morales. Cuando López Rega perdió poder y fue enviado en comisión a España se llevó a los dos con él y a un tercer policía: Miguel Angel Rovira. Almirón había estado casado hasta muy poco antes con la hija de Morales. Después se separó y se juntó con una azafata hija de españoles, y se quedó en el viejo continente.
En los años sesenta, los dos ex policías se vinculaban desde la División Robos y Hurtos de la Federal con la banda de Miguel Prieto, conocido como el "loco Prieto", especializada en robos a mano armada, contrabando, secuestros extorsivos, tráfico de droga y trata de blancas. En junio de 1964 Almirón participó en el asesinato, en una boite de Olivos, del teniente norteamericano Earl Davis, que estaba estudiando en Argentina. Fue, parece ser, fruto de una pelea "por mujeres". Después de aquel episodio aparecieron misteriosamente asesinados seis miembros de la banda de Prieto. En algunos casos estaban exhibidos con un "estilo" similar al que más tarde usaría la Triple A: con más de cincuenta disparos en el cuerpo, amordazados, en basurales y a veces con las manos atadas en la espalda. Todos eran potenciales testigos de futuros juicios. Hasta Prieto apareció muerto en la cárcel, tras un incendio en su celda.
En 1968 Morales fue detenido y procesado por robo y contrabando de autos. Almirón fue declarado "inepto para el servicio" en la policía dos años más tarde. Pero 1973 ambos fueron reincorporados por un decreto del entonces presidente Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Incluso escalaron dentro de la fuerza: Almirón llegó a subcomisario y se encargó de la custodia presidencial y Morales trepó al grado de comisario principal mientras cuidaba las espaldas del Brujo.

Lo Que Vendrá
Oyarbide resolverá en los próximos diez días si procesa a Morales y si lo deja detenido. Por lo pronto, para incomodidad de sus vecinos, le concedió la prisión domiciliaria. Ya cuando declaró los homicidios de las Tres A como imprescriptibles, el juez dio plena validez a la confesión, al comienzo de la causa, de un teniente del Ejército arrepentido, Salvador Paino, que entregó un organigrama completo de la estructura terrorista donde Morales y Almirón aparecían en un lugar preponderante. Paino había estado a cargo de la prensa de Bienestar Social. Su relato, dijo el magistrado, también coincidió con el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy durante la última dictadura que sumó detalles, en 1983, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Ambos testimonios nutrieron la acusación en la que Aníbal Ibarra, en sus tiempos de fiscal federal, pidió prisión perpetua para López Rega después de lograr su extradición en 1986, aunque el juzgado no llegó a dictarle sentencia porque murió antes.
Está todo dado para que el juzgado de Oyarbide pase un verano movido, pese a la feria judicial. De hecho, su equipo ya está estudiando la situación y el paradero de otros posibles responsables. Este diario reveló que también Felipe Romeo, quien dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A y sus crímenes, vive en Buenos Aires como un reciclado restaurador de edificios antiguos y cúpulas, tras un breve exilio español. Pero parece que él y Morales no fueron los únicos que emprendieron el regreso creyendo en la impunidad. También volvió Rovira, quien fue escrachado por los obreros de Metrovías en 2001 cuando descubrieron que era el jefe de seguridad de la empresa y exigieron su despido. Pero Rovira todavía anda suelto y viviría en Parque Patricios.
Días atrás Oyarbide advirtió sobre los posibles alcances de la investigación y dijo que hasta analiza la posibilidad de traerla a declarar, desde su casa cerca de Madrid, a la propia Isabelita.

9 de enero de 2007
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mqh - 07 de enero de 2007 - 15:25 - derechos humanos

[Victoria Ginzberg] Las cartitas de Cecilia Pando. Un fiscal estudia similitudes con amenazas recibidas en el fuero.

El fiscal Félix Crous es apenas uno de los que recibieron amenazas por escrito y que encontró llamativas coincidencias de estilo, tipografía y recursos gráficos con una nota de la asociación que preside la mujer del mayor Rafael Mercado.
La misma tipografía. Los mismos recursos gráficos. El mismo encabezado. El mismo uso de mayúsculas y de negritas. Estas son las coincidencias que el fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios comunitarios de la Procuración, Félix Crous, encontró entre la carta de amenazas que recibieron más de una docena de funcionarios judiciales luego de la desaparición de Jorge Julio López y una nota que la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos, que preside María Cecilia Pando, envió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al menos cinco fiscales están investigando esa pista que une a la mujer del mayor Rafael Pedro Mercado con la cadena de intimidaciones que llegaba camuflada como la invitación al III Congreso Internacional del Víctimas del Terrorismo.
"El procesador de textos ofrece incontables alternativas que hacen que, entre usuarios diversos, resulten escasas las coincidencias aun en notas con normas de estilo relativamente rígidas, como la experiencia lo demuestra, por ejemplo, en los escritos y providencias judiciales", señaló Crous en una nota que envió a fiscales federales de todo el país para advertirles sobre las similitudes entre ambos escritos.
El funcionario destacó que, a pesar de las múltiples opciones para armar un texto, en las amenazas y la nota firmada por Pando "se observa identidad de: tipo de fuente y tamaño tipográfico, espacio interlineal y entre párrafos, uso del recuadro de párrafos –recurso muy poco usual–, alineación centrada en los títulos y las consignas medulares de cada pieza, abundante apelación para enfatizar las mayúsculas, subrayado y destacado en negritas combinados, absoluta ausencia de sangría, modo de dirigirse a la autoridad aludida –en mayúsculas y negritas, sin subrayar, abreviando el título profesional pero no el tratamiento de "señor"–.
Crous es fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios. Bajo su órbita funciona la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En dicha oficina fue que se percataron de las similitudes entre la cadena de amenazas y el escrito que Pando entregó en una audiencia al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y éste giró al procurador de la Nación, Esteban Righi y a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, ya que allí se hacía alusión a distintas causas judiciales.
"Los 14 derechos humanos que el Estado Argentino está violando a los militares enjuiciados en su condición de prisioneros políticos", dice el encabezamiento de ese escrito con el que la asociación que preside Pando se queja de que los crímenes de la última dictadura sean considerados como delitos de lesa humanidad en base a los pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina y a la vez reclama la liberación de los represores citando esos mismos tratados.
La segunda carta es menos formal y jurídica, aunque también se refiere a los juicios contra los militares y civiles que formaron parte del terrorismo de Estado. Se titula ¡¡¡LA VERDADERA JUSTICIA LLEGARA!!! y está destinada a advertir a los jueces y fiscales que tienen a su cargo estos expedientes que "no cedan" ante supuestas presiones del gobierno nacional "para actuar en función de los interesas de quienes agredieron a la Nación y que hoy, desde los cargos de poder, no buscan justicia sino venganza contra quienes defendieron a la Nación de tal agresión, sean civiles, sacerdotes o integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales". "Sepa que esta farsa tendrá su fin en cualquier momento y los que no hayan honrado su cargo de juez, fiscal o defensor deberán rendir cuantas ante un ‘tribunal' particularmente ‘imparcial'", termina el mensaje.
Esa carta comenzó a llegar a los despachos de tribunales de todo el país una semana después de la condena a cadena perpetua contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y cuando la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave de esa causa, se convertía en un tema de importancia nacional. Algunos de los que la recibieron fueron el juez Carlos Rozansky, presidente del tribunal que juzgó a Etchecolatz, el juez de Santa Fe Raynaldo Rodríguez, los fiscales Eduardo Taiano y Miguel Angel Osorio, de Capital Federal, Sergio Franco, de La Plata, Jorge Auat, de Resistencia y Eduardo Ferrer, de Tucumán.
Al mismo tiempo que se conocía esta "advertencia" a funcionarios judiciales, se propagaban las amenazas a miembros de organismos de derechos humanos y otros testigos en juicios contra represores. Fue en medio de ese clima que se realizó el segundo acto nutrido del grupo que lidera Pando junto a otras organizaciones afines –como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión y Argentinos por la Memoria Completa– en la Plaza San Martín.
Pando se hizo conocida con una carta publicada en La Nación en defensa del obispo castrense Antonio Baseotto, quien había recomendado que el ministro de Salud, Ginés González García, fuera arrojado al mar con una piedra en el cuello por repartir preservativos y no condenar el aborto. El Ejército sancionó por ese hecho a su marido y ella saltó a la fama. Se convirtió en la figura más representativa y mediática entre quienes comenzaron a reivindicar públicamente el terrorismo de Estado luego de la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Estos grupos hicieron un primer acto en la Plaza San Martín el 24 de mayo pasado y el segundo, en el que se reclamó una "amnistía general" para los represores, el 5 de octubre. Antes, la mujer ya había participado de actos frente a tribunales. "Quiera Dios que mañana la venganza y la revancha política que hoy se implementan no causen nuevas víctimas al pueblo argentino", amenazó en uno de ellos. También fue una de las defensoras del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, que no llegó a asumir su banca de diputado nacional por haber participado en secuestros y aplicación de torturas.
El vínculo entre Pando y Patti no es superficial. La diputada Nélida Mansur, suegra del líder del Paufe, contrató a la mujer del mayor Mercado como asesora y a través de ese conchabo fue que ingresó en marzo a un acto por el Día Internacional de la Mujer en la Casa Rosada, en donde interrumpió el discurso del presidente Néstor Kirchner con una de sus arengas. Fue Kirchner quien los unió por última vez públicamente. En el discurso que dio por cadena nacional poco antes de la aparición del testigo Luis Gerez, aludió tanto al subcomisario como a quienes realizan los actos en la Plaza San Martín.
Pero hasta ahora no existía más vínculo entre Pando y sus amigos y las amenazas que se propagaron luego de la desaparición de López que la coincidencia ideológica. El fiscal Crous encontró otro. Fiscales de Capital Federal, La Plata, Córdoba, San Nicolás y Orán están al tanto de este tema, que hasta ahora se manejó en forma reservada. En la Procuración no están del todo conformes con el curso de las investigaciones. Sin embargo, al menos en uno de esos despachos ordenaron que se hiciera un peritaje de estilo para verificar las coincidencias.

7 de enero de 2007
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criminales de la esma

mqh - 05 de enero de 2007 - 03:33 - derechos humanos

[Victoria Ginzberg] Ordenan embargar los haberes de dos represores de la ESMA. Cómo hacer que el crimen pague.

El juez Sergio Torres dispuso que se retuviera parte del dinero que cobran los marinos Adolfo Donda y Oscar Montes como retirados de la Armada. Es para hacer efectivos los multimillonarios embargos en su contra. Ante la Justicia, ambos negaron poseer bienes.
Los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada Adolfo Miguel Donda y Oscar Antonio Montes verán mermados sus ingresos a partir de enero. El juez federal Sergio Torres dispuso que un veinte por ciento de la suma que reciben como jubilación de la Marina fuera embargado para hacer frente a futuros resarcimientos de sus víctimas. La medida involucra por ahora sólo a estos dos ex subordinados de Emilio Eduardo Massera porque son los únicos cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Casación Penal. Este tribunal tiene pendientes numerosas resoluciones sobre la situación de militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Cuando finalmente las concrete, por lo menos otros cincuenta acusados podrían sentir el peso de la ley en sus bolsillos, al menos en relación con el dinero que no pueden ocultar.
Por su condición de marino en situación de retiro, Montes recibe todos los meses 3800 pesos. Donda cobra 1238. Los datos surgen de un informe que la Asesoría Jurídica de la Armada entregó al juzgado que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura por los integrantes del grupo de tareas 3.3.2. En ese expediente, Donda y Montes están procesados y embargados por sumas millonarias. Pero ambos aseguraron que no tienen bienes ni dinero para que esta última medida se concrete. Lo mismo hicieron el resto de sus compañeros de la ESMA. Por eso, la semana pasada Torres decidió retenerles parte de la jubilación que les da la Armada, dinero que no pueden camuflar. Dispuso que a partir de ahora todos los meses cerca de 240 pesos de Donda y 760 de Montes se depositen en una cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La plata se invertirá a plazo fijo renovable en forma automática cada treinta días. Y se destinará a eventuales indemnizaciones.
La medida apunta a que los multimillonarios embargos dictados por el juez en este caso sean algo más que una cuestión simbólica. La semana pasada, Torres procesó a 33 represores y dispuso que cada uno de ellos fuera embargado por un millón de pesos por cada hecho que se le atribuía. Así, Alfredo Astiz quedó comprometido en 258 millones, Jorge "El Tigre" Acosta en 230. El monto mayor, 420 millones de pesos, fue para José Martínez Pizarro, un médico de la ESMA. Montes mismo se vio involucrado por 245 millones, eso sin contar otras resoluciones similares que ya tenía en su contra. Pero esta decisión pecuniaria se convirtió en letra muerta, así como ocurrió con otras anteriores, cuando los represores aseguraron no tener un peso para aportar. Y eso es algo que repiten todos los acusados desde que, a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reabrieron las causas sobre el terrorismo de Estado. Las crónicas de los diarios reflejaron la mala cara que puso Astiz cuando en 2003 fue convocado por la Justicia para informarle que a partir de ese momento volvía a estar vigente su procesamiento. Su disgusto mayor, según las palabras del represor en la audiencia, no se debió a las acusaciones que pesaban en su contra por los crímenes de la ESMA, sino porque, además, quedaba embargado por cinco millones de pesos. "No voy a hablar de mis bienes", fue casi lo único que dijo.
El patrimonio de los militares y civiles involucrados en violaciones a los derechos humanos y la forma en que éste fue adquirido también está bajo sospecha. En paralelo a la causa sobre la ESMA, Torres lleva un expediente sobre las propiedades y otros bienes de desaparecidos que fueron apropiados en ese centro clandestino de detención. Por el momento, para hacer efectivos los embargos, el magistrado resolvió no hacer una investigación sobre la fortuna de estos dos acusados, pero no se descarta que más adelante esta se lleve a cabo, así como también se les podría decretar la inhibición general de bienes.
El fiscal Eduardo Taiano ya había solicitado en junio de 2005 que se hicieran efectivos los embargos impuestos a los marinos procesados en la causa ESMA. En ese entonces, el funcionario basó su pedido en un informe de la unidad de asistencia a los juicios contra los represores de la Procuración General de la Nación. Ese organismo había detectado propiedades, cuentas y acciones empresarias que los represores acumularon durante los últimos treinta años a pesar de que en tribunales aseguraban no tener nada. Donda aparecía en ese listado con tres firmas a su nombre. Torres decidió centrarse ahora en el dinero que está a la vista y surge del sueldo que los marinos reciben como retirados de la Armada. "De cualquier manera en este momento ninguno de los procesados puede comprar o vender nada porque están presos y necesitarían autorización del juzgado. Si la piden, quedaría en evidencia lo que tienen", explicó a Página/12 uno de los investigadores del caso.
Donda y Montes son los primeros a quienes se les aplica esta medida, ya que sus procesamientos no están apelados ante la Cámara de Casación. Ese tribunal debe expedirse sobre el resto de los acusados en la causa ESMA, que son cerca de cincuenta. De hecho, de esa cámara depende que el juicio oral y público contra los marinos y otros acusados por crímenes cometidos durante la última dictadura no se siga dilatando.
Donda, conocido en la ESMA como ‘Palito' o ‘Jerónimo', fue jefe de Operaciones y de Inteligencia del grupo de tareas que actuó en ese centro clandestino. Y además de los numerosos asesinatos y tormentos por los que debe responder, también está involucrado en la desaparición de su hermano y su cuñada y en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda, que recuperó su identidad en 2004. En 1984 se desempeñó como agregado naval en Brasil y luego de quedar libre gracias a la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida formó parte del grupo de represores que se recicló bajo el mando del empresario Alfredo Yabrán.
Montes es vicealmirante retirado y durante la dictadura se desempeñó como comandante del grupo de tareas de la ESMA y luego estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Era parte medular de la estructura que detentaba el poder y regía los destinos del país y que a su vez había implementado el plan sistemático en el que el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA era la base del grupo de tareas 332", señaló sobre él Torres en el procesamiento.

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piden extradición de jefe de triple a

mqh - 03 de enero de 2007 - 16:15 - derechos humanos

[Irina Hauser] El juez Norberto Oyarbide declaro que los crimenes de la triple a fueron delitos de lesa humanidad. "Fueron la antesala del plan sistemático".

El magistrado, tal como anticipó Página/12, tomó esa decisión en la resolución con la que ratificó el pedido de "detención y extradición" contra Rodolfo Almirón, un ex jefe de la Triple A que vive en España. Esto permitirá juzgar todos los crímenes de la organización que lideró López Rega.
El juez federal Norberto Oyarbide estableció que los crímenes cometidos por la Triple A antes del golpe de Estado de 1976 deben ser considerados delitos de lesa humanidad, tal como anticipó Página/12. En la misma resolución ratificó el pedido de "detención y extradición" contra Rodolfo Eduardo Almirón, un ex jefe de esa organización terrorista de ultraderecha que fue descubierto en España por periodistas de un diario de ese país. Es la primera vez que la Justicia argentina establece que los ataques, secuestros y asesinatos que se sucedieron durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón son delitos que no prescriben y deben seguir bajo investigación. "Fueron la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrolló" durante la última dictadura militar, afirmó el magistrado.
"La existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y fue montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación", dice la decisión de Oyarbide, a la que accedió este diario. También establece que desplegó "una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder", añade.
El expediente judicial sobre los asesinatos de la Triple A se originó en 1975, pero casi nadie recordaba que existía hasta diez días atrás, cuando el diario español El Mundo reveló que Almirón, quien había sido guardaespaldas de Isabelita y José López Rega, vivía lo más tranquilo en la localidad de Torrente, a diez kilómetros de Valencia. El ex subcomisario, de 70 años, llegó a España aquel mismo año que se inició la investigación. El y su suegro, otro jefe de la custodia, Juan Ramón Morales, llegaron allí en comisión, de la mano de El Brujo, a esa altura radiado del poder.
En los tribunales porteños el único que advirtió hace un año que la causa estaba olvidada en una estantería fue el fiscal Eduardo Taiano, quien entonces hizo un pedido de reapertura y pidió que los homicidios de la Triple A fueran encuadrados como delitos de lesa humanidad, lo que obligaba a proseguir con la pesquisa. El juzgado reabrió el caso en febrero, pero recién ahora la puso realmente en marcha. La semana pasada el juez Julián Ercolini –quien subrogaba a Oyarbide, que tenía unos días de licencia– envió una notificación a Interpol para informar que existe un pedido de captura pendiente contra Almirón desde 1984 por asociación ilícita en concurso real con homicidio. También pedía cotejar que sea, en efecto, el hombre descubierto por los periodistas.
Con el hallazgo del represor, el Movimiento Argentinos en el Exterior reclamó el jueves último su detención al juez español Baltasar Garzón pero, teniendo en cuenta que el magistrado ha sido remiso a avanzar sobre hechos previos al golpe del '76, alentó también su extradición a la Argentina. El organismo dejó en los tribunales españoles un dossier con pruebas contra Almirón.
El mismo material fue entregado ayer a Oyarbide por unos veinte representantes de organismos de derechos humanos. Quedaron impactados porque el juez los recibió a todos juntos. Durante el encuentro le pidieron que impulsara la captura internacional para juzgar al ex policía en Argentina y que los aceptara como querellantes (ver recuadro). A las pocas horas recibieron la noticia del pronunciamiento de Oyarbide, que permitirá juzgar los crímenes impunes de la organización que lideró López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social.
La resolución de Oyarbide, en la que trabajó también su secretario Jorge García Davini, repasa los inicios de la causa y subraya dos testimonios que permitieron reconstruir, en los años ochenta, la composición y el accionar de la Triple A. Uno fue el relato de un ex teniente del Ejército Salvador Horacio Paino, que había sido jefe de prensa y Relaciones Públicas de Bienestar Social. Contó que López Rega lo convocó en una oportunidad para hacerle saber que debía "organizar al personal para montar un dispositivo de seguridad eficaz" que debía distribuirse "en células" que no tuvieran contacto entre sí. También detalló la reunión donde surgió el nombre de la Alianza Anticomunista Argentina". Paino estuvo preso por delitos comunes. Otro testimonio citado, pero de 1983, es el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy que declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid y sumó precisiones sobre las "Tres A".
Almirón, dice Oyarbide, fue señalado por aquellos y otros testimonios como "jefe operativo" de la organización terrorista y "se han recabado numerosos elementos probatorios que acreditan en principio la existencia de esta asociación ilícita" y que el ex subcomisario" se encontraba "entre sus miembros", "así como la existencia de los delitos por ella cometidos y la intervención que en ellos le cupo al nombrado, sea de forma material e inmediata, sea como organizador o instigador de tales crímenes".
En un tramo de las 12 páginas que firmó ayer, el juez recuerda que la Triple A debutó el 21 de noviembre de 1973 con un atentado a Hipólito Solari Yrigoyen, que en ese momento era senador nacional por la UCR. El entonces legislador, fundador del Movimiento Renovación y Cambio, había recibido una carta amenazante con la sigla "AAA". Cuando intentó poner en marcha el motor de su Renault 6 estalló una bomba que le destrozó los pies. Tiempo después tuvo un segundo ataque, al que también sobrevivió, en su casa de Puerto Madryn.
"La Triple A fue una organización criminal gestada desde el propio Estado", sentenció Oyarbide. Especificó, además, que "son objeto de investigación" los asesinatos de: el diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la policía bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega.
Al pedir el desarchivo, el fiscal Taiano señaló otros secuestros y desapariciones ligados a la Triple A, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses. La realidad es que son sólo un puñado de los cerca de 1500 crímenes que se estima que ejecutó la estructura parapolicial al mando de el Brujo, entre ellos el del sacerdote Carlos Mugica.
En el expediente también se destacan pruebas de "una reunión de gabinete que habría tenido lugar el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial de Olivos, presidida por María Estela Martínez de Perón, en la que, previa proyección de diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas responsabilidades en actividades subversivas, se habría determinado la eliminación de Julio Troxler". Esto indica que el magistrado podría terminar citando a declarar a la propia Isabelita.
En la historia de esta causa el propio López Rega –que desde Bienestar Social dirigía, financiaba y proveía armamento a la Triple A– llegó a estar procesado. Pero recién en 1986 se logró su extradición desde Estados Unidos. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió para él la pena de prisión perpetua, pero murió antes de recibir una condena. La fiscalía de Taiano, según pudo saber este diario, analiza ahora qué otros represores y ex funcionarios podrían ser imputados. Otro hombre clave de la Triple A, que también estuvo en España con López Rega, Miguel Angel Rovira, fue escrachado en 2001 por HIJOS cuando trabajaba como jefe de Seguridad de Metrovías.

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dónde está lópez 9

mqh - 03 de enero de 2007 - 16:10 - derechos humanos

[Martín Piqué] Luis Gerez habló y agradeció ante la prensa. "Una vez ya había vuelto del calvario".

Pese al acuerdo para no dar detalles de su secuestro que pudieran interferir en la investigación, Gerez insistió en ofrecer una conferencia de prensa en la que sólo agradeció a quienes se movilizaron por su liberación. Todavía sigue shockeado y no puede dormir de noche.
Luis Angel Gerez conoció dos veces el infierno. En ambas pudo regresar para contarlo. De su primera detención en 1972 hasta el secuestro de 48 horas pasaron 34 años. Es como si el tiempo no hubiera transcurrido para él. "Una vez ya había vuelto de un calvario y me sentía vivo porque tenía el calor y el afecto de más de treinta mil compañeros desaparecidos. Hoy tengo el afecto de todos ustedes", dijo. Esa experiencia se notaba en sus palabras. "Tengo mucha vida de aquí en más. Y ahora les digo que cada día que abra mis ojos los voy a tener presentes y el primer latido de mi corazón va a ser por ustedes." En su primer contacto formal con la prensa tras ser liberado, Gerez se presentó ante las cámaras en un local de la agrupación Pensar Escobar. Sus compañeros decidieron que no responda preguntas, y él se limitó a contar cómo estaba, a agradecer al Presidente, al gobierno bonaerense y a las organizaciones que se movilizaron por su desaparición. "Ojalá que estas cosas no pasen nunca más. Tenemos que seguir luchando porque todavía falta que aparezca Julio López", dijo.
La conferencia de prensa había sido convocada para el sábado, pero el estado emocional de Gerez había obligado a suspenderla. Cuando unos treinta periodistas lo esperaban en el local de Pensar Escobar –un ambiente angosto, pintado de blanco y gris con una lamparita colgando del techo y ningún afiche ni inscripción en las paredes–, el actor Alberto "Paco" Fernández de Rosa decidió postergar el encuentro. En ese momento Gerez todavía estaba muy conmovido por la declaración de tres horas ante la fiscal Andrea Palacios. La postergación alimentó el interés por escucharlo. Finalmente, ayer a las 20 Gerez apareció ante las cámaras acompañado por su mujer, Mirta Praino, y sus allegados más cercanos.
El albañil se sentó entre su esposa y Fernández de Rosa. Vestido con una remera beige, escuchó en silencio el tumulto entre camarógrafos y reporteros gráficos. Pareció recuperar fuerzas cuando tomó el micrófono con sus dos manos. Detrás y a un costado lo observaban el concejal Hugo Cantero y el avicultor Orlando Ubiedo, sentados en primera fila esperaban el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, y la diputada Juliana Di Tulio. "Está muy traumado, muy shockeado. No se olviden que pasó dos veces por la misma situación", comentó Binstock a Página/12. El diagnóstico del funcionario se confirmó apenas comenzó a hablar el testigo del caso Patti. "Buenas tardes. Estoy en un momento en el que de verdad estoy bastante emocionado por todas las cosas que están pasando", fue lo primero que dijo.

El Quinto Infierno
Gerez había llegado al local con un despliegue acorde con el revuelo que lo esperaba en la calle 25 de Mayo. Se bajó de un Chevrolet Corsa que manejaba ‘Paco' Fernández de Rosa, detrás venía una camioneta Toyota 4x4 con su mujer y la caravana la completaba una Trafic de la Bonaerense. Venían de San Fernando, porque desde el sábado a la tarde Gerez se instaló en la casa de su mujer, en la calle Alvear al 2800. Allí festejó el fin de año junto con sus afectos pero también con los vecinos. "Entre la 1 y las 6 de la mañana estuvo saludando y brindando con toda la gente de la cuadra. Le hizo muy bien", contó el concejal Cantero. Su mujer dijo que uno de los momentos más emotivos fue cuando sus compañeros levantaron las copas "por la vida, por la libertad y por la democracia".
En los próximos días Gerez se mudará a otro domicilio, que se mantendrá en riguroso secreto, porque su familia aceptó ingresar en el Programa provincial de Protección de Testigos. "Esta semana vamos a ir a La Plata para coordinar ese tema, contó Ubieto a Página/12.
Ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Rurales Ubieto tiene una estrechísima relación con el vicejefe de Gabinete bonaerense, Emilio Pérsico. En los '80, ambos fueron parte de la mesa nacional del Peronismo Revolucionario, un frustrado intento de los ex JP y ex Montoneros por reconstruir la izquierda peronista "¿Cómo puede quedar una persona que estuvo con la cabeza embolsada y a la que le gatillaban permanentemente en la cabeza como si jugaran a la ruleta rusa? Luis tiene que terminar de creer que está vivo, tiene que poner los pies en la tierra después de haber navegado por el quinto infierno", dijo Ubieto.
–Hay versiones de que el secuestro en realidad podría haberse tratado de una interna entre grupos peronistas de Escobar –lo consultó Página/12.
–Eso es material de desinformación en el cual la dictadura y los ex dictadores tienen muy buen manejo –contestó.
Al comienzo del día, la mujer de Gerez también había salido a contestar esos rumores. Consultada por la prensa en la puerta de su casa, Praino dijo que esas sospechas deberá despejarlas la Justicia. "No nos vamos a poner en la posición de contestar y analizar este tipo de declaraciones. Que diga quien quiera lo que corresponde, nosotros nos hemos plantado en la Justicia", afirmó. El sábado, en declaraciones al diario La Nación, el ex comisario Luis Patti había dicho que a los autores del secuestro de Gerez había que buscarlos entre "los sectores oficialistas del partido de Escobar, con participación de funcionarios nacionales del oficialismo".
En su testimonio ante la Justicia, Gerez dijo que reconoció la voz de Patti como la del represor que en 1972, durante la dictadura de Lanusse, ordenaba que le pusieran la picana "atrás de la oreja así se defeca".

Los Brazos Fuertes
A Gerez se lo vio todo el tiempo contenido durante la conferencia de prensa que él insistió en convocar. No dio detalles de su cautiverio, no relató los tormentos a los que fue sometido. Según sus amigos, todavía no está en condiciones de contar con profundidad lo que vivió. Las secuelas de las 48 horas que pasó desaparecido se sumaron al recuerdo de aquella detención de 1972. "No puede dormir de noche. Sólo dos o tres horas, pero de día. Y hoy (por ayer) nos llamó a Paco y a mí porque necesitaba fuerzas. Se había quebrado otra vez", contó Cantero a este diario.
La conmoción por la que todavía atraviesa el albañil quedó a la vista cuando quiso describir cómo estaba. "Estoy bastante emocionado", dijo cuando comenzó a hablar. "Estoy bien, estoy perfecto", se contradijo hacia el final. Había intentado explicar lo que para él significaba haber pasado dos veces por una detención ilegal, por la tortura, por la posibilidad de la muerte y la incertidumbre sobre el futuro. Aunque sin quebrarse, Gerez reconoció que estuvo en estado de shock luego de que sus raptores lo liberaran en Garín. "No estaba en condiciones buenas para saber quién era uno y quien era otro", reconoció.
Como muchos argentinos de clase trabajadora y extracción humilde, Gerez casi que parecía pedir disculpas por su lenguaje. "Hay detalles que se me van a escapar. Yo soy un albañil y no estoy preparado para este tipo de cosas", dijo. Luego alabó la labor del Estado, dedicó un fervoroso elogio al Presidente y también al gobernador Felipe Solá, y casi que se mostró sorprendido por el esfuerzo que se puso en buscarlo. "Nosotros estamos acostumbrados a que para los humildes no hay gobierno. Que el Presidente tenga la deferencia de querer saludarme a mí, que soy un simple albañil, un militante popular... Son signos de una verdadera democracia, están demostrando madurez y sencillez para gobernar", aseguró.
Tras hacer algunas exhortaciones que parecían propias de un candidato a intendente de Escobar (convocó a que la localidad siga cambiando, a que se sigan construyendo escuelas y agradeció a los "escobarecenses" por su solidaridad), Gerez volvió a mostrar lo siniestro de su experiencia. Con cierta distancia y el léxico de un militante –usó la palabra "proceso" para referirse a las 48 horas de su cautiverio–, se refirió a la posibilidad de que su secuestro hubiera terminado de manera trágica. "Todos ustedes hicieron cambiar este proceso que tal vez ya tenía un destino predestinado", señaló. Después usó una metáfora: "Los de brazos fuertes como nosotros no los tenemos solamente de levantar ladrillos. También por la espiritualidad que nos ayuda a soportar el dolor."

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