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[Carlos Rodríguez] El caso de Carlos Lossada, testigo en la causa del campo clandestino de la polaca. Un ataque después del testimonio clave.
Paso de los Libres es de esos lugares en que todos se conocen y donde es particularmente difícil ser testigo. Lossada está desprotegido: fue golpeado salvajemente y no era un asalto. Y ya hay otro testigo que se suicidó de modo sospechoso.
"Yo no pienso nada, pero lo que pasó es muy extraño. La idea de los que me atacaron fue pegarme. Nada más que pegarme. No me quisieron robar. Me pegaron después de declarar y se fueron". Carlos Lossada es periodista y vive en Paso de los Libres, en una vivienda que está al lado del predio –hoy semiabandonado– que ocupó el Regimiento 5 de Infantería. En ese lugar, en noviembre de 1976, Lossada estuvo dos días detenido junto con su ex esposa Noemí Cotto y su hermana Lilian Ruth Lossada, que pasó varios años presa durante la dictadura militar. Carlos Lossada, con quien dialogó ayer Página/12, es uno de los principales testigos de cargo en la causa por desapariciones y torturas ocurridas en el centro clandestino de detención que funcionó en la estancia La Polaca, cerca de la frontera con Brasil. Luego de su declaración, en agosto, fue detenido el oficial de inteligencia José Luis Marchisio, uno de los diez militares y civiles presos por su participación en los hechos investigados. En Libres el estigma de la desaparición de Jorge Julio López sobrevuela, al punto que está por reabrirse la causa por la extraña muerte de otro testigo civil, Albino Montecucco, cercano al poder militar, que se llevó muchos secretos a la tumba. El testigo apareció ahorcado en octubre, horas antes de declarar por La Polaca. Se dijo que fue suicidio, pero la Justicia quiere reabrir el caso.
En la madrugada del viernes pasado, cerca de las 3.30, Carlos Lossada regresaba a su hogar, a media cuadra del Regimiento 5 de Infantería, cuando a 50 metros de la puerta de entrada lo interceptaron dos hombres que ni siquiera le dijeron media palabra. Uno de ellos le pegó una trompada en la cara y después los dos atacantes lo molieron a trompadas. Cuando cayó al piso le pegaron varios puntapiés. Lo salvó el hecho de que pasara un auto e iluminara el rostro de los golpeadores. "Nadie me dijo nada sobre La Polaca ni sobre mi declaración en el juicio, pero es muy extraño que me hayan venido a golpear. ¿Por qué motivo puede haber sido? Yo no tengo ninguna certeza de nada, salvo que en ningún momento me quisieron robar. Si no fue un robo, ¿qué es lo que pasó?". Lossada hizo la denuncia policial y la comisaría local le puso una custodia permanente, porque todo hace pensar que el ‘apriete' fue por La Polaca.
El testigo en peligro pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, y de la Fiscalía General de Corrientes, "porque es necesario que se promueva la protección integral de los testigos, porque acá estamos librados al azar, nadie se preocupa por lo que nos puede pasar". La historia de la familia Lossada comenzó a complicarse en noviembre de 1976, cuando fue asesinado en la ciudad de Resistencia, Chaco, en un supuesto enfrentamiento, el joven estudiante correntino Pablo Martinelli, hijo de un capitán del Ejército, que en ese momento era novio de Lilian Ruth Lossada. Cuando los militares entregaron el cuerpo a la familia Martinelli, los padres y también su novia comprobaron que el joven había recibido varios balazos por la espalda, lo que hizo dudar sobre la veracidad de la versión oficial acerca de las presuntas circunstancias de la muerte.
Cuatro días después de la muerte de Martinelli fue allanada la casa de la familia Lossada, en Paso de los Libres. En ese operativo, realizado por el Ejército, se llevaron detenidos a Carlos y Lilian Lossada y a la entonces esposa del primero, Noemí Cotto. Mientras el matrimonio estuvo preso durante sólo dos días en la sede del Regimiento 5 de Infantería, a Lilian Ruth Lo-ssada la mantuvieron presa durante tres años y medio, primero en la provincia y luego en distintas cárceles del país. En el Regimiento 5, la mujer fue torturada con picana eléctrica. Por esa razón, a mediados de años, tanto ella como su hermano fueron llamados a declarar en la causa por las desapariciones y torturas en La Polaca. A la joven la condenó un Tribunal Militar con sede en La Liguria, en el Chaco.
El aporte de Carlos Lossada en la causa fue señalar, como responsable de los interrogatorios, al teniente coronel de Inteligencia del Ejército José Luis Marchisio, que vive en Paso de los Libres y que perdió su libertad a partir del testimonio, que corroboraba otras pruebas que figuran en el expediente. Con Marchisio ya son cuatro los libreños detenidos y acusados de violaciones a los derechos humanos, un tema que estuvo acallado por años en la ciudad fronteriza. Los otros presos locales son los ex agentes civiles del Destacamento 123 de Paso de los Libres –todavía funciona sobre la calle Madariaga, en pleno centro– Rubén Darío Ledesma, Carlos Faraldo y Víctor Irineo Aldave.
"Me pegaron, no hay nada más, no me robaron, no me amenazaron, pero igual queda la duda. Es raro, es extraño, no tengo enemigos, nadie tiene razones para golpearme de esa manera. Yo declaré en el mes de agosto y por mi declaración, además de otras pruebas, hubo detenciones. Es todo lo que puedo decir, por ahora, del episodio". Carlos Lossada trabaja en un portal de Internet que se llama Infolibres, que junto con otra página web, la de Momarandu.com, son de los pocos medios periodísticos locales que hablan sobre las actuaciones de La Polaca.
La defensa de Marchisio había hecho una presentación, ante el juez federal Juan Angel Oliva, a cargo de la causa, para que se imputara a Lossada por "falso testimonio". La pretensión fue desestimada un par de días antes de la extraña golpiza a la que fue sometido el periodista Lossada. El lugar donde fue golpeado el testigo es muy poco transitado de noche. La casa está pegado al predio donde funcionó el Regimiento 5 de Infantería, donde ahora sólo tiene un lugar el Colegio San José, que pertenece al Opus Dei. En otro extremo del amplio predio hay una guardia uniformada integrada por personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Jorge Olivera, uno de los abogados querellantes en la causa de La Polaca, le dijo a este diario que "nadie sabe qué es lo que están custodiando allí los hombres de inteligencia".

El Caso Montecucco
El testigo que murió a comienzos de noviembre pasado, horas antes de declarar en la causa, se llamaba Albino Montecucco, tenía algo más de 70 años y era una de las personas más conocidas en Paso de los Libres. Dueño de una armería, era considerado como "un todo terreno de los servicios de inteligencia", le comentó a Página/12 un abogado y ex juez de Paso de los Libres que estuvo preso durante la dictadura. Las historias que se cuentan sobre Montecucco son infinitas. Se dice que llegó a hacer "mucho dinero" y que siempre estuvo sospechado, incluso en algunas causas judiciales concretas, como presunto contrabandista de armas, un negocio muy común en una zona fronteriza como Libres.
En el expediente de La Polaca estaría probado que el propio Montecucco fue quien hizo los contactos con los dueños del lugar para que se lo cedieran al Ejército, a principios de 1976. Sin embargo, el predio recién fue utilizado en 1980, cuando comenzaron a producirse los secuestros de militantes de la organización Montoneros que regresaban al país en el marco de lo que se llamó la "contraofensiva" para tratar de desalojar del poder al gobierno militar. En la causa se investigan, entre otras, las desapariciones de Lorenzo David Viñas, el sacerdote tercermundista Jorge Adur y Carlos Marcón. La estancia fue alquilada por el oficial de Inteligencia José Mario Filipo, quien precedió a Marchisio como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 123.
Por estar muy cerca de la frontera, La Polaca era un lugar discreto para los traslados de detenidos desde Brasil. De lo contrario había que cruzar toda la ciudad hasta llegar a la zona donde estaban los distintos regimientos, que abundaban y abundan en Libres. Al punto de que los abogados dicen que es una ciudad "militar-cívico y no cívico-militar". En ese marco, se dice que Montecucco trabajó muy cerca del poder militar, en algunos negocios relacionados con el tráfico de armas e incluso en la colaboración para hacer "desaparecer cadáveres", sostiene el ex juez consultado por ese diario.
A comienzos de noviembre, el armero estaba citado a declarar ante el juez federal Oliva. Tres horas antes lo encontraron colgado de una cabriada. En la causa prestó declaración testimonial su viuda, con la que vivía bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas, desde hacía unos treinta años. La mujer dijo que se levantó esa mañana y le pareció extraño que su marido no estuviera en su pieza. La muerte se produjo en una chacra, propiedad de Montecucco, ubicada en las afueras de la ciudad, a unos diez kilómetros de la vivienda familiar. La investigación del caso la llevó una jueza civil, Ana Atencia.
Como le surgieron algunas dudas, luego de inhumado el cadáver del armero ordenó una exhumación. En la autopsia se buscó la posibilidad de que hubiera ingerido algún tipo de droga o veneno. No encontraron nada. En cuanto al ahorcamiento, no hubo conclusiones rotundas sobre si fue un suicidio o un asesinato. "Las señas que se encontraron pueden indicar una cosa o la otra, lo importante sería profundizar la investigación, algo que hasta ahora no se hizo", recalcó el abogado Jorge Olivera. "Montecucco sabía muchos secretos y ahora se los llevó a la tumba. Ese es el punto que despierta sospechas. ¿No es sospechoso que haya aparecido muerto tres horas antes de que le tomaran declaración?", insistió el letrado.
En el barrio, Montecucco tenía fama de timorato, de un hombre de poco carácter, que había sido ‘manejado' por los militares. Su nombre fue mencionado, incluso, en una famosa causa local por contrabando de televisores, en la cual también había sido mencionado uno de los militares involucrados ahora en la causa de La Polaca. "Sabía mucho, por no decir todo, y por su carácter, todos piensan que iba a escupir todo", comentó el ex juez de Libres. Las dudas subsisten y por eso el juez Oliva analiza la posibilidad de incorporar el caso a la causa madre y así poder profundizar la investigación sobre el presunto suicidio.
"En Libres es muy difícil ser querellante en una causa contra militares. Los abogados que la llevan (Olivera y Eduardo Molina Giachetti) están muy solos en un lugar inhóspito para hacer justicia cuando los acusados tienen uniforme", opinó el ex juez de Libres.

3 de enero de 2007
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dónde está lópez 7


[ Irina Hauser] Según la corte, el caso López debe ser analizado como una desaparición. Para que se investigue como secuestro.
El alto tribunal dispuso que la búsqueda de Julio López quede en manos de la Justicia federal como una privación ilegal de la libertad, en el contexto de su testimonio en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. También alertó sobre "las intimidaciones a testigos" que "obstaculizan" las causas sobre crímenes de la dictadura.
Cuando se están por cumplir tres meses de la búsqueda de Jorge Julio López, la Corte Suprema estableció que su desaparición debe ser investigada como privación ilegal de la libertad y no como la mera averiguación de paradero de una persona perdida. Al resolver un conflicto de competencia entre dos jueces de La Plata, el tribunal consideró que el tema tiene que quedar en manos de la Justicia federal, en este caso del juez Arnaldo Corazza, por ser quien instruye las causas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio bonaerense. De este modo, cobra protagonismo la hipótesis sobre la relación entre la ausencia del albañil y su declaración durante el juicio que terminó en la condena a prisión perpetua del represor Miguel Etchecolatz.
El fallo, de apenas una carilla, advierte que en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que están en marcha existe una "presunta obstaculización" que "se estaría materializando por medio de una serie de intimidaciones sufridas por diversos testigos que declararon en el juicio contra Miguel Etchecolatz" y "por la presunta desaparición de Jorge Julio López". "Razones de una mejor administración de justicia aconsejan que, por el momento, en el hecho que dio lugar a esta contienda continúe también radicado ante el magistrado federal", definieron los supremos.
López, de 78 años, desapareció dos días antes de la sentencia en el juicio contra Etchecolatz. Todo el mundo esperaba verlo en la jornada de los alegatos, pero nunca apareció. La primera denuncia que hizo su familia quedó a cargo de la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que se limitó a intentar establecer el paradero. Después de la aparición de un cadáver calcinado en el Camino Negro –que resultó ser una persona de entre 30 y 35 años– y a raíz de las amenazas recibidas por Nilda Eloy, otra testigo del juicio al ex comisario, los abogados de "Justicia Ya!", una entidad que nuclea a varias organizaciones de derechos humanos, hicieron una denuncia en el fuero federal, que comenzó a instruir Corazza. Mientas el juez investigaba, Eloy siguió recibiendo intimidaciones. No sólo fueron llamados telefónicos, sino que en una ocasión al volver a su casa alguien había comido las empanadas que ella había dejado sobre la mesa.
En ese contexto en el que coexistían dos expedientes paralelos, los organismos plantearon que el caso de López debía ser calificado como una privación ilegal de la libertad ligada al juicio a Etchecolatz. A los pocos días, la jueza Garmendia le pidió a Corazza que se abstuviera de intervenir con el argumento de que sólo le corresponde hacerlo en situaciones de excepción. El juez le advirtió que se equivocaba y que no se podía descartar un secuestro teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la desaparición de López, testigo, víctima y querellante en el proceso contra el represor de la Bonaerense. Dijo que no se podía descartar una "posible afectación a la seguridad nacional". De hecho, desde un comienzo Corazza buscó analizar a quiénes imputó López en su testimonio y qué relación podían tener con su desaparición.
Como ninguno de los dos magistrados cedió, la disputa llegó a la Corte. En el ínterin, integrantes del ‘Encuentro 30 años Memoria, Verdad y Justicia' que trabajan en equipo con ‘Justicia Ya!' de La Plata, pidieron una audiencia en el alto tribunal, donde fueron recibidos por Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, y reclamaron que la investigación se encuadre como un secuestro. Finalmente la Corte les dio la razón.
Al ordenar que investigue el juez federal, el fallo convalida la línea que considera a López como un desaparecido. Fue firmado por Petracchi, Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Sólo votó en disidencia Carlos Fayt. Adhirió a la postura del procurador general Estaban Righi, cuyo dictamen decía que la competencia corresponde a la Justicia ordinaria porque hasta ahora, dijo, las pruebas "no permiten afirmar de modo fehaciente que López se encuentre privado de su libertad" y "existen numerosos testimonios de personas que manifiestan haberlo visto con posterioridad a su desaparición".
"Tal como pedíamos, la Corte reconoce la desaparición de una persona y el fracaso de la averiguación de paradero. Sitúa el caso en el contexto de las investigaciones por delitos de lesa humanidad", dijo Myriam Bregman, abogada de López en el juicio a Etchecolatz. Su coequiper, Guadalupe Godoy, añadió que "esta nueva situación nos va a permitir tener un mayor acceso como querellantes a la investigación". Las abogadas tienen la expectativa de que el juez Corazza ahora encauce el expediente, como solicitaron ellas, directamente como una desaparición forzada.
En relación con la situación de los testigos, los supremos ya habían instado al Gobierno a fin de septiembre a que les otorgue "la debida protección". Ante las amenazas, de las que también fueron blanco decenas de jueces y fiscales, dijeron que no se pueden tolerar "este tipo de actitudes antidemocráticas".
Es posible, dicen allegados a la causa, que con la pesquisa bajo supervisión del juez Corazza haya un control más efectivo sobre las fuerzas de seguridad que intervienen. Y que, a la vez, se profundice la línea que investiga el papel de las propias fuerzas de seguridad en la desaparición de López, no sólo de las policías y las Fuerzas Armadas, sino del Servicio Penitenciario Federal.

3 de enero de 2007
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dónde está lópez 4


[Adriana Meyer] Hallaron el llavero de López y aseguran que lo ‘plantaron' en el jardín. Una llave que apareció de la nada.
Fue hallada el miércoles, mientras cortaban el pasto de la casa del testigo contra Miguel Etchecolatz. El solía arrojarla cuando salía y su ausencia implicaba una anormalidad. Pero los peritajes de la Justicia indican que no estuvo allí más de quince días. Para los organismos de derechos humanos refuerza la hipótesis del secuestro.
La nuera de Jorge Julio López cortaba el pasto del jardín delantero de la casa del testigo desaparecido cuando detectó un objeto bajo el rosal. Así fue que, el miércoles, aparecieron en el jardín de la casa de Los Hornos las llaves que López solía arrojar por la ventana cuando salía. Aquel 18 de septiembre, cuando su familia detectó su ausencia, comprobó que el llavero de cuero no estaba. Ese dato, el hecho de que el ex albañil se haya puesto un par de borceguíes en lugar de sus zapatillas habituales y la falta de un pequeño cuchillo eran las únicas señales de anormalidad, porque no hubo ningún otro rastro de violencia que indicara que se lo habían llevado por la fuerza. Sin embargo, los peritajes del elemento encontrado indicaron que fue arrojado hace no más de quince días, según pudo saber Página/12 de dos fuentes de la investigación, y el testigo no aparece desde hace más de dos meses.
"Acá no se abre ninguna nueva hipótesis, surge una sola respuesta y es: ‘Lo tenemos secuestrado y queremos demostrarles que lo tenemos, somos impunes y podemos hacerlo'", interpretó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, entidad que participó del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz en el cual el testimonio de López fue fundamental para lograr la condena por delitos cometidos en el marco del genocidio.
La certeza de Calvo respecto de la ratificación del secuestro contrasta con la de los altos funcionarios bonaerenses, para quienes el hallazgo abre "miles" de interpretaciones que van desde lo político hasta la intención de que el caso pase al fuero federal. Pero no descartan la más escalofriante, según confió una alta fuente oficial: "Es un aviso de que alguien lo tiene; ahora son las llaves, más adelante será el cuerpo".
"Hay alguien más, que no somos los organismos de derechos humanos, que quiere que se siga hablando del caso López –agregó la ex detenida– desaparecida–, porque justo las tiraron hace unos quince días, en el momento de más silencio del caso." Calvo no ocultó su conmoción por la noticia y recordó de inmediato el incidente que vivió hace pocos días Nilda Eloy, la otra testigo clave del juicio a Etchecolatz, cuando desapareció la cena que había dejado sobre la mesa de su casa. Para los organismos que integran Justicia Ya! La Plata, el hecho fue muy grave porque Eloy tiene custodia permanente de la Policía Bonaerense y de la Federal. "Si verificaron que las tiraron, ya está, es una amenaza... Es terrible, se nos ríen en la cara. Si fue en estos días, estamos hablando de un mensaje de impunidad: ‘Fuimos nosotros y acá estamos'; como lo de las empanadas de Nilda, que parece alocado pero nos están diciendo que hacen lo que quieren, en las narices de la policía", expresó indignada Guadalupe Godoy ante la consulta de Página/12.

Costumbres Alteradas
A pocos días de la desaparición de López, su hijo Ruben comentó a este diario que "lo único que falta de la casa es la llave de la puerta de entrada, que nunca se la llevaba y ahora sí". En ese momento, la especulación de la familia era que había salido a dar una vuelta, y por eso se puso los borceguíes y se llevó la llave, una señal de que pensaba volver. Sin embargo, esa mañana López debía alegar en el tramo final del proceso contra Etchecolatz. Su parte era esencial y ni él ni Eloy habían apoderado a sus abogados para hacerlo. Sólo un acuerdo técnico con el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata evitó que cayera el juicio. López no había visto a su victimario, el ex comisario que supo ser mano derecha de Ramón Camps, durante las audiencias y aquella jornada se cruzarían indefectiblemente. Pero no pudo ser.
López, ex militante en una unidad básica vinculada con Montoneros, se ocupaba de cuidar el pasto, las rosas y los malvones del jardín delantero de su casa. El miércoles a la tarde, a 66 días de su desaparición, una de sus nueras emprendió esa tarea porque el grado de abandono de la vegetación era notable. Fue así que encontró el llavero y lo acercó a los investigadores que trabajan con el fiscal Marcelo Martini. El elemento no era visible a simple vista, estaba entre las raíces de un rosal cercano a la puerta de la vivienda, y más bien parecía haber sido puesto allí que arrojado porque la vereda está a unos cuatro metros, salvo que hayan abierto la puertita de ingreso, según la descripción que hizo a este diario un allegado a la familia.
El llavero de cuero, hierro y bronce, con una sola llave, no estuvo allí más de 10 a 15 días. A esa conclusión llegaron los peritos tras analizar el óxido y el desgaste de los materiales, según aseguró a Página/12 una fuente oficial de la investigación. A partir del hallazgo se realizaron inspecciones y peritajes en el domicilio de los López para determinar cómo apareció el llavero. Una alta fuente judicial del caso se negó a especular respecto del posible mensaje. "Por ahora no cambia nada", comentó.
La familia López tiene custodia de la Bonaerense, de la Federal y hasta de agentes de la SIDE, aunque no quisieron que sea de manera permanente, por lo tanto cualquiera pudo haber dejado el llavero bajo el rosal. El hallazgo produjo cierto desconcierto en la familia respecto de las medidas realizadas hasta ahora. "¿Cómo es posible que un elemento tan importante aparezca de esta manera delante de nuestras narices?", fue la pregunta que se hicieron. Uno de los investigadores comentó que, en realidad, en la casa nunca hubo un rastrillaje porque no había delito que investigar, tan sólo una "averiguación de paradero", y como la familia dijo que las llaves no estaban, nadie las buscó.
Ayer quedó en evidencia el desarrollo de dos investigaciones paralelas. Mientras los expertos al mando del fiscal Martini –del fuero ordinario bonaerense– entregaban sus primeros informes, el coordinador de la investigación Roberto Silva –de la Bonaerense– hacía su reporte al juez federal Arnaldo Corazza. Pero la conclusión fue la misma: la llave de López estuvo pocos días en el pasto de su jardín; por lo tanto, no fue él quien la arrojó.

24 de noviembre de 2006
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la tortura como secreto de estado


El gobierno de Bush no quiere que los detenidos revelen cómo fueron tratados.
Enterrado en un reciente escrito del gobierno en el caso de Bahía Guantánamo, el recluso Majid Khan es uno de los argumentos más perturbadores que ha presentado el gobierno de Bush en las batallas legales que rodean a la guerra contra el terrorismo. Khan fue uno de los sospechosos de al-Qaeda que estuvo detenido en una cárcel secreta de la CIA y que fue sometido a métodos de interrogatorio ‘alternativos' -la escalofriante frase con que se refiere el gobierno a lo que la mayoría de la gente conoce como tortura. Ahora el gobierno alega que al someter a los detenidos a esos métodos, la CIA les está entregando información clasificada ‘ultra secreta' -y el gobierno puede entonces tomar medidas extraordinarias para impedir que esa información se difunda. Si este argumento sobrevive el día, hará prácticamente imposible toda rendición de cuentas de parte del gobierno en lo que se refiere al tratamiento de los detenidos de al-Qaeda. Y también se asegurará de que partes claves de los juicios militares sean debatidos en secreto.
Khan es una de las 14 personas que fueron trasladadas a Guantánamo a principios de año desde las cárceles secretas de la CIA. Después del traslado, los abogados que tratan de representarlos pidieron una orden que les garantizara el acceso en las mismas condiciones de los abogados que representan a los otros detenidos. El gobierno rechazó la petición sobre la base de dos argumentos principales. Dijo que los tribunales carecen de jurisdicción debido a que dos nuevas leyes privan a los tribunales federales de autoridad sobre asuntos relacionados con los detenidos. Puede ser correcto, y el juez Reggie B. Walton accedió la semana pasada a que toda consideración sobre el acceso de los abogados a los detenidos debería esperar hasta que la corte de apelaciones resuelva el problema jurisdiccional.
Pero el gobierno también argumenta que Khan es diferente a los otros reclusos de Guantánamo; sus abogados son autorizados para consultar información clasificada a nivel de ‘secreto'. Sin embargo, el programa de la CIA implica información ultra-secreta, así que los abogados de Khan tendrán que ser autorizados a un nivel superior -y el acceso tendrá que ocurrir en circunstancias más restringidas.
El problema es que al menos algunos de los secretos que el gobierno está tratando de proteger son las mismas técnicas utilizadas contra gente como Khan -y su modo de protegerlo es amordazándolo sobre lo que le hizo la CIA. La funcionaria de la CIA Marilyn A. Dorn dijo en un afidávit que Khan podría revelar "las condiciones de detención y métodos específicos de interrogatorios alternativos". En otras palabras, el tratamiento cruel de un detenido justifica ahora su amordazamiento.
El problema con este argumento no es solamente su aire kafkiano. Si los tribunales lo aceptan, tendrá enormes implicaciones prácticas. La integridad de los juicios militares de los detenidos de alto valor dependerá del grado en que excluyan evidencias obtenidas con medios extremadamente coercitivos. Sin embargo, siguiendo la lógica del gobierno, todo el litigio deberá ocurrir en secreto. También se supone que los detenidos deben poder impugnar su clasificación como combatientes enemigos ante las cortes federales aquí en Washington. La lógica del gobierno se aseguraría que el grueso de una impugnación fuera también secreta. Así que aceptar esta teoría significaría que los reclamos de tortura no podrían ser resueltos de modo transparente o con determinación de responsabilidades. Dada la importancia de los juicios abiertos de los detenidos de alto valor, es difícil imaginar un principio que contradiga los esfuerzos de entregarles a una justicia creíble.

21 de noviembre de 2006
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dónde está lópez 3


[Adriana Meyer] La desaparición de López no consiguió frenar las causas contra los represores. Sin embargo, se vienen dando casos de testigos con miedo.
Si acaso la desaparición de Jorge Julio López pretendió frenar los juicios contra los represores, no lo ha logrado. Y aunque el temor en los testigos está instalado, los organismos de derechos humanos decidieron redoblar la apuesta para impedir que los efectos del caso signifiquen un retroceso en la lucha contra la impunidad. Página/12 relevó algunos casos en los que las causas por violaciones a los derechos humanos están siendo afectadas. Sin embargo, una de las abogadas de López le dijo a este diario que "es más bien un mensaje social" de los sectores represivos que siguen activos "para negociar impunidad con un nuevo punto final, el mensaje es ‘si siguen los juicios habrá más desaparecidos'".
Según explicó Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en los juicios que se instruyen en La Plata la mayoría de los testigos ya declararon, al tiempo que se preguntó "¿cuánto cambia que un testigo declare o no si en algunas causas hay cientos?" Como ejemplo citó el caso de la megacausa ESMA, centro clandestino por el que pasaron unas cinco mil víctimas mientras que los querellantes son sesenta, y concluyó que "desaparecer a una persona no hace caer un juicio".
De todos modos, uno de los efectos del caso López en los procesos por delitos de lesa humanidad es el cambio en los testimonios. Este año, en el juzgado federal 2 de San Martín venía declarando un grupo de ex conscriptos clase 1955, en otra megacausa conocida como Campo de Mayo, que es la 4012, Riveros. Unos ochenta de ellos lo hicieron antes de la desaparición del testigo y dieron buena información sobre lo que vieron en 1976 en lugares donde hicieron el servicio militar, dentro del Batallón 601 de Boulogne. "Después de López testimonió una cantidad similar de ex colimbas, pero se notó que dieron en varios casos respuestas más parcas. Uno de ellos dijo no quería tener problemas, y se le aclaró que eso no iba a ocurrir. Hubo un marcado cambio de tendencia, antes se produjeron muy jugosos testimonios, luego ya no", describió el abogado Pablo Llonto, querellante en ese expediente. Las declaraciones posteriores a López abundan en "no me acuerdo" o en "hoy es todo lo que puedo decir", como si hubiera una instancia para dejar más adelante otras revelaciones. Y algunos de estos testigos aparecieron con su abogado, por las dudas.
Los ecos del caso López llegaron al exterior. Otro hecho se está produciendo en la causa de Automotores Orletti. Hay un testigo uruguayo que se exilió en Holanda y adquirió la nacionalidad de ese país. Los querellantes quieren presentarlo para que declare, pero esta persona exige protección de parte del Estado holandés. "Es un testigo importante que vio hechos pero tiene temor", precisó Llonto. Al potencial testigo le explicaron que era inviable gestionar lo que pedía. La visión de este abogado es que el mayor impacto de la desaparición de López se da en el ciudadano no politizado, mientras que quienes tienen mayor involucramiento con la militancia en derechos humanos, y dieron testimonios muy detallados, mantienen su compromiso a pesar del miedo.
En la causa por los secuestros ocurridos en la dictadura en el Hospital Posadas, reabierta recientemente, algunos testigos no dieron su domicilio actual sino el que tenían en 1976, una vez más, por las dudas.

Avanzar Pese Al Miedo
En la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos afirmaron que en las últimas semanas aumentaron las denuncias y los posibles querellantes para las causas abiertas y por abrir. "La sentencia por genocidio movilizó mucho, hay ex detenidos que empezaron a buscar gente para testimoniar, y se acercó gente que militó hace 30 años", graficó Bregman.
A pocos días de la comprobación de que López no aparecía, el presidente Néstor Kirchner ratificó el rumbo de la política de derechos humanos y la continuidad de los procesos contra represores. Hizo lo propio el Consejo Federal de Derechos Humanos y a partir de eso un funcionario bonaerense recorrió los despachos de todos los jueces y fiscales que llevan casos en los que interviene la provincia, para ratificar la continuidad de esta política. El planteo fue "seguimos con todo con los juicios" y la respuesta que obtuvo fue afirmativa, tanto de los más comprometidos como de los que menos, según relató el funcionario a Página/12. Según su relevamiento, en las causas en marcha en Mar del Plata y Olavarría hay testigos amenazados, pedidos de cambios de fechas de las audiencias, y solicitudes de custodias. Pero ninguno de esos procesos se vio afectado por esto. Sin embargo, se sinceró al manifestar la necesidad de "institucionalizar más" la protección de testigos.
El Encuentro 30 Años Memoria, Verdad y Justicia lanzó una ofensiva que consiste en solicitar un nuevo encuadre de los juicios para que los represores sean acusados por delitos cometidos "en el marco de un genocidio", tal como ocurrió en la sentencia contra Etchecolatz, y en insistir con la nulidad de los indultos del menemismo que beneficiaron a los jefes militares de la dictadura. Estas iniciativas se impulsaron en forma paralela a la exigencia de mayor celeridad en la investigación de la desaparición de López, efectivo desmantelamiento del aparato represivo y separación de los ex policías presos en la cárcel de Marcos Paz.
El matrimonio Marciano declaró en varias causas y lo hizo este año ante los diputados que impugnaron el pliego del represor Luis Patti. Eva Marciano abrió su testimonio recordando que una semana después de que aportó sus dichos en el Juicio por la Verdad de La Plata le saquearon la casa. En estos dos meses posteriores a la desaparición de López la familia recibió mensajes telefónicos intimidatorios y ahora tienen custodia aportada por el Ministerio de Seguridad bonaerense. También fue amenazado Luis Gerez, otra víctima de Patti. Pero todos ellos, y otros testigos amenazados, ratificaron en una conferencia de prensa en el Congreso su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia.

20 de noviembre de 2006
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dónde está lópez 2


[Irina Hauser y Adriana Meyer] La desaparición de López hizo notar algo que había pasado desapercibido: Etchecolatz tiene hasta a su chofer en el penal de Marcos Paz.
Preocupación por la concentración de ciertos detenidos en los penales. Todos juntos pueden operar más fácil. Y a 50 ‘compañeros' de la guerra sucia. Ya envían escritos firmados como ‘prisionero de guerra' y se sospecha que pueden estar organizando ‘acciones'. Los planes para separarlos. El monitoreo de seguridad.
Aun antes de su detención y juzgamiento, el chofer del represor Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, aseguró que "nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente". Al menos un aspecto de aquella advertencia se volvió cierto, ya que el ex comisario y su antiguo subordinado comparten las veinticuatro horas del día en la cárcel de Marcos Paz. Más aún, conviven con otros cincuenta protagonistas del terrorismo de Estado. Esta confluencia de ex policías y militares es motivo de preocupación en distintos ámbitos desde que empezaron a correr los días sin que el testigo Jorge Julio López apareciera con vida. El ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian le sugirió al Ministerio de Justicia de la Nación que hiciera algo para separar a estos presos. Fue a raíz del reclamo que habían hecho varios organismos de derechos humanos. El fiscal federal Sergio Franco le pidió lo mismo al juez Arnaldo Corazza, quien investiga la desaparición de López. Y el magistrado asumió la inquietud como propia en una reunión con testigos, abogados y organizaciones sociales.
En el penal de Marcos Paz hay tres pabellones asignados a ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos o de otros delitos. Además del ex jefe de Investigaciones de la bonaerense y su chofer, allí están otros de sus ex colaboradores, como Carlos ‘Oso' García, Norberto Cozzani y diez penitenciarios del centro clandestino que funcionó en la Unidad 9 de La Plata. También comparten techo con el torturador Julio Simón, el ‘Turco Julián', con el ex jerarca del Batallón 601 de Inteligencia Pascual Guerrieri y con varios detenidos en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.
En el Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dijeron a Página/12 que no hay unidades disponibles y apropiadas donde se pueda derivar a los represores. "No pueden estar en contacto con presos comunes, porque sería poner en peligro su integridad física. Requieren un lugar especial y esto restringe las opciones", explicó un vocero. Como todo detenido, pueden ser visitados por sus parientes cercanos y tienen permiso para recibir a otras cuatro personas ajenas a su núcleo familiar.
Según pudo saber este diario, Etchecolatz tiene en su lista de invitados a Karina Mujica, una ex novia del degradado marino Alfredo Astiz que presidió la agrupación pro dictadura Memoria Completa hasta que una cámara oculta la mostró vendiendo sus servicios sexuales. El ex policía Cozzani recibió días atrás a un periodista de un portal de Internet llamado ‘La Historia Paralela', que publicó una entrevista de lo más elogiosa donde cuenta que Guallama le cebaba mate durante la conversación.
Arslanian le planteó la separación de los represores que comparten prisión al titular de Justicia, Alberto Iribarne, pocos días después de la desaparición del testigo del juicio a Etchecolatz. Lo hizo como parte de las medidas preventivas que se adoptaron en el contexto de la búsqueda y de las iniciativas para proteger a los testigos de todos los juicios por violaciones a los derechos humanos, según precisaron cerca del funcionario bonaerense. También fue producto de la presión de las organizaciones de derechos humanos. Iribarne nunca dio una respuesta formal. Pero informó que a partir del caso López había impuesto algunas restricciones: los represores no pueden circular fuera de sus pabellones, sus espacios de uso común, y sólo pueden utilizar el teléfono público.
El fiscal federal Franco, por su lado, también reclamó aislar a los presos por violaciones a los derechos humanos después que supo que Guallama amenazaba con reorganizar la patota bonaerense. Lo mismo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El miércoles, el juez Corazza les transmitió a un grupo de testigos y organismos de derechos humanos las limitaciones señaladas por el ministro Iribarne. Dejó en claro, según relataron algunos de los presentes, que estaba preocupado por los posibles conciliábulos que pudieran producirse en el penal.
El magistrado, siempre según el relato de quienes lo escucharon, subrayó con alarma el hecho de que los represores estén "todos juntos en el mismo lugar". "Guardan jerarquías, se comunican entre ellos y tienen gente afuera", cuentan que describió, y abrió signos de pregunta sobre su capacidad operativa. También dicen que puso como ejemplo del clima reinante que en uno de los últimos escritos que llegó de parte de uno de los detenidos en Marcos Paz estaba firmado como ‘prisionero de guerra', tal como se definió Etchecolatz durante su alegato. Sin mencionar de quién se trataba, dio a entender que no lo había redactado el reo.
Corazza también investiga las amenazas a testigos. En la reunión estuvieron Nilda Eloy, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, los abogados de la querella en el juicio a Etchecolatz, Vilma Ripoll, Luis Zamora y representantes de HIJOS, Liberpueblo, Ceprodh. Cincuenta organismos le pedirán a Corazza que exija la separación de los represores. "Es evidente que allí dentro tienen todo el tiempo del mundo para planear lo que sea", dijo Myriam Bregman, una de las abogadas de López durante el juicio a Etchecolatz. "Hay penales federales en todo el país, no pueden decir que no hay lugar. ¿Por qué no los mandan, por ejemplo, al Chaco, como hacen con otros presos comunes? ¿Por qué para ellos hay privilegio?" enfatizó.
La presentación judicial dirá, explicó Bregman, que "hasta tanto no se esclarezca el secuestro de Jorge Julio López, vemos con una preocupación que continúen una gran cantidad de represores conviviendo. Las circunstancias políticas y jurídicas en las que desaparece Jorge Julio López ameritan se instruya en forma urgente al Ministerio de Justicia de la Nación y por su intermedio al SPF para que proceda a separar en distintos penales e incomunicar entre sí a los detenidos mencionados". También pedirán informes sobre quiénes van a ver a Etchecolatz al penal y qué posibilidades tiene "de comunicarse con el exterior".
Parte de la investigación de López está enfocada en los represores encarcelados, quiénes los van a ver, sus familiares, sus vínculos y sus llamadas. Contra los rumores de que cuentan con un régimen demasiado flexible de visitas, en Justicia aseguran que está todo "muy monitoreado". Y hay una cuestión paradójica si se tiene en cuenta que muchos represores desembarcaron en Marcos Paz, que es una cárcel común, tras el reclamo de agrupaciones de derechos humanos y hasta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que no estuvieran alojados en bases militares, como presos Vip. La decisión de dónde termina preso cada uno, se defienden en la cartera de Iribarne, es de los jueces, aunque admiten que el SPF puede disponer las mudanzas que le parezcan.

19 de noviembre de 2006
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dónde está lópez


Marcha del Congreso a Plaza de Mayo por la desaparición de López. La movilización como único paliativo.
Como prólogo de la concentración que se realizará hoy, en el Obelisco se proyectó ayer el testimonio de Jorge Julio López y se realizaron múltiples cortes en La Plata en reclamo de la aparición del testigo.
La cara, la voz, los gestos del hombre más buscado del país aparecieron ayer en una de las paredes del Obelisco. El video que registró la declaración de Jorge Julio López, que sirvió para encarcelar al genocida Miguel Etchecolatz, no fue lo único que sorprendió a los transeúntes: al rato apareció un militar guiando a un encapuchado por la calle, mientras insultaba a los curiosos. Muy cerca suyo un pingüino, que buscaba con una linterna debajo de los autos, completaba la parodia. Por otro lado, los numerosos cortes en distintos puntos de La Plata, donde se llevó a cabo el juicio, dieron cuenta de la magnitud de la movilización que hoy, a dos meses de su desaparición, unirá, desde las 15, el Congreso con la Plaza de Mayo, donde las organizaciones leerán un documento conjunto.
La Jornada Nacional de Lucha y Movilización convocó a organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales, gremiales y estudiantiles, que desde temprano cortaron el tránsito en distintas esquinas céntricas y accesos al casco urbano platense, en reclamo de la aparición con vida de la víctima, querellante y testigo del caso Etchecolatz. A las 11, la Agrupación HIJOS y la Federación Universitaria de La Plata (FULP) se sumaron a la protesta realizando cortes en la avenida 7 esquina 50. Allí, en pleno microcentro, buscaron llamar la atención con bombas de estruendo e instalando altoparlantes para dar a conocer sus reclamos. Pocas horas después, el Frente Darío Santillán obstaculizó la bajada local de la Autopista Buenos Aires-La Plata y otras vías de acceso de localidades como Melchor Romero, Camino General Belgrano y Güemes (en City Bell). Al igual que el resto de las organizaciones, exigieron la nulidad de los indultos y prisión efectiva para los genocidas de la última dictadura militar. Por su parte, los trabajadores de Astilleros Río Santiago y militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) armaron una barricada de neumáticos en llamas, cortando la bajada local de la Autopista Buenos Aires-La Plata, ubicada a la altura de la diagonal 74 y 126.
La consigna de las actividades, convocadas por el colectivo Encuentro 30 años Memoria, Verdad y Justicia en La Plata, fue exigir "al Gobierno la aparición con vida ya de Julio López" y denunciar que "el aparato represivo sigue impune". El reclamo cruzó el océano: hubo una movilización de residentes argentinos en Francia frente a la embajada argentina, organizada por la agrupación HIJOS y entidades defensoras de los derechos humanos de ese país. También en Madrid se realizó una concentración en la Plaza Tirso de Molina, "por la aparición de Jorge López, protección a testigos y prisión perpetua y efectiva a todos los responsables del terrorismo de Estado, cómplices e instigadores", señalaron desde un comunicado los representantes de la agrupación HIJOS en España.
Las distintas protestas realizadas en La Plata fueron levantadas alrededor de las 16, cuando los manifestantes se desconcentraron para participar de una marcha en el barrio de Los Hornos, donde fue visto por última vez este albañil de 77 años, en momentos en que se dirigía a la audiencia de alegatos del juicio de Etchecolatz, al que nunca llegó. Ese día, por primera vez desde su desaparición el 27 de octubre de 1976, López iba a enfrentarse cara a cara con el represor que encabezó la patota que lo secuestró por participar de las actividades barriales de la unidad básica Juan Pablo Maestre, que respondía a Montoneros. El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura fue el primer genocida llevado a juicio luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
"Si Dios y la Virgen nos ayudan, lo vamos a encontrar", señaló ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien admitió que la intensa búsqueda de López "es una cruzada que no tiene fin".

18 de noviembre de 2006
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monja condenada por genocidio


[Anthony Mitchell] Monja condenada a treinta años de cárcel por masacres de Ruanda.
Nairobi, Kenia. Una monja católica ha sido sentenciado a treinta años de prisión por colaborar con las milicias en el asesinato de cientos de personas que se habían ocultado en un hospital durante el genocidio de Ruanda en 1994, informó el viernes un funcionario.
Theophister Mukakibibi fue sentenciada por una tradicional corte gacaca por ayudar a los milicianos hutu a matar a tutsi étnicos que buscaban refugio de la masacre en un hospital de Butare, donde ella trabajaba.
"Era la responsable de seleccionar a los tutsi y echarlos del hospital, tras lo cual eran asesinados por los milicianos", dijo Jean Baptiste Ndahumba, presidente del tribunal local en la ciudad de Butare. "La monja organizaba a la gente para matarla". Fue encarcelada el jueves.
También se reunía regularmente con grupos extremistas hutu y negaba alimento a los tutsi escondidos en el hospital, dijo por teléfono. Unas veinte personas declararon contra ella, agregó.
En la masacre en la prefectura sudoeste de Butare murieron cien mil personas.
Varios líderes religiosos hutu, católicos y protestantes, tuvieron presuntamente papeles de importancia en la masacre de cien días en la nación del este de África. Más de medio millón de tutsi y hutu moderados fueron asesinados por las milicias, orquestadas por el gobierno extremista hutu entonces en el poder. El genocidio terminó cuando los rebeldes tutsi derrocaron al gobierno.
Los tribunales gacaca deben acelerar los juicios por genocidio y están separados del sistema judicial convencial. Con nueve jueces de la comunidad local, las cortes tradicionales también fueron creadas para ayudar a curar las divisiones, aunque pueden dictar sentencias a prisión perpetua.
Unos 63 sospechosos de genocidio han sido detenidos en Ruanda, y las autoridades judiciales dicen que al menos 761 mil personas deberían ser procesadas por su participación la carnicería y el caos que la acompañó. Los sospechosos representan el 9.2 por ciento de los estimados 8.2 millones de habitantes del país.
Un tribunal de Naciones Unidas con sede en la vecina Tanzania está juzgando a los acusados de haber organizado el genocidio en Ruanda. Tres miembros del clero han comparecido ante el tribunal.
En 2001 dos monjas católicas ruandesas fueron condenadas por un tribunal belga por ayudar y fomentar el genocidio. Un sacerdote católico está siendo procesado por el tribunal de Naciones Unidas, acusado de haber ordenado la matanza de dos mil personas que buscaron refugio en su iglesia.
El genocidio de Ruanda empezó horas después de que un avión que trasladaba al presidente Juvenal Habyarimana fuera derribado misteriosamente cuando se aproximaba a la capital, Kigali, la tarde del 6 de abril de 1994. El presidente volvía de un encuentro sobre la compartición del poder con rebeldes tutsi.
El genocidio terminó después de que los rebeldes, dirigidos por el actual presidente Paul Kagame, derrocaran al gobierno extremista hutu que orquestó la masacre.

10 de noviembre de 2006
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