derechos humanos

otra fosa común en bosnia

mqh - 11 de noviembre de 2006 - 05:41 - derechos humanos

Encuentran séptima fosa común cerca de Srebrenica, en el nordeste de Bosnia.

Snagovo, Bosnia-Herzegovina. Expertos forenses dijeron el viernes que encontraron una nueva fosa común en el nordeste de Bosnia, que se cree que contiene los restos de más de cien víctimas de la mascare de Srebrenica, donde las tropas serbias enterraron a algunas de las ocho mil víctimas.
La fosa en el pueblo de Snagovo, a unos 48 kilómetros al norte de Srebrenica, fue encontrada después de que los expertos recibieran datos de una fuente no identificada, dijo Murat Hurtic, director de la Comisión de Desaparecidos de Bosnia.
Es la séptima fosa común que ha encontrado el equipo de Hurtic en las cercanías de Srebrenica, el escenario de la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
"De momento hemos exhumado 19 cuerpos enteros y cuatro cuerpos incompletos", dijo Alma Dzaferovic, fiscal de distrito a cargo de los crímenes de genocidio. "Hemos encontrado vendas, cables, billeteras de las víctimas de la masacre de Srebrenica de 1995".
Expertos internacionales y locales han estado cavando durante años en Snagovo y han encontrado algunas de las llamadas fosas comunes ‘secundarias' en la zona justo en las afueras de la ciudad de Zvonik, en la frontera con Serbia.
Esas fosas contienen cuerpos enterrados originalmente en otros lugares, pero más tarde trasladados a ubicaciones ‘secundarias' en un intento de encubrir los crímenes. Los restos son a menudo parciales, ya que los encargados de removerlos frecuentemente usaron excavadoras para sacarlos de la primera fosa.
Los serbo-bosnios ocuparon el enclave musulmán de Srebrenica hacia el fin de la guerra de 1992-1995, que Naciones Unidas había declarado ‘zona de seguridad', y asesinaron a ocho mil hombres y niños musulmanes.
Miles de víctimas de Srebrenica han sido exhumadas de unas sesenta fosas comunes en toda la desgraciada ciudad, y más de 2.500 de ellas han sido identificadas con análisis de ADN.
La masacre de Srebrenica provocó que el tribunal de crímenes de guerra de Naciones Unidas en La Haya presentara cargos de genocidio contra varios sospechosos. Dos de los principales sospechosos, el jefe militar serbio en tiempos de guerra, Radovan Karadzic, y el jefe de su ejército, Ratko Mladic, siguen escapando.

10 de noviembre de 2006
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europa condena a rusia

mqh - 11 de noviembre de 2006 - 04:30 - derechos humanos

[Peter Finn] Corte de derechos humanos condena a autoridades rusas por asesinatos y desapariciones.

Moscú, Rusia. En dos casos separados, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó el jueves que Rusia era responsable de la desaparición y presunta muerte de dos chechenos, padre e hijo, y del asesinato de una mujer chechena cuyo cuerpo fue encontrado más tarde en una fosa común.
La corte, con sede en Estrasburgo, Francia, sostuvo que fuerzas rusas aprehendieron a Said-Khuseyn Imakayev, entonces de 23 años, en un control policial en la sureña república de Chechenia en 2000. Su padre, Said-Magomed Imakayev, que había pedido repetidas veces una explicación por la detención de su hijo, desapareció cuatro meses después de que apelara a la corte. Ninguno de ellos ha sido visto nuevamente.
La corte reprendió a las autoridades rusas por no entregar los documentos solicitados, relacionados con el caso. Funcionarios dijeron que los documentos contenían secretos de estado.
Marzet Imakayeva, esposa y madre de las víctimas, dijo que le satisfacía el veredicto, pero que quiere saber qué pasó con su marido y su hijo de modo de poder enterrarlos en el caso de que estén muertos. Imakayeva se mudó a Estados Unidos como refugiada en 2004, con su hijo, hija y nieto. "Tuve que marcharme para salvar a mis hijos", dijo al Washington Post el año pasado.
En el segundo caso, la corte dictaminó que Rusia era responsable del asesinato de Nura Luluyeva, cuyo cuerpo fue encontrado junto a otros cincuenta en febrero de 2001 en la fosa común más grande descubierta en Chechenia hasta la fecha. La fosa fue encontrada a menos de un kilómetro y medio de una base militar rusa. Muchas de las víctimas, con ropas civiles, tenían las manos y pies atados.
Luluyeva, 40, fue detenida en junio de 2000 por un grupo de soldados rusos, según dictaminó la corte.
"La Corte consideró que había todo un conjunto de evidencias que prueban los hechos más allá de toda duda razonable, que hacen posible declarar que las autoridades del estado son responsables de la muerte de Nura Luluyeva", declaró la corte.
Jan ter Laak, presidente de Iniciativa por la Justicia Rusa, que presentó los casos ante la corte, dijo que demostraban no solamente las "inimaginables violaciones" que ocurren en Chechenia, sino también la indiferencia de las autoridades rusas ante las violaciones y los esfuerzos que hacen para proteger a sus militares.
"La posición del gobierno ruso con respecto a los derechos humanos y a la Convención Europea quedará en claro en sus reacciones ante estos veredictos", dijo.

10 de noviembre de 2006
©washington post
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silencio sobre cárceles de la cia

mqh - 05 de noviembre de 2006 - 06:05 - derechos humanos

[Carol D. Leonnig y Eric Rich] Gobierno pide a tribunal que prohíba que los prisoneros hablen sobre los interrogatorios.

El gobierno de Bush ha pedido a un juez federal que los sospechosos de terrorismo retenidos en cárceles secretas de la CIA no puedan revelar detalles sobre los "métodos alternativos de interrogatorio" que utilizan sus captores para hacerlos hablar.
El gobierno dice en nuevas actas judiciales que esos métodos de interrogatorio se encuentran ahora entre los secretos más delicados de la seguridad nacional del país y que su filtración -incluso ante los propios abogados de los detenidos- "podría ocasionar daños extremadamente graves". Los terroristas podrían utilizar la información para adiestrarse en técnicas de contra-interrogatorio y burlar los esfuerzos del gobierno para obtener información sobre sus métodos y planes, de acuerdo a documentos oficiales presentados al juez de distrito Reggie B. Walton el 26 de octubre.
La batalla sobre los derechos legales de los acusados de terrorismo detenidos durante años en cárceles de la CIA se centra en Majid Khan, un antiguo vecino de Catonsville de 26 años que fue uno de los 14 detenidos de alto valor trasladados en septiembre desde los sitios ‘negros' a la prisión militar norteamericana en Bahía Guantánamo, Cuba. Un abogado del Centro de Derechos Constitucionales, que representa a muchos de los detenidos en Guantánamo, está tratando de obtener acceso a él.
Tratando de bloquear el acceso de los abogados a los 14 detenidos, el gobierno afirma efectivamente que las experiencias de los detenidos son un secreto que no debe ser compartido nunca con el público.
Debido a que Khan "fue detenido por la CIA en este programa, puede haber adquirido información, incluyendo la ubicación de los centros de detención, condiciones de detención y técnicas alternativas de interrogatorio que son clasificadas como TOP SECRET a nivel SCI", se lee en una declaración de Marilyn A. Dorn, agente de revisión de información de la CIA, que utiliza el acrónimo para "información delicada compartimentalizada" (SCI).
Gitanjali Gutiérrez, abogado de la familia de Khan, respondió en un documento judicial ayer que no hay evidencias de que Khan posea informaciones secretas. "Más bien", dijo, "el Ejecutivo está tratando de abusar de su autoridad... para ocultar conductas ilegales o embarazosas".
Joseph Margulies, profesor de derecho de la Universidad de Northwestern que ha representado a varios detenidos en Guantánamo, dijo que los prisioneros "ni siquiera pueden decir lo que hizo el gobierno a esos tipos para sonsacarles declaraciones que son la razón por las que se les mantiene prisioneros. Las técnicas kafkianas están reñidas con la justicia. Esto es ‘Alicia en el país de las maravillas'".
Kathleen Blomquist, portavoz del ministerio de Justicia, dijo ayer que los detalles del programa de la CIA deben ser protegidos. Dijo que la propuesta del abogado de hablar con Khan "es inapropiada para proteger informaciones únicas y potencialmente muy secretas que son vitales para la capacidad de nuestro país a la hora de hacer frente al terrorismo".
Los abogados del gobierno también dicen en actas judiciales que detenidos como Khan, retenidos previamente en otras cárceles de la CIA, no tienen el derecho automático a hablar con sus abogados, porque la nueva Ley de Comisiones Militares, firmada por el presidente Bush el mes pasado, les privó de acceso a tribunales norteamericanos. Esa ley estableció juicios militares separados para los sospechosos de terrorismo.
La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, está considernado si los detenidos de Guantánamo tienen el derecho de impugnar su encarcelamiento ante tribunales norteamericanos. El gobierno instó a Walton a aplazar cualquier decisión sobre el acceso de los abogados hasta que lo decidan tribunales superiores.
La demanda del gobierno expresa preocupación de que los abogados de los detenidos puedan proporcionar a sus clientes con información del mundo exterior y transmitir a otros información sobre los detenidos. En una declaración jurada, el juez militar de Guantánamo, el comodoro Patrick M. McCarthy, dijo que en un caso el abogado de un detenido llevó con él preguntas de un periodista de la BBC a una reunión con un detenido en el campo. Esas entrevistas indirectas son "inconsistentes con el propósito del acceso de los abogados" a la cárcel, escribió McCarthy.
Dorn dijo en las actas judiciales que el hecho de que los abogados hablen con ex detenidos bajo el protocolo de seguridad utilizado para otros detenidos de Guantánamo "representa un riesgo inaceptable de filtración". Pero abogados de los detenidos dijeron que han seguido el protocolo al pie de la letra, y ninguno ha sido acusado de entregar información sin la aprobación del gobierno.
Los detenidos que han pasado un tiempo en cárceles secretas, y sus abogados, han dicho que los detenidos eran a veces tratados severamente con técnicas que incluían ‘el submarino', que simula la asfixia por inmersión en agua. Bush ha declarado que el gobierno no tolerará el uso de la tortura, pero ha insistido en mantener el uso de métodos de interrogatorio "alternativos" no especificados.
El gobierno alega que una vez que se definan las reglas para las nuevas comisiones militares, los detenidos de alto valor tendrán abogados militares y derechos "sin precedentes" para impugnar las acusaciones contra ellos.
Funcionarios norteamericanos dicen que Khan, nacional paquistaní que ha vivido en Estados Unidos durante siete años, tomó órdenes de Khalid Sheik Mohammed, el hombre acusado de orquestar los atentados del 11 de septiembre de 2001. Supuestamente Mohammed pidió a Khan que investigara la posibilidad de envenenar embalses norteamericanos y lo había seleccionado para una operación en la que se asesinaría al presidente paquistaní.
En otro documento presentado la noche pasada, los abogados de Khan ofrecieron declaraciones de Khaled al-Masri, un prisionero dejado en libertad que dice que estuvo detenido con Khan en una lúgubre prisión de la CIA en Afganistán llamada "el hoyo de sal". Allá, los prisioneros dormían en el suelo, usaban pañales y les daban a beber aguas contaminadas que les causaban vómitos, dijo Masri. Los interrogadores norteamericanos lo trataron cruelmente, dijo, y le dijeron que estaba "en un país donde no había leyes".
La familia de Khan no se enteró de su paradero sino cuando Bush anunció su traslado en septiembre, más de tres años después de que fuera aprehendido en Pakistán.
La familia dijo que en marzo de 2003 Khan estaba alojando con un hermano en Karachi, Pakistán, cuando hombres no uniformados irrumpieron en el apartamento tarde una noche y pusieron capuchas en la cabeza a Khan, su hermano Mohammed y la esposa de su hermano. El niño de un mes de la pareja también fue secuestrado.
Otro hermano, Mahmood Khan, que ha vivido en Estados Unidos desde 1989, dijo en una entrevista esta semana que los cuatro fueron metidos a vehículos policiales y llevados a un recinto secreto, donde fueron separados y encerrados en cuartos sin ventanas. Su cuñada y su bebé, sin embargo, fueron retenidos juntos, dijo.
De acuerdo a Mahmood, Mohammed dijo que fueron interrogados repetidas veces por hombres que se identificaron a sí mismos como miembros del servicio de inteligencia de Pakistán y otros que se identificaron como oficiales norteamericanos. La esposa de Mohammed fue dejada en libertad tras siete días, y él fue liberado tres meses después, sin ser acusado. Fue dejado en una esquina en la calle sin ninguna explicación, dijo Mahmood.
Dijo que gente que se identificaba a sí misma como agentes paquistaníes contactaban regularmente a Mohammed y le aseguraban que su hermano sería liberado pronto y que no debía contratar a ningún abogado ni hablar con la prensa.
"No teníamos modo de saber quién lo había detenido ni dónde estaba", dijo esta semana Mahmood Khan en la casa familiar en las afueras de Baltimore. Dijo que habían acatado esa insistencia porque creían que de otro modo podían retrasar la liberación de su hermano.
En Maryland, la familia de Khan estuvo bajo constante vigilancia del FBI desde el momento mismo de su detención, dijo su hermano. El FBI allanó su casa el día después de su detención, llevándose su ordenador, documentos y videos. Todos los miembros de la familia fueron interrogados extensamente. Les fueron mostradas fotos de sospechosos de terrorismo, ninguno de los cuales fue reconocido por Mahmood Khan. La mayor parte del año siguiente, fueron seguidos a todas partes.
"Teníamos mucho miedo", dijo. "Vivimos en este país. Todo lo que tenemos está aquí".

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

4 de noviembre de 2006
©washington post
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último reportaje de anna politkovskaya

mqh - 17 de octubre de 2006 - 07:17 - derechos humanos

[C. J. Chivers] Último reportaje de periodista asesinada denunciaba las torturas en Chechenia.

Moscú, Rusia. El diario Novaya Gazeta publicó el jueves el último artículo de sus corresponsal especial asesinada, Anna Politkovskaya, junto con transcripciones de sesiones de tortura captadas en video de prisioneros chechenos que había obtenido durante sus pesquisas.
El artículo, una columna no terminada en la que presentaba nuevas denuncias de torturas cometidas por las fuerzas de seguridad en Chechenia, aparecieron el mismo día que la Corte Europea de Derechos Humanos emitiera una resolución responsabilizando a Rusia del asesinato de cinco civiles chechenos a principios de 2000, que fue cometido por agentes de policía rusos.
Entre las víctimas de ese incidente había un niño de un año y su joven madre, que tenía ocho meses de embarazo. Todas las víctimas fueron matadas a balazos, y los victimarios robaron las joyas de la víctima, según se determinó en tribunales.
El artículo también apareció en momentos en que el despacho del fiscal federal de Grozny, la capital de Chechenia, declaró que estaba estudiando los informes sobre la desaparición de otra prominente chechena: la madre de la última esposa de Shamil Basayev, el cabecilla terrorista que murió en una explosión en junio. Según activistas de derechos humanos la mujer, Rita Ersenoyeva, desapareció el 2 de octubre, y había pasado las últimas semanas buscando a su hija, que había sido secuestrada después de lo que su madre describió como un matrimonio forzado con el jefe terrorista.
Politkovskaya, una de las periodistas mejor conocidas de Rusia y defensora de los derechos humanos, fue herida fatalmente el sábado, aparentemente víctima de un asesinato por encargo. Los acontecimientos del jueves sirvieron como una suerte de coda de su vida, recordatorios del persistente caos y costes humanos de la guerra en Chechenia, la que Rusia insiste en que ha ganado.
Politkovskaya, 48, era líder de un reducido grupo de periodistas que se atreven a poner en duda esa creencia, escribiendo francamente sobre la violencia y el caos en la república. Chechenia, decía su trabajo, sigue siendo un lugar donde la guerra abierta ha disminuido, pero para ser remplazada por tenebrosas operaciones militares y policiales y donde la escalofriante conducta de las tropas rusas y delegados del Kremlin es la siniestra norma.
Su último artículo, una columna con el título ‘Nosotros lo declaramos terrorista', presenta acusaciones por el uso de la tortura para extraer confesiones y fabricar historias positivas sobre la guerra.
"Cuando los fiscales y los tribunales trabajan, no por la justicia, sino por encargos políticos y con el único objetivo de preparar buenos informes para el Kremlin, entonces los procesos criminales se producen como chorizos", escribió. "Se trata de una cadena de montaje que produce ‘confesiones sinceras' que garantiza buenos informes sobre la guerra contra el terrorismo".
Pregunta: "¿Estamos nosotros, los que respetamos la ley, luchando contra los que no la respetan? ¿O estamos combatiendo ‘sus' agresiones con las ‘nuestras'?"
El artículo describe el caso de Beslan Gadayev, un inmigrante checheno deportado de Ucrania a Chechenia, donde reclamó, en una carta a Politkobvskaya, que le habían preguntado si había cometido unos crímenes todavía no resueltos.
Cuando dijo que no, escribió, le pincharon cerca de un ojo, lo golpearon, amarraron, esposaron, colgaron de un tubo y luego lo conectaron a un cable eléctrico con el que lo sometieron a descargas eléctricas. Tras un período, dijo, confesó y al día siguiente le dijeron que tenía que volver a confesar frente a un grupo de periodistas y contar que sus lesiones eran el resultado de un intento de fuga.
El artículo fue ilustrado con imágenes de videos que Politkovskaya había obtenido de un checheno armado, el que, según dijo el diario, era presuntamente miembro de las fuerzas armadas chechenas que había torturado al menos a una persona.
Poco después de la publicación del diario el jueves en la mañana, la Corte Europea de Derechos Humanos dio a conocer una decisión unánime responsabilizando a Rusia por el homicidio de cinco miembros de la familia Estamirov en Grozny a principios de 2000, un período en el que las fuerzas rusas había recuperado el control de la capital de manos de los separatistas.
También concluyó que Rusia no había actuado adecuadamente para investigar los homicidios, que se cometieron durante una operación de barrido que Human Rights Watch, la organización con sede en Estados Unidos, investigó y calificó de masacre.
Al menos 60 civiles fueron asesinados con disparos a quemarropa, dijeron activistas de derechos humanos, por unidades policiales de San Petersburgo y Ryazan, que estaban saqueando el vecindario. Nadie fue acusado de esos crímenes. El jueves el tribunal ordenó a Rusia el pago de 230 mil euros, alrededor de 290 mil dólares, de indemnización a los familiares de las víctimas.
Ole Solvang, director ejecutivo de Stitching Russian Justice Initiative, una organización privada que ha ayudado a sobrevivientes de la guerra de Chechenia a buscar justicia en la Corte Europea, dijo que las evidencias mostraban que los homicidios fueron deliberados. Dio como ejemplo el homicidio de un niño de un año, Khasan Estamirov, que recibió múltiples impactos de bala a quemarropa. Al menos un tiro le impactó en la cabeza.
"Ese día se volvieron locos", dijo Solvang. "Fue horrible".

Rusia, que antes este año también fue hallada responsable por la corte de la ejecución sumaria de un joven combatiente ingush hacia la misma época, no hizo comentarios sobre el caso. Tiene tres meses para recurrir.
Más tarde en el día, Valery Kuznetsov, el fiscal federal en Chechenia, dijo por teléfono que su despacho estaba investigando los informes de que Rita Ersenoyeva había sido secuestrada.
Secuestros, tanto por rescate como para matar a presuntos rebeldes y sus partidarios, ha sido parte de la vida en Chechenia durante más de una década. Grupos de derechos humanos dicen que fuerzas rusas o chechenas leales al premier del Kremlin son a menudo responsables.
Ersenoyeva desapareció el 2 de octubre después de ser citada por teléfono en un edificio del gobierno en el pueblo de Stariye Atagi, de acuerdo a Tanya Lokshina, presidente del Center Demos, un grupo de derechos humanos. Ni Lokshina ni Kuztetsov dijeron contar con testigos del secuestro.
Pero desde que se marchara a la cita no se ha sabido más de Ersenoyeva, dijo Lokshina, agregando que Ersenoyeva se marchó ansiosamente después de que quien llamaba le dijera que tenía buenas noticias sobre su hija, que había desaparecido en agosto después de que hombres armados la aprehendieran en la calle.

13 de octubre de 2006
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miedo en moscú

mqh - 10 de octubre de 2006 - 06:42 - derechos humanos

[Anne Applebaum] ¿Está el Kremlin detrás del asesinato de Anna Politkovskaya?

No era carismática, no llenaba los salones de conferencias y tampoco lo hacía muy bien en los programas de entrevistas. Sin embargo, en momentos de su asesinato en Moscú el sábado, Anna Politkovskaya estaba en el pináculo de su influencia. Una de las periodistas mejores conocidas de Rusia y una de las periodistas rusas mejor conocidas en el mundo, era la prueba -y siempre se necesita más- de que no hay nada tan poderoso como la palabra escrita.
El tema de los escritos de Politkovskaya era Rusia misma, y en particular lo que ella llamaba la ‘guerra sucia' de Chechenia. Mucho después de que el cuerpo de prensa internacional hubiese abandonado Chechenia -para la mayoría de nosotros era demasiado peligroso, demasiado complicado, demasiado oscuro-, ella siguió contando sobrecogedoras historias: Sobre el coronel del ejército ruso que rescató a 89 ancianos de entre las ruinas de Grozny, pero que no recibió medallas por ello, o el escolar checheno que enfermó por las secuelas de la tortura, pero que no recibió ninguna compensación. Típico de sus libros y artículos eran las laboriosas descripciones de cómo trataba, y fracasaba invariablemente, de obtener alguna explicación de autoridades rusas hostiles y evasivas. Al mismo tiempo, tampoco tenía paciencia para la franja fanática del movimiento independentista checheno.
En los últimos años Politkovskaya recibió decenas de galardones internacionales. En casa era amenazada, arrestada y una vez casi asesinada con veneno por las mismas autoridades rusas que se negaban a responder a sus preguntas. El único reconocimiento oficial de su condición fue ambiguo: En 2002, cuando los rebeldes chechenos tomaron un teatro moscovita, fue llamada para ayudar a negociar la liberación de los rehenes. No logró salvar sus vidas, y ahora ella también está muerta.
Es verdad que, desde el 2000 cuando el presidente Vladimir Putin asumió el poder, Politkovskaya no es la primera periodista rusa en ser asesinada en turbias circunstancias. Entre los peores crímenes -todos, por supuesto, no resueltos- se encuentran los asesinatos de dos periodistas de provincia, de la ciudad de Togliatti, probablemente por investigar a la mafia local; el de Paul Klebnikov, el editor estadounidense de la edición rusa de la revista Forbes, probablemente por saber demasiado sobre los oligarcas rusos; y el de un reportero de un canal de televisión de Marmansk, que criticaba a los políticos locales.
Sin embargo, el asesinato de Politkovskaya marca un nuevo punto decisivo. No hubo ningún intento de encubrir el asesinato como robo o accidente: Su asesino le disparó no solamente a plena luz del día, sino que además dejó su cuerpo en el ascensor de su edificio de apartamentos, junto al arma que usó para asesinarla -una práctica normal de los arrogantes sicarios moscovitas. Tampoco se puede atribuir su asesinato fácilmente a remotas autoridades provinciales o a la mafia criminal: Los empresarios locales no tenían motivos para asesinarla -pero los oficiales del ejército, la policía e incluso el Kremlin sí los tenían. Mientras que los ladrones locales habrían tratado de cubrir sus huellas, el asesino de Politkovskaya, como otros muchos asesinos rusos, no le tiene miedo a la ley.
Por supuesto, si este asesinato se ajusta al esquema normal en Rusia, no se detendrá nunca a ningún sospechoso y el asesino no será juzgado nunca. Pero a largo plazo, la investigación criminal no es lo más importante. Después de todo, quienquiera que sea el que apretó el gatillo -o le pagó a alguien para hacerlo- ya ha ganado una victoria importante. Como bien lo demuestra la historia rusa (y de Europa del Este), no siempre es necesario matar a millones de personas para asustar a las otras: Unos pocos asesinatos oportunos en el lugar correcto son habitualmente suficientes. Desde la detención del magnate del petróleo Mikhail Khodorkovsky en 2003, ningún otro oligarca ruso ha siquiera intentado sonar políticamente independiente. Tras el asesinato de Politkovskaya el sábado, es difícil imaginar que los periodistas rusos sigan en grandes números sus pasos en Grozny.
Ya hay nerviosismo: Apenas horas después de que la noticia de la muerte de Politkovskaya se hiciera pública, un amigo preocupado me envió un enlace a un espeluznante sitio ruso en la web que exhibe fotografías de ‘enemigos del pueblo' -todos ellos periodistas y activistas de derechos humanos rusos, algunos de ellos bastante conocidos. Sobre las fotografías se encuentra la fecha de nacimiento y una fecha, se implica, que será la de su muerte dentro de poco. Ese tipo de cosas hará que muchos, probablemente la mayoría de los rusos lo piensen dos veces antes de criticar al Kremlin por algo.
Y de momento hay un montón de cosas que criticar. Con las crisis que se cuecen en Irán, Iraq y Cores del Norte, pocos han tenido tiempo de observar la reciente escalada de la disputa política entre Rusia y Georgia, o de ponderar las consecuencias políticas de la creciente dependencia europea del gas ruso, o de preocuparse de temas menores como el deterioro de la libertad de prensa en Rusia. Críticos de los escritos de Anna Politkovskaya se quejaban a veces de que su melancolía podía ser abrumadora: Era una de esas periodistas que veía signos de catástrofe en todo. Sin embargo, me es difícil no escribir sobre su asesinato con el mismo tono de tristeza que ella hubiera usado. Se parece tanto al tipo de historias que hubiera escrito ella misma.

applebaumanne@yahoo.com

9 de octubre de 2006
©washington post
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el capellán demoníaco

mqh - 08 de octubre de 2006 - 18:00 - derechos humanos

[Irina Hauser] Los testigos en el proximo juicio toman precauciones pero dicen que irán a contar su historia.

En pleno choque con la Iglesia, el siguiente juicio contra represores de la dictadura es el del capellán policial Von Wernich. Los testigos admiten estar "reviviendo su historia" por la desaparición de López, pero no van a ceder.
-Padre, no quiero morir –le dijo Néstor Bozzi, abatido después de la tortura, al cura Christian Von Wernich.
–Hijo mío, la vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración –contestó, imperturbable, el capellán de la Policía Bonaerense.
Bozzi está desaparecido. Luis Velasco, que estaba detenido en el mismo centro clandestino y escuchó el diálogo, sobrevivió y puede contarlo. Su testimonio será central en el que se perfila como el próximo juicio por los crímenes de la última dictadura y que pondrá al párroco en el banquillo. "Más allá del miedo, no es el momento de ceder al chantaje", dice Velasco, quien se confiesa afectado por la desaparición de Jorge Julio López, el albañil que testificó contra el represor Miguel Etchecolatz, aunque "decidido a ir a declarar". Otros testigos de la causa contra Von Wernich contaron a Página/12 cómo se preparan entre sensaciones de "shock", "desazón" y la "reactualización" de lo vivido, pero con la certeza de que "al terrorismo no se le puede responder replegándose".
Von Wernich será juzgado por su complicidad en 45 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, por su participación en tres homicidios y por la apropiación de la hija de una pareja desaparecida. Así lo planteará el fiscal de La Plata Sergio Franco, quien elevará el expediente dentro de dos o tres semanas. Será el primer juicio oral que pondrá sobre el tapete la complicidad de Iglesia Católica con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Hasta ahora sólo una de las sobrevivientes que tendrá que declarar en las audiencias les dijo a sus abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que quiere protección para ella y para sus hijos. La mujer, que prefiere que no se conozca su nombre, pidió custodia y los métodos que haya para sentirse a resguardo y testificar tranquila.
Durante la investigación sobre el papel de Von Wernich en el terrorismo de Estado, varios testimonios lo describieron como el capellán de la policía de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz que visitaba los centros clandestinos simulando dar ‘asistencia espiritual' a los detenidos, cuando en realidad iba a sacarles información y a torturarlos psicológicamente. También buscaba disuadir a las familias que denunciaban desapariciones.

Omnipresente
Después de la primera sesión de torturas Luis Velasco, que tenía 20 años, se topó con Von Wernich en la brigada de investigaciones de La Plata. Era julio de 1977. El sacerdote le puso una mano en el pecho y se burló: "Uy, te quemaron los pelitos". Velasco pasó otro tramo de su detención en Arana, en el Pozo de Banfield y en la Comisaría 5a. En todos lados reaparecía el capellán. "Tuve una relación extraña con él –repasa–. La primera vez que lo vi trató de demostrarme que sabía mucho de mí y de mis hermanos. Me puse muy nervioso y me dijo ‘tranquilo, soy primo de Monona', la mujer de mi tío. Tenía una foto mía, que le había dado mi familia creyendo que iba a localizarme. Nunca les dijo nada", cuenta.
"A mí me sorprendía que el tipo daba su nombre. Una vez le pregunté qué sentía cuando veía torturar y me dijo que nada. También tuvimos una discusión porque él decía que no debíamos odiar porque nos hubieran torturado", recuerda. En otro de los diálogos siniestros que Luis presenció y ahora trae a la memoria, Héctor Baratti, quien había sido detenido junto con su mujer Elena de la Cuadra, que estaba embarazada, le dijo a Von Wernich: "¿Qué culpa tiene mi hija de haber nacido en cautiverio?" La respuesta, cuenta Velasco, fue: "Los hijos tienen que pagar la culpa de los padres y no se los vamos a dar a los abuelos para que críen terroristas como ustedes".
Luis se fue del país poco después de recuperar la libertad. Vive en España, desde donde habla con Página/12. Tenía planeado venir de visita en estos meses "pero no voy a ir ahora, estoy con miedo con la desaparición de López", confiesa. "Evidentemente la situación está tensa y todo se concentra en el próximo juicio", dice. "Soy consciente de que la mayoría de los cargos contra Von Wernich se basan en mi testimonio, es un duro honor que me toca. Tengo presiones familiares para no declarar, pero siempre lo hice y no voy a dejar de hacerlo. Pienso pedir protección y viajar. Más allá del miedo no es momento de ceder al chantaje", se planta.
Osvaldo Papaleo conoció a Von Wernich durante su detención en Puesto Vasco, entre marzo y octubre de 1977. "No era un curita guacho, era un hijo de puta. Cuando volvió la democracia andaba en un BMW. Era un jetón, en el Puesto venía a hablarnos en grupo o individualmente. Decía que el país estaba en una guerra. Defendía la dictadura, a Camps, y tenía discurso antisemita", describe Papaleo. Para él "es de sentido común" declarar al juicio oral contra Von Wernich. "Es un compromiso con la sociedad mantener nuestros dichos y tratar de que se condene a los represores. No podemos dejar que un pedazo de la historia no se cuente", advierte.
Durante el Juicio por la Verdad en la Plata, Papaleo sostuvo: "Von Wernich no venía en función de ser asesor espiritual (...) venía en función de interrogador (...) conocía las declaraciones nuestras sacadas bajo tortura". Convencido de volver a testificar le dice a este diario: "Yo declaro lo que vi y lo que sé. Cuando uno pasó por un campo de concentración queda vacunado contra el miedo", dice. "Me sensibiliza la situación con López, me confunde un poco, pero no lo siento como un peligro inminente", señala.
Juan Ramón Nazar tiene 75 años, sólo dos menos que Jorge Julio López. Desde que comenzó la búsqueda del albañil, se pega a la radio todas las mañanas. "Siento desazón. Se me reactualiza todo lo vivido y con los días empiezo a temer que esto tenga las mismas características de lo que viví hace treinta años", dice apesadumbrado. Nazar fue secuestrado en julio de 1977. Acababa de llegar a su casa después de cerrar la edición del diario La Opinión de Trenque Lauquen que dirigía y aún dirige. "Mi posición era crítica hacia la dictadura militar, no anduve con condescendencias", explica. Las primeras cuarenta y ocho horas estuvo en una celda, vendado, sin que nadie le dijera nada. Luego lo llevaron a Puesto Vasco, donde se encontró con Jacobo Timerman "que cuando lo liberaron me dejó un pullover, un par de medias y una toalla", rememora con afecto.
En ese centro clandestino Nazar recibió la "visita" de Von Wernich. "Yo estaba en una celda de dos por uno y de pronto apareció un sacerdote con sotana. Dijo que venía a verme porque había sido cura en mi zona, 25 de Mayo. Que venía a darme auxilio espiritual. Le contesté que no comprendía su presencia, visitando a un desaparecido, y que no necesitaba ese auxilio en circunstancias tan irregulares. Fue un diálogo tenso, nunca volvió", relata. A Nazar lo liberaron después de catorce meses. Recién supo quién era el capellán cuando se presentó en la Conadep y le mostraron una foto. "Estoy dispuesto a declarar ante la Justicia cuantas veces sea necesario. No tengo miedo de hacerlo ni voy a pedir protección. Lo que tengo es preocupación", asegura.

Sin Miedo
María Mercedes Molina nació en la Brigada de Investigaciones platense en abril de 1977. Su mamá, Liliana Galarza, estudiante de arquitectura, está desaparecida. Cuando se enteró de que Von Wernich la había bautizado, sintió "mucho asco". "Me da asco cada día de mi vida, es algo que me terminó de convencer de que yo no era parte de la Iglesia católica", dice. En la ceremonia, según algunos testimonios, estuvieron Camps y el ex comisario Etchecolatz. A Mercedes sus abuelos lograron sacarla del centro clandestino y por su abuelo supo que el capellán "les mentía a los familiares, les decía que no hicieran ruido, que no preguntaran ni presentaran hábeas corpus, ya que se estaban exiliando y los podrían perjudicar. Mis abuelos eran creyentes y confiaban en Von Wernich, hacían todo lo que les decía." Mercedes es querellante en el juicio que se hará contra el sacerdote y todo indica que tendrá que declarar. "La situación por la desaparición de López me tiene shockeada, reaviva la historia. Pero no tengo miedo. Empiezo a pensar que algo pasó, que se busca amedrentar, para que testigos y querellantes nos quedemos quietos", analiza. "Espero que esto no frene los avances de la Justicia. Al terrorismo no se le puede responder replegándose".

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uruguayos dicen no a la impunidad

mqh - 08 de octubre de 2006 - 03:50 - derechos humanos

Uruguay reabre capítulos oscuros de su historia reciente.

Montevideo, Uruguay. Uruguay, que hace más de 15 años decidió no juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) para mantener la paz y conservar la recién recuperada democracia, hoy está afín a que se investigue y se haga justicia, dijeron analistas a la AFP.
"Los uruguayos están muy movilizados y muy angustiados por el pasado" y actualmente "nada indica que (el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) se pueda cerrar", dijo el politólogo Adolfo Garcé.
Los uruguayos se vieron conmocionados por un duro debate televisado entre los hijos del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1986) y del legislador Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires.
El debate se produjo en momentos en que el ex dictador está penalmente acusado de ‘coautoría de homicidio' por el asesinato en Buenos Aires en mayo de 1976 de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Pedro Bordaberry acusó al senador Rafael Michelini de "mentir" en el juzgado al responsabilizar a su padre por los asesinatos, y presentó la grabación de una conversación privada entre ambos, en la que el senador le dice: "No creo que tu viejo emprendiera acción contra papá".
De su lado, Michelini acusó a Pedro Bordaberry de recurrir a "los mecanismos de la dictadura" por haber grabado clandestinamente la conversación que sostuvieron.
"La repercusión impresionante del debate refleja la avidez social por discutir esto", además de que "el drama humano (de la pelea de dos hijos defendiendo a sus padres) le incorporó algo de morbo", dijo Ignacio Zuaznábar, analista de la empresa de opinión pública Equipos.
"Hay un estado de opinión distinto al de 1989", indicó en referencia al año que los uruguayos aprobaron en referéndum la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, aunque habilitó a investigar.
"Diría que hoy una mayoría absoluta de la población está de acuerdo con investigar y juzgar" aquellos hechos, señaló.
Por su lado, Garcé explicó que tras la votación de la Ley de Caducidad, "el tema de los derechos humanos prácticamente desapareció de la agenda, cada tanto alguien decía que no se estaba cumpliendo con el artículo 4 (que habilita investigar), pero hasta 1999, cuando el poeta argentino Juan Gelman reclamó a su nieta, el tema no estaba en la agenda".
La nieta de Gelman, Macarena (hija de María Claudia García, detenida en Argentina con 17 años y trasladada a Uruguay en agosto de 1976, donde dio a luz a la niña antes de desaparecer), fue ubicada en Montevideo poco después de que asumiera el presidente Jorge Batlle (2000-2005).
Garcé destacó que "el tema fue cobrando cada vez más relevancia" cuando Batlle instaló la Comisión para la Paz, que investigó el destino de los desaparecidos y concluyó que la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en el país, 26 de los cuales se constató que fueron asesinados.
Luego vino el gobierno de izquierda del Frente Amplio, que había hecho del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos una de sus banderas y la promesa del presidente Tabaré Vázquez de investigar el destino de los desaparecidos en el marco de la Ley de Caducidad.
"Mucha gente tomó noción de la gravedad de lo ocurrido durante la dictadura cuando aparecieron los primeros restos de desaparecidos" a fines de noviembre de 2005, dijo Garcé, luego de que el gobierno ordenara excavaciones para buscar los restos, en base a informes proporcionados por las propias fuerzas armadas.
Pero sólo se hallaron los restos de dos desaparecidos, por lo que el gobierno empezó a "amenazar con excluir algún caso de la Ley de Caducidad cuando los militares no estaban cooperando a encontrar a los desaparecidos", dijo Garcé.
"En algunos momentos (el gobierno) ha manejado la Ley de Caducidad como un chantaje, como una presión, para conseguir información", agregó, pues la norma habilita al poder ejecutivo a determinar qué casos están amparados por la misma.
Actualmente hay ocho militares retirados procesados por la desaparición en 1976 en Buenos Aires de Adalberto Soba, que fue excluida de la Ley de Caducidad.
Lo que hace el gobierno es "ir manejando si excluye o no los casos de la ley" con la intención "de buscar más información que justicia", aunque está claro "que quiere algunos militares y civiles presos", afirmó Garcé.

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no habrá amnistía para militares

mqh - 08 de octubre de 2006 - 01:42 - derechos humanos

Gobierno argentino descarta amnistía para represores de la dictadura.

Buenos Aires, Argentina. El gobierno argentino descartó este sábado dictar una nueva amnistía amplia que beneficie responsable de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983, reclamada por sectores que reivindican al regimen militar.
"Si alguien pide amnistía evidentemente está mirando otro canal. Así, les cuesta admitir la nueva realidad que vive el país", dijo este sábado Alberto Fernández, jefe de gabinete y mano derecha del presidente Néstor Kirchner, a radio América.
El jueves unas 5.000 personas participaron de un acto de ex militares y familiares de víctimas de las acciones guerrilleras ocurridas hace más de 30 años, para reclamar una amnistía que frene los juicios contra militares y policías involucrados en el terrorismo de estado.
Desde su asunción en 2003, el gobierno de Kirchner impulsó la anulación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que habían exculpado a centenares de acusados por violaciones a los derechos humanos.
La anulación de esas normas permitió reabrir proceso contra un millar de ex militares y ex policías, de los cuales unos 260 recibieron prisión preventiva, aunque sólo el 10% cumple la detención en cárcel común.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura según balance de los organismos de derechos humanos, y alrededor de 500 bebes nacidos en cautiverio fueron entregados a familias de militares o allegados.
Este sábado el jefe de gabinete consideró que los sectores minoritarios que reivindican la represión dictatorial son "expresiones del pasado" y que "les cuesta entender lo que pasó en Argentina en los últimos años".
"Es el país en pleno que no quiere volver para atrás. La gente ha puesto una definición clara y el gobierno los ha acompañado", dijo Fernández al ratificar la política oficial de derechos humanos.
Tras el acto cívico-militar, decenas de miles de personas manifestaron el viernes en la Plaza de Mayo para respaldar la prosecusión de los juicios contra ex represores.
Mabel 'Tati' Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró este sábado que la multitudinaria marcha "ha logrado su cometido de apelar a la conciencia de la gente".
"Demostramos que acá no hay miedo y que la justicia va a seguir", insistió.
Su entidad, junto a Abuelas de Plaza de Mayo encabezó la convocatoria al acto al que se sumaron decenas de agrupaciones humanitarias, sociales y piqueteras, oficialistas, independientes y de izquierda.
‘Pido Castigo', un famoso poema del chileno Pablo Neruda fue leído desde el palco, en una manifestación para pedir por Julio López, un albañil de 77 años, cuyo paradero se desconoce desde hace 20 días.
El testimonio de López fue clave en la reciente condena a perpetua contra el ex jefe policial Miguel Etchecolatz, en un fallo histórico que consideró que la dictadura perpetró un genocidio en Argentina.
El gobierno bonaerense admitió que este ex detenido-desaparecido en 1976, podría haber sido secuestrado para amedrentar a otros testigos y frenar los juicios.
En las últimas semanas, además decenas de amenazas recayeron sobre jueces y fiscales que investigan estas causas en todo el país.

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