derechos humanos

detienen a gendarmes por muertes

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Trece guardiacárceles detenidos por muerte de 33 presos en penal argentino.

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Buenos Aires, Argentina. Trece guardiacárceles fueron detenidos bajo el cargo de ‘abandono de persona seguido de muerte', acusados por la muerte de 33 presos durante un motín en el penal de Magdalena (al sur de Buenos Aires) en octubre de 2005, informó el viernes una fuente judicial.
El juez Guillermo Atencio, de la ciudad bonaerense de La Plata (60 km al sur), solicitó la prisión de 15 guardiacárceles, pero hasta el viernes habían sido detenidos trece y la policía continuaba buscando a los dos restantes.
Los 15 funcionarios del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aeres están acusados de haber dejado morir asfixiados durante un incendio a los 33 presos dentro de un pabellón del penal, que había sido cerrado con candado desde afuera, tras un motín iniciado por una refriega.
Los familiares de los detenidos denunciaron tras la tragedia, que ocurrió entre la noche de un sábado y el domingo que se festejaba en Argentina el Dia de la Madre, que los guardias no abrieron las puertas del pabellón luego de desatado el incendio.
El presidente Néstor Kirchner prometió, tras la muerte de los 33 presos, que se iba a realizar una investigación "con plena libertad" para impedir que queden impunes los responsables.
El Pabellón 16 del penal de Magdalena alojaba presos sin problemas de conducta en una enorme sala sin celdas individuales.
El penal de Magdalena, que hasta hace unos años funcionó como cárcel militar, fue reacondicionado y actualmente aloja a unos 3.000 presos.

7 de octubre de 2006
©mi punto

condenado por crímenes de guerra

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Serbio-bosnio condenado a 27 años por crímenes de guerra, pero absuelto de cargos de genocidio.

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La Haya, Holanda. El tribunal de crímenes de guerra de Naciones Unidas sentenció el miércoles al ex presidente del parlamento serbo-bosnio a 27 años de cárcel por la campaña de limpieza étnica contra bosnios musulmanes y croatas durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995.
El juez Alphons Orie pronunció a Momcilo Krajisnik culpable de homicidio, exterminio, deportación, persecución y traslado forzoso de civiles no-serbios, pero dijo que no se había probado que Krajisnik intentara cometer genocidio, el exterminio de los bosnios musulmanes y bosnios croatas como grupos étnicos.
Krajisnik, capturado cerca de Sajarevo por los cascos azules de la OTAN, fue mano derecha del líder serbo-bosnio de tiempos de guerra, Radovan Karadzic, y uno de los serbo-bosnios de más alto rango en ser juzgado por el tribunal. Su juicio empezó en febrero de 2004 y se declaró inocente de todos los cargos.
"Krajisnik quería expulsar de los territorios serbo-bosnios a las poblaciones musulmanas y croatas, y aceptaba que fuera necesario pagar un alto coste en términos de sufrimiento, muerte y destrucción para conseguir la predominancia serbia", dijo Orie.
En un ataque, dijo Orie, un grupo paramilitar usó barras de metal con clavos y cadenas para agredir a prisioneros musulmanes, que fueron obligados a golpearse unos a otros. Los hombres fueron mutilados sexualmente.
Ex economista, Krajisnik formó parte del grupo que controlaba al ejército, junto con Karadzic y la ex presidente serbo-bosnia, Biljana Plavsic. Plavsic, que reconoció su responsabilidad por las atrocidades en la guerra de Bosnia y fue condenada en 2003 a once años de cárcel, declaró contra Krajisnik.
Karadzic, todavía fugitivo, está acusado de ser responsable de la masacre de Srebrenica de 1995, de ocho mil musulmanes, y del brutal sitio de Sarajevo.
Krajisnik, apodado ‘Mister No' por su intransigente postura en las negociaciones de paz, escuchó sin mostrar emociones y jugueteando con un bolígrafo. Se limitó a asentir cuando el juez le dijo que el tiempo que había pasado en prisión sería descontado de su condena.
Los fiscales han intentado probar las intenciones genocidas en la guerra que destruyó el país que había sido Yugoslavia. El tribunal ha condenado a dos personas por cargos de genocidio, las dos por la masacre de Sbrenica.
En Sarajevo, los familiares de las víctimas de Srebrenica repudiaron la absolución por cargos de genocidio. "Es otra recompensa por los crímenes cometidos contra nosotros en Bosnia y Herzegovina, otra desilusión", dijo Munira Subasic, presidente de la asociación con sede en Sarajevo de las madres de Srebrenica.

27 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh

las cosas por su nombre

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[Tom Malinowski] Simplemente, es crueldad.

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El presidente Bush está insistiendo ante el congreso que deje que la CIA siga usando métodos ‘alternativos' de interrogatorio -que incluyen, según descripciones publicadas, cosas como obligar a las prisioneros a estar de pie durante cuarenta horas, impedirles dormir y usar ‘celdas frías' en las que el prisionero es dejado desnudo en una celda a una temperatura de casi diez grados Celsius y empapado con agua fría.
Bush porfía en que estas técnicas no constituyen tortura -después de todo, no implican arrancar las uñas ni aplicar descargas eléctricas. Dice incluso que "desea" que las normas que propone sean también adoptadas por otros países. Pero antes de que invite nuevamente a los enemigos de Estados Unidos a usar esos métodos ‘alternativos' con estadounidenses capturados, podría aprovechar el conocimiento de su origen histórico y las descripciones de aquellos que las han sufrido. Con eso en mente, aquí hay algunas sugerencias para la lista de libros por leer del presidente.
Podría empezar con el clásico libro de Robert Conquest, sobre Stalin, ‘El Gran Terror' [The Great Terror]. Conquest escribió: "Cuando había tiempo, el método básico de la policía secreta soviética para obtener confesiones y romper al acusado era el ‘transportador': el interrogatorio continuado, por equipos de policías, durante horas y días sin fin. Como otros muchos fenómenos del período de Stalin, tiene la ventaja de que no podría ser fácilmente condenado de acuerdo a ningún principio simple. Claramente, equivalía a aplicar apremios ilegítimos después de un período, y a tortura física después de un período más prolongado, pero ¿cuándo?... De cualquier modo, incluso después de doce horas, es extremadamente incómodo. Después de un día, es muy difícil. Y después de dos o tres días la víctima está en realidad físicamente envenenada por la fatiga. Era tan doloroso como cualquier tortura".
Conquest afirmó: "El interrogatorio se realizaba normalmente de noche y con el acusado recién despertado, a menudo después de sólo quince minutos de sueño. Los deslumbrantes focos durante el interrogatorio tenían un efecto desorientador". Citó a un prisionero checo, Evzen Loebl, que describió haber "estado de pie dieciocho horas al día, dieciséis de las cuales en interrogatorios. Durante las seis horas de sueño, el gendarme golpeaba la puerta cada diez minutos... Si el estruendo no lo despertaba, sí lo hacían las patadas del gendarme. Después de dos o tres semanas, sus pies estaban hinchados; el roce más ligero le causaba dolor en todo el cuerpo; hasta asearse se convirtió en una tortura".
Conquest citó a un prisionero polaco, Z. Stypulkowski, 1945: "Frío, hambre, la luz brillante y especialmente la falta de sueño. El frío no es tan terrible. Pero cuando la víctima ha sido debilitada por el hambre y la falta de sueño, entonces seis o siete grados sobre cero le hacen temblar todo el tiempo... Después de cincuenta o sesenta interrogatorios con frío y hambre y casi sin dormir, un hombre se convierte en un autómata: sus ojos brillan, sus piernas se hinchan, sus manos tiemblan. En este estado, a menudo se convence de que es culpable".
El siguiente en la lista es ‘Archipiélago Gulag', de Aleksander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn describe la experiencia de la prisionera Anna Skripnikova, en 1952: "Sivakov, Jefe del Departamento de Investigaciones de la Administración de Seguridad del Estado de Ordzhonikidze, le dijo: ‘El doctor del campo informa que tiene una presión de 240/120. ¡Eso es muy, bajo, zorra! Te la vamos a subir a 340, vas a estirar la pata, víbora, y sin marcas negras o azules, sin golpizas, sin huesos rotos. Simplemente no te dejaremos dormir'. Y si, de vuelta en su celda, después de una noche de interrogatorios cerraba sus ojos durante el día, el carcelero la despertaba, gritándole: ‘Abre tus ojos, o te sacaré de ese catre jalándote por las piernas y te amarraré de pie contra esa pared'".
En otro lugar, Solzhenitsyn escribe: "La falta de sueño... nubla la razón, socava la voluntad, y el ser humano cesa de ser él mismo, de ser su propio yo".
Finalmente, el presidente podría revisar las memorias del ex primer ministro israelí, Menachem Begin, que describe haber sido privado del sueño en una cárcel soviética en los años cuarenta: "En la cabeza del prisionero se empieza a formar una neblina. Está terriblemente cansado, sus piernas tiemblan, y tiene un solo deseo: dormir, dormir aunque sea un poquito, no levantarse, quedarse en cama, yacer, estar tendido, olvidar... Cualquier que haya vivido este deseo sabe que ni siquiera el hambre o la sed se le comparan... Conocí a prisioneros que firmaron todo lo que se les dio a firmar, sólo para conseguir lo que el interrogador les había prometido. Y no les había prometido la libertad. Les había prometido -si firmaban- que dormirían sin que nadie les interrumpiera".
Los soviéticos sabían que estos eran métodos crueles. También eran honestos consigo mismos en cuanto al propósito de semejante crueldad: brutalizar a los enemigos y extraer confesiones falsas, antes que datos de inteligencia fiables. Al negarlo, el presidente Bush no sólo está engañándonos. Se está engañando a sí mismo.

El escritor es director en Washington de Human Rights Watch.

18 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh

perpetua para policía argentino

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Condenan a cadena perpetua a ex policía del régimen militar argentino.

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El ex comisario de la Policía Bonaerense durante el pasado régimen militar argentino, Miguel Etchecolatz, acusado de múltiples violaciones a los Derechos Humanos, fue condenado a cadena perpetua.
La decisión la adoptó un tribunal de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que juzgó al ex uniformado por los crímenes perpetrados cuando se desempeñó como director de Investigaciones de la citada institución.
Pese a la activa defensa esgrimida por Etchecolatz, y en la que se reconoció incluso como ‘prisionero de guerra y detenido político', los jueces concluyeron en la sentencia que los crímenes cometidos por el ex uniformados constituyeron "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".
La lectura del fallo de la Corte estuvo marcada por los vítores de los familiares de las víctimas, que al escuchar el dictamen lo celebraron calurosamente y lanzaron pintura roja al condenado en símbolo de la sangre de sus víctimas.
La condena a este ex comisario de la Policía Bonaerense, ex subordinado del general Ramon Camps, otro tristemente célebre nombre en la lista de represores trasandinos, constituyó la segunda de su tipo tras la anulación de las leyes de 'Obediencia Debida' y 'Punto Final'.
Ya antes, y gracias a la declaración de inconstitucionalidad de las citadas leyes por parte de la Corte Suprema de Justicia, fue el turno y con 25 años de presidio, de Julio Simón, alias ‘El Turco Julián', otro ex policía, y responsable del asesinato de la ciudadana argentina Gertrudis Hlaczik, y de su esposo, el chileno lisiado José Poblete.

20 de septiembre de 2006
©la tercera

acusado falsamente

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[Doug Struck] Comisión dice que canadiense fue acusado falsamente. Musulmán secuestrado por Estados Unidos fue enviado a Siria para ser interrogado.

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Toronto, Canadá. Funcionarios de la inteligencia canadiense pasaron advertencias e informaciones falsas a agentes estadounidenses sobre un ciudadano canadiense musulmán, después de lo cual las autoridades estadounidenses lo trasladaron secretamente a Siria, donde fue torturado, según constató un informe judicial ayer lunes.
El informe, dado a conocer en Ottawa, fue el resultado de una pesquisa de dos años y medio que representó una de las primeras investigaciones públicas sobre errores cometidos como parte del programa de ‘entregas extraordinarias' de Estados Unidos, que transporta a países extranjeros, en secreto, a sospechosos de terrorismo para ser interrogados, a menudo utilizando brutales métodos.
La pesquisa, que se concentró en los servicios de inteligencia canadienses, determinó que los agentes, que fueron presionados para encontrar a terroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, acusaron falsamente al un consultor informático Maher Arar, de Ottawa, de ser un peligroso extremista. Pidieron a las autoridades estadounidenses que lo colocaran, a él y a su mujer, una economista universitaria, en la ‘lista de sospechosos' de al-Qaeda sin ningún motivo, dice el informe.
Arar fue clasificado también como "individuo musulmán extremista" que se encontraba en el área de Washington el 11 de septiembre. El informe concluye que no tuvo ninguna participación en el extremismo musulmán y que ese día estaba en viaje de negocios en San Diego, dijo el director de la comisión investigadora, el juez de Ontario Dennis O'Connor.
Arar, ahora de 36, fue detenido por las autoridades norteamericanas cuando hacía un trasbordo en Nueva York el 26 de septiembre de 2006. Fue detenido para ser interrogado durante 12 días, luego llevado a Jordania y posteriormente a Siria. Fue golpeado, obligado a confesar que había sido adiestrado en Afganistán -donde no había estado nunca- y luego mantenido en un calabozo del tamaño de un ataúd durante diez meses antes de ser liberado, constató la comisión investigadora canadiense.
O'Connor concluyó que "categóricamente no hay ninguna evidencia" de que Arar hubiera hecho algo malo o que fuese una amenaza para la seguridad.
Aunque el informe de centra en las acciones canadienses, el abogado de la comisión, Paul Cavalluzzo, dijo que los resultados muestran que la práctica de las entregas norteamericana "debe ser revisada".
"Este es realmente el primer informe en el mundo occidental que ha tenido acceso a todos los documentos de gobierno que queríamos y que observó completamente la práctica de las entregas extraordinarias", dijo en una entrevista desde Ottawa. "Las consecuencias fueron un canadiense inocente torturado, con su vida destruida y varios años de su vida perdidos".
Arar, que llegó a Canadá desde Siria cuando tenía 17 años, dijo en Ottawa que estaba agradecido de que hubiese sido reivindicado. Expresó sorpresa y cólera al enterarse el lunes de que las autoridades canadienses también habían pedido a las autoridades norteamericanas que pusieran a su mujer en la lista de sospechosos de al-Qaeda.
"Hoy el juez O'Connor ha limpiado mi nombre y restaurado mi reputación", dijo en una rueda de prensa. Dijo que se debía pedir una rendición de cuentas a funcionarios canadienses individuales: "Es lo menos que puede exigir la justicia".
O'Connor dijo que estaba fuera de sus atribuciones recomendar correcciones para los individuos implicados.
"Él fue en realidad víctima de las autoridades de tres gobiernos, aunque era inocente", dijo Irwin Cottler, miembro del parlamento por el Partido Liberal, después de darse a conocer el informe.
Stockwell Day, ministro del gobierno federal para la seguridad pública, dijo que el tratamiento dado a Arar era "lamentable. Esperemos que esto no se vuelva a repetir nunca más en el futuro".
Desde el 11 de septiembre de 2001, la CIA, en colaboración con otras agencias de inteligencia, ha detenido a unas tres mil personas en sus intentos de desmantelar redes terroristas. Muchos de ellas han sido sometidas en secreto al régimen de entregas extraordinarias a otros países, privadas de los requerimientos legales norteamericanos y a menudo sometidas a torturas.
Esas entregas son realizadas a menudo por agentes de la CIA vestidos de negro de pies a cabeza, enmascarados, que vendan a sus detenidos y los visten de negro. La práctica está provocando una creciente oposición en otros países; Italia está tratando de procesar a agentes de la CIA que secuestraron a un clérigo musulmán en Milán, en febrero de 2003, y fiscales alemanes están investigando las actividades de la CIA en su país.
Aunque los detalles de las entregas y los destinos de los secuestrados son secretos, el presidente Bush ha confirmado la existencia de cárceles de la CIA en todo el mundo. Algunos de las personas que han sido ‘entregadas' fueron retenidas en esas prisiones.
O'Connor también recomendó que el gobierno revise el caso de otros tres ciudadanos canadienses musulmanes, que fueron detenidos cuando viajaban por Siria, para determinar qué papel jugaron las autoridades canadienses en su encarcelamiento.
Pero fue el caso de Arar, un padre reservado de voz suave, el que provocó indignación en Canadá después de que retornara en 2003 y dijo que quería que la opinión pública supiera qué le había ocurrido.
El informe dice que agentes de la Real Policía Montada de Canadá RPMC "sobrestimó" la importancia de Arar en la amplia investigación que iniciaron sobre sospechosos canadienses después del 11 de septiembre de 2001.
La policía canadiense abrió un expediente sobre Arar después de verlo hablar con otros dos musulmanes canadienses que estaban siendo observados, reconocieron las autoridades. Arar insistió en que los hombres eran conocidos casuales de la pequeña comunidad musulmana de Montreal, donde vivió antes de mudarse a British Columbia.
El lunes O'Connor dijo que agentes de policía habían dicho a los norteamericanos que Arar era "sospechoso de tener vínculos con el movimiento de al-Qaeda". El juez concluyó: "La RPMC no tenía motivos para esas sospechas".
Los agentes de la RPMC también acusaron a Arar falsamente de haberse negado a ser entrevistado y se había marchado "repentinamente" a Túnez. Lo clasificó como el colega de otro hombre al que llamaban ‘el socio de bin Laden'. Esas descripciones era "o completamente erróneas" o exageradas de sus conexiones casuales, dijo O'Connor en el informe de tres tomos y 822 páginas.
Esas información condujo "muy probablemente" a su entrega, dice el informe. Funcionarios norteamericanos se negaron a cooperar con la pesquisa canadiense.
Cavalluzzo dijo que los agentes canadienses operaban aparentemente sin contar con una formación adecuada. "Lo mejor que se puede decir es que fue un caso de terrible ineptitud. No tomaron en cuenta que en 2002 etiquetar a alguien ante los norteamericanos como ‘blanco' o ‘sospechoso' o ‘extremista musulmán' podría tener desastrosas consecuencias".
Después de que Arar fuera detenido en Nueva York, las autoridades canadienses no sabían aparentemente que los norteamericanos estaban preparando su traslado a Siria, de acuerdo a los hallazgos de la comisión.
El contacto de la RPMC, el inspector Michel Cabana, "tenía la impresión de que Arar sería detenido por un breve período de tiempo", dice el informe de O'Connor. "Creía que Arar estaba detenido en un país con los mismos valores que Canadá".
Arar entabló una querella en un tribunal federal norteamericano, pero su caso fue rechazado por un juez sobre la base de que se trataba de asuntos de "seguridad nacional". Arar también está tratando de obtener una indemnización del gobierno canadiense.
Algunas cruciales preguntas sobre el incidente siguen sin respuesta, al menos públicamente. Sobre las repetidas objeciones de O'Connor, el gobierno federal censuró gran parte de los testimonios oídos durante los procedimientos, así como parte del informe final. El informe de O'Connor dice que debería pedirse a un tribual federal que decida si revelar o no las partes censuradas.
A Arar no se le permitió declarar; el juez determinó que sería injusto someterlo a interrogatorio sobre la base de informaciones secretas. Sí ha prestado declaraciones ante una comisión del parlamento europeo en Bruselas.

Natalia Alexandrova contribuyó a este reportaje.

18 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh

todos somos víctimas

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[Joel Rubin] Los camboyanos luchan por entender sus instituciones judiciales y el genocidio mientras avanzan trastabillando hacia el juicio de algunos cabecillas de los Kmer Rouge.

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Phnom Penh, Camboya. No es que a Yem Phork no le interese si alguien es responsable o no del asesinato de sus dos hermanos. Es que nunca ha visto un tribunal por dentro, y hay que plantar arroz.
Phork, un viejo apergaminado y gastado de 74 años, estaba metido hasta las rodillas en el espeso lodo de un arrozal en el campo camboyano. Se arrastraba detrás de sus dos bueyes, golpeándoles con una delgada caña y ladrándoles para que siguieran arando en línea recta.
Hace tres décadas, Phorl fue obligado a trabajar el mismo exuberante y verde terreno durante el oscuro período del país, de 1975 a 1979 -cuatro años de brutal gobierno de los Kmer Rouge, durante el cual murieron más de un millón de personas, casi uno por cada seis camboyanos, muchos de ellos víctimas de torturas, asesinatos en masa y hambre.
"Comíamos muy poco", dice. "Trabajábamos mucho. Si nos quejábamos, nos mataban".
Descansando a la sombra de un árbol, Phork bebe agua, enciende un cigarrillo y dice que por la noche oyó en la radio la noticia de que unos líderes de los Kmer Rouge serían sometidos a juicio. No sabe los detalles y se pregunta si acaso un juicio podría mitigar el dolor que siente por la pérdida de sus hermanos.
"No sé demasiado. Sólo soy un campesino", dice. "Cuando termine el juicio, espero saber el veredicto. Todo parece muy complicado.
"No es asunto mío. Eso tiene que ver con la gente con poder y el gobierno", dice. "No va a cambiar mi vida".
Después de una generación de retrasos y casi una década de riñas políticas, los juicios de al menos algunas figuras de los Kmer Rouge se encamina hacia un indeciso inicio. Años de silencio en este pobre país analfabeto han dejado abiertas las llagas de la era de los Kmer Rouge, pero pocos camboyanos entienden el complejo proceso judicial o confían en su sistema jurídico. Muchos dudan que los juicios signifiquen justicia.
Los partidarios de los juicios esperan llegar a los camboyanos para darles más confianza en el proceso jurídico. Pero conceden que el proceso legal está lejos de tener un éxito garantizado.
Días después de que Phork expresara sus dudas, Moanh Saphan, miembro de la Asamblea Nacional, trató de explicar los juicios a unos 550 compatriotas.
Antes en el día, el grupo había recorrido silenciosamente los pasillos de Tuol Seng, una escuela en la centro de Phnom Penh que los Kmer Rouge usaron como cárcel y centro de interrogatorios. Ahora es un museo, lleno de imágenes gráficas de prisioneros torturados.
"Eran bárbaros", dijo un viejo mientras tiraba de un grillete encadenado a una vieja cama. "Nosotros éramos seres humanos. Usaron acero con nosotros. Deberían haberlo usado con los elefantes".
"Mi compañera de escuela", dijo Yuok Sokthun a nadie en particular, pasando su mano suavemente por una fotografía de una joven mujer. "Se llamaba Thin Kimheang".
Moanh Saphan explicó que en 2003 el gobierno camboyano llegó a un complejo acuerdo con Naciones Unidas para la formación de un tribunal. A diferencia de juicios recientes por crímenes de guerra que eran realizados por tribunales internacionales especiales, los juicios de los Kmer Rouge se realizarán dentro del sistema jurídico camboyano, con jueces camboyanos y extranjeros y abogados que compartirán responsabilidades. No se podrán dictar condenas a muerte.
"Necesitábamos proteger nuestro territorio , nuestro poder", dijo Moanh Saphan a la multitud.
El alcance del tribunal se limita solamente a las "autoridades y otros responsables" de los Kmer Rouge. Cualquier cosa más habría puesto el peligro al primer ministro de Camboya, Hun Sen, y varios otros personeros de su gobierno que fueron funcionarios de niveles medios e inferiores del régimen de los Kmer Rouge antes de su deserción.
Cuando el legislador terminó de hablar, un hombre de rodillas huesudas se levantó para preguntar por qué la gente de su aldea que habían sido informantes de los Kmer Rouge no serían juzgados.
"Usted dice que esto traerá justicia", dijo otro viejo. "Pero ¿qué significa eso para nosotros?"
La era de los Kmer Rouge planea como una sombra sobre Camboya, rara vez discutida, pero difícilmente olvidada. Este período de la historia reciente no es enseñado en las escuelas; los padres comparten rara vez estas historias con sus hijos. Asesinos y víctimas viven lado a lado, demasiado temerosos como para enfrentarse.
El tribunal libra una batalla contra el tiempo a medida que importantes cabecillas de los Kmer Rouge, testigos y víctimas envejecen y mueren. Pol Pot, el líder del régimen, murió en 1998. El jefe militar de los Kmer Rouge, Ta Mok, murió en un hospital de Phnom Penh en julio.
Muchos de los que sobrevivieron el genocidio también están muriendo.
"Todos días perdemos gente que espera que este juicio se realice", dijo Helen Jarvis, portavoz del tribunal. "Habría sido mucho mejor que se hubiese celebrado hace 20 o diez años. El año pasado habría sido mejor que ahora. Pero no podemos recuperar el tiempo perdido".
Youk Chhang, director del independiente Centro de Documentación de Camboya, que guarda casi un millón de páginas de declaraciones de testigos y otros documentos sobre los Kmer Rouge, organiza las excursiones de Tuol Sleng y la sala del tribunal. Hasta el momento, el grupo ha llevado a la ciudad a más de tres mil camboyanos del campo. Como otros, teme que el tribunal ignore a la gente a la que busca ayudar.
"Las víctimas tienen su propio rol, igual al de Naciones Unidas y este gobierno", dijo. "Ahora mismo no juegan ningún papel. Son tratados como un tema secundario".
La mitad de la gente invitada en las excursiones eran miembros de base de los Kmer Rouge: el último peldaño de la máquina de crímenes, los que eran obligados a ejecutar órdenes.
"Aquí, todos somos víctimas", dijo.
Treinta años después del genocidio de los Kmer Rouge, muchos camboyanos dudan que se forme el tribunal y otros esperan que haga lo imposible, dijo Youk Chhang.
"El tribunal no explicará cómo ni por qué pudo ocurrir el genocidio en Camboya, o cómo llegaron al poder los Kmer Rouge", dijo. "Las expectativas del público a menudo son diferentes a los objetivos del tribunal".
El primer juicio debe empezar de aquí a seis meses, dijo Jarvis, la portavoz del tribunal. Los fiscales han empezado a localizar a los testigos y a revisar cientos de miles de páginas de documentos, casi todos ellos escritos en la lengua kmer de Camboya, a la búsqueda de evidencias. Con un presupuesto de 56.3 millones de dólares, suficientes para unos tres años de trabajo, la mayoría de la gente cree que sólo se juzgará a cinco o diez personas.
Todavía hay mucho que hacer antes de que empiece el primer juicio. Las celdas en las que se custodiará a los procesados no han sido construidas todavía.
"Existe la posibilidad de que tengamos alguna crisis de administración. Es casi inevitable", dice Jarvis mientras mira hacia una plantación de mangos, el sitio de la futura cárcel. "Tenemos que mantener las esperanzas vivas".
También inquietante para muchos observadores es la pregunta sobre la idoneidad de los jueces camboyanos nombrados por el gobierno. Varios de ellos estudiaron en la Unión Soviética y en Vietnam comunista y han estado implicados en juicios considerados ampliamente como juicios motivados políticamente.
"Esta es la última oportunidad. Han pasado treinta años", dice Heather Ryan, una observadora del juicio para el Instituto Sociedad Abierta [Open Society Justice Initiative], que está siguiendo el proceso judicial. "Sería bonito tener algo mejor, pero tenemos que lograr que este juicio funcione".
Robert Petit, fiscal segundo del tribunal, que ha trabajado en varios otros tribunales internacionales, se apresura a señalar que Naciones Unidas puede siempre retirarse si las cosas se tuercen.
"Me iré a casa si no puedo hacer mi trabajo adecuadamente", dijo.
"No le sirve a nadie que pensemos en las peores alternativas. Creo que tenemos la posibilidad de pelear. Para mí será un triunfo si podemos entregar justicia a algunas de las personas por las que se hace el juicio.
"Pero no será nunca perfecto".

[e-mail]

18 de septiembre de 2006
©los angeles times
©traducción mQh

encuentran a otro hijo de desaparecidos

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Buenos Aires, Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo recuperan a nieto número 84 apropiado en dictadura.

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La organización humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo informó este jueves que recuperó al nieto número 84, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en la última dictadura (1976/83), según un comunicado de prensa.
El joven, de 28 años, se enteró hace alrededor de un mes, luego de un examen genético, que era hijo biológico de Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval, precisó la entidad.
El muchacho, llamado Alejandro por sus apropiadores, fue identificado gracias a un nuevo método de reconocimiento del ADN que evita la extracción de sangre en los casos en los que los involucrados se niegan a hacerlo.
Esta no es la primera vez que se identifica a un nieto con este método, ya que con anterioridad se había identificado a una joven hija de desaparecidos analizando cabellos, cepillos de dientes o ropa.
Alejandro, a quien su familia biológica ahora llamará Pedro, como sus padres querían, había sido robado en enero de 1978 luego de que su madre diera a luz en el campo clandestino de detención conocido como "Club Atlético".
La organización indicó que el bebé fue entregado a un miembro de una fuerza de seguridad que se encuentra detenido.
Liliana y Pedro fueron secuestrados el 1 de julio de 1977.
En ese momento, Liliana estaba embarazada de dos meses y medio y según el relato de sobrevivientes, ella y su marido estuvieron en El Atlético.
Como el muchacho se negaba a hacerse la extracción de sangre para el examen de ADN, la Justicia autorizó a recoger objetos personales de su domicilio para extraer muestras y poder constatarlas con la información genéticas de los familiares.
A pesar de que en principio fue forzado al análisis, el joven quiso conocer a su familia biológica.
Visitó a sus abuelos maternos, tíos y primos en compañía de su esposa y su hijito recién nacido.
"Fue rápido en tomar a su familia como propia, incluso su correo electrónico lo cambió por su nombre verdadero. Hubo una aceptación total y desde un primer momento programó salidas y encuentros", agregó el comunicado.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina y unos 500 bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron robados y entregados en adopciones ilegales, según organizaciones humanitarias.

15 de septiembre de 2006
©mi punto

eua cierra cárceles secretas de la cia

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[Dafna Linzer y Glenn Kessler] Decisión de trasladar a los prisioneros resuelve debate de dos años entre asesores de Bush.

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El fin de semana pasado, esposados y encapuchados, catorce hombres detenidos en secreto por la CIA fueron reunidos uno por uno en ubicaciones en todo el mundo y llevados a un punto central para un vuelo más. Para algunos prisioneros, era su tercer o cuarto viaje hacia otro destino desconocido desde que el presidente Bush aprobara un plan encubierto para hacerlos desaparecer en recintos de la CIA ocultos en toda Europa del Este y Asia.
La noche del domingo los hombres -tres paquistaníes, dos yemeníes, dos saudíes, dos malayos, un palestino, un libio, un somalí, un indonesio y un tanzaniano- fueron sedados y colocados juntos en un vuelo hacia Bahía Guantánamo, Cuba. Llegaron el Día del Trabajo en la mañana, un día inusualmente tranquilo en el recinto administrado por el Pentágono.
La llegada de los prisioneros, presenciada por unos pocos aparte de los agentes de la CIA que los acompañaban, marcó el fin de una campaña de cinco años del gobierno de Bush por ocultar al mundo hasta cien sospechosos de ser militantes de al-Qaeda y esconder del escrutinio público las tácticas de interrogatorio e instalaciones de la agencia. Fue también el resultado de casi dos años de debate dentro de la Casa Blanca de Bush, iniciada por una súplica personal del primer ministro británico Tony Blair para la liberación de ciudadanos británicos bajo custodia norteamericana.
El debate dividió a los asesores clave del presidente y mantuvo abiertos los ‘sitios negros' de la CIA hasta que el presidente Bush mismo, siguiendo el consejo de la secretaria de estado Condoleezza Rice, ordenó que los centros secretos fueran desocupados, de momento, y posiblemente para siempre.
En una serie de entrevistas, a menudo a condición de conservar el anonimato, participantes claves en todo el gobierno accedieron a discutir sucesos que condujeron al desmantelamiento de uno de los programas más polémicos del presidente. Basándose en recuerdos y fragmentos de apuntes personales, los funcionarios dijeron que los factores importantes que empujaron al presidente a hacer el anuncio del miércoles, fueron las exigencias de los aliados de clausurar esos sitios, la creciente urgencia para la CIA de encontrar soluciones de largo plazo para las detenciones y un llamado de Rice a Bush a considerar el legado del gobierno.

Favor A un Amigo
Durante gran parte de 2004, funcionarios británicos presionaron a sus contrapartes del departamento de estado y el Pentágono de que consideraran la liberación de los restantes cuatro británicos retenidos en Bahía Guantánamo. El gobierno de Blair estaba bajo presión en casa para recuperar a esos hombres y denunciar las instalaciones cubanas sobre bases humanitarias.
Abogados que representan al despacho del vicepresidente, al ministerio de Relaciones Exteriores, al ministerio de Justicia, a la CIA y al Pentágono disputaron sobre la petición. A principios de año habían acordado liberar a cinco detenidos, pero no se pusieron de acuerdo sobre los otros cuatro.
El problema cristalizó las crecientes diferencias de opinión entre los más importantes asesores de Bush, con Rice y el vicepresidente Cheney cada vez más alejados en cuanto a las políticas de detención del gobierno.
A medida que el debate continuaba, no se envió nunca ningún consenso a Bush para que tomara una decisión. Finalmente, en noviembre Blair planteó el tema al presidente durante un viaje a Washington. Los funcionarios que informaron sobre la conversación dijeron que el presidente accedió de inmediato. "Blair dijo que realmente necesitaba a esos tipos, y el presidente se sintió contento de poder ayudarlo", dijo un alto funcionario que estuvo involucrado en las deliberaciones.
Dos meses después, en enero de 2005, los cuatro detenidos fueron enviados a casa en Gran Bretaña y liberados inmediatamente. Pero como había predicho el abogado de Cheney, David Addington, la decisión abrió las compuertas de Bahía Guantánamo. Durante los meses siguientes, todos los prisioneros europeos fueron enviados a casa y se liberó a un total de cien detenidos.
Los personeros, incluyendo a Cheney y al fiscal general Alberto R. Gonzales, que habían apostado pesadamente por el programa de detenciones, estaban perdiendo terreno.
Entretanto, el asesor jurídico del departamento de estado, John Bellinger III y el asesor Philip D. Zelikow, pidieron una revisión mayor de las prácticas de detención. Zelikow había sido director ejecutivo de la comisión del 11 de septiembre 2001, que había recomendado revisar la política de detenciones para adaptarla a las normas internacionales.

Hamdan Va Al Tribunal
Un punto decisivo en el debate, dicen importante funcionarios de gobierno, se produjo diez meses después, cuando el Washington Post reveló la existencia de las cárceles secretas de la CIA en noviembre de 2005. En esos momentos, la Casa Blanca se negó a confirmar o negar el programa pero dijo que el informe había dañado la seguridad nacional. Líderes europeos pidieron explicaciones públicamente y trataron en privado de poner fin tanto al programa de la CIA como a los encarcelamientos sin procesos en Bahía Guantánamo.
El tema de los detenidos dominó el viaje de invierno de Rice a Europa y se convirtió en una materia de primera importancia entre Bush y sus contrapartes europeos. Tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel en enero de este año, Bush se quejó sobre los "errores de percepción" del público en cuanto a Bahía Guantánamo. Pero para junio, Bush dijo en una rueda de prensa, francamente: "Me gustaría cerrar Guantánamo". Dijo que el centro de detención se había convertido en una excusa para "algunos de nuestros amigos" para que decir que Estados Unidos no estaba viviendo según sus propios valores.
Al mismo tiempo, el general Michael V. Hayden había asumido como director de la CIA y sugirió en un discurso ante el personal de la agencia que iba a revisar la viabilidad del programa secreto de la CIA.
Esa revisión colapsó más tarde en junio cuando la Corte Suprema resolvió, en el caso de Hamdan v. Rumsfeld, que los detenidos debían ser colocados bajo las protecciones de las Convenciones de Ginebra, declarando de hecho que el programa de la CIA era ilegal.
Incluso aunque los comentarios de los jueces en los alegatos orales habían sugerido que podrían resolver contra las políticas de detención del gobierno, el abogado de la Casa Blanca no había preparado ningún plan para la contingencia de una derrota y estaba aturdido por la decisión.
"La decisión de la corte tuvo muchas más consecuencias que las que esperábamos" dijo ayer un alto funcionario de la Casa Blanca.
La mayoría de los abogados del ministerio de Justicia creyeron que la resolución forzaría al gobierno a cerrar esos ‘sitios negros' de la CIA. Otros abogados estaban en desacuerdo.
En una serie de reuniones de emergencia con importantes abogados de gobierno después de la resolución de Hamdan, el asesor jurídico de la CIA, John Rizzo, dijo a sus colegas que el programa se estaba haciendo, de todos modos, cada vez más difícil de mantener. Desde su revelación en informes de prensa, varios países habían pedido que la CIA cerrara las cárceles en sus territorios y otros se habían negado a albergar nuevas. Otros abogados observaron que simplemente se había dañado la capacidad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de trabajar con aliados importantes en casi cualquier cosa.
Los abogados terminaron accediendo en que la CIA no podía detener indefinidamente a los sospechosos. "Tenía que haber una última partida", dijo un funcionario cercano a las deliberaciones.
Como compromiso, accedieron a que en principio la resolución en el caso de Hamdan no significaba que los sitios no podían existir; simplemente significaba que la CIA no podía tratar a sospechosos fuera de los límites de las Convenciones de Ginebra.
Hamdan "nos dobló la mano", dijo el abogado de la Casa Blanca Dan Bartlett, el único funcionario de gobierno que accedió a hablar oficialmente. "Sabíamos que habría algún tipo de reconocimiento de que estaban en nuestro poder". También, dijo, el valor, en términos de inteligencia, de los interrogatorios, había disminuido hasta el punto de que el gobierno pensó "que podíamos llevarlos a tribunales".

Habla el Presidente
Después de casi dos docenas de reuniones con importantes personeros sobre el tema de los detenidos, a fines de agosto Bush convino con sus principales asesores en tomar una decisión final. Varios se habían alejado de la apasionada defensa de las cárceles secretas que habían expresado un año antes.
Rice había tenido una serie de conversaciones con Bush sobre el tema de los detenidos, pero en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional hizo su último llamado a un cambio de política. Frente a sus colegas, de acuerdo a varios de los asistentes, dijo que era importante que Estados Unidos terminara con el tema, tanto sobre bases de las relaciones internacionales como morales. Observó que los sitios secretos estaba teniendo un efecto corrosivo sobre la capacidad del país de suscitar colaboración en una gama de temas relacionados con la inteligencia. Rice instó al presidente a resolver el tema antes que dejarlo en manos de su sucesor.
El presidente accedió.
"Este es un cambio de paradigma para el gobierno", dijo un funcionario involucrado.
El meollo del argumento de Rice apareció en el penúltimo párrafo del discurso del presidente.
"Estados Unidos es un país de derecho", dijo Bush, agregando que había escuchado las preocupaciones de otros presidentes del mundo sobre las políticas de detención del gobierno. "Yo continuaré trabajando con la comunidad internacional para construir bases comunes para defender a nuestros países y proteger nuestras libertades".
Otros asesores, incluyendo a Cheney, que esencialmente perdieron porque se trataba de un programa que trataron de mantener, fueron recompensados en el discurso, con la concesión del presidente, aunque sólo en teoría, de que el programa de sitios negros podía volver a ser usado.
"Es verdad que el programa podría continuar, pero no ocurrirá nunca de la misma manera que antes", dijo un influyente funcionario.

Charles Lane, Michael Abramowitz y Dan Eggen y Julie Tate contribuyeron a este reportaje.

8 de septiembre de 2006
©washington post
©traducción mQh