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la tortura como secreto de estado


El gobierno de Bush no quiere que los detenidos revelen cómo fueron tratados.
Enterrado en un reciente escrito del gobierno en el caso de Bahía Guantánamo, el recluso Majid Khan es uno de los argumentos más perturbadores que ha presentado el gobierno de Bush en las batallas legales que rodean a la guerra contra el terrorismo. Khan fue uno de los sospechosos de al-Qaeda que estuvo detenido en una cárcel secreta de la CIA y que fue sometido a métodos de interrogatorio ‘alternativos' -la escalofriante frase con que se refiere el gobierno a lo que la mayoría de la gente conoce como tortura. Ahora el gobierno alega que al someter a los detenidos a esos métodos, la CIA les está entregando información clasificada ‘ultra secreta' -y el gobierno puede entonces tomar medidas extraordinarias para impedir que esa información se difunda. Si este argumento sobrevive el día, hará prácticamente imposible toda rendición de cuentas de parte del gobierno en lo que se refiere al tratamiento de los detenidos de al-Qaeda. Y también se asegurará de que partes claves de los juicios militares sean debatidos en secreto.
Khan es una de las 14 personas que fueron trasladadas a Guantánamo a principios de año desde las cárceles secretas de la CIA. Después del traslado, los abogados que tratan de representarlos pidieron una orden que les garantizara el acceso en las mismas condiciones de los abogados que representan a los otros detenidos. El gobierno rechazó la petición sobre la base de dos argumentos principales. Dijo que los tribunales carecen de jurisdicción debido a que dos nuevas leyes privan a los tribunales federales de autoridad sobre asuntos relacionados con los detenidos. Puede ser correcto, y el juez Reggie B. Walton accedió la semana pasada a que toda consideración sobre el acceso de los abogados a los detenidos debería esperar hasta que la corte de apelaciones resuelva el problema jurisdiccional.
Pero el gobierno también argumenta que Khan es diferente a los otros reclusos de Guantánamo; sus abogados son autorizados para consultar información clasificada a nivel de ‘secreto'. Sin embargo, el programa de la CIA implica información ultra-secreta, así que los abogados de Khan tendrán que ser autorizados a un nivel superior -y el acceso tendrá que ocurrir en circunstancias más restringidas.
El problema es que al menos algunos de los secretos que el gobierno está tratando de proteger son las mismas técnicas utilizadas contra gente como Khan -y su modo de protegerlo es amordazándolo sobre lo que le hizo la CIA. La funcionaria de la CIA Marilyn A. Dorn dijo en un afidávit que Khan podría revelar "las condiciones de detención y métodos específicos de interrogatorios alternativos". En otras palabras, el tratamiento cruel de un detenido justifica ahora su amordazamiento.
El problema con este argumento no es solamente su aire kafkiano. Si los tribunales lo aceptan, tendrá enormes implicaciones prácticas. La integridad de los juicios militares de los detenidos de alto valor dependerá del grado en que excluyan evidencias obtenidas con medios extremadamente coercitivos. Sin embargo, siguiendo la lógica del gobierno, todo el litigio deberá ocurrir en secreto. También se supone que los detenidos deben poder impugnar su clasificación como combatientes enemigos ante las cortes federales aquí en Washington. La lógica del gobierno se aseguraría que el grueso de una impugnación fuera también secreta. Así que aceptar esta teoría significaría que los reclamos de tortura no podrían ser resueltos de modo transparente o con determinación de responsabilidades. Dada la importancia de los juicios abiertos de los detenidos de alto valor, es difícil imaginar un principio que contradiga los esfuerzos de entregarles a una justicia creíble.

21 de noviembre de 2006
©washington post
©traducción mQh
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