recuperan a hijo de desaparecido 2
[Victoria Ginzberg] "Pudimos revertir el plan macabro". Recuperó la identidad un niño, hoy un joven, que fue apropiado por el represor Bianco.
Hace más de veinte años, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico militar y represor de Campo de Mayo Atilio Bianco por la apropiación de dos menores. La Justicia confirmó ahora que uno de ellos es el hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato. El joven aceptó voluntariamente hacerse el análisis de ADN.
En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico del Ejército Norberto Bianco como apropiador de hijos de desaparecidos. Una fuga a Paraguay, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una condena a doce años de prisión formaron parte de esa historia. Pero aun así, las identidades biológicas de Pablo y Carolina, los dos niños que el represor había criado, no habían sido develadas. Eso fue así hasta que Pablo, hoy un joven de 29 años, aceptó hacerse voluntariamente el estudio de ADN. De esta forma, se comprobó finalmente que es hijo de Norma Tato y Jorge Carlos Casariego. Ellos fueron secuestrados en abril de 1977 y fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde Bianco atendió partos y se ocupó de "repartir bebés". "Después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy un joven, pudimos revertir el macabro plan de los genocidas. Pablo Hernán Casariego Tato es libre", dijeron las Abuelas en un comunicado.
Por este caso fue que el juez Roberto Marquevich ordenó el 9 de junio de 1998 que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. Pero hace ya más de cinco años que la causa en la que se investigaba el origen de los chicos apropiados por Bianco y su mujer, Susana Wehrli, está cerrada. El represor fue condenado a doce años de prisión, aunque no estuvo mucho tiempo tras las rejas, porque la Justicia computó como tiempo de detención diez años que pasó mientras esperaba su extradición con una laxa prisión domiciliaria en Paraguay, donde se había fugado.
En 2001, la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito de supresión de estado civil y la identidad de Pablo y Carolina estaba prescripto. De esta forma, impidió seguir investigando quiénes eran los padres de los niños. Pero el delito no había cesado, ya que los jóvenes no habían recuperado su identidad.
Las Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en Paraguay, donde vivían. Y en octubre de 2002 logró que Pablo accediera a realizar el estudio de ADN. El análisis se hizo en forma privada y reveló que los padres de quien había crecido como Bianco Wehrli eran Casariego y Tato. En noviembre del año pasado, las Abuelas, con la representación del abogado Luciano Hazan, consiguieron que la jueza de San Martín Sandra Arroyo Salgado y el secretario Walter Rodríguez reabrieran la causa judicial en base al derecho a la Verdad. Con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pudo repetir el análisis de sangre, esta vez en el Banco Genético del Hospital Durand. Así, la Justicia confirmó formalmente la identidad de Pablo, que inició un proceso de acercamiento a su familia biológica.
La Familia
Norma Tato y Jorge Carlos Casariego se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. El era alto, de tez blanca y ojos claros y usaba anteojos. Estudió Química en la UBA, se casó con su prima Rosa María, tuvo dos hijos y luego se separó. Ella tenía ojos marrones, pelo castaño y nariz pequeña. Era maestra y también tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Ambos militaban en Montoneros y vivían en un pequeño departamento cerca del Zoológico.
Norma fue secuestrada el 13 de abril de 1977, en su domicilio, frente a sus hijos, que fueron dejados con una vecina y luego entregados a su papá. Estaba embarazada de cinco meses y fue vista junto con Casariego en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese centro clandestino revelaron que dio a luz a mediados de agosto. Según los testimonios, el parto se hizo en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una piecita ubicada junto al pabellón número 1. La mujer fue asistida por otra detenida. Veinticuatro horas después le sacaron al bebé. Y una semana más tarde fue "trasladada", es decir, asesinada. Unos días antes Jorge había tenido el mismo destino.
La Justicia
Las Abuelas comenzaron a seguir la pista de Bianco en 1984, a partir de informaciones anónimas, incluso de personas cercanas al represor, que aseguraban que Bianco y su mujer tenían niños que podían ser hijos de desaparecidos. Las denuncias se completaban con el dato de que la pareja no podía tener hijos y con el hecho de que el hombre se desempeñaba como médico en el hospital militar de Campo de Mayo.
Bianco no sólo es responsable por la apropiación de Pablo –la identidad de Carolina aún se desconoce–, sino también por su actuación como represor en Campo de Mayo, donde se registraron al menos 35 casos de mujeres embarazadas. Bianco era el encargado de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar. Las denuncias señalaron a Bianco como quien llevaba a las mujeres a parir en el sector de Epidemiología de ese lugar y luego retiraba a los niños recién nacidos. Allí, después de dar a luz, las madres recibían una inyección para que no tuvieran leche.
Para evitar el análisis de sangre que confirmaría la identidad de los niños y lo llevaría a la cárcel, en 1986 Bianco se escapó con su mujer y los dos chicos a Paraguay, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fueron localizados en 1987 en Asunción, donde los chicos iban a la escuela con el apellido Polimeni. El 23 de abril de ese año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños bajo la tutela del juez. El trámite de extradición se demoró diez años y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo en el organismo internacional, la Justicia paraguaya nunca hizo los exámenes genéticos a los chicos. Para conocer la verdad sobre Pablo hubo que esperar otros diez años.
Reclamo a Casación
El Consejo de la Magistratura solicitó a la Cámara de Casación un detalle sobre su actuación en las causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se concretó el lunes y se hizo a partir de una propuesta de la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Página/12 informó la semana pasada que la Cámara de Casación era considerada por los organismos de derechos humanos como uno de los principales obstáculos en el avance de los expedientes sobre la última dictadura. En ese tribunal hay más de cien recursos pendientes, algunos hace más de tres años. Uno de los planteos que deben resolver es el de la validez de la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida, sobre el que ya se expidió la Corte Suprema. Además, varios casos que están por ir a juicio oral deben esperar por decisiones de Casación. Ahora, el tribunal deberá informar mensualmente sobre el estado de las causas y los jueces que intervienen. También tendrá que aclarar la fecha de ingreso de los expedientes.
Hace más de veinte años, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico militar y represor de Campo de Mayo Atilio Bianco por la apropiación de dos menores. La Justicia confirmó ahora que uno de ellos es el hijo de los desaparecidos Jorge Casariego y Norma Tato. El joven aceptó voluntariamente hacerse el análisis de ADN.En 1985, las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron al médico del Ejército Norberto Bianco como apropiador de hijos de desaparecidos. Una fuga a Paraguay, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una condena a doce años de prisión formaron parte de esa historia. Pero aun así, las identidades biológicas de Pablo y Carolina, los dos niños que el represor había criado, no habían sido develadas. Eso fue así hasta que Pablo, hoy un joven de 29 años, aceptó hacerse voluntariamente el estudio de ADN. De esta forma, se comprobó finalmente que es hijo de Norma Tato y Jorge Carlos Casariego. Ellos fueron secuestrados en abril de 1977 y fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, donde Bianco atendió partos y se ocupó de "repartir bebés". "Después de más de veinte años de inclaudicable y tenaz lucha para restituir sus derechos a un bebé, hoy un joven, pudimos revertir el macabro plan de los genocidas. Pablo Hernán Casariego Tato es libre", dijeron las Abuelas en un comunicado.
Por este caso fue que el juez Roberto Marquevich ordenó el 9 de junio de 1998 que el dictador Jorge Rafael Videla volviera a prisión. Pero hace ya más de cinco años que la causa en la que se investigaba el origen de los chicos apropiados por Bianco y su mujer, Susana Wehrli, está cerrada. El represor fue condenado a doce años de prisión, aunque no estuvo mucho tiempo tras las rejas, porque la Justicia computó como tiempo de detención diez años que pasó mientras esperaba su extradición con una laxa prisión domiciliaria en Paraguay, donde se había fugado.
En 2001, la Cámara Federal de San Martín consideró que el delito de supresión de estado civil y la identidad de Pablo y Carolina estaba prescripto. De esta forma, impidió seguir investigando quiénes eran los padres de los niños. Pero el delito no había cesado, ya que los jóvenes no habían recuperado su identidad.
Las Abuelas de Plaza de Mayo no se resignaron. Una joven colaboradora del organismo contactó a Pablo y Carolina en Paraguay, donde vivían. Y en octubre de 2002 logró que Pablo accediera a realizar el estudio de ADN. El análisis se hizo en forma privada y reveló que los padres de quien había crecido como Bianco Wehrli eran Casariego y Tato. En noviembre del año pasado, las Abuelas, con la representación del abogado Luciano Hazan, consiguieron que la jueza de San Martín Sandra Arroyo Salgado y el secretario Walter Rodríguez reabrieran la causa judicial en base al derecho a la Verdad. Con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se pudo repetir el análisis de sangre, esta vez en el Banco Genético del Hospital Durand. Así, la Justicia confirmó formalmente la identidad de Pablo, que inició un proceso de acercamiento a su familia biológica.
La Familia
Norma Tato y Jorge Carlos Casariego se conocieron mientras trabajaban en el laboratorio Squibb. El era alto, de tez blanca y ojos claros y usaba anteojos. Estudió Química en la UBA, se casó con su prima Rosa María, tuvo dos hijos y luego se separó. Ella tenía ojos marrones, pelo castaño y nariz pequeña. Era maestra y también tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Ambos militaban en Montoneros y vivían en un pequeño departamento cerca del Zoológico.
Norma fue secuestrada el 13 de abril de 1977, en su domicilio, frente a sus hijos, que fueron dejados con una vecina y luego entregados a su papá. Estaba embarazada de cinco meses y fue vista junto con Casariego en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese centro clandestino revelaron que dio a luz a mediados de agosto. Según los testimonios, el parto se hizo en condiciones precarias, sin asistencia médica, en una piecita ubicada junto al pabellón número 1. La mujer fue asistida por otra detenida. Veinticuatro horas después le sacaron al bebé. Y una semana más tarde fue "trasladada", es decir, asesinada. Unos días antes Jorge había tenido el mismo destino.
La Justicia
Las Abuelas comenzaron a seguir la pista de Bianco en 1984, a partir de informaciones anónimas, incluso de personas cercanas al represor, que aseguraban que Bianco y su mujer tenían niños que podían ser hijos de desaparecidos. Las denuncias se completaban con el dato de que la pareja no podía tener hijos y con el hecho de que el hombre se desempeñaba como médico en el hospital militar de Campo de Mayo.
Bianco no sólo es responsable por la apropiación de Pablo –la identidad de Carolina aún se desconoce–, sino también por su actuación como represor en Campo de Mayo, donde se registraron al menos 35 casos de mujeres embarazadas. Bianco era el encargado de la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar. Las denuncias señalaron a Bianco como quien llevaba a las mujeres a parir en el sector de Epidemiología de ese lugar y luego retiraba a los niños recién nacidos. Allí, después de dar a luz, las madres recibían una inyección para que no tuvieran leche.
Para evitar el análisis de sangre que confirmaría la identidad de los niños y lo llevaría a la cárcel, en 1986 Bianco se escapó con su mujer y los dos chicos a Paraguay, donde recibió el amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Fueron localizados en 1987 en Asunción, donde los chicos iban a la escuela con el apellido Polimeni. El 23 de abril de ese año, la Justicia argentina pidió la extradición y la restitución de los niños bajo la tutela del juez. El trámite de extradición se demoró diez años y motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de haberse comprometido a partir de un acuerdo en el organismo internacional, la Justicia paraguaya nunca hizo los exámenes genéticos a los chicos. Para conocer la verdad sobre Pablo hubo que esperar otros diez años.
Reclamo a Casación
El Consejo de la Magistratura solicitó a la Cámara de Casación un detalle sobre su actuación en las causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El pedido se concretó el lunes y se hizo a partir de una propuesta de la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo. Página/12 informó la semana pasada que la Cámara de Casación era considerada por los organismos de derechos humanos como uno de los principales obstáculos en el avance de los expedientes sobre la última dictadura. En ese tribunal hay más de cien recursos pendientes, algunos hace más de tres años. Uno de los planteos que deben resolver es el de la validez de la ley que anuló el Punto Final y Obediencia Debida, sobre el que ya se expidió la Corte Suprema. Además, varios casos que están por ir a juicio oral deben esperar por decisiones de Casación. Ahora, el tribunal deberá informar mensualmente sobre el estado de las causas y los jueces que intervienen. También tendrá que aclarar la fecha de ingreso de los expedientes.
21 de febrero de 2007
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La organización humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo anunció hoy el hallazgo de otro hijo de desaparecidos durante la última dictadura, quien permaneció en manos de sus apropiadores desde mediados de los 70, cuando un golpe de estado implantó el terrorismo institucional en el país. El joven que hoy finalmente recuperó su verdadera identidad es el número 86 desde que Abuelas comenzó con su campaña, tras la restauración de la democracia argentina, en 1983.
Londres, Gran Bretaña. La policía londinense debería pedir excusas públicamente a dos familias musulmanas confundidas en un allanamiento anti-terrorista en el que un hombre fue herido a bala, declaró el martes una comisión independiente.
Londres, Gran Bretaña. Una policía que dirigió el operativo en que murió Jean Charles de Menezes, el brasileño de 27 años ejecutado por error por Scotland Yard al día siguiente de los atentados fallidos de Londres en 2005, recibió una promoción, anunció el lunes la policía.
Amán, sin cara, me mira desde un rincón de un cuarto. Suplica que le ayude, pero tengo miedo de moverme. Empieza a llorar. Es un sonido lastimero, y me enferma. Grita, pero cuando despierto, me doy cuenta de que los gritos son míos.
Berlín, Alemania. El programa clandestino de la CIA para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a lugares secretos para ser interrogados se desenmarañó algo más el miércoles cuando fiscales alemanes emitieron órdenes de detención para trece operativos de la CIA, por el secuestro de un ciudadano alemán en los Balcanes en diciembre de 2003.
Buenos Aires, Argentina. La extradición de España de la ex presidente argentina, Isabel Perón, en el marco de la investigación de los asesinatos cometidos por un escuadrón de la muerte en los años setenta, tomará al menos un año, si del todo, dijo el lunes un juez federal.
El decreto, que reforma la Ley de Inteligencia Militar, destaca que ampararse en el secreto de estado "puede ser considerado como un intento de perpetuar la impunidad" y deja sin ese obstáculo a quienes quieran aportar información sobre las violaciones a los derechos humanos. Astiz había usado esa excusa al declarar en tribunales.