derechos humanos

placas para no olvidar el horror

mqh - 06 de marzo de 2007 - 15:43 - derechos humanos

Con la memoria en los cuarteles. Placas en las unidades militares donde hubo centros de detención.

Las placas recordarán a las víctimas de la represión ilegal. Y estarán ubicadas para que sean vistas por todos los uniformados. En la Base Naval de Trelew, donde fueron fusilados militantes, ya se puso una.
El Ministerio de Defensa plantea poner placas recordatorias en todas las unidades militares en las que funcionaron centros clandestinos de detención. "Es un llamado y una señal a no violar la Constitución Nacional y a poner en autos el derecho a la verdad y la memoria", señaló a este diario Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Las inscripciones estarán montadas en una instalación con tres pilares, que dirán Memoria, Verdad y Justicia. Una viga que los abarca a los tres señalará a los ojos de los uniformados que allí funcionó un centro de detención. Una de las primeras se colocará en Campo de Mayo, donde funcionará otro Museo de la Memoria.
Aunque allí no hubo un centro, la primera fue colocada en la Base Aeronaval de Trelew el último 22 de agosto y este año continuarán expandiéndose ante la vista de los militares. La inscripción se colocó en el lugar de las celdas y dice: "Aquí fueron asesinados 19 presos políticos que se habían fugado", en referencia a la masacre de Trelew de 1972.
El resto de las placas comenzará a colocarse a partir de este 24 de marzo, cuando se pondrá una en el ex centro de detención La Perla, en Córdoba, donde habrá un acto oficial del gobierno.
El 25 de marzo, en Campo de Mayo se colocará una placa que recordará que en el predio funcionó una maternidad clandestina. En el acto, también se anunciará que en ese lugar va a funcionar más adelante otro Museo de la Memoria. En un espacio de Campo de Mayo, que da a una de las rutas, se colocará señalización. El Museo tendrá una entrada independiente y convivirá con la actividad militar.
A lo largo de marzo, también se emplazarán en el Batallón de Comunicaciones de Paraná y en varios sitios de Mar del Plata. Luego se continuará con algunos de los lugares más representativos de los 88 centros clandestinos que funcionaron en unidades militares de las tres armas en todo el país.
Los actos los harán en conjunto el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos, luego de que la ministra Nilda Garré firmase la resolución 1309, que autoriza y dispone que en las unidades militares donde hayan funcionado centros clandestinos de detención se colocarán placas identificatorias. "En este lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado el 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Nunca más golpe de Estado y terrorismo", dirá la inscripción que será vista cotidianamente por los ojos de los uniformados. Estará montada en una estructura de tres vigas, junto a las que se plantará un árbol Ginkgo, que es conocido como ‘el árbol de la vida'. Su especie sobrevivió a la bomba de Hiroshima.
En la resolución, Garré consideró que "en consonancia con las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo se considera importante desarrollar una política de preservación e identificación pública de aquellos lugares que fueran propiedad de las Fuerzas Armadas y en los cuales hubiere funcionado un Centro Clandestino de Detención". La ministra de Defensa afirmó que "es responsabilidad del Estado generar condiciones para el ejercicio colectivo de la memoria ante las actuales y futuras generaciones".
La medida se suma a la política de conducción civil de las Fuerzas Armadas, a las reformas en el Código Penal Militar y en el sistema educativo castrense. "Es una señal política importante, ya que hubo una resolución previa que llamó a no hacer modificaciones en los centros clandestinos: esto sería identificarlos", destacó Said.
"El futuro marca la protección de los derechos humanos, ya sean miembros de las Fuerzas Armadas o civiles. Y no llevar al terrorismo de Estado, como fue la última dictadura. Hay un fuerte compromiso del Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Es comprometer a todos los sectores a un nunca más", destacó la coordinadora del Archivo Nacional de Memoria. Y entre todos los sectores, a los uniformados.

6 de marzo de 2007
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a juicio líder kosovar

mqh - 06 de marzo de 2007 - 04:18 - derechos humanos

Ex primer ministro del Kosovo está acusado de organizar ‘limpiezas étnicas' contra serbios.

La Haya, Holanda. Ramush Haradinaj, que fue, en el pasado, matón de un club nocturno y experto en artes marciales y llegó a ser un jefe guerrillero y primer ministro de Kosovo, debe oír hoy, el primer día de su juicio, la acusación de que organizó campañas de ‘limpieza étnica' contra los serbios.
Haradinaj llegó por avión a Holanda la semana pasada y fue encarcelado en la unidad de detención del tribunal de La Haya, donde desde 2005 se encuentran los co-acusados Idriz Balaj y Lahi Brahimaj. Cientos de sus partidarios lo despidieron, y el primer ministro Agim Ceku le expresó su apoyo en un discurso radial.
El juicio despoja a los albaneses kosovares del que fue un carismático líder en una época cada vez más violenta a medida que avanzaban hacia la independencia por la que lucharon entre 1998 y 1999 y que consiguieron con apoyo de la intervención occidental.
Haradinaj sirvió durante cien días, en 2005, como primer ministro de Kosovo durante el período de la administración de Naciones Unidas. Renunció cuando fue acusado formalmente. Antes de eso, fue comandante en jefe del Ejército de Liberación del Kosovo, en un período en que estuvo presuntamente implicado en una trama para expulsar a los serbios y supuestos colaboracionistas de una región del occidente de Kosovo mediante asesinatos, malos tratos y violaciones.
En otro caso, seis altos oficiales serbios fueron acusados de atrocidades en el Kosovo.

6 de marzo de 2007
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secuestrado por la cia

mqh - 05 de marzo de 2007 - 04:23 - derechos humanos

[Khaled El-Masri] Después de perder en tribunales, un hombre secuestrado por la CIA pregunta por qué Estados Unidos no admite su error.

El día de vísperas de Noche Vieja de 2003 fui detenido en la frontera de Serbia y Macedonia por la policía de este último país que concluyó erróneamente que yo estaba viajando con un pasaporte alemán falso. Me tuvieron incomunicado durante más de tres semanas. Luego fui entregado a la CIA, fui desnudado, golpeado violentamente, provisto de un pañal; me inyectaron drogas, me encadenaron al suelo de un avión y me llevaron a Afganistán, donde fui encerrado en un nauseabundo calabozo durante más de cuatro meses.
Mucho después de que el gobierno norteamericano se diera cuenta de que yo era un hombre completamente inocente, me vendaron los ojos, me subieron a un avión, me llevaron a Europa y me dejaron en un cerro en Albania -sin que nadie me diera alguna explicación ni me ofreciera excusas por la pesadilla que había tenido que sufrir.
Mi historia es conocida. Ha sido contada literalmente en cientos de artículos de diarios y en telediarios -muchos de ellos basándose en fuentes del propio gobierno norteamericano. Ha sido el tema de numerosas investigaciones e informes de organismos intergubernamentales, incluyendo al Parlamento Europeo. Hace poco, fiscales de mi propio país, Alemania, han presentado cargos contra trece agentes de la CIA y contratistas por su participación en mi secuestro, maltratos y detención. Aunque nunca lo pude haber imaginado y ciertamente nunca quise que me ocurriera, me he convertido en la cara pública del programa de ‘entregas extraordinarias' de la CIA.
¿Por qué, entonces, insiste el gobierno norteamericano en que mi calvario es un secreto de estado? Esto es algo que está más allá de mi comprensión. En diciembre de 2005, con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, demandé al ex director de la CIA, George Tenet, y a otros agentes y contratistas de la CIA por su participación en mi secuestro, torturas y detención arbitraria. Sobre todo, lo que quiero con esa demanda es un reconocimiento público por parte del gobierno norteamericano de que yo era inocente, una víctima por error de su programa de entregas, y quiero que se me ofrezcan excusas por lo que obligaron a soportar. Sin esta vindicación, me ha sido imposible volver a una vida normal.
El gobierno norteamericano no niega que fui secuestrado erróneamente. En lugar de eso, ha alegado en tribunales que mi caso debe ser desechado porque todo litigio en torno a mis demandas expondría secretos de estado y pondría en peligro la seguridad norteamericana, aunque el presidente Bush haya explicado al mundo el programa de detención de la CIA, y a pesar de que mis acusaciones han sido corroboradas por testigos oculares y otras evidencias. Para mi sorpresa y estupor, el mayo pasado el juez de un tribunal federal accedió al alegato del gobierno y desechó mi caso. Y luego, el viernes, la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito mantuvo esa decisión. Parece que el único lugar en el mundo donde mi caso no puede ser discutido es en un tribunal norteamericano.
Yo no entablé esta demanda para perjudicar a Estados Unidos. La entablé porque quiero saber por qué Estados Unidos quiso destruirme. No entiendo por qué el país más fuerte del planeta cree que el reconocimiento de un error puede amenazar su seguridad. ¿No es más probable que mostrar al mundo que Estados Unidos no quiere ofrecer justicia a una víctima inocente de sus programas antiterroristas, cause más daño a la imagen y seguridad de Estados Unidos en todo el mundo?

Viajé a Estados Unidos en noviembre pasado por primera vez para oír a mis abogados defender mi caso ante la corte de apelaciones de Richmond, Vancouver, y para reunirme con miembros del congreso y sus asistentes en el Capitolio. (Es obvio que el gobierno norteamericano no me considera una amenaza a su seguridad, pues de otro modo no me habría permitido entrar al país, mucho menos compartir la misma habitación con jueces federales y miembros del congreso).
Aunque no entendí todos los argumentos de los abogados, me impresionó la dignidad de los procedimientos y el respeto por la ley que he siempre asociado con Estados Unidos. Me decepciona profundamente descubrir que este mismo sistema jurídico me niega la posibilidad de defender mi caso.
Si el poder judicial norteamericano me hubiese tratado justamente, quizás no habríamos llegado al punto en que fiscales alemanes estén presentando cargos criminales contra ciudadanos norteamericanos.
Durante mi visita de noviembre, muchos norteamericanos me ofrecieron sus disculpas personales por la brutalidad que se había cometido contra mí en su nombre. Vi en sus rostros al verdadero Estados Unidos, un Estados Unidos que no teme a enemigos desconocidos y que entiende el alcance y poder de la justicia. Ese es la América que, espero, me verá algún día como ser humano, no como un secreto de estado.

Khaled el-Masri, ciudadano alemán nacido en el Líbano, era un vendedor de coches antes de su detención en diciembre de 2003.

5 de marzo de 2007
3 de marzo de 2007
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el segundo desaparecido

mqh - 04 de marzo de 2007 - 14:19 - derechos humanos

Denuncia de secuestro del Frente Darío Santillán.

El militante Carlos Leiva denunció que tres desconocidos lo metieron en un auto y por siete horas le gatillaron un arma y lo amenazaron.
El Frente Darío Santillán denunció que un militante del movimiento, Carlos Leiva, fue secuestrado el viernes al mediodía en Constitución cuando se dirigía a un local para participar de un encuentro de trabajo. Leiva, que fue liberado luego de siete horas, contó que tres personas lo subieron a un Polo gris oscuro con vidrios polarizados, lo llevaron a un galpón y lo mantuvieron allí hasta la noche, cuando lo soltaron en la entrada a la villa 21 de Barracas. Durante el secuestro no le pegaron, pero le gatillaron un arma descargada en la cabeza.
Leiva, de 34 años, vive en el barrio La Fe, de Lanús, donde es delegado del MTD y un referente conocido. Ayer, cuando ya había presentado la denuncia en la comisaría 30, habló con los medios. "Iba caminando por Pavón al 1500 y estaba apurado porque llegaba tarde a la reunión. En un momento vi que un auto frenaba. Dos tipos que venían de atrás me agarraron y me metieron dentro. Me llevaron a un lugar cerrado, grande, donde el sonido retumbaba. Me tuvieron un rato arrodillado con las manos en la cabeza, me ataron a una silla y me hicieron preguntas sobre el movimiento."
Sus captores habrían sido por lo menos cinco. Tres en el auto y otros dos que aparecieron en el galpón; Leiva aseguró que podría reconocer a uno de ellos, vinculado con un episodio anterior.
El último 26, en la marcha a la estación de Avellaneda que el Frente realiza todos los meses en reclamo de que se enjuicie a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, hubo un incidente. Dos personas vestidas de civil, ajenas al movimiento, se infiltraron entre los manifestantes y fueron echados cuando un grupo los reconoció como policías. Leiva discutió con los dos sujetos para forzarlos a que se retiraran.
"En el galpón, uno de los tipos me provocaba", recordó en el diálogo con Página/12. "Decía que yo lo conocía, que no me hiciera el boludo: ‘Mirame, ¿no me conocés ahora?'. Hoy vimos las fotos que tomamos en la marcha, y para mí es uno de ellos."
El abogado Claudio Pandolfi señaló que la denuncia "se hizo en la comisaría, porque la comisaría fue la que lo encontró a Carlos en la calle cuando lo liberaron. Ahora tienen que remitir las instrucciones al juzgado, que estarán llegando el lunes, y cuando lleguen nos vamos a presentar conjuntamente con (el abogado) Rodolfo Yansón para pedir que la investigación vaya a la justicia federal, porque se trata de un secuestro y porque el objetivo no era una cuestión económica sino política".
Por otra parte, el abogado anticipó que va a solicitar como elemento de prueba "que el Poder Ejecutivo identifique a los civiles que actuaron en la manifestación".
Para Pandolfi, en la hipótesis más leve, "la de que hayan sido estos tipos que se quedaron calientes porque la gente los identificó y los echó de la manifestación, y por eso decidieron salir a apretar, hay que ver cómo tienen la estructura para chupar a una persona".
Leiva no había recibido amenazas. El Frente Darío Santillán vinculó lo sucedido con la desaparición de Julio López, tras remarcar que durante el secuestro "a Carlos lo obligaron a ponerse de rodillas, le dijeron que iba a ser ‘el segundo desaparecido' y le gatillaron con un arma descargada en la cabeza". En un comunicado de prensa, el movimiento también recordó el secuestro de Luis Gerez y las amenazas que recibieron integrantes de Hijos de La Plata, todos sin esclarecimiento.
Como referente de su barrio, Leiva fue encargado de llevar adelante las gestiones institucionales en el municipio de Lanús y las audiencias con el intendente Manuel Quindimil. En junio de 2002 participó en la marcha al puente Avellaneda en la que mataron a Santillán y Kosteki. Leiva fue uno de los heridos por la represión. Fue testigo en el juicio al ex comisario Alfredo Fanchiotti y en la actualidad es uno de los querellantes en la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades políticas de la masacre.

4 de marzo de 2007
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von wernich, el cura asesino

mqh - 02 de marzo de 2007 - 15:26 - derechos humanos

[Victoria Ginzberg] Un juicio oral para el sacerdote Von Wernich. El juez elevó el caso al tribunal oral. El ex capellán de Camps está acusado de 41 secuestros y torturas y siete homicidios. Timerman, entre las víctimas.

El juez federal de La Plata Manuel Blanco elevó al tribunal oral la causa contra el sacerdote represor Christian Federico Von Wernich. El ex capellán de la policía bonaerense y asesor de los grupos de tareas de Ramón Camps será juzgado por su participación en 41 casos de privaciones de la libertad y torturas, entre los que hay siete homicidios calificados.
El proceso oral contra Von Wernich se realizaría en un par de meses y podría convertirse en el próximo juicio contra un represor de la dictadura, el primero después de la desaparición de Jorge Julio López. Aunque en la ciudad de Buenos Aires hay otros casos que están en la misma situación –o aun más avanzados–, como el del ex prefecto de la ESMA Héctor Febres y partes de la investigación sobre el Primer Cuerpo del Ejército. Las audiencias de cualquiera de estos expedientes están en condiciones de comenzar dentro del primer semestre de este año.
Von Wernich, arrestado en 2003 por orden del juez Arnaldo Corazza, no sólo proporcionó una supuesta justificación religiosa a militares y policías. Fue un represor más. Cuando el fiscal Félix Crous lo denunció, lo acusó de "desplegar una actividad voluntaria y consciente, dirigida a procurar quebrar la voluntad de las víctimas, obtener información, procurar el silencio de las víctimas y sus familiares y con ello asegurar los fines perseguidos por la dictadura y la impunidad de él y sus cómplices". En diciembre, al pedir la elevación a juicio, el fiscal Sergio Franco destacó que el cura concurría asiduamente a los centros clandestinos de detención, accedía a las víctimas e imponía tormentos principalmente psicológicos y morales a los prisioneros.
Luis Velazco, que estuvo secuestrado en la Comisaría 5ª de La Plata, es uno de los principales testigos contra el cura y quien relató que Von Wernich estaba al tanto del destino de una niña nacida en cautiverio, que sigue desaparecida. "Héctor Baratti le preguntó qué tenía que pagar su hija, que tenía días. El sacerdote le respondió que su hija pagaba por lo que habían hecho sus padres", relató.
El ex capellán también está involucrado en el secuestro del periodista Jacobo Timerman. Sus hijos Héctor y Javier, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla, solicitaron que el cura sea juzgado por la detención y las torturas a las que fue sometido su padre mientras estuvo detenido en Puesto Vasco y Coti Martínez.
Von Wernich también debe responder por siete detenidos a quienes Camps había ofrecido sacar del país y fueron asesinados. Las familias de los desaparecidos habían aportado dinero para pagar los costos, que, al menos en un caso, se encargó de recolectar el sacerdote. En 1984 el policía Julio Emmed relató el hecho ante la Conadep y describió cómo, al menos a tres de ellos, el médico policial Jorge Bergés en presencia del entonces capellán "les aplicó dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno". "El padre Von Wernich –dijo– me habló de una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido. Me dijo que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país."
El juicio contra el cura comenzaría en un par de meses. Las estimaciones de los abogados que representan a las víctimas es que se prolongaría durante tres meses como mínimo y podría convocar a más de cien personas para dar testimonio.
"Nos preocupa la situación de los testigos, que no se los revictimice", señaló a Página/12 Guadalupe Godoy, representante de organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya!. La abogada recordó que existen normativas internacionales respecto del tratamiento de testigos y víctimas cuando el responsable del hecho es el Estado que indican se debe tratar de evitar su exposición innecesaria. "Con la desaparición de Julio López esto es fundamental", concluyó.

2 de marzo de 2007
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nuevos escuadrones de la muerte

mqh - 26 de febrero de 2007 - 07:08 - derechos humanos

[N.C. Aizenman] Escuadrones de ‘limpieza social' evocan los horrores de la larga guerra civil.

Santiago Atitlán, Guatemala. Aquí, la gente lo llama ‘limpieza social'. Pero el reciente aumento de los secuestros armados y asesinatos cometidos por escuadrones antidelincuencia en Guatemala está dejando un turbio reguero de sangre y lágrimas.
Casi todas las noches, bandas de pistoleros irrumpen en los barrios más pobres del país para secuestrar a hombres, mujeres o adolescentes considerados culpables de algún delito. Casi todas las mañanas, algún cadáver aparece en las calles, con muestras de haber sido torturado o estrangulado.
Este año, colaboradores de derechos humanos en Guatemala -un país con 13 millones de habitantes- dicen que 98 personas han sido asesinadas por esas bandas, y otras 364 han sido asesinadas con métodos que sugieren la intervención de grupos semejantes. El año pasado, se cometieron tres mil homicidios similares, y los colaboradores predicen que el total de este año excederá esa cifra.
Los blancos son a menudo rateros de poca monta o miembros tatuados de las temibles pandillas que han aterrorizado a los habitantes de toda América Central en la última década. Pero igual de frecuentes son los cuerpos de personas que han sido confundidas, víctimas de acusaciones falsas o de mezquinas peleas personales.
"Ese es el problema cuando la gente se toma la justicia por sus manos", dice Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, una organización que defiende los derechos de las víctimas en Ciudad de Guatemala. Los escuadrones antidelincuencia, dice, se han "habituado tanto a matar por decisión propia que cuando tienen alguna enemistad personal con alguien en el barrio, simplemente matan a esa persona, y así el país se vuelve cada vez más violento".
Los asesinos han hecho resonar un perturbador eco en un país que es todavía acosado por los recuerdos de la brutal guerra civil de 36 años. El conflicto se cobró la vida de 200 mil personas, antes de terminar con los acuerdos de paz de 1996. Muchas víctimas fueron ejecutadas por escuadrones de la muerte apoyados por el gobierno y otras fueron asesinadas por grupos guerrilleros rebeldes.
La combinación de violencia y pobreza ha llevado a muchos guatemaltecos a buscar una nueva vida en Estados Unidos. Se estima que 550 mil guatemaltecos viven ahora en Estados Unidos, incluyendo a 40 mil o 60 mil en el área de Washington. Algunos han prosperado y se han convertido en ciudadanos norteamericanos; otros son inmigrantes ilegales y trabajadores agrícolas.
Con el fin de la guerra civil, algunos antiguos combatientes parecen haberse desviado hacia la delincuencia, y a luchar contra la delincuencia como freelancers. Funcionarios de gobierno dicen que los asesinatos recientes pueden ser el trabajo de agentes de policía frustrados, de ex miembros de las pandillas paramilitares o ex guerrilleros que cuentan con el apoyo de sus comunidades.
Pero sólo una parte de los asesinos son arrestados, e incluso menos son llevados a tribunales. Así que fue noticia nacional cuando, hace tres semanas, en el pintoresco pueblo turístico del lago Atitlán, la policía detuvo a siete hombres armados que llevaban uniformes verde oliva y pasamontañas negros, que habían estado extorsionando dinero a los transeúntes.
Los hombres, que se enfrentaron a tiros a la policía durante treinta minutos antes de entregarse, fueron acusados de haber montado un puesto de control ilegal en el principal camino que conduce al pueblo. Testigos dijeron que habían obligado a automovilistas y peatones a pagar un dólar cada uno a cambio de un recibo, con el timbre ‘Grupo de Limpieza Social del Pueblo -Justicia, Paz e Igualdad', que prometía al portador un pasaje seguro durante dos años.
La policía sospecha que el grupo, algunos de cuyos miembros siguen fugitivos, es también responsable de más de una docena de asesinatos en la zona, incluyendo los homicidios de tres campesinos que fueron secuestrados a punta de pistola ese mismo día por hombres ataviados del mismo modo que los que fueron detenidos en el puesto de control horas después.
Las detenciones proporcionaron una rara, aunque algo turbia visión de cómo se forman esos grupos.
Lejos de ser desconocidos, los miembros detenidos del Grupo de Limpieza Social del Pueblo son todos indios mayas nativos, los que, como la mayoría de la población aquí, no han tenido educación y se sienten más cómodos hablando su idioma nativo tzutujil que español.
El hombre que según la policía hacía las veces de jefe, Tomás Susof Ramírez, es un campesino de 60 años que vivía con su mujer y su hija menor en una choza de cemento de dos cuartos con sólo una fogata como cocinilla. Su mujer dijo que mantenía caliente un pote de café todo el día para servir a los visitantes de su iglesia evangélica.
La región de Santiago Atitlán, rodeada por picos volcánicos en un paisaje de inusual belleza, fue un semillero de activismo izquierdista durante la guerra civil y el escenario de brutales masacres cometidas por los militares y unidades paramilitares.
Los vecinos de Susof Ramírez, que pidieron no ser mencionados por temor a represalias, dijeron que en esa época había sido miembro de un grupo guerrillero. Como los otros detenidos, se encuentra en la cárcel a la espera de la investigación.
Su hijo, Pedro Susof Damián, 28, negó que su padre hubiese pertenecido a un grupo guerrillero, pero recordó las amenazas que muchos vecinos debieron soportar de parte de los escuadrones paramilitares.
"Mis padres me decían que teníamos que ser muy cuidadosos. Esos hombres eran violentos y peligrosos", dijo en una entrevista en casa de sus padres el lunes. "Si sospechaban que tenías simpatía por la guerrilla, te mataban".
Los acuerdos de paz de 1996 llevaron algo de prosperidad a la región. Guatemaltecos ricos empezaron a construir chalés junto a la impresionante ribera del lago, y multitudes de mochileros extranjeros ojean las telas en los mercados de la localidad. Incluso familias modestas empezaron a remplazar su viejas casas de adobe y paja por bloques de cemento y a enviar a sus hijos a la escuela en lugar de hacerlos trabajar en los campos.
Pero el ambiente de paranoia y desconfianza de las autoridades no ha amainado nunca.
"He sido agente de policía durante diecinueve años y he trabajado en todo el país", dijo un agente que fue trasladado a la región hace dos meses, "y nunca he visto a gente tan cerrada como esta".
Poco a poco, los peligros de la guerra fueron remplazados por una nueva amenaza: la delincuencia, incluyendo el banditismo en los caminos y el robo de cultivos maduros, como el café y el maíz. Susof Damián dijo que, hace unos años, él y su padre llegaron a uno de sus campos a cosechar una enorme cantidad de aguacates maduros, y sólo encontraron los árboles cosechados.
"Mi padre había estado trabajando esa tierra desde el amanecer hasta la noche durante meses", recordó Susof Damián. "Estaba tan enojado que cayó de rodillas y empezó a llorar".
La policía parecía impotente para detener a los delincuentes, y en algunos casos los agentes eran parte del problema. Hace dos años, cuatro agentes casi fueron linchados después de que los vecinos los sorprendieran cambiándose sus uniformes junto a una carretera y preparándose para emboscar a los automovilistas.
Los familiares de Susof Ramírez dijeron que no sabían que estuviera involucrado en actividades violentas. Pero a principios de 2004, empezaron a aparecer pancartas en Santiago Atlitán que anunciaban la formación de un grupo de limpieza social. Un letrero advertía que los delincuentes "cosecharán lo que han sembrado". El grupo juraba que perseguiría a los vendedores de marihuana y a los brujos, de los que se cree que preparan hechizos inspirados por antiguas creencias mayas.
Pronto los miembros del grupo fueron vistos patrullando las montañas circundantes en sus típicos uniformes verdes y máscaras negras. El julio pasado, periodistas locales y policía dijeron que se habían envalentonado lo suficiente como para realizar una reunión pública en la carretera que conduce al pueblo.
Esa misma noche, hombres con la misma tenida hicieron parar un autobús. Diego Pablo Ramírez, 69, que tenía reputación de brujo, fue bajado. Cuando lo encontraron muerto, junto a un segundo hombre secuestrado de su coche ese mismo día, los campesinos de la zona asumieron que el grupo de limpieza social estaba detrás de esos homicidios y de una serie de asesinatos no resueltos.
Y muchos dijeron que los aprobaban completamente.
"Si eres una persona decente, no tienes nada que temer", dice Diego Quebac, 40, un granjero cafetero de camiseta y un arrugado sombrero de vaquero. "Sólo persiguen a los ladrones y a los brujos, gente realmente mala que debe ser eliminada".
Lucas Quezal, 43, otro campesino, dijo que un día pidió a los hombres enmascarados que no mataran a gente inocente ni basándose sólo en acusaciones.
"Les dije: ‘Tienen que investigar'", recordó. "Me aseguraron que ellos gastaban ocho meses examinando cada caso y que también daban a la gente la posibilidad de enmendar".
Incluso la policía reconoció que la emergencia del grupo coincidió con una marcada reducción del crimen.
"Los robos han descendido, pero, por supuesto, han recrudecido los asesinatos', observó con una lúgubre sonrisa un agente de la fuerza de Santiago Atlitán, Alberto Mazariegos García.
Cuando el 30 de enero se corrió la voz de que tres campesinos habían sido secuestrados por el grupo de limpieza social, empezaron a circular rumores en la comunidad sobre sus supuestos delitos, mucho antes de que se encontraran sus cuerpos.
Se susurraba que Cándido Choy Quebac, 41, había pagado a mujeres embarazadas para que dieran a sus hijos en adopción o para extraerles sus órganos. El hijo de Choy Quebac, Abraan Choy Ramírez, 23, y su amigo Miguel Xiquin Toc, 25, eran, se decía, ladrones de poca monta.
Pero las familias de los hombres insisten en que eran simples obreros de la construcción. La madre de Choy Ramírez, Rosa, 40, dijo que estaba paseando con su hijo y su amigo por un sendero junto a la carretera cuando emergieron unos hombres enmascarados desde una plantación de café. Dijo que no le dieron ninguna explicación por el secuestro de los dos hombres.
"Simplemente me dijeron: ‘¡Márchese! Estos hombres son nuestros ahora", recordó. Dijo que ella bajó corriendo la montaña a buscar a su marido, y luego vio horrorizada como los hombres enmascarados le colocaban a su marido una cuerda en su cuello para llevárselo también.
Ahora se pregunta qué harán, ella, su nuera y los tres niños de la pareja, para sobrevivir.
"Era mi único hijo. No he dormido desde que se lo llevaron", dijo con tristeza, mirando la tierra en el patio junto a la pequeña choza de concreto de la familia.
La viuda de Choy Ramírez, Clara, 23, estaba sentada en una roca, con las lágrimas corriendo por sus mejillas mientra sus hijos se aferraban a su colorida falda.
Cerca de ahí, en el sendero donde los tres hombres habían sido secuestrados, los campesinos en camino a sus plantaciones de café, tenían otras preocupaciones.
"Realmente espero que las autoridades los dejen pronto en libertad", dijo Diego Quebac, que todavía lleva consigo el recibo que le dio el grupo, para el caso de que los otros miembros reanuden sus patrullas. "De otro modo, ¿ve todas esas plantas de café?", dijo, apuntando con su machete una hilera de frondosos arbustos. "Se los volverán a robar".

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hijos de desaparecidos

mqh - 25 de febrero de 2007 - 22:22 - derechos humanos

[Victoria Ginzberg] Trabajar con cicatrices. El equipo interdisciplinario que interviene en casos de jovenes desaparecidos durante la dictadura.

El grupo funciona como auxiliar de la Justicia en casos de hijos de desaparecidos apropiados. Ayuda a los jueces a lograr una muestra voluntaria de ADN, busca que los jóvenes entren en contacto con su familia e intenta superar los obstáculos que el sistema judicial pone en el camino.
"En este lugar todo encuentro casual es una entrevista", decía una pintada que apareció en el Hospital Psiquiátrico Tobar García. "Y en tribunales, todo diálogo es una testimonial", agrega la psicóloga Alicia Stolkiner. Ella es coordinadora del Equipo Interdisciplinario Auxiliar de la Comisión Nacional por la Identidad (Conadi). En pocas palabras, dirige un grupo de profesionales de diferentes áreas que intervienen en expedientes vinculados a la apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. El equipo trata con los conflictos individuales y familiares que dejó el terrorismo de Estado. Y dentro de estos casos, con los más complejos. Su función es, justamente, generar –trámite judicial de por medio– un espacio en el que un diálogo no sea una testimonial y en el que dos personas que no se conocen pero tienen una historia en común hagan contacto.
¿Cómo le digo a un chico que los que creía sus padres no lo son? ¿Cómo le explico que puede ser hijo de desaparecidos? ¿Cómo le pido una muestra para una análisis de ADN? Cuando un juez se hace estas preguntas es que aparece el Equipo Interdisciplinario de Conadi. Los integrantes del grupo ayudan a la Justicia a conversar con los jóvenes para que voluntariamente se hagan el estudio genético y también contribuyen a que, con el resultado en mano, la familia biológica pueda establecer o restablecer el vínculo con esa persona que acaba de recuperar su identidad.
"La Justicia en sí misma no tiene ninguna obligación de que se haga el contacto. La Justicia tiene dispositivos para probar determinadas culpas desde el punto de vista jurídico, pero no tiene dispositivos para que ese muchacho entre en contacto con su familia", explica Stolkiner.
A veces, el Poder Judicial no sólo se mantiene al margen sino que se convierte en un obstáculo. "No ocurre voluntariamente, sino como sistema", agrega Sergio Abrevaya, mediador e integrante del Equipo. "La burocracia no tiene capacidad para entenderse con alguien que está buscando su identidad o con su identidad en crisis. Puede pasar que citen a un chico por mesa de entradas y que, cuando llegue, después de días de inquietud y con quienes creía que eran parte de su familia presos o procesados, que le digan ‘nos equivocamos, hoy no era'. En estos casos la mesa de entradas debería ser otra cosa", señala el mediador.
La idea de crear dentro del Estado –la Conadi, que dirige Claudia Carlotto, depende de la Secretaría de Derechos Humanos– un equipo que intervenga como auxiliar de la Justicia en los casos de robo de bebés durante la dictadura surgió a partir de una causa particular. Se trata de un caso en la que un bebé fue dado en adopción por el mismo juez que recibió la denuncia del abuelo sobre la desaparición del niño, que tenía signos corporales que lo identificaban fácilmente. A pesar de que el niño estaba ubicado casi desde el momento de su secuestro, el expediente se complicó y se cerró sin que se pudiera conocer la identidad del joven. Las Abuelas de Plaza de Mayo fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el organismo internacional pidió al Estado argentino que tomara una medida para resolver la situación. Así, surgió la posibilidad de una mediación, que luego derivó en el Equipo.
El grupo está actualmente integrado por Stolkiner, Abrevaya, Magdalena Barbieri, psicóloga, Héctor Sagretti, juez y ex defensor oficial y asesor de menores, y Fernanda López Puleio, abogada y representante del ministerio público de la Defensa.
Hasta ahora intervinieron en 13 casos, ya sea antes o después del análisis de ADN. Un grupo de expedientes en los que trabajaron estaba relacionado con jóvenes a los que se les había hecho una prueba genética en la década del '80, pero sólo se los había cruzado con una familia. Ahora, ante la posibilidad de contrastar el ADN con el Banco de Datos Genéticos, en el que hay información sobre cientos de familias de desaparecidos, se los volvió a citar. Para cada uno el Equipo elaboró una estrategia. En base a la historia previa, pensó si era mejor conversar en Tribunales, en un bar, en la casa o en la Conadi o si convenía que la llamada la hiciera alguien joven, una mujer o un varón, un abogado o un psicólogo. "No tenemos recetas", dicen Stolkiner y Abrevaya.
–¿Y cómo es la primera reacción?
Abrevaya: –En general es negativa.
Stolkiner: –Aunque a veces te dicen que sí y es no. A mí me pasó hacer una llamada y que la persona que me atendió me preguntó toda la información y no era el joven.
A: –A mí me pasó al revés. Me dijeron que no estaba y era ella.
S: –Hay gente que pide tiempo. "Deme tiempo hasta después de que nazca mi hijo", por ejemplo.
A: –Hay un dato que nos sentamos a verlo. Porque cuando hay matrimonio hay un cambio, cuando hay hijos hay otro cambio y todos vinculados a la identidad. En las entrevistas aparecen los miedos sobre qué puede pasar con quienes los criaron. Ahí empieza la carrera por el clic para lo que es extracción de sangre voluntaria. Y desde el primer llamado hasta el análisis pueden pasar dos años.
–¿Cómo responden ustedes a la pregunta sobre qué va a pasar con quienes los criaron?
A: –No les mentimos. Siempre les decimos que existe el riesgo de que vayan presos. Esa pregunta hace mucho más difícil el trabajo, pero no podemos evadirla.
–Supongo que ayuda el hecho de que no son ustedes los que los meten presos.
A: –Claro. Un componente importante es la legitimidad del equipo y parte de eso viene de que nosotros no juzgamos. Vamos a trabajar con ellos, a contarles del problema y escucharlos.
–¿Se encuentran con personas que necesitan que los escuchen o que les hablen?
S: –Las dos cosas.
A: –El expediente nunca los escuchó.
S: –En general se los ha escuchado muy poco y se les ha informado poco o mal. El problema del Poder Judicial es que habla en términos judiciales. Es como los médicos cuando hablan como médicos.
A: –Hubo un chico que se enojó mucho porque estaba convencido de que el secretario del juzgado le había mentido. Pero en realidad no le había mentido, sino que la redacción del acta había sido en términos jurídicos. Para el chico no habían puesto claramente que se había negado al examen. Creyó que el secretario lo había querido pasar y se negó a firmar el acta y se armó un escándalo. Al final se cambió el acta, pero el chico no se olvidó y cuando lo llamamos dijo "me quisieron engañar".
S: –Otra vez pasó que la familia biológica estaba muy preocupada porque los escritos del joven que no conocían eran muy duros, agresivos y muy reaccionarios. Era el típico escrito redactado por un abogado pero para la familia era él. Eso es interesante porque lo que la familia cree que es el chico, incluso el contexto del chico, no tiene nada que ver con lo que después aparece. Después aparece otra historia, que es la historia del chico. Y que no es la historia objetiva, es la que él vivió.

El Nieto Imaginado
Lograr concretar el análisis de ADN es sólo una de las facetas del Equipo. La otra tiene que ver con establecer el vínculo entre el joven apropiado y la familia biológica. Una relación a la que muchas veces la Justicia, por el devenir propio de los expedientes, no contribuyó. En esos casos, el equipo trabaja con las historias concretas, los nombres, las fotos. "A veces es necesario instalar estas otras personas que eran los padres. Es necesario instalar la figura de una familia que está buscando un niño", dice Stolkiner. Y Abrevaya agrega: "En la narrativa de esta persona eso no está. Figuran cucos, títulos, hay que transformar ese relato".
La psicóloga narra la historia de un muchacho que en una entrevista dijo sobre su familia biológica: "Si tenían tanto interés me hubieran buscado. ¿Por qué esperaron tantos años?". La simple y verdadera respuesta de "hace 30 años que te buscan" produjo impacto. "Muchas veces las frases pronunciadas por los jóvenes no son construidas por ellos, sino en el contexto social en el que se han criados. Son frases hegemónicas y forman parte de las representaciones que les han permitido permanecer aislados. Ellos no piensan en una familia concreta, sino en una causa política", señala Stolkiner.
Pero la dificultad para establecer un vínculo no es sólo de los jóvenes que recuperan la identidad. Las familias que han esperado durante más de treinta años por esa persona también deben adaptarse a esta nueva situación. Y hay familias en las que los que hicieron las denuncias ya no están y otros prefieren olvidar. "Nosotros trabajamos sobre cicatrices", describe Stolkiner.
La psicóloga explica que más allá de la infinita alegría que produce el encuentro, el hecho está lejos de las novelas rosas de hollywood: "Cuando uno tiene un hijo construye un hijo imaginario, al cual va renunciando durante toda la vida. La vida nos permite un proceso de acompañamiento. Esta familia sueña y soñó un desconocido sobre el cual sobreimprimió la figura del hijo o la hija desaparecida. Y se encuentra con un joven que probablemente ya tiene más edad que la que tenía su hijo o hija cuando lo perdieron y que en muchas cosas les es ajeno. Puede que no coincida en términos religiosos, en términos políticos. Puede que no acepte –más allá de que tengan la mejor voluntad del mundo de entrar en contacto su familia biológica– repudiar a quienes lo criaron. Y esto produce un conflicto muy serio, porque esa gente para la familia biológica son los apropiadores, los que estuvieron implicados en la desaparición y muerte de su hijo y quienes criaron durante todo este tiempo un niño del cual se robaron la infancia, la adolescencia. Incluso en los casos que no se complican la familia biológica va a tener que contrastar ese chico con el que soñó. Igualmente ese chico va a tener que contrastar esa familia con la que soñó encontrar. Igualmente en algún lugar se va a morir una ilusión, ésa es la vida".

La Justicia
Stolkiner y Abrevaya insisten en que no tienen recetas y en que la estrategia se elabora caso por caso. Tampoco mencionan nombres. La confidencialidad es una de sus premisas. Pero sí revelan las reglas, elaboradas en base a la experiencia, sobre lo que no hay que hacer.
S: –Una, jamás ocultar información. La consigna tiene que ser clara. Segunda. No intervenimos valorativamente. Las personas a las que vamos a entrevistar son como son y la función de impartir justicia es de los jueces. Si no, no servimos. Somos miembros de un organismo del Estado, que no es lo mismo que pertenecer a Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestra función es distinta y es necesario que así sea.
A: –La esencia de la Justicia es valorar y se traba cuando necesita no hacerlo. Por función no puede sentarse a conversar con ese chico sin valorar, sin juzgar. Si vos me contás algo que identifico como prueba, como delito, me tengo que parar y tomarte una declaración. En realidad ya te estoy tomando una declaración.
–¿Con qué actitudes se encontraron en la Justicia?
A: –Mala predisposición no, pero te encontrás con cómo es la Justicia. En general hemos encontrados esfuerzos por superarse. Ha habido algún juzgado que nos llamó por exceso de cuidado. Porque ¿quién le va a ir a decir a esta chica...? ¿Y si la asustamos y de golpe y sopetón le decimos que es adoptada?
S: –Debe haber un montón de juzgados que no son así, pero los que nos han llamado a nosotros están preocupados porque se dan cuenta de que tienen algo en las manos que no pueden manejar.
–¿Los jueces se sienten sobrepasados por la situación?
S: –Sienten que no están pudiendo resolver la situación bien.
A: –Y bien es importante, porque por ahí podrían avanzar para resolver el caso en términos jurídicos. Pero sienten que algo no está bien.
S: –Hay juzgados que avanzan como locomotoras. Y en ese avanzar como locomotoras pisan varios callos.
–El expediente avanza, pero a los chicos los dejan de costado.
S: –Por ahí a los chicos les cae el expediente encima. Y nos llaman cuando se dan cuenta.

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violación en iraq

mqh - 22 de febrero de 2007 - 17:03 - derechos humanos

[Hamza Hendawi] Denuncian segundo caso de violación en Iraq.

Bagdad, Iraq. Cuatro soldados iraquíes han sido acusados de violar a una mujer sunní de cincuenta años y de intentar violar a sus dos hijas, en la segunda denuncia por agresión sexual presentada contra fuerzas iraquíes esta semana, dijo un oficial el jueves.
El general de división Nijm Abdullah dijo que la agresión ocurrió hace unos diez días en Tal Afar, la ciudad al norte del país, durante un allanamiento en busca de armas e insurgentes.
Un teniente y tres reclutas negaron los cargos, pero confesaron más tarde que habían sido confrontados por la mujer, una turcomana. Abdullah dijo que un quinto soldado sospechó que algo no marchaba bien, irrumpió en la casa y obligó a los otros, a punta de pistola, a poner fin a la agresión.
"Han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales, de modo que reciban el castigo que merecen", dijo Abdullah, que en realidad actúa como alcalde de la ciudad.
Un líder tribal de Tal Afar, el jeque Mohammed Khalil Hanash, del clan Hawyat, dijo que la agresión tomó lugar el 8 de febrero. Dijo que la mujer le había dicho que lo único que hizo el oficial fue filmar la agresión con la cámara video de un teléfono celular.
Independientemente de la verdad, la segunda denuncia en una semana probablemente minará aun más la reputación de los servicios de seguridad, que Estados Unidos espera que remplacen a las tropas de la coalición para que los norteamericanos y sus aliados se pueden marchar a casa.
Dando un paso en esa dirección, el primer ministro Tony Blair dijo el miércoles que Gran Bretaña retirará unos 1,600 soldados de Iraq en los próximos meses y espera implementar otras reducciones de su contingente de 7,100 soldados este último verano.
El gobierno iraquí acogió la decisión, sobre la que el primer ministro Nouri al-Maliki dijo el jueves que era "una decisión en armonía con la intención del gobierno de asumir sus responsabilidades de seguridad en la provincia", refiriéndose a Basra, una zona predominantemente chií a 547 kilómetros al sudeste de Bagdad.
Un portavoz del presidente Jalal Talabani dijo también que la medida actuaría como un "catalizador para que las fuerzas iraquíes asuman responsabilidades de seguridad".
"Su Excelencia la considera una decisión positiva y agradece a las tropas británicas su papel en la liberación de Iraq de la dictadura y en la mantención de su estabilidad", dijo Hiwa Othman, portavoz de Talabani.
Las tropas británicas se quedarán en Iraq probablemente hasta 2008, adiestrando a las fuerzas locales, custodiando la frontera Irán-Iraq y manteniendo las rutas de suministro para las tropas norteamericanas y de la coalición en el centro de Iraq, dijo Blair a los legisladores.
Gran Bretaña podría reducir su nivel de fuerzas por debajo de cinco mil soldados una vez que la base en el Palacio de Basra sea colocada bajo control iraquí a fines de este verano, dijo Blair.
El anuncio, hecho el mismo día que Dinamarca anunciara que retirará su 460 soldados, se produce en momentos en que Estados Unidos está aumentando con 21 mil soldados su nivel de fuerzas en Iraq -colocando a Washington en una ruta opuesta a sus principales aliados en la coalición.
El jueves ensordecedoras explosiones resonaron en todo Bagdad cuando la campaña de seguridad en la capital entra en su segunda semana.
La violencia ha continuado asolando a la ciudad de seis millones de habitantes, a pesar de las reforzadas medidas de seguridad.
Un ataque con morteros impactó en el barrio predominantemente sunní de Adil, al occidente de Bagdad, dejando un cráter en el suelo e hiriendo al menos a cuatro personas, incluyendo a un niño, dijo la policía.
El ataque se produce después de que los insurgentes hicieran estallar ayer un camión que transportaba botes de gas cloro -el segundo ataque químico ‘sucio' en dos días.
Un portavoz militar norteamericano, el teniente Christopher Garver, dijo también que fuego terrestre obligó al aterrizaje forzoso de un helicóptero Black Hawk al norte de la capital. Los nueve tripulantes fueron rescatados.
El informe sobre la violación se produce después de una denuncia el lunes de una mujer sunní de veinte años, de que fue violada por tres agentes de la policía iraquí después de que fuera detenida en un allanamiento de su casa al oeste de Bagdad.
Fue trasladada a un cuartel de la policía donde tomó lugar la agresión el domingo, antes de que la mujer fuera rescatada por soldados norteamericanos, dijo.
El gobierno de al-Maliki absolvió a los agentes después de una pesquisa que duró menos de un día y acusó a activistas sunníes de inventar la acusación para socavar el prestigio de las fuerzas de seguridad durante la campaña en curso en Bagdad.
Pero su queja y la rapidez con que los agentes fueron absueltos provocaron una tormenta política, en la que políticos sunníes acusaron al gobierno chií de encubrir la violación. Las autoridades norteamericanas han iniciado su propia investigación.
La violación es considerada un delito especialmente grave en esta conservadora y tribal sociedad musulmana y las víctimas rara vez hablan sobre ello en público, por temor a la vergüenza e incluso a la muerte a manos de sus familiares que intentan ‘salvar' el honor de la familia.
En el caso de Tal Afar, la mujer apareció el jueves en el canal de televisión Al-Yazira, diciendo que los soldados la interrogaron sobre algunos individuos y la acusaron de mentir cuando insistió en que no los conocía.
"Me amenazaron con que si no cooperaba con ellos... me humillarían", dijo.
Interrogada sobre por qué no denunció de inmediato la agresión, dijo: "¿Ante quién me puedo quejar? No nos dejan quejarnos".
Abdullah se negó a especificar si los soldados acusados eran chiíes o sunníes, diciendo solamente que eran originarios del sur chií. Algunos legisladores chiíes dijeron que al menos dos de los tres acusados en el caso de Bagdad son árabes sunníes.

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