derechos humanos

prisión de guantánamo no cerrará

mqh - 26 de marzo de 2007 - 08:55 - derechos humanos

[Karen DeYoung y Josh White] Permanecerá probablemente abierta durante el mandato de Bush.

La prisión militar norteamericana de Bahía Guantánamo, Cuba, seguirá probablemente abierta durante el resto de la presidencia de Bush, a pesar del deseo explícito de Bush de cerrarla, declaró ayer el gobierno.
"Es altamente improbable que podamos resolver todos esos casos entre hoy y el fin del mandato", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, sobre los 385 prisioneros encarcelados actualmente en las instalaciones de Guantánamo. Interrogado directamente sobre si la prisión cerraría sus puertas antes de que Bush abandone su despacho en enero de 2009, Snow dijo: "Lo dudo, no".
El lunes -más de cinco años después de que la base naval norteamericana de Guantánamo fuera destinada a servir como centro de detención e interrogatorio de presuntos ‘combatientes enemigos'-, el primer caso de un enemigo de Guantánamo será revisado por una comisión militar bajo las reglas definidas el año pasado por la Ley de Comisiones Militares. Un juez federal resolvió ayer contra el aplazamiento pedido por los abogados del australiano David Hicks, que está acusado de proporcionar materiales de apoyo a terroristas en Afganistán durante los primeros ataques norteamericanos allá en el otoño de 2001.
La instalación de Guantánamo ha sido durante largo tiempo un foco de críticas internacionales y nacionales. Otros gobiernos han protestado contra la detención indefinida de sus nacionales, sin que se les formulen cargos. Grupos de defensa de los derechos civiles han calificado de ilegales las detenciones y citado el limitado acceso a una asesoría jurídica externa y la ausencia de pruebas. Organizaciones derechos humanos han mencionado la aplicación de torturas durante los interrogatorios.
El ministro de Defensa Robert M. Gates sugirió durante sus primeras semanas en el cargo en enero, en conversaciones con el fiscal general Alberto R. Gonzales y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen J. Hadley, que la cárcel fuera cerrada y que los reclusos fueran trasladados a instalaciones en suelo norteamericano. Tres altos funcionarios de Defensa dijeron ayer que Gates estaba preocupado de que la notoriedad de Guantánamo minara la credibilidad de las comisiones militares cuando empiecen a sesionar este año.
Los funcionarios dijeron que los abogados del ministerio de Defensa explicaron a Gates su preocupación de que los detenidos pudieran caer bajo jurisdicción de tribunales norteamericanos, lo que implicaría que podrían acceder a derechos legales contra los cuales el ministerio ha estado luchando durante años. La intervención de alto nivel de Gates sobre el tema fue informada por primera vez en la edición de ayer del New York Times.
Aunque estos funcionarios y otros dijeron ayer que Gates aceptó las preocupaciones del gobierno y dejó caer el tema, desde entonces se ha referido en varias ocasiones a él. "No tengo ninguna duda de que Guantánamo y algunos de los abusos que han ocurrido en Iraq han tenido un impacto negativo para la reputación de Estados Unidos", dijo Gates en febrero en una conferencia en Munich. Aunque insiste en que "hay terroristas de verdad en Guantánamo" y que las comisiones militares son legítimas y transparentes, dijo que "no hay ninguna duda de que a la mayoría de nosotros nos gustaría cerrar la prisión".
A principios de mes, Gates dijo al congreso que los planes redactados durante el mandato de ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld, de construir nuevas instalaciones por un valor de cien millones de dólares para los juicios en Guantánamo, eran "ridículos", y que los había anulado a favor de sedes para las comisiones a una escala drásticamente reducida.
En una rueda de prensa el 7 de marzo en el Pentágono, dijo que "Guantánamo se ha convertido en un símbolo, nos guste o no, de muchas cosas que ocurren en el mundo", agregando que todavía estaba tratando de cerrar la prisión militar. "El presidente dijo que le gustaría cerrar la instalación allá. A mí también me gustaría cerrarla".
El gobierno dijo que planea llevar ante las comisiones a unos noventa detenidos. Ha sostenido durante largo tiempo que está dispuesto a transferir a gran parte del resto a otros países, pero que ha sido incapaz de encontrar otras ubicaciones -incluyendo sus países de origen- que acepten al pequeño número que ha sido absuelto y de vigilar aquellos a los que el gobierno considera peligrosos.
Funcionarios de alto rango han criticado en privado a otros países -incluyendo a Arabia Saudí y Pakistán, la nacionalidad de muchos de los retenidos- por reprochar a Estados Unidos en cuanto a Guantánamo sin proponer soluciones. El gobierno dice que espera transferir a Afganistán a algunos de sus nacionales tan pronto como termine de construir un enorme recinto penitenciario allá.
Repitiendo las observaciones que hizo en mayo, Bush dijo en julio: "Me gustaría cerrar Guantánamo, pero también reconozco que estamos deteniendo allá a gente que es terriblemente peligrosa y es mejor que tengamos un plan para dar cuenta de ellos en nuestros tribunales". En el discurso del 6 de septiembre anunciando la transferencia a Guantánamo de catorce presuntos miembros de al-Qaeda retenidos previamente en cárceles secretas en el extranjero, Bush rechazó lo que llamó "informaciones contradictorias" sobre Guantánamo.
Gates no es el primer alto funcionario que alega que la instalación debiese ser cerrada. El ex secretario de estado Colin L. Powell fue secundado por el ex fiscal general John D. Ashcroft en que las desventajas de Guantánamo superaban su utilidad. Rumsfeld y el vice-presidente Cheney, los principales defensores de mantener y ampliar la prisión, impusieron su punto de vista ante Bush, dijo un ex alto funcionario del gobierno.
El sucesor de Powell, la secretario de estado Condoleezza Rice, dijo ayer a periodistas que apoya el deseo de Bush de cerrar Guantánamo. "El presidente ha sido muy claro, y ha sido siempre claro con nosotros", dijo. "Le gustaría cerrar la cárcel de Guantánamo. Nos gustaría a todos".

Glenn Kessler y Michael A. Fletcher contribuyeron a este reportaje.

26 de marzo de 2007
24 de marzo de 2007
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el lado oscuro de la humanidad

mqh - 25 de marzo de 2007 - 03:16 - derechos humanos

[Alma Guillermoprieto] Una mujer valiente que sobrevivió una masacre.

La semana pasada murió Rufina Amaya, la mujer que fue a menudo identificada como la última o única sobreviviente de la masacre en el pueblo de El Mozote. Estrictamente hablando, no fue la única sobreviviente de ese atroz acontecimiento, pero parece haber sido la única que emergió conservando su sano juicio, un recuerdo claro de lo que pasó, y la voluntad de contar cómo cientos de personas, incluyendo a su marido y cuatro de sus hijos, fueron masacrados sistemáticamente el 11 de diciembre de 1981, en un mísero rincón de El Salvador.
La masacre ocurrió durante los primeros días de la intervención de Estados Unidos en El Salvador. En ese conflicto, guerrilleros de la izquierda radical intentaron derrocar al gobierno establecido que era profundamente resistido por la población en general por su corrupción y sus brutales violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Reagan intervino para adiestrar y equipar al ejército salvadoreño, y para apuntalar al gobierno contra lo que temía que fuera una marea roja de comunismo tocando las riberas mismas del Río Grande.
Los artículos de prensa en los que se describe la carnicería cometida por el ejército en un lugar llamado El Mozote fueron escritos por mí y mi amigo y colega Ray Bonner. A principios de enero de 1982, Bonner, que estaba trabajando para el New York Times, me contó que él y la fotógrafo Susan Meiselas habían sido invitados por los jefes de la guerrilla para visitar la accidentada provincia de Morazán, un área de El Salvador en la frontera con Honduras, controlada por los guerrilleros y que los periodistas habían querido visitar ansiosamente. Después de frenéticos y suplicantes llamadas a mis propios contactos con la guerrilla en Ciudad de México, también me incluyeron en el viaje. El Washington Post, para el que yo trabajaba como corresponsal independiente, aprobó el viaje. No sospechaba que se me dejaría entrar a territorio controlado por la guerrilla para informar sobre una masacre.
Viajando de noche, a pie, por territorio controlado por el gobierno, llegué a la región controlada por la guerrilla, El Mozote, cuando Bonner y Meiselas se marchaban. Mi cámara se había estropeado en el cruce de un río, así que al día siguiente vi, pero no pude fotografiar, una capilla en ruinas y tres casas aledañas donde los restos carbonizados de varias decenas de víctimas -era imposible saber cuántas- yacían semi-ocultas entre los escombros. Entre los senderos que conectaban a El Mozote con villorrios más pequeños, había cuerpos resecos bajo el sol abrasador. Había cuerpos en los trigales abandonados, en las casas de un cuarto donde una máquina de cocer a pedales era un signo de gran riqueza, en los limonares donde todavía trinaban las aves. De hecho, había cuerpos en todas partes -de niños, hombres, mujeres, animales de tiro-, y el aire apestaba.
Me llevaron a ver a Rufina Amaya, una mujer menuda en sus treinta, vestida como cualquier campesina con una falda y una blusa de manga corta, un delantal con volantes y sandalias de plástico, y un rostro que parecía que se había convertido en piedra. Me contó con precisos detalles la misma historia que repetiría en el curso de los años posteriores, y que las evidencias forenses confirmarían diez años más tarde.
A principios de diciembre, un oficial del ejército que era amigo de su marido, contó, le había dicho que los campesinos no tenían nada de que preocuparse sobre la inminente ofensiva contra los guerrilleros, porque El Mozote, que tenía una abundante población evangélica, no era conocido como un pueblo subversivo.
Las tropas llegaron al día siguiente y, después de un violento allanamiento inicial, les dijeron a los campesinos que podían volver a sus casas. "Entonces estábamos felices", recordó la señora Amaya. "‘Ya pasó la represión', dijimos".
Pero las tropas volvieron. Obedeciendo órdenes, separaron a los campesinos en grupos de hombres, muchachas, y mujeres con niños. Rufina Amaya logró escabullirse y ocultarse detrás de unos árboles cuando su grupo estaba siendo llevado hacia el terreno donde serían ejecutados, y desde ahí presenció los asesinatos, que continuaron hasta tarde en la noche. Un oficial del ejército, al que un subalterno le había dicho que un soldado se negaba a matar a un niño, dijo: "¿Dónde está el hijo de puta que dijo eso? Lo voy a matar", y le clavó una bayoneta al niño ahí mismo. Ella oyó gritar a sus propios hijos, llamándola, cuando estaban siendo asesinados. Los soldados reunieron a la gente en la iglesia y en las casas junto a un terreno de hierba que hacía las veces de plaza del pueblo. Dispararon contra los campesinos y a otros los desmembraron con sus machetes; luego prendieron fuego a las estructuras. Al final, creyendo que habían matado a todos los ciudadanos de El Mozote y los villorrios adyacentes, las tropas se retiraron.
Mi artículo apareció en la primera edición del Washington Post, y el de Ray Bonner fue publicado en la segunda edición del Times el 27 de enero de 1982.
Ahora que se han desenterrado los huesos de las víctimas, que han sido lavados y contados, y enterrados propiamente, es asombroso pensar que Rufina Amaya fue durante años acusada de mentir. Después de todo, lo que describió era el brutal asesinato de sus propios hijos de sus vecinos y sus compañeros de fe en la capilla. ¿Por qué iba a mentir sobre esas cosas?
El problema era que los campesinos pobres que murieron en El Mozote y en las aldeas adyacentes fueron simplemente carne de cañón de una de las últimas batallas de la Guerra Fría. Lo que estaba en juego al creer el testimonio de Rufina Amaya, junto con las fotografías de Susan Meiselas y nuestros reportajes de primera mano, era el continuado apoyo del gobierno de Reagan al gobierno salvadoreño. Debido a que este apoyo era tan controvertido en casa, dependía de la comprobación del congreso, dos veces al año, de que los salvadoreños estaban realmente haciendo progresos en cuanto a los derechos humanos.
En las audiencias del congreso y ante la prensa, funcionarios de gobierno de alto rango negaron tajantemente que hubiese ocurrido alguna atrocidad. A Bonner lo llamaron mentiroso en un editorial del Wall Street Journal. A mí no me acusaron de mentir. Releyendo nuestros reportajes de ese día, pensé que me habían ignorado gracias a la torturada y bien intencionada redacción de mi artículo original en el Post, que, publicado, estaba lleno de frases como Rufina Amaya "se quebró cuando habló de lo que dijo que había sido la muerte de sus propios hijos". ¿De lo que dijo que eran sus hijos, o de lo que dijo que eran sus muertes? Incluso la sintaxis estaba mal.
Menciono esto simplemente para señalar que incluso organizaciones de prensa poderosas y decididas pueden ser intimidadas por la Casa Blanca. El gobierno de Reagan continuó certificando que el ejército en realidad estaba mejorando su actuación en cuanto al respeto de los derechos humanos.
La masacre de El Mozote siguió siendo un hecho disputado hasta que se firmó el tratado de paz entre el gobierno y las guerrillas de El Salvador en 1992. Frente a una fuerte oposición del gobierno, los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense fueron nombrados por una comisión de verdad de Naciones Unidas para excavar el sitio, y los trabajos de exhumación se prolongaron hasta 2004. En esa época, de los principales terrenos de ejecución se recuperaron los restos de más de trescientos hombres, mujeres, niños e infantes, pero la lista de víctimas de la aldea y de villorrios en las cercanías incluye más de ochocientos nombres. Por lo que sé, esta fue la masacre más grande que ha tomado lugar en la historia moderna de este hemisferio.
Los sucesos en El Mozote ya no están en discusión, pero después de un cuarto de siglo tampoco son recordados por la mayoría de los salvadoreños, la mayoría de los cuales no habían nacido el día que esas niñas eran arrastradas a las montañas para ser violadas, y los bebés gritaban llamando a sus madres cuando era asesinados. En este país [Estados Unidos], la gente que en el pasado argumentaba apasionadamente sobre El Salvador se verían en dificultades a la hora de recordar cuando hablaron la última vez -o siquiera pensaron- sobre el destino de este pequeño país. Después de pompear decenas de millones de dólares a las fuerzas armadas salvadoreñas, el gobierno de Estados Unidos pagó una pequeña fracción de esa suma para los proyectos de reconstrucción una vez que terminó la guerra. Y Rufina Amaya, la pequeña mujer campesina de piel oscura, no que tenía otro arma que su férrea voluntad de sobrevivir y mantener viva la memoria de lo que vio ese terrible día, murió de un derrame a los 64 años. Todavía será recordada en El Salvador porque ahora hace parte de la historia. Pero también es parte de la historia de este país.

25 de marzo de 2007
14 de marzo de 2007
©washington post
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murió rufina amaya

mqh - 14 de marzo de 2007 - 23:34 - derechos humanos

Sobreviviente de una masacre cometida por tropas del gobierno salvadoreño de 1981. A los 64.

Rufina Amaya, 64, una de las pocas sobrevivientes conocidas de una masacre cometida por tropas salvadoreñas en 1981, que dedicó su vida a hablar sobre la matanza, murió de apoplejía el 6 de marzo en San Miguel, El Salvador.
Amaya vivía en el pueblo de El Mozote, uno de los seis villorrios cuyos habitantes fueron detenidos y matados a balazos o decapitados por soldados salvadoreños adiestrados en Estados Unidos el 11 de diciembre de 1981.
Más de ochocientos hombres, mujeres y niños fueron asesinados en la que se cree que es la principal masacre de civiles durante la guerra civil de doce años en El Salvador.
Oficiales salvadoreños y norteamericanos insistieron al principio que los asesinados eran en realidad rebeldes armados, pero Amaya impugnó esa versión en entrevistas que fueron publicadas por el New York Times y el Washington Post.
Amaya colaboró en la investigaciones realizadas por varios grupos de la iglesia y de derechos humanos, que constataron la atrocidad.
Amaya pudo oír los gritos de sus propios hijos cuando escapaba del lugar. Ella era una del último grupo de mujeres de su pueblo que eran llevadas a su muerte, pero logró escabullirse y ocultarse en un árbol.
La mayoría de sus familiares fueron asesinados, incluyendo su marido ciego y cuatro hijos, de entre ocho meses y nueve años de edad.
Amaya vivió en cuevas y en el bosque durante un año antes de hacerse camino hacia un campamento de refugiados en Honduras, donde se convirtió en una pastora laica y volvió a casarse.
"Fui incapaz de impedir los asesinatos y no deseé otra cosa que morir durante mucho tiempo", dijo al Dallas Morning News en 1994. "Dios me dejó vivir para que contara esta historia".

14 de marzo de 2007
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criminales represores prófugos

mqh - 11 de marzo de 2007 - 18:05 - derechos humanos

[Diego Martínez] Una red de ojos anchos. Uno de siete represores con orden de captura jamás fue capturado y algunos llevan hasta 20 años prófugos.

Estos 43 civiles, militares, policías y gendarmes acusados de crímenes de lesa humanidad la tienen fácil gracias a un sistema de responsabilidades confuso, a la desidia y la ceguera selectiva de las instituciones a las que pertenecieron.
En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los están buscando. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, hay 43 prófugos en causas vinculadas al terrorismo de Estado. Teniendo en cuenta las 299 órdenes de captura dictadas por la Justicia (70 detenidos gozan de prisión domiciliaria y otros tantos son bien atendidos por subordinados en instalaciones de las Fuerzas Armadas), significa que uno de cada siete militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores civiles acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia. La lista incluye a un general ex gobernador, a apropiadores de bebés, asesinos célebres y torturadores rancios. Algunos llevan ya dos décadas huyendo de la Justicia. El tema, una preocupación histórica de los organismos de derechos humanos, forma parte desde esta semana de la agenda de la flamante Unidad Fiscal a cargo del fiscal general Jorge Auat, creada por la Procuración General de la Nación para promover y monitorear en todo el país las investigaciones sobre crímenes durante la última dictadura.
"No estaba prófugo. Siempre estuve en mi casa", sostuvo el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, luego de ser detenido el 9 de agosto. Lo primero era mentira: desde fines de 2003 existía una orden de detención en su contra por crímenes cometidos en jurisdicción del Cuerpo I de Ejército. Lo segundo era cierto: todos los habitantes de Mercedes conocían al vecino de la casaquinta La Mapuche. Teóricamente la Policía Federal tenía en sus manos la orden de buscarlo. Pero fue necesario que el juez federal Daniel Rafecas diera instrucciones precisas sobre la ubicación del próspero empresario para que miembros de la División Investigación Federal de Fugitivos de Interpol golpearan las palmas al pie de su tranquera y al fin le informaran que quedaba detenido. El mismo plazo de tres años precisó el Estado para ubicar al ex agente Eduardo Alfredo Ruffo, prófugo con abundantes contactos en ambas márgenes del Río de la Plata.

¿Es o Se Hace?
Mientras sobrevivientes de centros clandestinos, familiares de desaparecidos y querellantes en general deben soportar la convivencia con los verdugos, un sondeo por juzgados, fiscalías y despachos oficiales sugiere conductas y visiones diversas sobre la responsabilidad de perseguir a imputados por delitos de lesa humanidad que burlan a la Justicia. Algunos fiscales consideran que la búsqueda es responsabilidad privativa del juez. Ciertos jueces consideran que al delegar la investigación en los fiscales no tienen por qué implementar medidas no solicitadas. Otros se toman su trabajo en serio y ordenan tareas de inteligencia cuyas resultados suelen superar sus expectativas. Las escuchas telefónicas que permitieron ubicar a los coroneles retirados Jorge Horacio Granada y Jorge Luis Arias Duval, prófugos desde hacía un año en la causa que investiga al Batallón de Inteligencia 601, derivó en el procesamiento por encubrimiento del ex subcomisario Luis Abelardo Patti.
La mayor parte de los magistrados se limita a notificar la búsqueda de paradero a la Policía Federal, la Dirección de Migraciones y el Registro de Reincidentes. El año pasado, cuando la Unidad de Asistencia para causas relacionadas con la última dictadura a cargo de Félix Crous solicitó a Interpol la lista de represores buscados, se sorprendió al chequear y descubrir demasiados ausentes. También son minoría los jueces que, conscientes de la escasa voluntad de entregar camaradas a la Justicia, remiten oficios a la fuerza armada o de seguridad a la que pertenece el prófugo. En ese sentido, desde la Procuración se reclama en voz baja una actitud más transparente y comprometida por parte de los ministerios de Interior y, sobre todo, de Defensa, para que exija a cada fuerza colaborar con la Justicia.
Otro problema no menor es que, salvo contadas excepciones de jueces que ordenan priorizar la búsqueda de determinados delincuentes, la Policía Federal recibe listados de nombres de torturadores y asesinos mezclados con prófugos en causas por robos de gallinas y simples mortales citados a prestar declaración testimonial. En esos casos sólo la torpeza o una mala jugada del destino pueden cruzar a buscador y buscado.
Una vez que la orden de detención llega a manos de las fuerzas de seguridad, entra en juego la voluntad de los uniformados, que suele correr por un carril bien lejano al del deber. Cuando el hijo de Eduardo "Tucu" Constanzo se enteró de que su padre había sido detenido en la causa que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino Quinta de Funes, bajo la órbita del Cuerpo II de Ejército, se tomó en serio su trabajo de policía y guardó en su bolsillo la orden de detención del ex personal civil del inteligencia del Ejército Walter Pagano, a quien sabía vinculado a negocios de la fuerza. No descansó hasta que lo encontró escuchando misa en la iglesia de bulevar Oroño y San Luis, a metros de los Tribunales Federales de Rosario, donde lo entregó. Claro que es un caso excepcional, producto de la bronca más que de la responsabilidad.
No todos los familiares reaccionan de la misma manera. El año pasado la esposa del principal de Policía Federal Roberto Oscar González, prófugo por su trabajo sucio en la ESMA, reclamó públicamente "plegarias al Señor" por el descanso de "nuestro querido amigo Juan Antonio del Cerro" (torturador más famoso por su apodo, Colores) y denunció que su marido era un "perseguido por esta supuesta democracia". El hijo homónimo del oficial de Prefectura Gonzalo Sánchez, enlace con el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, acusó por no poder ver a su padre a "este gobierno vengativo y nepotista". Ambos escriben en el sitio web de la empresaria cuentapropista Karina Alejandra Marañón, también conocida por su seudónimo Karina Mujica, preciado símbolo de libertad de expresión que una democracia con pretensiones de madurez no debería objetar.

Paraguay, Tierra Bendita
En algunos casos la propia Justicia aporta su granito de arena en favor de la impunidad. El mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, dueño de medios de comunicación en Entre Ríos, fue excarcelado por la Cámara Federal de Resistencia. Cuando el juez federal Carlos Skydelsky volvió a pedir su detención por su participación en la Masacre de Margarita Belén (el fusilamiento de 21 presos en ese paraje del Chaco) ya se movía cómodamente con documentos falsos y tomando todas las precauciones. No es un caso excepcional. Una semana después de ser excarcelada por la Cámara Federal de Rosario, cuando la Justicia volvió a citarla en la causa del Cuerpo II, la civil Nilda Foch también se había fugado.
Hay burlas aún peores. Un sargento retirado del Ejército registró una sociedad anónima que figura en el Boletín Oficial dos meses después de ser declarado en rebeldía. En otros casos, como el del ex policía de Santa Fe Hugo Cardozo, la Justicia se enteró dónde vivía cuando recibió su certificado de defunción. En provincias como Formosa (donde pese a la indiferencia del gobierno local están detenidos el ex gobernador, general retirado Juan Carlos Colombo, y el ex jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Carlos Menem, general retirado Jorge Eusebio Rearte) es vox populi que los prófugos se reúnen con sus viejos compañeros de tareas del otro lado del Pilcomayo. Destino predilecto de apropiadores de bebés al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner en los '80 (ejemplos: Miguel Angel Furci, Samuel Miara, Omar Alonso, Norberto Atilio Blanco, entre otros), Paraguay parece seguir siendo una buena plaza para gozar de impunidad. El ex comandante de Gendarmería Horacio Rafael Domato cruzó la frontera durante meses para cobrar su pensión como retirado. Conocedor de las virtudes de su fuerza, no se privó de dar su número de documento real. Sólo mintió sobre la primera letra de su apellido: dijo ser Bomato, con B de bicho.

11 de marzo de 2007
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fascista bignone detenido

mqh - 09 de marzo de 2007 - 14:11 - derechos humanos

[Adriana Meyer] A Campo de Mayo para que ejercite la memoria. Bignone fue arrestado por cinco crimenes cometidos en el mayor centro de exterminio.

El dictador quedó detenido por orden de un juez de San Martín en el mismo lugar donde funcionó el centro clandestino que estuvo a su cargo, por donde pasaron cerca de cuatro mil personas que siguen desaparecidas y casi no hubo sobrevivientes. También volvió a perder la libertad el represor Santiago Omar Riveros. Una megacausa que parece reactivarse.
Fue el "último de facto", como él mismo se definió. Su retrato fue sacado del patio de honor del Colegio Militar. En octubre pasado instó a los jóvenes a "terminar" lo que el terrorismo de Estado no había podido. Lo procesaron por sustracción de menores y se encontraba en libertad hasta ayer, cuando la Justicia ordenó su arresto en la megacausa Campo de Mayo. El dictador Reynaldo Bignone está preso junto al represor Santiago Omar Riveros en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, el mismo sitio donde funcionó el centro clandestino en el que se cometieron violaciones a los derechos humanos, que ahora se les imputan. También fue detenido en esta causa un torturador apodado ‘el Alemán', cuya especialidad eran los interrogatorios a militantes del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Y los querellantes pidieron la elevación a juicio del tramo del expediente referido al asesinato del joven Floreal Avellaneda. La investigación de los crímenes cometidos en el mayor centro de exterminio del país –donde funcionó una maternidad clandestina, por donde pasaron unas cuatro mil personas que permanecen desaparecidas y del que casi no hay sobrevivientes– parece haberse reactivado. Y la nueva detención de estos jerarcas de la represión demuestra que quienes dieron las órdenes desde los escritorios también se mancharon las manos.
Durante una década y media los expedientes de la causa ‘Riveros' estuvieron paralizados por acción de las leyes de impunidad, los indultos y la posición de la Cámara de Apelaciones de San Martín, reacia a la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Sin embargo, con la anulación de esas normas la Justicia de primera instancia reaccionó. "Tras tanto tiempo de inacción, se puso a la delantera en citar, indagar y detener a los responsables", expresó el abogado Pablo Llonto, uno de los querellantes de esta pesquisa que tiene más de 250 casos, muchos de ellos conocidos recién a partir de 2003.
Riveros fue indagado el miércoles por los casos de Héctor Ratto y Griselda Fernández. Bignone postergó para hoy su declaración, y le preguntarán por Serafín Barreira, Pablo Alberto García, Beatriz Castiglioni de Covarrubias, Ratto y Fernández. Sin embargo, el juez federal Martín Suárez Araujo ordenó su detención hasta que resuelva su situación procesal, para lo cual cuenta con diez días. El mismo destino tuvo el ex presidente de facto, y ambos pasaron la noche en el lugar donde funcionó el centro clandestino en donde impartieron órdenes, según confirmó a Página/12 una fuente judicial y ratificó el Ministerio de Defensa. Más allá de lo que puedan argumentar en su descargo, lo más probable es que el magistrado los procese con prisión preventiva, pero les concedería el beneficio del arresto domiciliario, en virtud de su avanzada edad. Riveros, de 83 años, será sometido hoy a los exámenes psicológicos previos al otorgamiento de ese tipo de concesión.
Según pudo reconstruir este diario, el represor Néstor León López, de 66 años, alias ‘el Alemán', fue detenido el martes tras el allanamiento de su domicilio en Ramos Mejía. Está acusado por los casos Barreira, Castiglioni, Covarrubias, Ratto, Romero, Bianchi, Aliberti y Scarpatti, entre otros. La Justicia llegó a él tras una intensa labor investigativa, con la participación de una testigo reservada y la intervención de los querellantes, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos nacional. "La detención del Alemán es importantísima porque es un torturador que forma parte del grupo que actuó en Campo de Mayo y podría permitir la identificación de otros represores que sólo se conocen por apodos y siguen en las sombras", comentó el abogado Llonto. "Esta causa se empezó a mover, esperamos que se mueva más, hay muchos cruces posibles, por ejemplo todo lo que pasó en Escobar a partir de 1976", afirmó el jefe de gabinete de la secretaría, Luis Alén. También son parte de la querella los abogados Rodolfo Yanzón, Alcira Ríos, Adrián Gómez y Jorge Brioso, entre otros.
Riveros, ex comandante de Institutos Militares y jefe de la zona IV que abarcó el norte del conurbano bonaerense, sufrió un revés cuando en agosto pasado la Cámara de Casación anuló el indulto menemista de 1989, con el que había logrado evitar la acción de la justicia. Y será la Corte Suprema el ámbito que tenga la última palabra.
Uno de los casos que se investigan en esta causa, que ahora lleva el número 4012, es el de Matilde Lanuscou, ocurrido en 1976. Un grupo de tareas del Ejército ingresó a la casa familiar y asesinó a sus padres y a sus dos hermanos, de 6 y 4 años, procediendo además a la apropiación de la nena, que tenía seis meses. En esta megacausa también se investiga el destino del ‘Negrito' Avellaneda, un adolescente de catorce años cuyo cuerpo apareció en el Río de la Plata tras su muerte por empalamiento. Tras su reapertura, fue agregado el expediente del líder del ERP Mario Roberto Santucho y, la semana pasada, se inició la querella por el asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barretto.

Prontuario de Dictador
Reynaldo Benito Bignone sucedió a Leopoldo Fortunato Galtieri, tras la derrota de Malvinas, y fue el encargado de borrar las pruebas de la represión. A través del decreto 2726/83, ordenó la destrucción de documentación referida a los secuestros y las desapariciones cometidas por sus subordinados, y llegó a ser enjuiciado por este delito. Sin embargo, lo salvó uno de los indultos del ex presidente Carlos Menem. Claro que su responsabilidad comenzó mucho antes. Desde diciembre de 1975 fue director del Colegio Militar de El Palomar, correspondiente a la zona IV. El 28 de marzo de 1976 estuvo a cargo del operativo en el hospital Alejandro Posadas, donde fueron secuestradas 40 personas, despidieron a todo el personal y se convirtió el lugar en un centro clandestino de detención. Entre 1976 y 1977 fue jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y en 1980 se convirtió en jefe del centro clandestino de Campo de Mayo. "En la guerra sucia hay inocentes que pagan por los culpables", hijo Bignone en una visita, según una de sus víctimas.
Con la llegada de la democracia fue imputado por siete privaciones de la libertad y tres tormentos, y su primer encarcelamiento se produjo en 1984 por la desaparición de los conscriptos Luis Daniel García y Luis Steimberg, casos que integran la megacausa Campo de Mayo. Pero la ley de Obediencia Debida le devolvió la libertad. La segunda vez que la perdió fue en 1999 cuando el ex juez Adolfo Bagnasco lo responsabilizó, como ex presidente de facto, por haber otorgado la garantía de impunidad inherente a la esencia del plan de apropiación de menores, a través de la Ley de Amnistía, el llamado ‘Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo', y la orden de destrucción de documentación. En diciembre de 2005 la Cámara Federal lo liberó porque había pasado seis años con arresto sin ser juzgado. Ayer Bignone faltó a la citación del juez Rodolfo Canicoba Corral, que lo acusa de apología del crimen por su exhortación para que la juventud prosiga el proceso de la dictadura.
Anoche el dictador de 78 años no durmió en su cama, pero es casi un hecho que pronto volverá a hacerlo. Hace algunos años, cuando estaba bajo el arresto domiciliario por el caso de la apropiación sistemática de menores, le confesó muy suelto de cuerpo a la periodista francesa Marie-Monique Robin: "Yo salgo todos los días". Parecía una violación del beneficio, pero resultó que todas sus salidas estaban autorizadas por el juzgado. El general retirado abandonaba su domicilio dos veces por semana para ir a nadar al Círculo Militar, una para concurrir al Hospital Militar ("es mi country", comentó) y otra más para asistir a las reuniones de una institución para discapacitados a la que pertenece su hijo. ¿Tendrá ahora la misma flexibilidad de criterio el juez Suáres Araujo?

9 de marzo de 2007
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ordenan detención de dictador

mqh - 09 de marzo de 2007 - 00:37 - derechos humanos

Ordenan la detención del último presidente de la dictadura argentina.

Buenos Aires, Argentina. Un juez argentino ordenó este jueves la detención del general retirado Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura argentina (1976-83), en una causa en la que se investigan crímenes en el cuartel militar de Campo de Mayo, informó una fuente judicial.
El militar está en libertad desde finales de 2005, cuando fue excarcelado tras estar siete años detenido sin sentencia firme, imputado por el robo de bebés durante la dictadura, una causa que se encamina al juicio oral.
La nueva orden de arresto fue emitida por el juez federal Alberto Suárez Araujo, de la localidad bonaerense de San Martín (periferia norte).
El juez está a cargo de las torturas, asesinatos y desapariciones de personas en el principal cuartel del Ejército (fuerza terrestre), en la periferia oeste de Buenos Aires, donde funcionó un centro clandestino de detención durante el régimen.
Esta investigación, fue reabierta en 2003 tras la anulación de las leyes de amnistía.
En esta causa, se investiga además el presunto secuestro de Matilde Lanuscou, quien tenía seis meses cuando militares y policías atacaron su casa el 3 de septiembre de 1976.
En ese episodio, fueron asesinados sus padres, Roberto Lanuscou y Amelia Miranda, y sus hermanos Roberto, de 6 años, y Barbarita, de 4, y sus cuerpos aparecieron en 1984, enterrados como NN, no así la beba que nunca apareció.
En otra causa en la que Bignone está acusado de apología del crimen e incitación a la violencia, el jerarca de la dictadura se presentó el miércoles ante la justicia, pero logró la postergación de la indagatoria.
El ex dictador había sido citado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por haber exhortado a los jóvenes, a través de una carta publicada en internet el año pasado, a concluir "lo que nosotros no supimos ni pudimos terminar" en alusión a la dictadura.

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nueva fiscalía para represores

mqh - 08 de marzo de 2007 - 17:10 - derechos humanos

[Irina Hauser] Nueva unidad fiscal para los juicios a represores de todo el país. Primer paso para apurar las causas.

En el contexto de preocupación por las demoras en las causas contra represores y ante la campaña de amenazas que se agudizó tras la condena al ex comisario Miguel Etchecolatz, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, resolvió crear una nueva Unidad Fiscal para monitorear y apurar las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura en todo el país. El área estará a cargo del fiscal general Jorge Auat, y también tendrá la misión de colaborar en la protección de testigos. Auat explicó a Página/12 que, así como en la Cámara de Casación se produce un cuello de botella que demora los expedientes, en varias provincias "la constante excusación de jueces que se pasan los casos unos a otros paraliza los juicios".
"Se hace imperioso adoptar medidas" para "la coordinación de estrategias a nivel nacional que hagan posible la apertura de los juicios en los plazos más breves posibles", sostuvo Righi en la resolución que firmó ayer y que crea el nuevo equipo. En rigor, se llamará Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el terrorismo de Estado.
En la Procuración ya existe la Unidad de Asistencia para causas contra represores, que está a cargo de Félix Crous. Este sector funcionará en forma autónoma y se concentrará en las megacausas sobre los crímenes cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército y en la ESMA. Tendrá un papel clave en la preparación y desarrollo de los juicios orales de esas dos investigaciones que fueron reabiertas tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.
Auat viene actuando como fiscal en casos de violaciones a los derechos humanos en Chaco y Formosa. Recibió varias amenazas durante la investigación de la Masacre de Margarita Belén y fue blanco de las intimidaciones que sucedieron al juicio a Etchecolatz y la desaparición del testigo Julio López. Ahora tendrá el desafío de diseñar caminos para destrabar los juicios en todo el país, en especial en el interior.
Righi definió que la Unidad a cargo de Auat tendrá la misión de hacer un "seguimiento y monitoreo de los procesos en trámite en todas las jurisdicciones", "mantener actualizada una base de datos" y "coordinar" con los fiscales de todo el país "estrategias de investigación" que "posibiliten la apertura y sustanciación de los juicios" por crímenes del terrorismo de Estado con rapidez. Más aún, señala que debe "realizar toda las acciones necesarias para el avance de los procesos" y lograr "una respuesta institucional en un plazo razonable". La resolución, a la que accedió Página/12, dice también que deberá "colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de actores y testigos".
En la actualidad hay 256 militares, policías o civiles presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pero sólo cinco cumplen condenas. En los tribunales porteños siete expedientes ya están listos para la etapa de juicio oral, aunque no tienen fecha de inicio. En La Plata, la semana pasada fue elevado el caso del cura Christian von Wernich. El gran embudo que genera dilaciones se produce en la Cámara de Casación Penal, donde están estancados más de cien trámites. Algunos llevan tres años allí. Este problema fue uno de los puntos del discurso del presidente Néstor Kirchner en la apertura de sesiones en el Congreso, donde pidió a "Casación y a los jueces que se apuren".
Anteayer, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de López, el Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó, como un asunto complementario, que el Estado adoptara medidas para la protección de más de 4500 testigos, defensores de derechos humanos y funcionarios vinculados con los juicios a represores. Marcó la necesidad de agrupar causas y evitar que se dupliquen testimonios y pruebas.
Auat explicó a este diario que en algunas provincias se presentan obstáculos incluso anteriores a la Cámara de Casación. "En jurisdicciones chicas, con frecuencia los jueces se inhiben, ya sea por parentesco, violencia moral, amistad o enemistad con los imputados. Las razones varían. El resultado es la parálisis de las investigaciones", advirtió. "Esta es una de las problemáticas que vamos a tener que resolver. De nada sirve que impulsemos los juicios si no tenemos jueces. Por eso vamos coordinar acciones entre las fiscalías de distintos lugares del país y porque intentamos evitar la superposición entre investigaciones", dijo.
Según el fiscal, algunas de las provincias donde se han producido las más serias dilaciones son Formosa, Salta y Chaco. Lo primero que hará, anunció, será un relevamiento detallado de la situación de los juicios a nivel nacional.

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el genocidio en tribunales

mqh - 06 de marzo de 2007 - 16:59 - derechos humanos

El genocidio se desliza rápidamente, mata promiscuamente y sigue encontrando nuevos perpetradores, pese a los repetidos juramentos del mundo de ‘nunca más'.

Frente a semejante horror, los cuidadosamente considerados veredictos de los tribunales, como la resolución de la Corte Mundial la semana pasada sobre la masacre de Srebrenica en Bosnia, y los expedientes pacientemente reunidos, como los que han presentado los fiscales del Tribunal Penal Internacional contra dos de los cerebros acusados de organizar la carnicería, todavía en curso, de Darfur, esos veredictos y resoluciones son terriblemente inadecuados.
Sin embargo, si no se opta por intervenciones militares internacionales que no parecen llegar nunca a tiempo, la creciente implementación del derecho internacional es una de las herramientas más importantes de que disponemos para exigir responsabilidades y disuadir a futuros genocidas.
El genocidio se convirtió en un crimen internacional hace casi sesenta años. Pero hasta el momento ningún país había sido procesado por su comisión hasta que Bosnia acusó a Serbia de tener una responsabilidad directa en el asesinato de casi ocho mil hombres y niños musulmanes de Srebrenica. La Corte Mundial, que resuelve disputas entre estados, concluyó que sí se había cometido genocidio, y que aunque el gobierno serbio de ese período no había ordenado directamente la masacre, "podía y debió" haber actuado para impedirla, como exige la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio.
Esa matizada distinción, basada en evidencias reunidas por el tribunal especial que juzgó a Slobodan Milosevic, el ex presidente serbio, y otros individuos acusados de crímenes de guerra en los Balcanes, ahorraron a Serbia los onerosos costes de las reparaciones económicas. Pero también determinó la complicidad oficial del ex gobierno serbio.
Esto es algo que el actual gobierno serbio debe reconocer. Belgrado también debería acatar la orden formal del tribunal y entregar a Ratko Mladic, el general serbo-bosnio que dirigió el genocidio de Srebrenica.
Los casos de Darfur están siendo tratados por el Tribunal Penal Internacional, que persigue a individuos por violaciones graves del derecho internacional. Los dos primeros acusados llevados al tribunal son Ahmad Harun, ex ministro de Sudán a cargo de la seguridad de Darfur, y Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, un comandante de la milicia janjaweed. Harun está acusado de incitar, financiar y armar a combatientes de la milicia para llevar a cabo ataques genocidas. Rahman está acusado de dirigir uno de esos ataques que ocasionó cientos de muertes, violaciones sistemáticas y ejecuciones sumarias.
Los veredictos de los tribunales no podrán compensar nunca a los sobrevivientes de estos horrores. Pero fortaleciendo el alcance y autoridad del derecho internacional, estos casos deberían hacer reflexionar a aquellos tentados a desencadenar futuros genocidios, y a aquellos que observan su comisión con los brazos cruzados.

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