europa

bulgaria en manos de la mafia

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Un cable enviado desde Sofía muestra que el estado se encuentra totalmente invadido por el crimen organizado. El sitio WikiLeaks tiene un total de 978 cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Sofía. Hay otros 66 cables con la etiqueta Bulgaria.

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Bulgaria. El 1 de diciembre de 2010, The Guardian publicó en su edición online el cable diplomático de la embajada estadounidense en Sofía dedicado al crimen organizado en Bulgaria.
El 7 de diciembre de 2010, Le Monde publicó una perspectiva general sobre la influencia de la mafia rusa en Europa, citando igualmente el mismo cable, firmado por el entonces embajador en Sofía, James Pardew.
En el artículo de Le Monde nos enteramos que existe otro cable, fechado el 11 de septiembre de 2009, también sobre el crimen organizado en Bulgaria. Tiene una sección titulada ‘La influencia rusa’, y comenta sobre el representante Michael Chorny en Bulgaria, el abogado Todor Batkov. La embajada enfatiza sus sólidas conexiones políticas y el hecho de que en 2008 el entonces presidente Georgi Parvanov lo galardonó con la orden más distinguida del país, la ‘Stara Planina’.
Diez días después de la publicación en Le Monde, el 7 de diciembre de 2010, el sitio de WikiLeaks publicó la versión censurada por The Guardian del texto del cable diplomático del 7 de julio de 2005, firmado por el embajador James Pardew.
El texto del cable de septiembre de 2009 nunca vio la luz del día y actualmente sólo periodistas de las publicaciones acreditadas por WikiLeaks sabe acerca de este y de su contenido.
En el cable publicado, del 7 de julio de 2005, la sección ‘Quién es quién en el crimen organizado búlgaro’ abunda en párrafos censurados. Sólo podemos suponer el motivo de los periodistas de The Guardian para proteger a individuos y empresas que la embajada cree que forman parte del crimen organizado. Los nombres de esos individuos y negocios, junto con información sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, no son nada nuevo para el público búlgaro e internacional.
Bivol.bg, una página web de periodismo de investigación, recibió el texto íntegro del cable de James Pardew, fechado a 7 de julio de 2005. Fue proporcionado por la revista ‘Russkiy Reporter’ (El periodista ruso), que está preparando una edición sobre la influencia de la mafia rusa en Bulgaria. La revista nos pidió verificar la autenticidad de los nombres y acontecimientos, y preparar comentarios sobre la fe de los emblemáticos capos del crimen organizado mencionados en el cable.
Debemos observar que no tenemos ninguna relación contractual o económica con ‘Russkiy Reporter’, ni con sus dueños ni sus fuentes de información. Nuestros contactos profesionales terminan con el trabajo en este caso particular: resumir y ofrecer información verídica y nuestro análisis editorial del cable.
La autenticidad del cable fue confirmada por otra fuente: el diario noruego Aftenposten, que tuvo acceso independiente a todos los cables diplomáticos filtrados a través de WikiLeaks.
Hemos examinado todo el cable en detalle y no encontramos ni un solo nombre que debiese ser ocultado por razones de seguridad, porque han entregado información sobre el crimen organizado a la embajada estadounidense.
El cable menciona nombres específicos de individuos y compañías que todavía poseen y gestionan importantes capitales en Bulgaria. Examina la simbiosis del crimen y el poder en el financiamiento de las campañas electorales.
El cable destaca, además, la tendencia de individuos que provienen de círculos del crimen organizado a entrar directamente en la política a nivel nacional o a controlar directamente el poder local. Una tendencia que, como todos sabemos, se hizo más y más pronunciada en los años siguientes.
El cable destaca el legado del aparato criminal y represivo comunista que ostentan figuras del crimen organizado búlgaro. Al principio del periodo de transición, además de los ahora notorios luchadores, remadores y otros deportistas de las escuelas de adiestramiento comunistas, ex miembros del sistema represivo también infiltraron organizaciones del crimen organizado: boinas negras, marines y otras fuerzas especiales, formados y adiestrados no para luchar contra un enemigo externo, sino para proteger a los favoritos del régimen contra la furia del pueblo búlgaro.
La influencia económica de los individuos mencionados en el cable como manteniendo vínculos con el crimen organizado, continuó expandiéndose en el año con la activa colaboración del Estado, que en realidad subsidiaba sus empresas.
El notorio dicho de que "en Bulgaria la mafia tiene un Estado" se convierte en realidad con lo que ha escrito el embajador Pardew. El embajador observa amargamente la frustración de la población ante esta imposible situación. Pardew cree que las herramientas de influencia de la Unión Europea son cruciales. "Si la UE usa esta influencia para demandar no solamente reformas judiciales importantes sino además su implementación efectiva, habrá motivos para creer que la marea empezará lentamente a tornarse contra el crimen organizado en los próximos años", concluye el embajador.
Lamentablemente, está cada vez más claro que los ciudadanos de este entrampado país no pueden contar con una interferencia externa efectiva.
Circulan muchos rumores sobre la presión para combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo políticos con lazos con la DS y el crimen organizado son miembros del Parlamento Europeo y dirigen al mismo tiempo importantes compañías europeas que hacen negocios con empresas controladas por gente de los servicios de inteligencia de los que se sospechan que tienen actividades criminales.
El texto íntegro del cable se puede leer aquí.
18 de marzo de 2011
17 de marzo de 2011
©wlcentral
cc traducción mQh

amenaza fascista en francia

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La hija del líder filofascista francís asume el liderazgo del Frente Nacional. Marine Le Pen sucedió a su padre al cabo de un reinado absoluto que duró 40 años y durante el cual Jean-Marie Le Pen propulsó a su formación partidaria hasta transformarla en una de las fuerzas políticas más sólidas de Francia.

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[Eduardo Febbro] París, Francia. La heredera del líder de la extrema derecha más poderosa del Viejo Continente, el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, derrotó al ala más dura del partido y se quedó con las riendas de este movimiento, al que Le Pen llevó al umbral de la presidencia en abril de 2002. Marine Le Pen, su hija, sucedió a su padre al cabo de un reinado absoluto que duró 40 años y durante el cual Jean-Marie Le Pen sacó del proverbial 3 por ciento de los votos que el partido concitaba a principios de los años ’80, para propulsarlo como una de las fuerzas políticas más sólidas de Francia con porcentajes que, según las elecciones y las encuestas, rozan el 17 y 18 por ciento de los votos. El congreso del Frente Nacional que se abrió este sábado en Tours (suroeste) dio paso a la sucesión mediante una elección entre dos corrientes adversas dentro de la ultraderecha francesa: la de Marine Le Pen y la del radical Bruno Gollnisch. Según el diario Le Monde, "alrededor de dos tercios votaron por la hija de Jean-Marie Le Pen y un tercio por su adversario", Bruno Gollnisch.
La proclamación oficial del resultado se hará efectiva hoy, en el segundo día del XIV congreso. La victoria de la eurodiputada estaba ganada de antemano. Su padre, que preside el movimiento desde su creación, en 1972, la apoyó con todo el peso de su autoridad y lo mismo hizo el aparato del Frente Nacional. Marine Le Pen se convirtió en los últimos meses en un fenómeno de los medios de comunicación. Cada vez que asiste a un programa de radio o de televisión alcanza audiencias de partido de fútbol o de telenovela. La ultraderecha francesa dio vuelta una de las páginas más extensas de su historia y se inscribe ahora en la corriente que ha ido modernizando las extremas derechas europeas. Estas apartaron los amagos antisemitas del pasado para forjar sus bastiones electorales sobre el pilar de la islamofobia, la defensa de la identidad nacional y la ofensiva contra los inmigrados.
El cóctel ha sido fructífero para todos. En las elecciones legislativas de 2007 el Frente Nacional obtuvo 4,2 por ciento de los votos, en las elecciones europeas de 2009 el porcentaje subió a 6,3 por ciento para llegar luego a 11,4 por ciento en las elecciones regionales de 2010. Los sondeos le otorgan a la hija de Le Pen un más que confortable tercer lugar en las preferencias del electorado, justo detrás de los socialistas y la derecha de la gobernante UMP. Marine Le Pen es una espada de Damocles sobre las urnas de ambos partidos. Una encuesta reciente publicada por Le Monde mostró que 22 por ciento de los simpatizantes de la conservadora UMP podrían migrar hacia la extrema derecha. Hace un mes, Jean François Copé, dirigente de la UMP, admitió que el repunte del Frente Nacional creaba una situación de "peligro electoral".
Los tiempos son ideales para los discursos extremistas y excluyentes. Europa se enfrasca con persistencia en tendencias xenófobas que abren un corredor ideal a las ultraderechas del Viejo Continente.
La hija de Le Pen tiene, además, cualidades oratorias potentes y suficiente encanto como para que no se vean demasiado los dientes. A partir de ahora, Marine Le Pen aspira a repetir la hazaña de su padre en las elecciones presidenciales de 2012: dejar en el camino a los socialistas o a la derecha tradicional y disputar una segunda vuelta presidencial tal como lo hizo Jean-Marie Le Pen en 2002.
Marine Le Pen quiere desdiabolizar la imagen del partido y ampliar así las bases del electorado y pesar más en la escena política con una meta declarada: "conquistar el poder". Esa normalización de la extrema derecha no pasa, sin embargo, por la negación de los fundamentos de la ultraderecha tal y como la concibió su padre. Al contrario, Marine Le Pen reivindica la "preferencia nacional" (derechos y ventajas reservadas a los franceses), la restitución de la pena de muerte, la salida del euro y de la Unión Europea. Pero su discurso y sus principios programáticos se articulan en torno de una agenda mucho más social que los valores promovidos por la guardia vieja del Frente Nacional. Marine Le Pen es el cuarto rostro de la extrema derecha reciclada. Junto al sueco Jimmie Aekesson, el húngaro Gabor Vona y el holandés Geert Wilders, la hija de Le Pen es el emblema de una ultraderecha europea pujante, que supo aprovechar el pánico que suscita un mundo demasiado conectado para replegarse sobre la identidad y el terruño y, de paso, apoyarse en el sólido rechazo al Islam.
Ayer, en su último discurso como presidente del FN, Jean-Marie Le Pen abrió las páginas de su catálogo preferido. Arremetió contra la "decadencia" de Francia, pasó revista a la degradación de la educación, atacó la inmigración, le dio un palazo a la inseguridad y terminó denunciando la "corrupción generalizada" y a los "islamistas". El cambio en el seno de la ultraderecha francesa es de peso. Por primera vez en su historia el Frente Nacional eligió a su líder por medio de un voto y no por aclamación en los congresos, como había ocurrido con su padre. Nacida en 1968 en Neuilly-sur-Seine, a las puertas de París, Marine Le Pen es la tercera hija de Jean-Marie Le Pen. Es la más combativa, la más sutil e inteligente. Tal vez la hija lleve mucho más lejos el sueño que inició su padre, un sueño que tiene acentos de victoria para ella y de pesadilla para la democracia.
16 de enero de 2011
©página 12

eua contra el juez garzón

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El "antiamericano" Garzón tuvo especial seguimiento. La embajada consideraba al magistrado un personaje incómodo y presionó para acabar con la jurisdicción universal.

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[Jesús Duva] Madrid, España. La embajada de EE UU en Madrid tuvo en su punto de mira a la Audiencia Nacional y, sobre todo, a los jueces y fiscales que manejan asuntos que afecten a su país. Los documentos secretos revelan que uno de los magistrados con mayor marcaje era Baltasar Garzón, sobre todo ante la posibilidad de que iniciara procedimiento contra autoridades estadounidenses por torturas a presos en Guantánamo.
Garzón está hoy suspendido de funciones en tanto se le investiga por presunta prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En los últimos 20 años ha sido el azote de etarras, narcos e implicados en la guerra sucia de los GAL. Pasó fugazmente por la política al concurrir en 1993 al Congreso como número dos en la lista por Madrid que encabezaba Felipe González. Se hizo mundialmente famoso tras promover en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La preocupación de Washington se desató a raíz de que la policía española, por orden de Garzón, tramitara en 2004 una solicitud para interrogar a dos presos en Guantánamo (el libio Omar Amer Deghayes y el palestino Jamil Abdul Latif El Banna). Esta petición estaba relacionada con su investigación sobre Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, arrestado en España en noviembre de 2001. Abu Dahdah fue el presunto reclutador de ambos individuos y es muy importante dentro del terrorismo islamista, según el cable 14107. Garzón tenía abierto un proceso por pertenencia a Al Qaeda contra los dos presos mencionados, así como contra Hamed Abderrahman Ahmed, ‘El talibán español’, y Lahcen Ikassrien, a los que policías españoles habían ido a interrogar en Guantánamo.
El 13 de febrero de 2004, el Consejo de Ministros había aprobado el requerimiento de Garzón para extraditar a Deghayes y El Banna. Esta decisión coincidió con la entrega por Estados Unidos de ‘El talibán español’ a la justicia española.

El Limbo Jurídico de Guantánamo
La actuación del magistrado intentando hurgar en el limbo jurídico de Guantánamo generó gran nerviosismo. No obstante, el Ejecutivo estadounidense le facilitó en esa misma época información que le permitió detener en octubre de 2004 a ocho supuestos islamistas que planeaban volar con explosivos la Audiencia Nacional. "Las detenciones estaban basadas en parte en información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos", recalca el cable confidencial 21797. El comentario con el que concluía esta nota diplomática señalaba que "estas detenciones han supuesto un significativo éxito tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para Garzón", sobre el que remachaba que es "un juez particularmente agresivo al que le gusta el brillo". Esa redada fue el inicio de la Operación Nova, que concluyó en 2008 con la absolución por el Supremo de 14 de los 20 encausados.
Como el asunto de Deghayes y El Banna aún no estaba resuelto en septiembre de 2007, la embajada contactó con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien explicó que tenía dudas sobre las pruebas que había contra los ex presos de Guantánamo que reclamaba Garzón. El informe de la embajada recuerda que este era el juez instructor de la causa en la que también habían sido procesados ‘El talibán español’ y Lahcen Ikassrien. Ambos habían sido absueltos en 2006 porque, a pesar del interés de Garzón, ninguna prueba obtenida en Guantánamo tenía valor jurídico. Según la embajada, Garzón tuvo entonces "un día de protagonismo en la prensa criticando la existencia de Guantánamo" y opinaba que probablemente "no se lo pensaría dos veces para volver a obtener un éxito similar" (informe 122.552).
No parece casual que el embajador Eduardo Aguirre se viese en la Navidad de 2007 con el magistrado, quien admitió que "no siempre estaba de acuerdo" con los métodos antiterroristas de Estados Unidos. Garzón reflexionó sobre el caso del traficante de armas Monzer Al Kassar, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Garzón opinó con acidez que Al Kassar "empezaría a cantar como un canario cuando estuviese bajo custodia norteamericana para alcanzar un acuerdo".

"No Nos Hacemos Ilusiones con Garzón"
El comentario que la reunión con Garzón mereció al redactor del informe (firmado por el embajador Aguirre) fue: "Tiene una postura claramente antiamericana (como evidencian sus artículos de prensa criticando la existencia de la prisión de Guantánamo) y ciertamente no nos hacemos ilusiones con él" (cable 135369).
Los recelos sobre Garzón alcanzaron su punto álgido en 2009, cuando pretendió entablar proceso contra seis altos cargos de la era Bush en relación con seis presos de Guantánamo españoles o residentes en España (entre ellos, ‘El talibán español’). Ante este nuevo embrollo, la embajada volvió a pedir colaboración al fiscal Zaragoza.
En mayo de 2009, el juez abrió otra investigación por presuntas torturas a detenidos en Guantánamo. Y de nuevo la Embajada acudió a Zaragoza en busca de consejo. Este tranquilizó a sus interlocutores y planteó usar un ardid para cortocircuitar y avergonzar a Garzón: recordando que este había enviado años atrás a policías españoles para tomar declaración a unos presos en Guantánamo, sin tener en consideración las especiales circunstancias de su encarcelamiento y sin hacer nada cuando los presos llegaron a España y le hablaron de torturas (cable 205579).
En otros informes, la embajada recuerda artículos de prensa publicados por Garzón en los que fustiga al ex presidente José María Aznar , al ex primer ministro británico Tony Blair y al ex presidente George W. Bush , así como intervenciones en un documental en el que arremete contra la política de Estados Unidos y la existencia del limbo de Guantánamo.
Los papeles de la embajada revelan un curioso episodio relacionado con el magistrado: la negativa de Washington a asignar dos agentes secretos para darle escolta. Ocurrió en 2005, cuando fue a Nueva York para dar clases durante nueve meses sobre terrorismo. El Ejecutivo español le adjudicó dos guardaespaldas y solicitó otros dos al de Estados Unidos. Pero este rechazó tal solicitud escudándose en que carecía de personal porque tenía una "extrema demanda" de este tipo de agentes (cable 26932).
Garzón y otros compañeros han sido el objetivo de otra tenaz batalla diplomática para acabar con su "irritante" empeño en aplicar la jurisdicción universal. Sobre todo, ante los intentos de procesar a altos funcionarios de la Administración Bush. El Ejecutivo estadounidense dedicó muchos esfuerzos desde el año 2006 para impedir que España se convirtiera en "el guardián del mundo".
La jurisdicción universal que blandía la Audiencia Nacional era una pesadilla para Washington. Un informe sobre los vuelos de la CIA, que instruía el juez Ismael Moreno, alertaba: "Hemos comprobado que en casos similares los jueces españoles han protegido ferozmente su independencia y están dispuestos a abrir nuevos caminos sobre cuestiones de jurisdicción" (cable 91121). La embajada aconsejaba a mediados de 2009 que se presionara al influyente ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con el asunto de Guantánamo haciéndole notar que "no es útil" para las buenas relaciones bilaterales. Por fin, el Parlamento español, tras las presiones israelíes por la apertura de un caso por crímenes en Gaza, aprobó en 2009 una ley que recortaba la jurisdicción universal.
2 de diciembre de 2010
©el país

españa conmocionada con filtraciones

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Expertos penales creen que la fiscalía vulneró la ley en sus tratos con EE.UU. Aprecian faltas disciplinarias, infracción de derechos fundamentales y hasta delitos.

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Madrid, España. "Una obscenidad", según Leopoldo Torres, uno de los abogados de los familiares del caso Couso. "Un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial", según la Asociación Libre de Abogados (ALA), que define como "clientelismo y vasallaje" la relación entre la Fiscalía española y la Embajada de Estados Unidos en los casos más preocupantes para el Gobierno de ese país que se siguen en la Audiencia Nacional y en los que ALA ejerce la acusación: Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guantánamo.
Los contactos entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, con diplomáticos de EE UU, revelada por los cables diplomáticos facilitados por Wikileaks a EL PAÍS, ha causado una honda impresión en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisión de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA.
Hasta sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado ayer en el que reclaman a Conde-Pumpido "las más detalladas explicaciones" sobre esos contactos "para disipar cualquier atisbo de duda". Para la UPF, la fiscalía debe guiarse "exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta razón de Estado". EL PAÍS ha consultado a profesores, abogados, jueces y fiscales por la responsabilidad en que los fiscales podrían haber incurrido. Este es el resultado.

Evitar arrestos con los consejos de Conde-Pumpido
Cándido Conde-Pumpido informó puntualmente a la Embajada de EE UU sobre la posición que mantendría la fiscalía en el caso Couso y sus esfuerzos para que se archivara (lo consiguió en dos ocasiones). También recomendó al embajador que contestara un requerimiento del juez Santiago Pedraz sobre las identidades de los militares imputados para que no pareciera que no colaboraban. Estas son las posibles infracciones que, según juristas consultados por EL PAÍS, pudieron cometerse.

-Asesoramiento ilegal del fiscal general a la embajada. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prohíbe a los fiscales cualquier tipo de asesoramiento jurídico. Los abogados del caso consideran que el fiscal incumplió esta prohibición castigada con una sanción disciplinaria.

-Prohibición de revelar datos del sumario. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal declara reservadas todas las diligencias que se practiquen en una investigación penal y castiga con multa a quien las revele a cualquiera que no esté personado en el proceso. La Asociación Libre de Abogados considera que el fiscal pudo haber infringido ese precepto.

-Revelación de datos conocidos en ejercicio de funciones. El EOMF lo sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitación de un proceso o a cualquier persona".

-Encubrimiento. La acusación del caso Couso cree que pudo cometerse un delito de encubrimiento del 451 del Código Penal por "ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad".

Elegir el Juzgado Más Favorable al Archivo
En el caso de las torturas en la prisión ilegal de Guantánamo, la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, según los cables del Departamento de Estado, adelantó a la embajada de EE UU que intentaría que el caso recayera en el juez Ismael Moreno en lugar de Baltasar Garzón. También aconsejó a las autoridades de ese país que abrieran una investigación para evitar que la española pudiera seguir adelante.

-Vulneración de un derecho fundamental. Los jueces y abogados consultados por este periódico consideran que la actuación de Zaragoza recogida en los cables para que fuera Moreno y no Garzón el juez del caso podría haber afectado al derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las supuestas torturas Lahcen Ikasrrien, Hamed Abderramán Ahmed y el resto de querellantes. Ese derecho se recoge en el artículo 24 de la Constitución y una de sus variantes es la del "derecho al juez natural predeterminado por la ley".

-Asesoramiento jurídico prohibido. El hecho de que Zaragoza aconsejara a EE UU, según los cables, que abriera un caso para que se cerrara la investigación española supondría, según algunos de los juristas consultados, una infracción disciplinaria ya que el EOMF prohíbe a los fiscales el asesoramiento.

-Incumplimiento del principio de imparcialidad (artículo 48 EOMF). Con la información facilitada a EE UU del caso y los consejos a su embajada, el fiscal podría haber vulnerado el principio de imparcialidad con el que, según la ley, debe actuar. Algunos juristas creen que, con esta actitud, Zaragoza pudo cometer un "fraude procesal".

Conocer los Informes del CNI con Anterioridad
El escándalo de los vuelos de la CIA en 2005 y su tránsito clandestino por aeropuertos europeos provocó la apertura de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional que la embajada se empeñó en impedir que prosperara. La legación, según se desprende de los telegramas filtrados y enviados desde la embajada de Madrid, quiso buscar la complicidad del fiscal, Vicente González Mota.
El juez encargado del caso, Ismael Moreno, pidió que se desclasificaran los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos. Los cables aseguran que en enero de 2007 el fiscal anunció al asesor legal de la embajada que no intentaría bloquear la iniciativa del magistrado porque conocía con antelación estos documentos y no contenían "ningún elemento incriminatorio ni ninguna información sensible", según uno de los telegramas. Los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero efectivamente no aportaron ninguna novedad al caso. El fiscal habría añadido, siempre según la versión de la embajada, que "el Gobierno español no buscaría información adicional del Gobierno de EE UU en relación a este caso". González Mota negó el martes a este periódico que conociera previamente el contenido de los informes.
La opinión de los juristas consultados es que la conducta del fiscal podría ser constitutiva de una infracción de revelación de datos conocidos en ejercicio de funciones. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitación de un proceso o a cualquier persona".
2 de diciembre de 2010
©el país

 

eua amenazó a españa por garzón

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EEUU trató de impedir que Garzón investigara Guantánamo. Los diplomáticos estadounidenses se dirigieron al gobierno español para advertirles que la investigación tendría un enorme impacto negativo en las relaciones entre Washington y Madrid.

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Madrid, España. Madrid. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Madrid, llevó a cabo intensas maniobras para evitar que prosperara una querella por crímenes de guerra y torturas en la prisión de Guantánamo asumida por el juez Baltasar Garzón, según documentos filtrados al portal WikiLeaks que publica El País.
Los despachos facilitados al diario español revelan que Garzón es un juez temido en Washington y que la legación diplomática de Estados Unidos en Madrid presionó al gobierno español y, sobre todo, a la fiscalía, de la que, de acuerdo con esos cables, recibió apoyo y asesoramiento, indicó DPA.
La investigación, la primera en el mundo sobre el limbo jurídico de Guantánamo, continúa abierta pero fue recurrida por la fiscalía. Ahora está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidirá en las próximas semanas si la causa de archiva o no.
Para tratar de frenar la demanda, los diplomáticos estadounidenses -siempre según los documentos de WikiLeaks- se dirigieron al gobierno español para advertir que una investigación sobre Guantánamo tendría un enorme impacto (negativo) en las relaciones entre Washington y Madrid.
Los cables indican que la estrategia de la embajada incluía también al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contrario a la querella y quien habría revelado a Estados Unidos los pasos que daría antes de que fueran públicos y ofrecido además consejo jurídico para frenar a Garzón.
Según la versión de una reunión de funcionarios de la legación con el fiscal, este les proporcionó importantes claves del asunto: "Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón".
Los documentos filtrados a WikiLeaks incluyen además un cable con esta frase: "Zaragoza tiene una estrategia para retorcer el brazo" de Garzón, cuya imparcialidad pone en entredicho.
El fiscal, según otro de los despachos, de mayo de 2009, dijo que había hablado con Garzón, que este año fue suspendido como juez en relación con una querella por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo.
En esa conversación, Zaragoza le habría preguntado si con el caso de Guantánamo "está tratando de aumentar el caché de sus conferencias". El juez le contestó, de acuerdo con esa versión, que lo estaba haciendo sólo "for the record" y que después lo dejaría morir. "Una vez que ha conseguido su titular, Garzón abandonará el asunto", dice Zaragoza.
Sin embargo, la embajada de EEUU parecía albergar pocas esperanzas de poder frenar al famoso magistrado, ya que otro de los despachos reza: "No creemos que las amenazas disciplinarias le hagan dar marcha atrás, ya que podría agradecer precisamente la posibilidad del martirio, a sabiendas de que el caso atraerá la atención mundial. Creemos que tendremos que lidiar con este asunto durante bastante tiempo".
No obstante, fuentes de la Audiencia Nacional citadas por El País, indican que casi todo parece indicar que la causa sí será finalmente archivada.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©el universal

gobierno y justicia españoles en la mira

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Justicia española presionada por filtraciones de Wikileaks. Ministros y jueces se dejaron presionar por Estados Unidos para evitar el procesamiento de soldados que asesinaron a un periodista español en Bagdad.

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[Tito Drago] Madrid, España. Las más altas instancias del sistema judicial español deberán explicar ante el parlamento sus reiteradas negativas a juzgar a militares de Estados Unidos acusados del asesinato del periodista José Couso en Bagdad en 2003, ante las filtraciones de Wikileaks que dan cuenta de contactos con ese propósito.
El diputado Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de la opositora coalición Izquierda Unida, dijo a IPS que continuará pidiendo en el Congreso legislativo que se haga comparecer al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, para que explique las razones por las que dificultó el procesamiento de los acusados.
"Esto no puede quedar así, es una cuestión de justicia y de responsabilidad ante los ciudadanos, que ningún órgano gubernamental debe ignorar y mucho menos el Congreso", añadió.
Las presiones instando a la Fiscalía, al gobierno y al Congreso para que actúen se manifiestan desde distintos sectores, entre ellos la familia de Couso, mientras que desde la principal fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP), se mira hacia otro lado.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el contenido de las informaciones filtradas sobre el asesinato "no ha sido confirmado" y que por ello su partido se abstendrá de pronunciarse "por el momento".
Además, planteó que la comunidad internacional debe responder de manera conjunta a las filtraciones que un pool de cinco grandes publicaciones mundiales –entre ellas el diario español El País- comenzaron a revelar el domingo 28 sobre 250.000 mensajes secretos o confidenciales entre el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos y sus embajadas.
"Los documentos pueden afectar aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internacionales", adujo.
El líder del PP José María Aznar gobernó España entre 1998 y 2004 y llevó al país a participar en la guerra de Iraq, iniciada en marzo de 2003, pese al rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la oposición política. Couso fue asesinado un mes después de la invasión.
La familia de Couso, que cubría la guerra para la privada Telecinco, señaló en rueda de prensa su indignación por constatar que tanto la Fiscalía como el gobierno "en vez de defender la soberanía nacional e investigar lo que le ocurrió, se pone al servicio de una potencia extranjera y oculta la verdad", lo que los llevará a emprender nuevas acciones legales próximamente.
Los portavoces del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), eludieron responder a las preguntas de IPS sobre el tema, remitiéndose a las efectuadas el martes 30 por Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores.
La canciller subrayó que "en España la justicia es independiente y actúa con mucha seriedad" y que por eso "es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pueda cerrarse un procedimiento judicial".
Durante el semanal pleno de control legislativo al gobierno, Zapatero y Jiménez mantuvieron este miércoles 1 el silencio y la sonrisa como respuestas a las preguntas que los periodistas le repitieron sobre el caso en los intervalos de la sesión en el Congreso de los Diputados.
Pero el revuelo en España resulta imparable desde que El País comenzó a publicar en sus ediciones digital e impresa partes referentes al caso Couso incluidas en los documentos secretos de Estados Unidos filtrados por el sitio Wikileaks en Internet.
Según esos documentos, el gobierno actual apoyó todo lo realizado por la embajada estadounidense en Madrid para evitar que prosperase la causa contra los militares que dispararon desde un tanque al hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, dirigiendo sus armas al balcón del piso 14 desde donde Couso filmaba los acontecimientos junto a otros colegas.
En uno de los documentos, enviado a la entonces secretaria de Estado, Condolezza Rice, en mayo de 2007 por el embajador estadounidense en Madrid, Eduardo Aguirre, éste le aseguró que el gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez, para que no se siguiera investigando la muerte del reportero.
Dos años antes, en octubre de 2005, el juez de la Audiencia Nacional (una especie de juzgado federal), Santiago Pedraz, dispuso mediante una orden internacional la detención de los tres soldados estadounidenses que bombardearon al hotel. La orden nunca prosperó, en especial por la negativa de Washington a acatarla pero también por la pasividad del gobierno español.
Los papeles del Departamento de Estado filtrados Wikileaks, en lo que se conoce ya como "cablegate", muestran que ministros españoles colaboraron para que no se concretaran las órdenes de detención internacional contra los militares estadounidenses, tal como lo aseguró Aguirre en un cable a sus superiores.
Entre los altos funcionarios involucrados, se cita al entonces secretario de Estado de Exteriores y actual secretario de la Presidencia, Bernardino León, y al que fue ministro de Exteriores desde 2004 hasta octubre, Miguel Ángel Moratinos.
En otro de los documentos, en un cable enviado por el embajador al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007, admitió que aunque en público los miembros de la embajada irradiaban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por el camarógrafo asesinado, luchaban "entre bastidores con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos", contra los militares estadounidenses que dispararon contra el hotel.
La también hasta octubre poderosa primera vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo en aquellos días una reunión con el embajador, a quien le dijo que el fiscal Cándido Conde-Pumpido le había informado de "la excelente cooperación de la que había disfrutado de parte de la embajada y las autoridades norteamericanas, para ayudar a concluir el caso".
A esa "excelente cooperación" se refirió este martes 30 la Fiscalía en un comunicado, donde subraya que en sus actuaciones aplica criterios estrictamente jurídicos sin admitir injerencias externas.
Pero también asegura que "mantiene una estrecha y fructífera relación de cooperación con la Fiscalía General de Estados Unidos", como con entidades similares de otros países, "fundamentalmente en el área de la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y la criminalidad organizada". Pero no aclara si consideraba a Couso incluido en ese "área de lucha".
Tras varias suspensiones del juicio y sucesivas reanudaciones, el 30 de julio de 2010 el juez español ordenó la búsqueda, captura e ingreso en prisión de los tres soldados estadounidenses implicados, pero Interpol no dio curso a las órdenes y Estados Unidos se negó a admitirlas por calificar a los hechos como un "delito militar", de su propia jurisdicción.
2 de diciembre de 2010
1 de diciembre de 2010
©ips noticias

hallan fosa de 2a guerra mundial

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La encontró en Rumania un equipo de peritos bajo ordenes de la justicia.

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Rumania. Un equipo de arqueólogos encontró en el nordeste de Rumania una fosa común con lo que se cree son los restos de más de cien judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. La información fue revelada ayer por la fiscalía federal rumana, que investiga el caso, y detalló que ya fueron desenterrados 16 esqueletos en las afueras del pueblo de Popricani, cerca de Iasi. La fosa fue encontrada gracias a las declaraciones de testigos de esa época.
Según el Instituto Elie Wiesel para la investigación del Holocausto, allí fueron asesinados más de cien judíos, sobre todo mujeres, niños y hombres mayores. Los asesinos fueron soldados rumanos, que actuaron bajo órdenes alemanas entre 1940 y 1944. Pese a la alianza con los nazis, Rumania negó durante mucho tiempo que hubiera un Holocausto en su territorio. Recién en 2004 el país aceptó el informe de una comisión internacional presidida por el Premio Nobel Elie Wiesel. Esta determinó que las autoridades civiles y militares de ese entonces fueron responsables de la muerte de entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos en territorio propio y en otros bajo administración militar rumana. El informe Wiesel también confirmó el destino de 25.000 gitanos deportados durante el Holocausto, de los cuales la mitad perdieron la vida.
Rumania declaró el 9 de octubre como Día del Holocausto, en conmemoración de la fecha en 1941 en que comenzaron las deportaciones de judíos de Bukowina, en ese entonces perteneciente a Rumania, a campos en la zona de Djnestr. Un total de 120.000 judíos fueron transportados en el verano de 1942 en los llamados trenes de la muerte a la zona de Dnjestr. Antes de la Segunda Guerra Mundial vivían en Rumania unos 800.000 judíos. Alrededor de la mitad fue asesinados por nazis rumanos, húngaros y alemanes. La mayoría de los supervivientes migró luego a Israel, por lo cual la comunidad judía en Rumania cuenta actualmente con apenas 9000 miembros.
Mientras, en Roma se anunció que el criminal de guerra nazi Michael Seifert, condenado a cadena perpetua en Italia, murió en prisión a los 86 años de edad. El detenido en la prisión militar de Santa Maria Capua Vetere, en Nápoles, había sufrido una caída hace una semana de la que nunca se recuperó. Seifert fue localizado en Canadá después de décadas de vivir allí refugiado, y fue condenado por 18 asesinatos y muchos casos de tortura en el campamento policial de Bozen, cometidos entre 1944 y 1945. El ex SS fue condenado en ausencia en 2000 y deportado por Canadá recién en 2008.
7 de noviembre de 2010
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españa vuelve a deportar

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Una delegación de cancillería viaja a España para frenar deportaciones. Ayer se conoció un nuevo caso de una argentina deportada arbitrariamente desde el aeropuerto de Barajas. Funcionarios argentinos viajarán la semana próxima a Madrid con la idea de acordar mecanismos más "flexibles" para migraciones. Urge aplicar principio de reciprocidad.

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[Pedro Lipcovich] Argentina. "No podía creer que fueran tan inflexibles", contó a este diario la última "inadmitida" argentina en España, una joven estudiante de Derecho: la chica, que se dirigía a Alemania, aprovechó las 41 horas que debió pasar en el aeropuerto de Barajas –encerrada con 15 personas en una pieza con cuatro cuchetas– para conseguir toda la documentación adicional que le requerían, pero la deportaron igual. La semana que viene, una misión técnica de la Cancillería argentina viajará a España con la esperanza de "acordar mecanismos más flexibles" en la aplicación de las normas migratorias.
Según comunicó la Cancillería, la misión viajará "conforme a lo acordado en la reunión que mantuvieron en Buenos Aires, el pasado lunes, el vicecanciller argentino Alberto D’Alotto y su par español, Juan Pablo de Laiglesia". La delegación procurará "acordar mecanismos y procedimientos más flexibles en la aplicación de las normas migratorias que aplica ese país", y estará integrada por funcionarios "del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migraciones", que (si los dejan entrar) se reunirán "con funcionarios de la Cancillería y de Extranjería española".
Entretanto, se repone en Tunuyán la más reciente inadmitida, Nadya Quiroga, de 25 años. El sábado 16 pasado había tomado el avión para visitar a una familia amiga en Alemania. Cuando, en tránsito, se hallaba en el aeropuerto de Barajas, Madrid, la policía fronteriza le impidió continuar viaje porque la carta de invitación no estaba certificada por una comisaría alemana. "En el consulado alemán me habían dicho que no hacía falta certificación", contó a este diario. La llevaron a la famosa sala de los inadmitidos: dos cuartos, con dos baños y cuatro cuchetas, donde había 15 personas en su misma situación.
Ya era domingo. "Me tomaron declaración indagatoria y después me trajeron la resolución que me negaba el ingreso." Le habían puesto una abogada de oficio, pero "lo único que hacía era firmar papeles, cumplir con la formalidad". Le anunciaron que partiría ese mismo día a medianoche.
Pero no había lugar en el avión y el regreso se postergó hasta la medianoche del lunes, día hábil: Nadya no perdió el tiempo. En la mañana de ese día, la llamaron desde el consulado argentino pero las autoridades migratorias contestaron que ella ya había sido deportada. Sin embargo, logró llamar a sus amigos de Alemania y ellos se comunicaron con familiares en Barcelona: desde allí, "hicieron un montón de trámites y consiguieron presentar la documentación esa misma mañana. Yo volví a hablar con los policías para explicarles que los requisitos ahora sí se cumplían. Creía que iban a ser mínimamente flexibles, pero no".
Trató de comunicarse con la abogada que le habían asignado, pero ella sólo les dejaba a sus asistidos una dirección de mail "y no teníamos Internet". Sus amigos de Barcelona le mandaron un mail a la abogada "pero no contestó". Insistieron y, por medio del Colegio de Abogados, consiguieron el teléfono de la defensora. "Pero ella dijo que la decisión ya estaba tomada; que esos argumentos servirían para el recurso que yo había interpuesto, pero ese recurso tardaría meses en resolverse: si el resultado era favorable, la próxima vez que viajara a Europa podría hacerlo con una carta de invitación sin certificar." Pese a tener ya todos los papeles en orden, pasada la medianoche del lunes, Nadya Quiroga fue embarcada de regreso.
"Estoy en último año de abogacía, conozco especialistas en derecho internacional. Me propongo interponer un recurso, aunque sea para recuperar los gastos del pasaje y del seguro médico que, también como requisito, tuve que contratar", anticipó Nadya desde Tunuyán.
El caso se inscribe en una serie de "inadmisiones" a ciudadanos argentinos en España. Las más recientes fueron la de María Cecilia Tonon, rechazada en Barajas pese a llegar con una beca de la Universidad Complutense en Madrid, y la de Victoria Di Salvo, mucama en un sanatorio, que había gastado "todos los ahorros" –contó– para visitar a su hija.
23 de octubre de 2010
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