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opinión

algo habrán hecho


En algunos momentos, irrumpe una ideología estúpida que se apacigua a sí misma diciéndose que en realidad las víctimas o tienen la culpa o se lo merecen.
[Eva Giberti] Desde los perpetradores originales, en libertad cuando se esperaba su inmediata detención, hasta los vecinos observadores, que también son perpetradores periféricos, la propuesta es doble: por una parte, "aquí no pasó nada malo, no se mató a nadie" y por otra "lo que pasó era algo habitual, todo el pueblo conocía esos videos, porque hay varios".
Los medios de comunicación se ocuparon de difundir los contenidos del Código Penal, y los márgenes de edad para ser víctima de un delito, así como la importancia del número de agresores cuando son "más de dos". Se trata de informaciones cotidianas: hoy sabemos, aun sin haber leído el expediente, que una muchachita de catorce años fue violada por tres sujetos y filmada mientras no podía escapar de la situación.
Que quede claro que la imposición del denominado sexo oral, la fellatio o felación de los latinos, constituye violación para quien está obligada u obligado a asumirla sin alternativa. Y sin duda se instala como una forma de tortura. De la que disfrutan quienes la ejercen como forma privilegiada del abuso de poder.
También sabemos que un corrillo de vecinos, según se dice inspirados por los familiares de los perpetradores, se organizó en defensa de estos denominados muchachos que "no habían hecho nada malo" porque la "chica", o sea la víctima, "estaba habituada a estas situaciones", más aún, por ser algo "ligerita", "rapidita". O sea, no se le escapa a nadie que la tentativa se dirige a exculpar a los muchachos de buena familia porque, en todo caso, a esa chica le pasó lo que le pasó porque "en algo andaría", o mejor "en algo andaba". Que se sintetiza en aquel famoso "algo habrán hecho" que definió el perfil cómplice de los ciudadanos y ciudadanas adheridos al terrorismo de Estado.
¿O pretenderemos suponer que el terrorismo de Estado entre nosotros se mantuvo durante diez años solamente gracias a Martínez de Hoz y merced a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad? No fue así. Entre quienes lo sostuvieron estaban aquellos que decían "algo habrán hecho" para referirse a aquellas víctimas.
Un canal sólido y sutil comunica los pensamientos, negaciones, puntos ciegos y goces en el imaginar que alguien está siendo o ha sido ferozmente victimizado por sujetos a los que se elige como representantes de la verdad y con los cuales es posible identificarse; porque son los que han hecho algo que se admira: portarse como torturadores, capaces, además, de proveer de entretenimiento a una comunidad: para eso filmaron el video, para entretenerse y entretener. Violar a una muchacha entre varios, semejante las becerradas del Medioevo y filmarla para distribuir las imágenes entre la comunidad desborda el delito del violar y lo perfecciona con el narcisismo de quienes se miraron a sí mismos aportándose el placer de un tríptico de falos compartidos.
Los comentarios propios del desconcierto popular ante un corrillo que en una ciudad enarbolaba carteles vivando a los buenos muchachos, falsamente acusados por quienes defienden a quien algo habrá hecho para que la violen, condujo a la conclusión inevitable: "¡esta sociedad está enferma!".
Lo plantearon antes de que se supiera que en Olavarría varias mujeres denunciaban a su ginecólogo por prácticas sexuales ajenas al ejercicio de su profesión, llevadas a cabo, justamente, en momentos de ese ejercicio. Otro agrupamiento portaba carteles en defensa del ginecólogo, seguramente victimizado por una coalición de mujeres confabuladas con intención de perjudicarlo. Este agrupamiento, igual que en la otra ciudad, había salido en defensa del supuesto violador.
Si lo verosímil de la historia mantuviera la fuerza probatoria de lo que se deberá probar, si bien los testimonios de las mujeres deberían alcanzar, sólo repetiría lo que innumerables mujeres han padecido en situaciones semejantes, con un agravante: el juramento hipocrático aniquilado, el principio sagrado de la medicina: "primero no dañar".
Ahora tendrían que afirmar que la sociedad está muy enferma. Y así sucesivamente. Y digo sucesivamente porque la historia de General Villegas postergó el análisis de la familia que violaba, mediante sus distintos miembros, a una niña, luego adolescente de 16 años. Víctima que –según informaciones no confirmadas– habría sido repudiada por sus conocidos por "buchona", por haber contado lo que le sucedía. Y ahora hay una familia deshecha. Debido a su denuncia. Situación conocida perfectamente por aquellas víctimas que denuncian y luego son sancionadas por quienes las rodean, y aun padecen exclusiones sociales por haber hablado de lo que no se habla.
La identificación con el agresor, con el victimario, el delincuente sexual es un hecho común, frecuente; es el efecto de posicionarse en el lugar del triunfador, del ganador, ya que asumir la posición de la víctima es penoso y humillante. Y el lugar del poder es deseable, el lugar de aquel que puede exhibirse y ser admirado como transgresor de la ley, sin ser considerado un delincuente, como lo explican los carteles que se exhiben en dos ciudades de nuestro país.
Para que se levanten esos carteles es preciso que la disfunción moral –por llamar de algún modo al fenómeno–, es decir los límites de las reflexiones éticas han sido saturados o no adquiridos. Es necesario renegar del lugar de las víctimas, despreciarlas e incorporar un saber impregnado por la violencia como valor inestimable. Cualquier violencia y, entre ellas, las que se derraman sobre las mujeres han sido privilegiadas.
Denominé perpetradores periféricos a quienes comenzaron a mostrarse y a poner al descubierto los canales que los comunican, exhibiendo aquello que piensan y los define ante los medios de comunicación, que es el primer aliado que buscaron, fracasando momentáneamente en el intento.
Aplicaron la propuesta exhibicionista de los otros perpetradores pero en gran escala, con vista al exterior. Una panorámica que demuestra que existen, porque sin que les importe la sanción social, están fanatizados por su convicción que les permite creer en la lógica de sus razonamientos. Lo interesante del fenómeno es que no aparece un ocultamiento de ese modo de pensar ni vergüenza por ser socialmente criticados.
Se comienza a reconocer el latido de lo que se suponía y deseaba superado y acabado, después del Nunca Más. No hace falta que estos pensadores periféricos aporten ideaciones políticas ni ideologías reconocibles; les alcanza con decir: "Aquí estamos y nos vamos a hacer valer. No nos importa el Código Penal, ni ningún otro código como no sea el mío que proclama a quienes yo quiero y admiro como los mejores, aunque está demostrado lo contrario. Y todos los demás (estaba claro en los diálogos con los periodistas) son imbéciles por creer que aquí hay una víctima", si se trata de la muchachita.
Alguien podría objetarme que la semejanza entre los unos, de General Villegas –no toda la población– y los otros del terrorismo de Estado –no toda la población– es demasiado elemental.
Es posible, no obstante elude el comodín de la sociedad que no sabemos si puede pensarse como enferma, pero sí capaz de gestar una mutación moral: defender y exhibir lo que hace años no había quién se atreviese a agitar públicamente. Aunque centenares lo pensaran de ese modo y procedieran, jurídicamente, absolviendo al violador.

19 de mayo de 2010
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nueva guerra civil en españa


Atacan con todo al juez estrella español, Baltasar Garzón, después de que intentara investigar las muertes de la Guerra Civil española. Un editorial de Los Angeles Times.
Durante años, los conservadores en España se erizaban toda vez que su juez más famoso, Baltasar Garzón, empujaba los límites del derecho internacional contra el ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, y contra violadores de los derechos humanos en otros países, pero eran incapaces de pararlo. Cuando el juez estrella español se interesó en las atrocidades de la Guerra Civil española, sin embargo, unieron fuerzas con sus numerosos enemigos y fueron a por él, acusándolo de abrir viejas heridas y de violar la ley de amnistía del país de 1977. La semana pasada, un juez del Tribunal Supremo decidió llevarlo a juicio, y el Consejo General del Poder Judicial votó en una sesión extraordinaria la suspensión de Garzón.
Desde el principio, la acusación contra Garzón parece motivada por venganzas personales y políticas, y la oportunidad de estas decisiones tampoco es una excepción. Antes en la semana, Garzón pidió a las autoridades españolas un permiso de siete meses para trabajar como asesor del Tribunal Penal Internacional en La Haya, presumiblemente en un intento de evitar la humillación de la suspensión. Pero el miércoles un juez instructor del Tribunal Supremo (y uno de los detractores de Garzón) ordenó repentinamente el enjuiciamiento de Garzón por prevaricación en casos relacionados con la Guerra Civil española, y la suspensión se decidió el viernes. Semejante prisa en un caso que viene resolviéndose en el poder judicial desde febrero tiene un aire de maldad: la decisión se tomó pese a que la fiscalía española todavía tenía preguntas que hacer sobre el caso. Si lo condenan, Garzón, 54, no será encarcelado, pero podría ser inhabilitado hasta por veinte años. Para todo propósito práctico, significaría el fin de su carrera en España.
Garzón es considerado héroe por muchos en la comunidad internacional de derechos humanos por su persecución de criminales y déspotas, independientemente de su color político, y por su dedicación al derecho internacional que dice que los crímenes contra la humanidad no pueden ser amnistiados ni prescribir. Pero los héroes son a menudo personajes imperfectos y Garzón no es una excepción. Su ego y su altanería, junto con sus posturas jurídicas, le ganaron enemigos. También está siendo investigado por cuestionables interceptaciones que ordenó en el marco de una investigación sobre un escándalo de corrupción que implica al partido conservador de oposición.
En el caso de la Guerra Civil española, Garzón trató de aplicar en casa los principios que había defendido en el extranjero. Trató de iniciar un proceso en nombre de los familiares de decenas de miles de españoles que murieron o desaparecieron en la guerra que terminó en la dictadura del general Francisco Franco en 1939, pese a la amnistía sobre los delitos relacionados con las muertes y desapariciones durante la guerra y después. La vehemencia con que fue rechazada la pesquisa de Garzón no es sorprendente dada la sangrienta historia del periodo, pero sí lo es la acción jurídica en su contra: una cosa es que sus superiores no estén de acuerdo con su decisión de iniciar un juicio o que determinen que se está extralimitando; pero otra muy diferente es acusarlo de violar la ley por ello. Pase lo que pase en la acusación contra Garzón, parece que España tendrá que investigar ese pasado y dar respuesta a las familias. Las divisiones políticas que marcaron ese siniestro capítulo de la historia española parecen estar todavía moviendo hilos.

17 de mayo de 2010
16 de mayo de 2010
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desmonumentar


Hay en Argentina demasiados monumentos a uno de los más sanguinarios genocidas de su historia: el general Roca. Es hora de desmontarlos.
[Osvaldo Bayer] Una vez más sostenemos que en la Historia finalmente triunfa siempre la Ética. Aunque pasen siglos. Recuerdo cuando hace años comenzamos los jueves al anochecer, junto al monumento al general Julio Argentino Roca, demostrando que, documento tras documento, los argentinos honrábamos a un genocida, a un racista y a quien había restablecido la esclavitud en la Argentina, en 1879, esclavitud a la cual nuestra increíblemente progresista Asamblea del Año XIII había eliminado adelantándose en décadas a Estados Unidos y a Brasil. Pues bien, aquella iniciación se ve culminada ahora por el primer congreso nacional del movimiento "Desmonumentar a Roca, que se llevará a cabo el sábado próximo, 22 de mayo, día del Cabildo Abierto, y el domingo 23, en la ciudad bonaerense de Junín, al cual concurrirán delegaciones de todo el país de docentes, estudiantes, trabajadores, miembros de instituciones culturales, representantes de los pueblos originarios y todos los que quieran participar. Los actos serán públicos y culminarán con música del cada vez más joven conjunto Arbolito.
Cuando comenzamos hace años aquella tarea en el monumento a Roca de la Diagonal Sur fuimos demostrando lo que sosteníamos. Sobre el calificativo de genocida, mostramos el propio discurso de Roca ante el Congreso de la Nación, al finalizar su "Campaña al Desierto": "La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida... El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero". No puede haber mejor definición del concepto oficial de genocidio que estos conceptos del propio genocida. (Frase en la cual se nota su increíble racismo acusando a los seres humanos que habitaban desde hacía siglos esas regiones de haber "inundado las fértiles llanuras". Cuando la verdad es que si alguien había inundado eran los descendientes de los conquistadores europeos que un buen día habían "descubierto América".) Respecto del racismo de Roca están todos sus discursos en los que siempre emplea los mismos términos calificándolos de "los salvajes, los bárbaros", mientras San Martín varias décadas antes siempre hablaba de "nuestros paisanos los indios". Una diferencia abismal. Sobre el clima previo que preparó la matanza de Roca se pueden consultar los diarios de la época. Basta un ejemplo. El diario La Prensa del 16/10/78: "La conquista es santa; porque el conquistador es el Bien y el conquistado el Mal. Siendo Santa la conquista de la Pampa, carguémosle a ella los gastos que demanda, ejercitando el derecho legítimo del conquistador". Racismo para obtener ganancias.
Respecto de que Roca restableció la esclavitud casi setenta años después de que ésta hubiera sido eliminada por la gloriosa Asamblea del año XII, lo demuestran los avisos publicados en los diarios de la época. Por ejemplo, el del diario El Nacional del 31-XII-78: "Entrega de indios", como título. Y como texto: "Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad de Beneficencia". Con respecto a la crueldad empleada por Avellaneda, Roca y los miembros de ese gobierno, lo dice bien esta crónica del mismo diario porteño El Nacional de esa fecha: "Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos indios se tapan la cara, otros miran resignadamente el suelo, la madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, el padre indio se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización". Esto lo hicieron los argentinos, como los españoles lo hicieron antes del glorioso Mayo de 1810. El mejor documento que nos habla de la traición de Roca y sus ayudantes del poder a esos principios de Mayo, por ejemplo, es si comparamos este estado de cosas con la declaración de Manuel Belgrano del 30 de diciembre de 1810, en su expedición al Paraguay, cuando proclamará la igualdad de derechos de los pueblos originarios, donde dice textualmente: "A consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos a sus derechos de Libertad, propiedad y seguridad, que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente a las rapiñas de los que han gobernado he venido a determinar los siguientes artículos, con que acredito que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de hierro: 1) Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. 2) Desde hoy les liberto del tributo". Y luego en los otros artículos los "habilita para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos" y les promete créditos para la compra de "instrumentos para la agricultura y para el fomento de las crías". De la Igualdad y la Libertad a la esclavitud y la muerte. La absoluta traición a los principios de Mayo. Lo mismo hará ese extraordinario libertario que se llamó Juan José Castelli al llegar al Alto Perú, para no hablar de Mariano Moreno en su defensa valiente de la igualdad de los pueblos originarios de estas tierras americanas.
Pero, claro, con Roca comenzará el dominio del latifundio, luego de que después del exterminio de los pueblos del sur se repartan 41 millones de hectáreas a 1843 terratenientes. Al presidente de la Sociedad Rural –sí, la misma que sigue hoy representando a los estancieros– se le entregarán nada menos que 2.500.000 hectáreas.
¿Y quién era él? José María Martínez de Hoz, el bisabuelo directo del Martínez de Hoz que fue ministro de Economía de la última dictadura militar, la de la desaparición de personas. Cómo el verdadero poder siempre se mantuvo en las mismas manos en nuestra historia. Ya que jamás se llevó a cabo una reforma agraria. A todos los miembros de la comisión directiva de esa Sociedad, Avellaneda-Roca les otorgó un mínimo de medio millón de hectáreas. Y ahí están los apellidos clásicos del Barrio Norte: los Pereyra Iraola, los Oromí, los Unzué, los Anchorena, Amadeo, Miguens, Real de Azúa, Leloir, Temperley, Llavallol, Arana, Casares, Señorans, Martín y Omar.
En el primer congreso de "Desmonumentando a Roca" que comenzaremos el sábado próximo en Junín sentaremos las bases para una propuesta de profundo sentido ético, terminar con el endiosamiento del genocidio y propender a que se quiten los monumentos a la persona de Roca, se reemplace su nombre a todas las calles que lo ostentan en nuestras ciudades.
Y también que la ciudad patagónica de General Roca pase a llevar el nombre que esa zona ostentaba antes del paso del genocida: Fiske Menuco.
Los argentinos jamás hicieron congresos de historiadores para hacer una autocrítica de los crímenes oficiales que se cometieron contra los pueblos que durante siglos habitaron estas generosas tierras. Al contrario, glorificaron con los nombres de los asesinos oficiales lugares públicos. Cuando propusimos a los representantes del pueblo de la Capital quitar el monumento a Roca y reemplazarlo por una obra escultórica que represente a la mujer originaria –ya que en su vientre se originó el criollo que fue el soldado de nuestros ejércitos de la Independencia–, ese proyecto fue rechazado por el macrismo, que señaló que en "historia hay que mirar hacia adelante". Ante tal argumento señalé públicamente: "Entonces, con ese criterio, Alemania tendría que tener todos los monumentos a Hitler". Más todavía, que justamente el monumento a Roca es el más grande y céntrico de nuestra ciudad, apenas a metros del Cabildo, donde se declaró nuestra Libertad y se sostuvo la igualdad de todos como principio. Además, ese monumento fue llevado a cabo por resolución de un gobierno no democrático, en la Década Infame durante el período del general Justo, elegido –como es sabido– por el llamado "fraude patriótico", término argentino que debería avergonzarnos a todos. ¿Y quién era el vicepresidente del general Justo? Nada menos que el hijo de Roca, Julio Argentino Roca (hijo), quien fue el verdadero inspirador de ese monumento a su padre.
Ese monumento es aún más injusto porque el general Roca, siendo presidente, aprobó la ley más cruel de la legislación argentina, la 4144, la llamada "Ley de Residencia", por la cual se expulsaba a todo extranjero que perturbara el orden público. Que se aplicó principalmente a obreros que promovieron el avance de la justicia social, luchando por las ocho horas de trabajo. Pero la maldad de esta ley era que se expulsaba sólo al hombre y se dejaba aquí a su mujer y a sus hijos. Eso se hacía para que las esposas les aconsejaran a sus maridos no comprometerse en las luchas obreras porque corrían el peligro de ser expulsados y ellas quedaban aquí solas, con sus hijos, ¿y cómo podrían alimentarlos? También Roca fue el primer presidente que reprimió con extrema violencia un acto obrero del 1º de marzo, en memoria de los mártires de Chicago. Fue el 1º de mayo de 1904 y allí fue muerto el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. El primer mártir del movimiento obrero argentino. De él no hay ni una callejuela en un barrio obrero. Pero el represor, Roca, tiene calles hasta en el último rincón urbano del país.
La ilustración de esta nota pertenece al libro ‘Pedagogía de la Desmemoria. Crónicas y estrategias del genocidio invisible’, de Marcelo Valko. Y es una caricatura de Roca hecha por la publicación Don Quijote del 25/10/1891, en pleno auge político del genocida. Caricatura que demuestra toda la crueldad de su persona. El reciente libro de Valko deja bien al desnudo la verdadera personalidad de Roca. Y demuestra que en el curso de la historia cómo se justificó lo injustificable que ha quedado siempre oculto por más de un siglo y medio y hoy recién comienza a debatirse. Además se traen las citas del lenguaje de los políticos notables de la época y su racismo insoportable, con expresiones como "Raza estéril", "enjambre de hienas" o "gusanos" como se calificaba a los pueblos originarios para facilitar el genocidio. Toda la línea de los pensadores "liberales positivistas" de la época. Se quería terminar con la nación mestiza para lograr la llamada "civilización europea". Y también, otros aspectos, la posición dual de la Iglesia en esa época. No deja el autor de demostrar la corrupción oficial en la que se destaca las prebendas de los dos hermanos de Roca: Rudecindo y Ataliva. Sarmiento inventó el verbo "atalivar" que suplantaba al de "cobrar la coima". En resumen, un libro fundamental para llegar a la verdad de ese pasado argentino. Y para interpretar el fracaso argentino posterior a ellos, que culminó con la dictadura de la desaparición de personas.
Por eso, por fin, una reunión nacional, los próximos sábado 22 y domingo 23 de mayo, en Junín, donde se debatirán en sucesivos encuentros todos los temas que hacen al pasado argentino que nos lleva a preguntarnos: ¿qué nos pasó a los argentinos después de esos principios de Mayo, plenos de generosidad y de la búsqueda de la Igualdad por medio de la Libertad?

16 de mayo de 2010
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españa al garete


"Los mismos jueces que admitieron reabrir los procesos cuando se trataba de sudacas lo objetan si afecta a españoles".
[Horacio Verbitsky] Hace doce años, cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el arresto en Londres de Augusto Pinochet para juzgarlo por los crímenes que el dictador chileno cometió en Chile contra ciudadanos chilenos, se intentó desacreditar al juez que abrió esos procesos de jurisdicción universal a pedido del fiscal Carlos Castresana. En la Argentina, los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa le negaron la extradición de 140 jefes militares que había pedido. Los law lords británicos concedieron la extradición de Pinochet pero el gobierno laborista de Tony Blair prefirió enviarlo a Chile. Le bastó pisar Pudahuel para dejar de fingir demencia y agitar su bastón como estoque triunfal. Quienes en España se oponían a la actividad de Garzón dijeron que ponía en peligro las relaciones con lo que allí se denomina Iberoamérica. Por el contrario, desde Colón en adelante nunca la imagen española había sido mejor en América, gracias a Garzón. No se sentían en riesgo los pueblos sino los intereses empresariales españoles en la región, que temían represalias por parte de los gobernantes que garantizaban la impunidad. Es imposible exagerar la importancia del proceso que Garzón puso en marcha, como hecho político dinamizador de las democracias sudamericanas y como acontecimiento jurídico, en las huellas de Nuremberg pero no con el respaldo los tanques de un Ejército vencedor luego de una guerra mundial, sino apenas del derecho y de la ética. La actividad de Garzón y su favorable eco popular estimuló a los jueces argentinos a declarar nulas las leyes de impunidad y a los jueces chilenos a reinterpretar la ley de amnistía de modo de procesar a los desaparecedores. Por eso la decisión del Consejo español del Poder Judicial de suspender a Garzón y someterlo a juicio acusado de hacer en su país lo mismo que antes hizo por los nuestros resulta incomprensible. La idea de que prevaricó al desconocer una ley de amnistía es un disparate jurídico. También en Sudamérica las había y en todos lados chocaban con marcos normativos de jerarquía superior, como le recordó a España el Tribunal Europeo y a la Argentina y Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los mismos jueces que admitieron reabrir los procesos cuando se trataba de sudacas lo objetan si afecta a españoles. Transmiten así un mensaje despectivo, similar al que todo el mundo le reprochaba a George W. Bush cuando decía que la ley soy yo y el que se opone es porque no entiende. Para colmo esto ocurre al mismo tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero practica la Gran De la Rúa y decide ahorrar sobre la papilla de los bebés y el salario de los empleados públicos. Ahora sí que las relaciones de España con nuestros países entran en zona de turbulencia, justo en vísperas de la cumbre de Madrid entre jefes de Estado de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea y en la quincena en que comienzan a celebrarse los bicentenarios de la independencia. El Reino de España se parece así a la peor republiqueta.

16 de mayo de 2010
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el segundo 23f


El Tejerazo por otros medios.
[Gabriel Puricelli] Munido de una sentencia judicial en lugar de una pistola y al grito de "¡Fuera Garzón!" en lugar de "¡Al suelo todo el mundo!", el franquismo irrumpe de nuevo en el centro de la escena pública española para demarcar los límites precisos de una transición a la democracia que tantas veces se pintó como modélica. Una demanda presentada nada menos que por una organización ("de fachada", hubiera adjetivado la jerga anticomunista) falangista, detonó una de las tantas bombas sin explotar que quedaron de la Guerra Civil, en el corazón mismo del Poder Judicial.
El canonizado pacto (más bien, una serie de ellos) que hizo posible la salida de la dictadura contenía una serie de cláusulas que se hicieron bien explícitas a medida que las elecciones se hacían rutina: alineamiento atlantista en materia de defensa, abandono de la república como forma de gobierno y sostenimiento continuado del culto católico, entre otras. Con ayuda de la entonces Comunidad Económica Europea, se pudo agregar a eso un razonable estado de bienestar (que no era parte del menú que ofrecía la provinciana burguesía peninsular). Y como cerrojo, la amnistía. Lo pasado, muerto y enterrado, aunque no se diga siquiera dónde.
Hubo quienes se empeñaron en correr esos límites. Como protagonista del destape, la mayoría de la sociedad española. Como animadoras de las luchas que incomodaron la siesta franquista durante 40 años, las vanguardias artísticas, aunque prematuramente se las deglutiera el aparato de las industrias culturales. Y en las diversas arenas del Estado, una generación entera de magistrados a la muerte del "Caudillo", jóvenes, y un puñado de militantes que llegarían a cargos constituyentes y electivos y permitirían que España completara los ítems de la agenda de libertades civiles del Mayo del ’68 en unos pocos años. Pero por debajo de ello, una capa geológica más plástica que fosilizada fue construyendo su herramienta electoral (el Partido Popular), perfeccionando sus logias religiosas (el Opus Dei) o inventando nuevas, más oscuras y perversamente atractivas (los Legionarios de Cristo) y un brazo judicial potente concebido como última línea de defensa. Eso es lo que se vio ayer. Un cuadro que no amenaza con retrocesos de otro orden porque ya no hay Tejeros en un poder militar hoy más democrático que otros estamentos y renacido en un atlantismo que reemplazó la vieja alma corporativa.
Garzón se transformó en un blanco porque pretendió terminar con el cautiverio de los muertos. Sin embargo, la reacción (en todo el hondo sentido del término) va dirigida a toda la pulsión secularizadora que renovó su impulso bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la cuenta del ejemplar juez de la Audiencia Nacional están las estatuas de Franco volteadas hace poco de sus pedestales, el derecho de las mujeres a elegir, la Ley de Memoria Histórica con todo y sus limitaciones. El golpe viene en el preciso momento en que el gobierno socialista retrocede en chancletas, falto de visión alternativa de la economía, frente a la crisis motorizada por la ruleta rusa financiera global. De allí la importancia de una crítica no sólo ética de la acción de los jueces plantados por el franquismo: la crítica debe ser política y dar cuenta de la necesidad que tienen los sectores democráticos españoles de dar una respuesta que complete la salida de un autoritarismo en el cual (aun habiéndolo olvidado de a ratos) están tristemente empantanados.

El autor es coordinador del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.

15 de mayo de 2010
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la infiltración franquista


El franquismo en la justicia, un poder oculto.
[Óscar Guisoni] En su libro ‘Adolfo Suárez, ambición y destino’ (Debate, 2009), el periodista Gregorio Morán cuenta cómo el franquismo residual supo atar los cabos a la muerte del dictador para evitar que el poder se le escurriera de las manos, abriendo las puertas a la llamada "transición española", un proceso considerado en su momento modélico y que a la luz de algunos acontecimientos recientes, como la cacería judicial a Baltasar Garzón, comienza a ser visto como el camino inconcluso hacia una democracia bajo control.
El general Francisco Franco murió en la cama y la dictadura, sin haber sido derrotada políticamente, siguió al día después cuando por voluntad del Caudillo el rey Juan Carlos se hizo con la suma del poder público. El régimen estaba descompuesto por dentro y por fuera, por lo que el rey no tardó en anunciar que renunciaba a sus derechos políticos, provocando la dimisión del ultraderechista Carlos Arias Navarro como primer ministro y nombrando sucesor a Adolfo Suárez en julio de 1976, siete meses después de la muerte del dictador. Suárez abrió conversaciones con los partidos políticos, convocó a unas elecciones que ganó el 15 de junio de 1977 y recién en diciembre de 1978 se pudo aprobar una Constitución consensuada que aún hoy rige los destinos del reino.
El 15 de octubre de 1977, antes de que los españoles contaran con una Constitución, se proclamó una ley de amnistía para los delitos políticos que al mismo tiempo que abrió la puerta para que regresaran del exilio notorios militantes republicanos que se encontraban procesados por el franquismo, dejó bajo el manto de la impunidad a los asesinos del régimen, que jamás fueron juzgados por los asesinatos, fusilamientos y desapariciones de personas que se produjeron durante los largos años que duró la dictadura, que comenzó al finalizar la Guerra Civil en 1939.
En ‘La sombra de Franco en la transición’ (Ed. Oberón, 2004), el periodista Alfredo Grimaldos cuenta cómo sobrevivieron en el interior de los aparatos de seguridad del Estado los viejos represores del régimen, que perpetraron una gran cantidad de atentados y asesinatos políticos durante los primeros años de la democracia, condicionando de ese modo a los partidos de izquierda para que aceptaran a regañadientes la supervivencia de las relaciones de poder que se habían consolidado durante la dictadura. El Partido Comunista, dirigido en ese entonces por el histórico Santiago Carrillo, llegó a aceptar la monarquía como régimen de gobierno y el Partido Socialista, conducido por Felipe González, abandonó el marxismo y se adecuó de buen grado a una reforma política que consolidó el bipartidismo. Ninguno de ellos cuestionó la amnistía ni promovió investigaciones para aclarar los crímenes franquistas.
El Poder Judicial tampoco fue tocado por la incipiente democracia. La prueba está en que algunos integrantes del actual Tribunal Supremo juraron fidelidad al caudillo Francisco Franco, razón por la cual los familiares de las víctimas presentaron recusaciones contra ellos para que se inhibieran de formar parte del proceso a Baltasar Garzón. De más está decir que esa recusaciones cayeron en saco roto.
Así las cosas, hubo que esperar hasta 2004, cuando llegó al poder el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un represaliado republicano, para que se aprobara una tímida Ley de la Memoria Histórica con el objeto de reivindicar la memoria de las víctimas y de promover la exhumación de los miles de cadáveres que aún yacen en las cientos de fosas comunes que se encuentran repartidas a lo largo de todo el territorio español. Fue esa ley, salvajemente atacada por la derecha política –el Partido Popular es heredero de Alianza Nacional, el partido armado por el franquista Manuel Fraga Iribarne al finalizar la dictadura– la que permitió sacar a la luz la cruda realidad: más de 100 mil personas fueron fusiladas y asesinadas sin que se sepa dónde se encuentran sus restos y miles de familias esperan todavía sepultar a sus abuelos con dignidad y que se les restablezca el honor mancillado por el régimen. Fue basándose en esta ley y en el principio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, tal como sostienen los tratados internacionales que España ha firmado, que Baltasar Garzón inició el proceso –más simbólico que real– a la dictadura, considerando que la ley de amnistía es preconstitucional y por lo tanto no tiene validez. Y fue por esa osadía que el juez acabó donde acabó, demostrando a la propia sociedad española y al resto del mundo que el franquismo no ha muerto, que sus herederos aún gozan de mucho poder y que la democracia española tiene una gran deuda pendiente con las víctimas, una herida que a partir de ayer se ha vuelto aún más profunda y dolorosa.

15 de mayo de 2010
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vendetta contra garzón


Amnistía de 1977 violó principios fundamentales del derecho internacional y puede ser considerada inválida.
[Martín Granovsky] Cuando Daniel Rafecas le dijo que "en un día muy difícil para el juez, la Argentina está con usted", Baltasar Garzón le contestó: "No sigas por ahí que me voy a emocionar". Rafecas es el juez federal argentino que lleva la megacausa por violaciones a los derechos humanos en el área del Primer Cuerpo de Ejército, con sede en Buenos Aires y radio extendido al conurbano.
El diálogo se produjo anoche, en Madrid. Garzón podría afrontar hoy la decisión del Consejo General del Poder Judicial, que decidiría si lo suspende. El juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, abrió un juicio oral a tono con organizaciones falangistas. Varela incluso se adelantó al pedido del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que quiso contratar a Garzón como asesor suyo para salvarlo de la humillación en España. Moreno Ocampo fue fiscal adjunto de Julio Strassera en el Juicio a las Juntas de 1985.
Según la crónica del diario El País, Fausto Canales, el hijo de un fusilado por el dictador Francisco Franco, dijo anoche que "lo que está pasando es una vendetta, algo anómalo, aberrante".
El apoyo al juez se tradujo en manifestaciones sindicales con la participación de artistas, pero la catástrofe griega y la economía española en crisis se convirtieron en circunstancias aliadas de los enemigos de Garzón que responden al Partido Popular de Mariano Rajoy.
Tampoco el Congreso llegó a aprobar una propuesta de modificar la Ley de Amnistía de 1977 presentada por el grupo parlamentario que integran Esquerra Republica, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verts.
"La Ley de Amnistía fue aprobada fundamentalmente para amnistiar a quienes, hasta el momento de su aprobación, habían sido o podían ser condenados por la aplicación de las propias leyes de la dictadura", dice el texto. "Esta ley buscó la amnistía para las conductas seguidas por quienes, vulnerando la legalidad franquista, habían luchado por el fin del régimen totalitario y la instauración en España de la libertad y la democracia", agrega.
El proyecto recuerda que antes de la Amnistía, España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El artículo 15 del Pacto establece que las leyes penales pueden ser retroactivas, o sea juzgar hechos cometidos antes de su promulgación, ante delitos que "en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional".
La propuesta de los parlamentarios de la izquierda española apunta a introducir de modo tajante en la Ley de Amnistía que no regirá en caso de comprobarse delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad como exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura o desaparición forzada.
El argentino Leandro Despouy es relator de la ONU sobre temas vinculados con la independencia de los jueces. Contesta consultas y realiza informes periódicos. Página/12 pudo saber que uno de los documentos que produjo Despouy cuatro años atrás es utilizado estos días en España por la Justicia y el gobierno para analizar el caso Garzón. Recordó Despouy en 2006 que la amnistía general de 1977 soslayó los principios de justicia y verdad. Luego de reconocer "los logros notorios del proceso conocido como transición", Despouy decía que no le resultaba extraño que a más de treinta años de la muerte de Francisco Franco, en 1975, muchos españoles reclamasen conocer aspectos del pasado. "Las reivindicaciones se centran en conocer la suerte corrida por miles de personas desaparecidas y restablecer el honor de quienes fueron ajusticiados por tribunales de excepción mediante procesos sumarísimos y privados de las más elementales garan- tías", detallaba el relator.
Según Despouy, la verdad es a la vez el primer requisito para determinar responsabilidades penales y un primer paso hacia la reparación de la víctima.
Garzón habló anoche en Madrid durante un acto de homenaje a las víctimas judías de la dictadura argentina. Antes, su abogado había presentado un recurso contra Varela porque éste habría impedido a Garzón la presentación de pruebas y de testigos, entre ellos la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, actual embajadora suiza en la Argentina, y el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.
Hoy se sabrá si la vendetta ganó.

14 de mayo de 2010
©página 12 
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hay que parar a arizona


Se está gestando una guerra sobre la nueva ley de Arizona que convierte a los latinos en ese estado, incluyendo a inmigrantes legales y ciudadanos, en sospechosos. Y no es solamente una lucha local. El veneno se está extendiendo: en Texas se está hablando de aprobar una versión adaptada de la ley de Arizona. Editorial de NYT.
El presidente Obama ha calificado de "mal orientada" la ley y prometió mantenerse alerta. Pero cuando la segregación racial encuentra un punto de apoyo en alguno de los cincuenta estados, el presidente tiene que hacer algo más que ofrecer críticas mesuradas. Debería actuar. Aquí sigue un listado de las cosas más urgentes:

Defender los Derechos Civiles
El ministerio de Justicia debe acudir a tribunales para rechazar enérgicamente esta ley. La ley exige que agentes de policía detengan e interroguen a cualquiera que parezca inmigrante ilegal. La gobernadora Jan Brewer promulgó la ley, pero dice no saber cómo se ve un inmigrante ilegal, dejando la tarea a otros que piensan que lo saben.
El ministerio de Justicia sabe a qué tipo de abusos invita esta formulación. Ya se están investigando al sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, que allana vecindarios hispanos en Phoenix y alrededores. Sus alguaciles exigen los documentos de identidad de la gente basándose en las camisas y botas que llevan.
La ley federal exige que los no-ciudadanos porten documentos, pero no autoriza a los agentes de policía a parar a cualquiera y exigir los papeles. El intento de Arizona de eludir el escollo definiendo el acto de estar sin documentos en su territorio como un delito, es repulsivo.

Obstaculizar a Arizona
El plan de Arizona dependerá de las bases de datos federales para determinar la situación de inmigración. También necesitará la cooperación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que acepte a los detenidos. El ICE dice que su prioridad son los delincuentes peligrosos y fugitivos, no las familias y trabajadores pacíficos, que son abrumadoramente los blancos de la nueva ley. El ICE debería negar datos, cooperación y escasos recursos a las autoridades de Arizona.

Revocar la Política de Inmigración
La Corte Suprema ha fallado consistentemente que los estados no pueden hacer sus propias leyes de inmigración. La debacle en Arizona le brinda al gobierno de Obama otra posibilidad de dejar en claro que la política de inmigración del país no puede dejarse en manos de accidentados retales de las leyes locales y estaduales.
Cuando era candidato presidencial, Obama alabó la decisión de una corte federal de anular una ley en Hazleton, Pensilvania, que convertía en delito la contratación de inmigrantes ilegales o el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados. Para empezar a ejercer con energía el determinante papel federal en la inmigración, el gobierno debería rescindir el memorando secreto de 2002, escrito por el fiscal general del presidente George W. Bush, John Ashcroft, que declaró que las policías local y estadual tenían "autoridad inherente" para detener a inmigrantes ilegales. Deberían haber empezado hace mucho tiempo. También se debería considerar otra implacable ley de Arizona, ahora en la Corte Suprema, que revoca los permisos comerciales de empleadores que utilizan a sabiendas a inmigrantes ilegales.
Las acciones del gobierno en otros lugares han enviado el mensaje equivocado. Janet Napolitano vetó una vez los proyectos de ley extremistas sobre la implementación de la ley cuando era gobernadora de Arizona, pero ahora como secretaria de seguridad interior defiende el uso de las policías locales y estaduales como "multiplicadores de la fuerza". Napolitano debe terminar con experimentos peligrosos como el programa 287(g) y Comunidades Seguras, que dejan labores federales vitales en manos de alguaciles locales sin preparación y sin supervisión, permitiendo abiertamente el uso de criterios raciales y socavando la vigilancia comunitaria y seguridad pública.
Estas medidas no vienen en lugar de una reforma de la inmigración, cuyo futuro parece bastante turbio después de que Obama empezara esta semana a retroceder cautelosamente. Pero el gobierno federal debe rechazar agresivamente la ley de Arizona. ¿Todavía creemos en dar la bienvenida a los inmigrantes y ayudarles a asimilarse? Arizona ha propuesto una respuesta. Es hora de que Obama dé la otra.

3 de mayo de 2010
29 de abril de 2010
©new york times
cc traducción mQh
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