arizona
3 de mayo de 2010
Arizona aprobó una ley de inmigración que parece sacada de la Alemania nazi
[Santiago O’Donnell] Arizona, lo dice su nombre, es una zona. Zona árida, pero zona al fin. No llega a ser un lugar. A mitad de camino entre Texas y California, parte hippie, parte cowboy. Tiene una megalópolis como Phoneix (5,5 millones de habitantes) que es un monumento al modernismo, y una capital como Tucson (un millón) que es un ícono del Far West. Arizona es grande como la Patagonia, pero el noventa por ciento de su población se concentra en sus dos grandes ciudades. Ahí se ubican dos universidades estatales de buen nivel y legendarios logros deportivos como los ‘Gatos Salvajes’ de Arizona y los ‘Demonios del Sol’ de Arizona State. También un diario ‘liberal’ de lo más respetados e influyentes del oeste norteamericano como el Phoenix Sun. No hay mucho más. Aquí y allá una población de 280 mil indígenas, casi todos muy pobres. Al oeste una perla de pueblos, ciudades y emprendimientos agrícolas sobre la cuenca del río Colorado. Al este y al norte minas de cobre y el Gran Cañón. Al sur, el desierto de Sonora y más de mil kilómetros de frontera seca con México. Aquí y allá 280 mil aborígenes nativos, casi todos pobres y marginados. Todo eso en medio de grandes extensiones de planicies polvorientas y deshabitadas.
Arizona no es ni grande ni chica ni importante ni marginal. Arizona no tiene canción. Es una gran autopista, un gran laboratorio. Zona árida como dice su nombre, de tierra mezquina y tránsito fatigoso.
Los políticos de Arizona son tan híbridos como el distrito que representan. Demócratas conservadores como Janet Napolitano o republicanos liberales como John McCain, políticos que reflejan la ambivalencia de sus votantes. Arizona es, junto a Ohio y Florida, uno de los llamados ‘swing states’, los que suelen decidir las presidenciales porque su voto oscila entre demócrata y republicano. Arizona es un buen lugar para medir el humor social de Estados Unidos.
Bueno, esta semana el termómetro se rompió. Estalló en pedazos cuando el Congreso de este estado insulso aprobó una ley antiinmigrante que parece escrita para la Alemania nazi o la Sudáfrica del apartheid.
La ley permite que cualquier persona pueda ser revisada si un policía sospecha que se trata de un inmigrante ilegal, y convierte en crimen la no portación de documentos de identidad. Como en Arizona casi todos los inmigrantes ilegales son morochos y vienen de México, la ley prácticamente le ordena a la policía detener gente por portación de cara. O por "respirar siendo de ascendencia mexicana", como describió un político local.
La ley desató un escándalo nacional e internacional. Juristas respetados denunciaron su manifiesta inconstitucionalidad en los diarios más importantes del mundo. Tras recibir quejas de las cancillerías de México y de los países de Centroamérica, Obama salió a decir que la ley le parecía un error. "Una persona puede ser estadounidense de tercera generación y no poder salir de su casa tranquila porque podría ser detenida por tener rasgos latinos. No me parece bien", declaró. Napolitano, secretaria de Seguridad del gobierno, dijo que la ley promovía la inseguridad. "Nos obliga a las agencias federales a procesar a los detenidos por la ley estatal, y eso nos quita recursos para perseguir a los inmigrantes peligrosos", argumentó.
La extrema derecha con Sarah Palin a la cabeza no dejó pasar la oportunidad. Además de defender la ley racista con giros patrioteros, la ex gobernadora de Alaska acusó a los grandes medios ("the lamestream media") de descalificar la iniciativa no por inconstitucional sino por ideología.
Subidos a la ola de publicidad, media docena de legisladores ultraconservadores propusieron leyes similares en sus respectivos estados, aun sabiendo que no tienen chance. En cambio, los líderes del Partido Republicano eludieron el tema, conscientes de que su base política está a favor, pero también que los hispanos representan el sector de mayor crecimiento demográfico en el país.
La reacción del sector progre del Partido Demócrata no se hizo esperar. Un legislador nacional hispano por Arizona llamó a un boicot de convenciones en ese estado, cuya industria turística ya venía golpeada por la recesión. La ciudad de San Francisco adhirió rápidamente a la propuesta y una sociedad de abogados hispanos anunció que cancelaba su reunión anual en Tucson. Ayer hubo grandes manifestaciones de repudio a la ley en todo Estados Unidos (foto) y algunas pequeñas contramanifestaciones en el sur de apoyo a la ley y a la decisión de la gobernadora de no vetarla.
La ley aún no ha sido implementada y está por verse si supera el control constitucional de la Corte Suprema ante un desafío legal del gobierno federal como el que prometió el fiscal general Eric Holder. Tampoco está claro el criterio que seguirá la policía en caso de implementarse, ya que en Arizona uno de cada tres de sus habitantes tiene ascendencia hispana.
Pero el pasaje de semejante ley en un estado como es Arizona no deja de ser una señal. ¿Cómo puede ser que los representantes de un estado tan moderado hayan votado una ley tan picante en contra de los inmigrantes?
Como suele suceder en estos casos de patente intolerancia, el detonante fue un caso policial. El brutal asesinato de un granjero y la huida de los asesinos a través de la frontera. Al mejor estilo Blumberg, la ola de indignación empujó el pasaje de la ley de mano dura. Detrás había un coctel nefasto de recesión, inseguridad, racismo y política. A la crisis económica con desocupación record que no termina de resolverse hay que sumarle la ola de violencia desatada por los narcos en México, que empieza a cruzar la frontera. A lo que hay que agregarle la discriminación histórica que sufren los latinos en Estados Unidos, exacerbada por la presencia de un negro en la Casa Blanca. Todo eso al calor de una campaña electoral. Resulta que tanto la gobernadora Jan Bewer como el senador McCain enfrentan rivales de extrema derecha en la primaria republicana. Esos rivales que no tendrían chances en la general por su prédica extremista, pero juntan apoyo entre los republicanos como para correr por derecha a las principales figuras del partido. Por eso, para no mostrarse como blandos en un tramo decisivo de la campaña, Brewer firmó la ley después de mucho dudar, y McCain le dio un tibio apoyo, pero apoyo al fin.
¿Cómo sigue esto? Imposible saberlo, pero es probable que la decisión de Arizona acelere el proyecto de ley de reforma migratoria que impulsa Obama, hasta ahora sin mucho apuro. La idea es legalizar a los doce millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos, a cambio de más recursos y penas más duras para vigilar la frontera y castigar a patrones que contraten a indocumentados. Esa es la misma fórmula que se viene repitiendo desde hace un siglo. La última reforma exitosa fue la de Reagan en 1986 y Bush hijo fracasó hace dos años con un proyecto consensuado con Ted Kennedy. Si se aprueba, la nueva ley será fruto de un consenso tan amplio y trabajoso que Arizona no tendrá otro remedio que adaptarse.
El problema pasa por otro lado. Estados Unidos adoptó hace dos meses la decisión estratégica de tratar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones no ya criminales sino directamente terroristas. Esa decisión se tradujo en el envío a México de expertos estadounidenses en contrainsurgencia para entrenar a las fuerzas de seguridad locales. Nadie puede negar que los narcos mexicanos han cometido crímenes atroces contra civiles que bien pueden catalogarse de terrorismo. Ni que el gobierno mexicano fracasó en la guerra antidrogas ni que ese fracaso representa la amenaza para la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Pero al mezclarse con el tema migratorio, el enfoque antiterrorista de la Casa Blanca coloca a toda la población latina en estado de sospecha. Ya le pasó a la comunidad islámica después del 911, con las razzias ordenadas por el gobierno de Bush. Ya les pasó a los estadounidenses descendientes de japoneses que fueron internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, al menos en una zona de Estados Unidos, hasta que no se demuestre lo contrario, el terrorista sos vos.
©página 12 
[Sonia Tessa] Después de una larga pelea que por momentos pareció imposible de ganar, ayer se derogaron los tres artículos del Código de Faltas provincial que penalizaban la prostitución callejera y el travestismo. Esta norma brindaba a la policía herramientas para extorsionar a las trabajadoras sexuales. Demasiada agua pasó debajo del puente desde que la dirigente de Ammar Rosario, Sandra Cabrera salió a pelear por esta conquista, en 2002. El asesinato de la sindicalista, el 27 de enero de 2003, obligó a su comadre, Claudia Lucero, a recoger el guante y seguir la pelea. Ayer a la tarde, la secretaria general de Ammar todavía no podía creer que se hubiera logrado.
[Linda Greenhouse] El reciente fallo de la Corte Suprema, de que los abogados tienen el deber de advertir a sus clientes que sean residentes sin ciudadanía sobre las consecuencias potencialmente desastrosas de declararse culpables de un cargo criminal parecía tan sensible, que me dejó pensando por qué una pregunta con una respuesta tan obvia tenía que ser debatida por la Corte Suprema, en primer lugar. Ciertamente, si la protección de la Sexta Enmienda, que garantiza la asistencia efectiva de asesoría jurídica, quiere decir algo, lo que quiere decir es que los abogados deben advertir a sus clientes que el reconocimiento de culpa, incluso por faltas menores, le puede significar a un residente sin ciudadanía un rápido boleto de ida hacia lo que la ley de inmigración llama delicadamente "procedimientos de repatriación".
[Martín Granovsky] No estaba yo exiliado pero el 31 de diciembre de 1982, de paso por Madrid, festejé la Nochevieja con un grupo de exiliados. Comimos, bebimos (bastante) y cantamos. Terminamos con el repertorio completo de las canciones de la Guerra Civil Española. No perdonamos ninguna. Ni ésa de "El Ejército del Ebro/ rumba la rumba la rumbambá" ni la de "No se rinde un gallo rojo, más que cuando está ya muerto". Durante dos horas la gente que estaba en el restaurante nos escuchó con paciencia y, me parece, sin familiaridad, como si fuésemos turistas islandeses que gracias al vino en sangre recordáramos temas infantiles. Hasta que un viejo se acercó a la mesa y nos hizo callar: "En España ya hemos sufrido mucho".
[Atilio A. Boron] Muchísima gente, y no pocos teóricos, sostienen que la Internet es por excelencia el ámbito de la libertad de nuestro tiempo. Un ámbito, dicen, liberrísimo, en donde las antiguas restricciones que el papel impreso imponía a la producción y circulación de las ideas han quedado definitivamente superadas. Basta con leer algunos pasajes del libro de Hardt y Negri, ‘Imperio’, o los tres tomos de Manuel Castells, ‘La Edad de la Información: Economía, Sociedad y Cultura’, para apreciar los alcances de este nuevo dogma. Dicen los primeros, en un pasaje memorable –y no precisamente por lo acertado– de su obra, que "la red democrática es un modelo completamente horizontal y desterritorializado. Internet es el principal ejemplo de esta estructura democrática en red... Un número indeterminado y potencialmente ilimitado de nodos interconectados que se comunican entre sí sin que haya un punto central de control... Este modelo democrático es lo que Deleuze y Guattari llamaron un rizoma, una estructura en red no jerárquica y sin un centro" (pp. 277-278).
[Roberto Bergalli] Si ha tenido que ser en Argentina donde se presente la primera querella por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en aplicación del principio de jurisdicción universal y no haya podido prosperar una demanda semejante en la propia España, ello merece una explicación. Tal esclarecimiento requiere transitar por las dos vertientes con las cuales ha discurrido el proceso que motiva la querella promovida por Carlos Slepoy y que ejercitan dos descendientes de represaliados por el régimen de barbarie que implantó el franquismo alzado en armas frente al legítimo gobierno de la Segunda República, hace hoy setenta y cuatro años.
El diario Financial Times critica hoy en un editorial el procesamiento de Baltasar Garzón, que califica en el título de "ataque no merecido" contra el magistrado español.
[Mario Wainfeld] Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas "psicópatas antisociales", "segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad". Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron "resocializados" en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.