necesidad de la prisión perpetua
La autora es integrante del equipo jurídico de H.I.J.O.S. Rosario. 12 de abril de 2010
La única condena aceptable para los represores es la prisión perpetua.
[Ana Oberlin] ¿Por qué no cabe otra condena que la prisión perpetua para los cinco represores juzgados en el primer juicio oral de Rosario por crímenes de la última dictadura militar?
Desde el 31 de agosto del año pasado transcurrió en Rosario el primer juicio oral a represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El jueves 15 al mediodía llegará a su fin cuando sea leído el veredicto de los jueces del Tribunal Oral Número 1 Otmar Paulucci, Beatriz Caballero y Jorge Venegas Echagüe.
Numerosos testigos participaron de este juicio aportando, con una valentía que nos llena de orgullo y nos emociona, su testimonio. Estos relatos le mostraron al tribunal y a los rosarinos la crudeza de los hechos que se están juzgando y las terribles consecuencias que tuvieron en la vida de todas las víctimas, quiénes a pesar de que pasaron 32 años pudieron reconstruir el calvario que vivieron durante su paso por los cinco centros clandestinos de detención investigados -los que fueron reconocidos judicialmente durante el proceso penal o en la búsqueda desesperada de sus seres queridos que fueron desaparecidos.
Además, incontables documentos provenientes de las más diversas fuentes -los más destacados sin dudas fueron los de las agencias de inteligencia mexicana, paraguaya y del Departamento de Estado Norteamericano, que probaron la existencia de lo que se llamó la Operación México, y los provenientes de la Conadep se sumaron al marco probatorio que tuvo una característica principal: coincidir exactamente como si se tratara de un rompecabezas cuyas piezas se ensamblan a la perfección.
A esto se sumaron elementos que diferenciaron este proceso de otros: uno de los imputados rompió el pacto de silencio que une a los represores desde hace más de 30 años y dio detalles de lo que fue el accionar represivo en una de las zonas más importantes del país. Eduardo Costanzo, ex personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, dio detalles escalofriantes de su actuación y de la de sus compañeros de "la patota" que tuvieron cómo consecuencia, entre muchas otras, los 16 homicidios y las 29 privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que se juzgaron. Y otro represor, Gustavo Bueno, también confesó cómo "operaron" los integrantes de este grupo de tareas que integró la maquinaria genocida puesta en marcha por la dictadura para aniquilar opositores e imponer un modelo económico en favor de los grandes capitales nacionales e internacionales, en perjuicio de las mayorías y los trabajadores argentinos.
Entre los delitos probados en este juicio están los secuestros, las torturas y los asesinatos de Eduardo Toniolli y Fernando Dussex, que estuvieron privados de su libertad en la Calamita, la Quinta de Funes, la Intermedia y la Magnasco, cuatro centros clandestinos que tuvieron como característica central el sometimiento a las condiciones más terribles e inimaginables a víctimas indefensas. En los tres últimos ccds mencionados, también estuvo prisionera Raquel Negro, quien pese a haber estado embarazada de casi siete meses de mellizos, padeció las más horribles vejaciones. Entre estos delitos, además, están incluidos la privación ilegítima de la libertad y los tormentos que sufrió Olga Regina Moyano mientras estuvo cautiva en el quinto centro clandestino de detención investigado en esta causa: la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Olga prestó uno de los testimonios más conmovedores que escucharon los jueces y fue la víctima sobreviviente de este juicio que más tiempo vivió en el infierno que montaron Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Costanzo, entre otros represores.
El resultado de estos meses fue impactante: el estado sólo jurídico de inocencia del que gozaban los imputados, previsto cómo una garantía en nuestro estado de derecho, fue aplastado por la fuerza y la contundencia de la verdad, transparentada en la prueba producida. No quedan dudas de que Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Costanzo, merecen que se les aplique la máxima pena establecida en nuestro código penal, la prisión perpetua. Tampoco hay margen para que los jueces permitan que esta prisión no sea efectiva y deberán pasarla en una cárcel común, cómo cualquier persona que es condenada por delitos de tanta gravedad en nuestro país.
Por lo abrumadora que fue la prueba en este juicio, estamos seguros de que está vez va a haber tenido sentido que los testigos hayan expuesto su dolor y transitado otra vez los espantos que fueron obligados a vivir. Estamos seguros de que a partir del jueves vamos a volver a creer en la Justicia, que tantas veces le garantizó impunidad a los represores y nos obligó a tener que verlos caminando libres por ahí como cualquiera de nosotros. También esta primera condena nos va a demostrar que esta pelea, que dimos junto a muchos otros, tuvo y tiene sentido.
Y esta vez, al fin la prisión nos va a gustar. Sin dudas.
©rosario 12 
El más conocido juez instructor de España, Baltasar Garzón, está siendo procesado en un caso motivado políticamente que los tribunales no debieron haber aceptado.
[Pablo Parenti] Cada aniversario del golpe militar de 1976 es una ocasión propicia para discutir acerca de la memoria y la justicia. El pasado 24 de marzo no fue una excepción; hemos podido escuchar distintas voces que se refirieron a los avances y a las dificultades en materia de juzgamiento de los gravísimos crímenes de Estado cometidos en la década de 1970. Algunas de estas opiniones se refieren a una especie de reparto de culpas entre los diversos poderes del Estado por la falta de avance de muchas de las causas judiciales. Para quienes desempeñamos funciones vinculadas al trámite de los procesos judiciales abiertos, no puede dejar de sorprender cómo algunas voces calificadas tratan con excesiva benevolencia la actuación de la administración de Justicia, sin hacer las distinciones necesarias. Entre estas voces se encuentra la de quien fue el fiscal ante la Cámara Federal que juzgó a los integrantes de las tres primeras juntas militares, Julio César Strassera, y la de uno de los jueces de aquella Cámara, Ricardo Gil Lavedra. Aunque con diferentes tonos (creo que Gil Lavedra habla con mayor respeto por el proceso actual de juzgamiento), ambos parecen coincidir en que la principal responsabilidad por la lentitud de muchos procesos corresponde al gobierno, dado que no habría proporcionado las herramientas legales necesarias para que la Justicia pudiera actuar con celeridad. Una posición similar adoptó hace un tiempo uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Carlos Fayt.
Cuatro y medio años después de que el gobierno de Bush fuera sorprendido espiando a ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial, un juez federal en San Francisco ratificó la conclusión a la que llegaron hace tiempo muchos otros estadounidenses: que el gobierno se excedió en su autoridad legal en la guerra contra el terrorismo. Pero el fallo del juez de distrito Vaughn R. Walker hace mucho más que eso. También recuerda al gobierno de Obama, que a menudo replica posiciones de la era de Bush en cuestiones de seguridad nacional, que el ‘privilegio del secreto de estado’ puede cubrir una multitud de abusos.
[Horacio Verbitsky] La declaración del camarista mendocino Otilio Romano de que se siente amenazado por los organismos de derechos humanos, que lo habrían presionado con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales, invierte la secuencia real de los hechos. Fue Romano, y su compañero en la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret, quien intentó negociar su posición en una causa que interesaba al Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de que no prosperara el juicio político en su contra por complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La misma táctica había seguido la jueza María José Sarmiento, cuando atribuyó a represalias oficiales por su fallo sobre las reservas del Banco Central la orden de detención de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento. La denuncia de los organismos de derechos humanos contra Romano fue presentada al Consejo de la Magistratura el 22 de diciembre de 2009, último día hábil de ese organismo en el año, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la ley de medios ingresó a la cámara mendocina una semana después, el 28 de diciembre, lo cual derrumba sin apelaciones la insólita pretensión del juez.
[Osvaldo Bayer] Regreso a las tierras que a uno lo vieron nacer. De allí al primer acto de nuestra realidad: en la ESMA, presentación del libro ‘Historia del Terrorismo de Estado en la Argentina’. La inesperada fantasía de la realidad. La historia de toda la crueldad presentada en el antro de la máxima y cobarde ignominia de nuestra historia. Que cometieron las denominadas Fuerzas Armadas. En este caso la marina de guerra, de uniforme azul, camisa blanca y manchas de sangre que nunca podrán borrar. Massera, Astiz y algunos apodados "tigres", sí, tigres que atacaron a Madres que llevaban como única arma pañuelos blancos en sus cabezas. La ESMA, un antro de perversión absoluta, donde se pisoteó la nobleza humana en todas sus ideas y generosidades. Antes de preguntar "¿Qué nos pasó a los argentinos desde aquellos generosos llamados del 25 de Mayo de 1810?", me paseo por esos patios. Auschwitz, ESMA. Pienso en esas tres primeras Madres: Azucena, Mary y Esther, tiradas en el suelo durante el invierno, en un calabozo para una sola persona, sin mantas para cubrirse. Y, después, llevadas a un avión de la "gloriosa" marina de guerra argentina y arrojadas con vida al mar. La máxima hazaña de nuestros marinos en su historia contemporánea.
California es un pésimo lugar para pasar hambre. Mientras que la demanda de cupones de alimentos está aumentando en todo el país, la gente que tiene derecho al programa es la que menos probablemente recibirá la ayuda que en cualquier otro estado, excepto Wyoming. El porcentaje de niños de hogares de bajos ingresos que toman desayuno gratuitamente en la escuela es también más bajo que el promedio nacional.
[Santiago O’Donnell] Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. "Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras" desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.