deportación no es la única salida
25 de abril de 2010
Sobre la Corte Suprema y la ley.
[Linda Greenhouse] El reciente fallo de la Corte Suprema, de que los abogados tienen el deber de advertir a sus clientes que sean residentes sin ciudadanía sobre las consecuencias potencialmente desastrosas de declararse culpables de un cargo criminal parecía tan sensible, que me dejó pensando por qué una pregunta con una respuesta tan obvia tenía que ser debatida por la Corte Suprema, en primer lugar. Ciertamente, si la protección de la Sexta Enmienda, que garantiza la asistencia efectiva de asesoría jurídica, quiere decir algo, lo que quiere decir es que los abogados deben advertir a sus clientes que el reconocimiento de culpa, incluso por faltas menores, le puede significar a un residente sin ciudadanía un rápido boleto de ida hacia lo que la ley de inmigración llama delicadamente "procedimientos de repatriación".
Antes de que alguien objete que esos individuos no tienen derecho a estar en el país en primer lugar, debo dejar en claro que el severo régimen legal contra los inmigrantes se aplica no solamente a los extranjeros sin documentos, sino también a los residentes legales permanentes. José Padilla, el solicitante nacido en Honduras, ha vivido en Estados Unidos durante los últimos cuarenta años y ha servido con honor en las fuerzas armadas en la guerra en Vietnam. (Este no es el mismo José Padilla, el ciudadano estadounidense al que el gobierno de Bush retuvo en el calabozo de una nave como enemigo combatiente durante más de tres años antes de que fuera condenado, en una corte federal, por cargos de conspiración para cometer actos terroristas).
Es verdad que Padilla tampoco es un santo. Fue detenido en Kentucky conduciendo un remolque cargado con más de 450 kilos de marihuana. Claramente, tanto la admisión de culpabilidad como una condena después de un juicio terminarían en una sentencia a pena de prisión. Pero cuando Padilla preguntó a su abogado qué implicaría la admisión de culpa para su condición de inmigrante, la respuesta fue que "no tenía que preocuparse sobre su condición de inmigrante porque vivía hace mucho tiempo en el país". Mal consejo. Se declaró culpable, cumplió la sentencia negociada de cinco años, y ahora está amenazado con deportación como extranjero ilegal.
Pese a ganar su invocación de la Sexta Enmienda, Padilla podría terminar deportado; la decisión de 7 contra 2 en el caso Padilla vs. Kentucky le exige probar que el mal consejo del abogado realmente le "perjudicó"-, esto es, que en realidad hizo una diferencia. Esa exigencia va a ser difícil de cumplir, dados los hechos y la ley. La deportación después de casi cualquier delito de drogas cometido por un residente sin ciudadanía es esencialmente automática, como observa el juez John Paul Stevens en su opinión de la mayoría. Precisamente debido a que la ley es tan clara sobre este punto, "este no es un caso difícil", dijo el juez Stevens, por concluir que el asesoramiento del abogado era constitucionalmente deficiente.
Volviendo, entonces, a mi pregunta inicial, ¿qué hacía un caso tan fácil en la Corte Suprema? Por supuesto, la respuesta más rápida y obvia es que no todo el mundo lo ve de la misma manera. En realidad, la opinión del juez Stevens, imponiendo una obligación afirmativa a los abogados, conquistó el respaldo total de solo otros cuatro jueces: Anthony M. Kennedy, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor.
¿Nos hemos obsesionado tanto con expulsar a los que hemos decidido que no deberían estar en este país, que estamos en peligro de perder el centro de gravedad moral?
La decisión de la Corte Suprema de Kentucky, que fue revocada por los jueces, decía que la deportación es simplemente una "consecuencia colateral" de una condena penal y eso, como procedimiento civil, no justifica la invocación del derecho a la asesoría jurídica de la Sexta Enmienda. El gobierno de Obama presentó un escrito a la Corte Suprema aceptando, con Kentucky, que el abogado no tenía la obligación de asesorar a Padilla en asuntos de inmigración; sin embargo, el escrito, de la abogada Elena Kagan, continuaba diciendo que un abogado que elige dar consejos está obligado al menos a dar buenos consejos. Esta posición intermedia contra "los malos consejos afirmativos" fue respaldada por el juez Samuel A. Alito Jr. y el juez John G. Roberts Jr., cuya opinión concurrente proporcionó un sexto y un séptimo voto para revocar la decisión de Kentucky. Los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas disintieron. La Constitución "no es una herramienta para todo propósito para la construcción judicial de un mundo perfecto", escribió el juez Scalia.
Sí, este caso engendró un debate sobre la interpretación correcta de la Sexta Enmienda, y eso es suficiente explicación para su ruta hacia la Corte Suprema. Quizás, como asunto de doctrina constitucional, no era un caso tan fácil, después de todo. Pero estoy buscando una respuesta más profunda. Que en 2010 la Corte Suprema tenga que decirnos que los residentes sin ciudadanía tienen derecho a ser informados de todas las dimensiones de sus condiciones legales, debe ser entenderse, creo yo, como una especie de alarma. En este país de inmigrantes y sus descendientes, nos hemos obsesionado tanto con expulsar, encerrar y despachar a los que hemos decidido que no deben permanecer entre nosotros, que estamos en peligro de perder el centro de gravedad moral.
Si eso suena como hipérbole, re-leed los tres artículos de Nina Berstein publicados en el Times: ‘Disabled Immigration Detainees Face Deportation’ [Minusválido detenido por Inmigración podría ser deportado], ‘How One Marijuana Cigarette May Lead to Deportation’ [Cómo un pito de marihuana puede conducir a la deportación] y ‘Rushed From Haiti by U.S., Then Jailed for Lacking Visas’ [Llevado a toda prisa desde Haití a Estados Unidos, y luego encarcelado por carecer de visa] -cada uno más doloroso que el anterior. ¿Un residente legal de cincuenta años, con esquizofrenia, detenido en Nueva York por entrar en lugar habitado, trasladado abruptamente a una cárcel de inmigración en el sur de Texas para ser deportado sin la asesoría de un abogado ni notificar a la familia? Decenas de haitianos evacuados del terremoto y subidos a aviones de transporte de los Marines de Estados Unidos, han sido encerrados durante meses en una cárcel de inmigración concesionada pese a la suspensión de todas las deportaciones a Haití y la existencia de parientes dispuestos a aceptarlos. (Fueron dejados en libertad el mismo día en que apareció el artículo). ¿Qué está pasando aquí?
Evidentemente, esa pregunta se le ocurrió al juez Ginsburg durante una discusión la semana pasada en Carachuri-Rosendo v. Holder, un caso mencionado en un artículo de Bernstein sobre cómo un solo porrete de marihuana podía terminar en la deportación. José Carachuri-Rosendo, un residente legal de Estados Unidos, nacido en México, padre de cuatro hijos que son ciudadanos estadounidenses, fue detenido en Texas en 2004 por posesión de menos de 55 gramos de marihuana, un delito según la ley texana. Se declaró culpable y fue sentenciado a veinte días de cárcel.
Al año siguiente fue arrestado por posesión de una tableta de Xanax, un fármaco común contra la ansiedad que exige una receta médica, que Carachuri-Rosendo no poseía. Ese delito, que es también un delito en Texas, le significó diez días de cárcel. Según la interpretación que hace el gobierno federal de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la combinación de esos dos cargos por delitos menores se convierten en "delito grave".
Como delincuente agravado, argumenta el gobierno, Carachuri-Rosendo no sólo puede ser deportado, sino además es categóricamente inelegible para una ‘cancelación de repatriación’, una forma de discreción administrativa que proporciona la única válvula de seguridad restante a los inmigrantes capturados en la red de la deportación.
Durante el alegato el 31 de marzo, el juez Ginsburg le dijo a Nicole A. Saharsky, una abogada de la defensoría general:
"Aquí estamos hablando de dos delitos. El primero es una pequeña cantidad de marihuana. Le dan veinte días de cárcel. El otro es una pastilla de que nunca oí hablar, una Xan y algo más, y le dan diez días por eso. Si le tienes que presentar esta perspectiva a una persona inteligente que no estudió derecho, no solo lo vas a expulsar de este país, sino además le va a decir: "Nunca más ensombrezcas nuestras puertas", debido a ese porrete y esa pandilla Xan y algo, me parece simplemente que hay un modo de leer la ley que no conduce a ese resultado absurdo, que te gustaría leer la ley..."
"El Congreso se guía por el juicio", dijo Saharsky. "Y en los últimos veinte años el Congreso ha adoptado una línea dura sobre los delincuentes extranjeros, especialmente delincuentes extranjeros reincidentes".
Ese es el mismo Congreso que pasó meses empantanado debatiendo sobre cómo prohibir definitivamente el seguro de cobertura del aborto bajo la nueva ley de salud, ostensiblemente por el bienestar de los nonatos. Quizá algún día los miembros del Congreso exhiban la misma preocupación por los que nacieron en el lado malo de la frontera. Quizá, quizá entonces la Corte Suprema nos muestre el camino.
8 de abril de 2010
©new york times
cc traducción mQh
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