opinión

campaña europea contra el velo

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Prohibición de la burqa es injustificada y no cosechará más que resentimiento.

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[Michael Gerson] Después de que el ejército británico conquistara la región de Sindh en lo que hoy es Pakistán en los años cuarenta del siglo diecinueve, el general Charles Napier decretó la prohibición del sati: la costumbre de quemar vivas a las viudas, en las piras funerarias de sus maridos. Un delegación de políticos hindúes se acercó a Napier para quejarse de que se estaban violando sus antiguas tradiciones. Se dice que el general replicó: "Así que quemar a las viudas es una costumbre vuestra. Muy bien. Nosotros también tenemos una costumbre: Cuando un hombre quema viva a una mujer, le colgamos una cuerda al cuello y lo ahorcamos... Podéis seguir practicando vuestra costumbre. Pero entonces nosotros también honraremos la nuestra".
El incidente puede difícilmente ser recomendado como un modelo de relaciones inter-culturales, pero aclara una tensión. Pueden surgir conflictos entre el respeto por las otras culturas y el respeto de los derechos humanos.
Esto es particularmente así cuando se trata de los derechos de la mujer. Las sociedades tradicionales pueden ser profundamente admirables: conservadoras, centradas en la familia, estables, sabias sobre la naturaleza y la sociedad humanas. Pero también pueden ser terriblemente patriarcales, como queda en evidencia con la práctica sati, el vendaje de pies, las viudas heredadas y la circuncisión femenina. Esto no quiere decir que las sociedades modernas, fundadas en derechos, no tengan sus propios defectos y errores; es sólo para reconocer que el multiculturalisno y los derechos humanos a veces pueden chocar.
En general, estas tensiones ya no emergen a través del colonialismo, sino a través de las migraciones, que pueden transplantar una cultura tradicional en medio de otra agresivamente liberal. Las áreas más visibles de la diferencia -digamos, en la ropa- pueden provocar polémica, como está haciendo ahora la burqa en Europa.
Bélgica está a punto de prohibir totalmente el velo islámico (que cubre la cara) en público. Hace poco la policía italiana multó a una joven por llevar una burqa. En Francia, es probable que se aprueba en julio una ley que prohibirá las prendas "diseñadas para ocultar el rostro". "La burqa no es una señal de religión", dijo el presidente francés Nicolás Sarkozy. "Es un signo de sometimiento. No será admitido en el territorio de la República Francesa".
Los desacuerdos sobre la burqa entre mujeres musulmanas son a menudo apasionados. Es de esperar, porque el ocultamiento religioso significa diferentes cosas en diferentes contextos. Puede ser una bolsa de cadáveres colocada encima de mujeres reacias amenazando a parientes y a la policía religiosa. Puede ser, de acuerdo con un crítico, "un triste proceso de auto-aislamiento y exilio auto-impuesto". Pero también puede ser un modo de que las mujeres de orígenes tradicionales conserven sus perspectivas de matrimonio y honra familiar en entornos sexuales mixtos. Muchas mujeres que llevan la burqa están totalmente conscientes de la opción que han tomado.
Los motivos de los presidentes europeos en esta controversia son menos agradables. Algunos mencionan engañosa (y absurdamente) un motivo de seguridad para prohibir el velo islámico. ¿Quién sabe qué están ocultando? Según este criterio, la guerra contra el terrorismo podría transformar en obligatorio el porte de bikinis. El verdadero propósito de la prohibición de la burqa es afirmar la identidad cultural europea -secular, liberal e individualista- a costas de una minoría religiosa tradicional visible. Un país como Francia, orgullosamente relativista en la mayoría de las cosas, está convencido de su superioridad cultural cuando se trata de la libertad sexual. Un país con playas topless decide prohibir la modestia excesiva. La capital de la moda del mundo, donde las mujeres son a menudo sobreexpuestas y cosificadas, da lecciones a otros sobre la dignidad de las mujeres.
Por lo que pueda valer la opinión de un extraño, creo que la burqa es opresiva. Parece diseñada para restringir el movimiento, y deja a las mujeres torpes, desvalidas, dependientes y anónimas. La inmensa mayoría de las mujeres musulmanas no llevan el velo completo porque el Corán ordena solamente la modestia, no un calabozo de tela.
Pero el problema en Europa no es la desaprobación social; es la criminalización. En asuntos de libertad religiosa, no existen reglas fáciles ni rígidas. Los gobiernos aplican un test compensatorio. La tradición que quema a las viudas, o que mutila físicamente a niñas, debería justificar la aproximación de Napier. Algunos derechos son tan fundamentales que tienen que ser defendidos en todos los casos. Pero si por alguna razón una mayoría democrática impone su voluntad sobre una minoría religiosa, la libertad religiosa no tiene ninguna significación. El estado debe tener justificaciones públicas fuertes para imponer el conformismo, especialmente en un tema como la ropa que llevan los ciudadanos.
En Francia -donde sólo algunos miles de mujeres de un total de cinco millones de musulmanas llevan la burqa- la prohibición no es más que una expresión simbólica de desdén por una minoría impopular. No alcanzará demasiado, excepto resentimiento.

1 de junio de 2010
25 de mayo de 2010
©washington post
cc traducción mQh

idiotas inútiles

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Columnista de Página 12 fustiga insolencia de presidente colombiano.

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[Santiago O’Donnell] Excelentísimo presidente de la República de Colombia, Don Álvaro Uribe Vélez.
Señor Uribe, Perdone la molestia. Me tomo el atrevimiento de hacerle llegar estas líneas atento a la airada reacción que han tenido usted y altos funcionarios de su gobierno ante la difusión pública que ha tenido el testimonio del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero. Como usted sabe, el mayor Meneses acusó a su hermano menor, Santiago Uribe Vélez, de armar y dirigir a un grupo paramilitar en los años ‘90. El testimonio también lo salpica a usted, ya que según el testigo usted estaba al tanto y/o apoyó dichas actividades.
Disculpe que me haya dado por aludido el jueves pasado cuando usted tildó de "idiotas útiles" a los activistas por los derechos humanos Adkfo Pérez Ezquivel y Javier Giraldo que facilitaron el testimonio en Buenos Aires y a los periodistas del diario The Washington Post que lo difundieron en Estados Unidos. Es que yo presencié ese testimonio, y ese testimonio salió publicado primero en este diario.
Entonces quería escribirle para darle la tranquilidad de que la entrevista con Meneses y su testimonio se publicaron porque son de un valor periodístico innegable y no por otra razón. Usted dijo que quienes difundimos el testimonio de Meneses fuimos serviciales a los intereses de los narcoterroristas. Pero no fue por el accionar psicológico de los narcos que la noticia tuvo tanta difusión en Colombia. Después de ocho años de Seguridad Democrática no me va a decir que, además de Página y el Post, las FARC manejan también a los medios colombianos, incluyendo el multimedios propiedad de la familia de su excelentísimo señor vicepresidente. Sin embargo, todos se hicieron eco de la noticia.
Es que, señor Uribe, vamos, hay que decirlo, sobre su hermano Santiago pesa un estado de sospecha. El testimonio de Meneses no cayó del cielo. Se inserta en un contexto que es bueno recordar. Su hermano es un importante hacendado de Antioquia, donde prácticamente nacieron las bandas paramilitares, y muy cerca de la finca de su hermano operó un sanguinario escuadrón de la muerte conocido como los Doce Apóstoles. Es bien conocido, usted lo sabrá, que los escuadrones paramilitares fueron creados por hacendados y empresarios para combatir con métodos ilegales la guerrilla y la delincuencia, y que esos grupos se vincularon con fuerzas militares y de seguridad a través de los políticos locales. En los tiempos de los Doce Apóstoles usted fue senador por y luego gobernador de Antioquia. La estrategia de los paramilitares de aliarse, o para usar un término suyo, "penetrar" la clase política colombiana fue muy exitosa. Si lo sabrá usted: cerca de un tercio del Parlamento y varios gobernadores y alcaldes, incluyendo su primo Mario, están presos o bajo proceso por sus vínculos con los paramilitares. Casi todos son o fueron aliados suyos.
Volviendo al estado de sospecha que pesa sobre su hermano, no es que simplemente estaba en el momento justo, en el lugar justo, y en las condiciones ideales como para gestar y financiar una formación paramilitar. Seguramente no todos los hacendados asediados por la guerrilla en los ’90 respondieron a la amenaza con escuadrones de la muerte. Hasta es posible imaginar que los Doce Apóstoles hayan limpiado a los enemigos de Santiago y (de los demás hacendados) de gusto nomás, por iniciativa propia. Pero hay más.
Santiago Uribe ya había sido investigado dos veces como presunto cabecilla de los Doce Apóstoles, por la Fiscalía de Antioquia en 1998 y por Fiscalía General en el 2002. En ambos casos se dictó una falta de mérito o auto inhibitorio, como dicen ustedes allá, porque las fiscalías consideraron que no había suficientes pruebas para procesar o sobreseer a su hermano. El año pasado el dirigente opositor Gustavo Petro intentó abrir una investigación parlamentaria por el mismo tema pero no consiguió suficientes votos. Usted dirá: lo investigaron dos veces porque los fiscales son idiotas útiles del narcoterrorismo, y lo acusaron en el Congreso porque el narcoterrorismo penetró la bancada parlamentaria del Polo Democrático.
De hecho el testimonio de Meneses corrobora los dichos de un testigo de identidad reservada que figuran en el expediente judicial de los crímenes de los Doce Apóstoles. El testigo secreto sería un agente que habría servido de nexo entre la policía local y los paramilitares. Meneses era el jefe directo de este testigo y el responsable de la seguridad de toda la zona, amén de un oficial de alto rango de la institución policial. Dada la situación en que se encontraba, bajo cualquier parámetro de razonabilidad, hay que admitir que se trata de un testigo clave.
Y como bien apuntó el fiscal general de su país, Guillermo Mendoza Diago, al ser consultado sobre la situación de su hermano hace un par de días: "Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba". De sus dichos se desprende que Mendoza Diago reabriría la investigación de su hermano, sumándose así a su extensa lista de idiotas útiles al servicio del narcoterrorismo. Le recuerdo que Santiago Uribe nunca ha sido juzgado aún por los crímenes de los Doce Apóstoles, por lo que su derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo cimen está prácticamente garantizado.
Está bien, es cierto, su hermano y su vicepresidente se encargaron de recordar esta semana que Meneses había sido pasado a retiro por problemas legales y/o disciplinarios, dando a entender que es un testigo poco confiable. Yo lo entrevisté y le confieso que no le compraría un auto usado. Pero Meneses cobraba la pensión militar, sus causas judiciales se habían archivado y tenía un negocio informático que andaba bien. Todos sus afectos están en Colombia.
¿Qué necesidad tenía de exiliarse, pasar a la semiclandestinidad y autoincriminarse a riesgo de pasar años en la cárcel? ¿Qué necesidad tenía de confesarle a sus hijos que él es un asesino que mató y mandó a matar por orden de Santiago Uribe? ¿Todo eso por un puñado de dólares de los narcos? ¿Dónde y con quién iba a disfrutar ese dinero?
¿Y cómo hizo Meneses para convencer a los idiotas útiles de Naciones Unidas de que le dieran status de refugiado en Venezuela porque su vida corría peligro en Colombia? ¿Los miembros de los Doce Apóstoles que han muerto en circunstancias poco claras en los últimos años, se hicieron matar a propósito, para que Meneses tuviera una excusa para escaparse del país?
Qué sé yo. Hay que reconocer, señor presidente, que su jefe de Policía, el general Oscar Naranjo, estuvo rápido de reflejos. No bien salió publicado mi artículo citó al coronel Benavídez, ex jefe directo de Meneses, para un interrogatorio. Meneses me había dicho que tiene una grabación secreta de Benavídez donde el coronel avala la denuncia contra su hermano y contra usted. La cosa es que Naranjo salió del interrogatorio del coronel con un hallazgo: el testimonio de Meneses había sido comprado por un grupo narco llamado "los cambas". El coronel no hizo declaraciones pero no importa: con lo que dijo Naranjo alcanzó para que usted, su hermano, su vice y su candidato en las elecciones de hoy salieran a difundir la idea de que Meneses es un agente del narcoterrorismo.
Lo que no termino de entender es lo que dijo su hermano. Explicó que el testimonio de Meneses fue armado para influir en la campaña electoral. Pero resulta que mientras su candidato se cansó de hablar del tema, el principal candidato de la oposición lo ignoró por completo. Entonces, más que de idiotas útiles habría que hablar de idiotas inútiles, porque instalamos un tema en la agenda mediática supuestamente para perjudicarlo a usted, señor presidente, pero el tema lo termina capitalizando su candidato, el candidato oficialista.
Ojo que a mí no me molesta. Siempre digo que bastante difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Si la información vale, lo que se haga con ella o se deje de hacer ya no es mi problema.
No hace falta que diga que considero a su hermano inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se da por descontado. Tampoco me compro todo lo que dijo Meneses, aunque todo lo que dijo me resulta creíble por el contexto antes mencionado. Pero me parece que no se puede negar que se trata de un testigo clave. Acusa a su hermano de asesino y a usted de cómplice. Dice que estuvo reunido con Santiago Uribe en presencia de otros testigos "unas cinco o seis veces". Aporta datos sobre hechos, nombres y lugares en minucioso detalle, datos que podrían ser corroborados con inspecciones oculares, careos, documentos y demás diligencias judiciales para saber si dice o no la verdad. Ya verá el fiscal si conviene reabrir la causa.
Si no, hay otras instancias a las que tanto su hermano como los familiares de las víctimas de los Doce Apóstoles pueden acudir en busca de justicia. Usted sabe que tanto la fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica han realizado visitas a Colombia durante su mandato e informado sobre serias deficiencias en el funcionamiento de la Justicia de su país, sobre todo en zonas de conflicto. Es un mandato del derecho internacional que cuando las condiciones no están dadas para llevar a juicio a personajes importantes en un determinado país, las cortes internacionales tienen la obligación de intervenir y juzgar a los acusados.
Convengamos que su decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares justo cuando empezaban a revelar sus contactos con políticos y militares no dejó muy bien parada a la Justicia colombiana. No es un detalle menor que la Corte Suprema recién se enteró de las extradiciones cuando los paras ya estaban arriba de un avión en vuelo a Florida.
Por todo lo antedicho, señor presidente, permítame la osadía de ofrecerle un consejo. Me parece que en casos como éste no conviene sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de quienes difunden ciertos testimonios. Es posible que algunos no sean tan idiotas como usted piensa.

Saludos.

31 de mayo de 2010
30 de mayo de 2010
©página 12

el arrepentido

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"Veía que los Doce Apóstoles iban cayendo uno a uno, en asesinatos que nunca se esclarecían. Lo estaban amenazando y no quería ser el próximo de la lista".

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[Santiago O’Donnell] El arrepentido es alto, grandote y viste bien: traje azul, camisa blanca, zapatos recién lustrados. Pelo negro, tupido y corto pero no rapado, con jopo canchero y raya al costado, onda Jaime Bayly. Sentado a la mesa con un grupo de respetados hombres de leyes que viene a escuchar su confesión en una oficina de San Telmo, él parece un abogado más. Se lo ve cómodo y distendido pero sin salirse de la formalidad, sonríe y gesticula con las manos, visiblemente contento con la atención dispensada. Sin embargo, hay un detalle que lo hace distinto a los demás presentes. Su mirada es huidiza y libinidosa, como la de un conductor televisivo de programa de chimentos.
Pero lo que vino a contar no es trivial. El arrepentido es un ex mayor de la policía colombiana que actualmente vive en Venezuela como huésped de la Acnur, la agencia de refugiados de Naciones Unidas. Dice que se escapó de Colombia porque empezó a recibir amenazas de muerte por su conocimiento directo de la formación de un grupo paramilitar organizado por Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez. Dice que el grupo se llamó los Doce Apóstoles y aporta detalles de cinco matanzas llevadas adelante por ese escuadrón.
El testimonio fue grabado en presencia de un grupo de juristas y activistas por los derechos humanos, quienes hicieron algunas preguntas cuando el arrepentido terminó su presentación. La idea es usar el testimonio para abrir una causa en Colombia y al mismo tiempo difundir el caso en el exterior, para que organismos internacionales monitoreen su curso y en caso de que no prospere en la Justicia local, lo lleven a la Corte de Costa Rica.
"Esto sirve para denunciar la complicidad del presidente Uribe y su hermano con las matanzas, los desplazamientos de los pobladores", dijo Pérez Esquivel. "Esto se hace con la complicidad de las empresas, no se hace porque sí, es para sacarles las tierras a los campesinos. Nos importa mucho la seguridad de la gente que denuncia violaciones de derechos humanos en Colombia, como el padre Javier Giraldo."
Fue Giraldo, junto al abogado Daniel Prado, quien acercó al arrepentido al Serpaj. Hoy Giraldo está condenado a muerte por "cura marxista" en pintadas que empezaron a aparecer por todo Medellín.
Cuando el arrepentido termina de grabar su testimonio se sienta a hablar con Página/12. De entrada se presenta como si fuera un prisionero de guerra: Juan Carlos Meneses Quintero, 42 años, cédula de identidad 91.256.381. Ingresó a la Policía Nacional en 1987 y fue pasado a retiro con el grado de mayor en el 2002.
Después confiesa otra vez que fue testigo y partícipe del accionar del escuadrón paramilitar de los Doce Apóstoles. "El jefe era Santiago Uribe Vélez", acusa.
Las vejaciones de los Doce Apóstoles son conocidas en Colombia, y hay causas abiertas por muchos de los crímenes que cometieron. Pero hasta ahora ningún miembro o ex miembro del aparato represivo había acusado de conducirlo al mismísimo hermano del presidente, y encima con el conocimiento del mandatario.
El arrepentido toma envión y dice que tuvo cinco o seis reuniones con Santiago Uribe para coordinar las tareas represivas de los Doce Apóstoles. Asegura que Santiago Uribe le dijo que el hoy presidente estaba al tanto de todo.
Después empieza a hablar de casos puntuales. No le gusta decir "matar" o "asesinar". Prefiere eufemismos como "dar de baja" o "hacer lo pertinente". Cuenta que una vez encontraron las vainas servidas de su rifle en la escena de un asesinato. Asegura que no estuvo allí, que un policía suyo tomó prestado el fusil sin avisarle, pero eso es difícil de creer. Vamos. Ningún cuatro de copas usa el rifle de su jefe en un fusilamiento clandestino.
Seguimos de largo porque a esta altura poco importa si el arrepentido jaló el gatillo. El mismo reconoce que dio la orden. Dice que le dijo "haga lo pertinente" al policía que supuestamente usó su fusil. Esa orden lo convierte en asesino.
El arrepentido no lo ve tan así. Dice que la causa judicial está politizada, que fue armada para llegar a Santiago Uribe, y que ahora él está dispuesto a contar lo que sabe porque la causa está archivada y ya no le interesa proteger a la familia presidencial.
Según el arrepentido, la decisión de cambiar de bando llegó de manera casi natural como consecuencia de un análisis militar de sus chances de supervivencia. Veía que los Doce Apóstoles iban cayendo uno a uno, en asesinatos que nunca se esclarecían. Lo estaban amenazando y no quería ser el próximo de la lista. Entonces se tomó el raje a Venezuela en unas falsas vacaciones con su mujer y sus cuatro hijos, de 20, 17, 15 y 6 años de edad.
Antes de borrarse el arrepentido habría tomado algunas precauciones. Dice que llamó a su mentor, el coronel Benavídez, y lo grabó en secreto mientras éste, sin saberlo, corroboraba sus denuncias sobre Santiago y Alvaro Uribe. Con cinismo sigue llamando "mi coronel" al jefe que traicionó.
"Lo que yo quiero es estar seguro", se justifica. "Tengo dos caminos: denunciar lo que viví o esperar a que me asesinen. Por encima de todo están mis hijos y tengo que pensar en ellos."
Se le pregunta si sus hijos tienen idea de que él al menos mandó a matar gente, liberó zonas para facilitar asesinatos y protegió o encubrió a un grupo de asesinos. "Ellos no lo saben. Pero saben el calvario que he vivido durante todos estos años", dice con tono dolido.
Pobre arrepentido. Dice que lo que más lo apena es que ya no puede juntarse con sus camaradas del Club Militar para llenarse la panza con historias de guerra. Toda una vida combatiendo a los zurdos y ahora su suerte depende de ellos. Encima lo tratan bien.
"¿Qué voy a hacer? No puedo buscar un abogado amigo de Uribe. No voy a buscar un abogado de derecha. Si quiero sobrevivir tengo que pensar primero yo, segundo yo, tercero yo", dispara.
A esta altura queda muy claro que el arrepentido no se arrepiente de mucho. Su único remordimiento parece ser el haber confiado en los Uribe. Asesino seguro, arrepentido más o menos. "Tengo que seguir huyendo toda mi vida, no me voy a dejar asesinar por ellos", dice buscando simpatía.
Entonces se le pregunta sin mucho tacto si no le preocupa pasar a la historia como un vil traidor que sólo buscó salvar su pellejo. No acusa recibo.
"Lo que no quiero es pasar a la historia como el testigo que tenía las pruebas, pero que nunca vieron la luz porque fue asesinado", contesta.
La cosa no daba para más. Mejor dicho, daba para que el arrepentido siga dando cátedra de asesinato con su irritante desparpajo, como si fuera el héroe involuntario de un película de superacción, un Pepe Sánchez perdido en la selva colombiana, rodeado de malandras y guerrilleros rudos y malos.
Y daba para que el arrepentido siga mirando con esos ojos lascivos al acecho de cualquier gesto de complicidad, por mínimo que sea, que humanice su existencia.
Pero para aguantar eso hay que tener estómago. Uno prefiere cerrar la libretita y sentir su mano fría y resbaladiza a modo de rápida despedida. Ya está, que la denuncia siga su curso por los canales correspondientes.
Chau, arrepentido, gracias por compartir tus historias. Quedate tranquilo que tus hijos no se van a enterar.

23 de mayo de 2010
©página 12

verdad, justicia y reparación

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"Partiré señalando que el principio o presunción de inocencia es uno de los pilares en que se funda el Derecho Penal moderno y desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es una garantía reconocida en los tratados internacionales". Una columna de La Nación.

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[Paula Salvo del Canto] La citación al general (R) Óscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a declarar para que entregue antecedentes en el proceso judicial en que se investiga el asesinato de Víctor Jara, ha generado polémica entre los diversos actores vinculados a la defensa de los derechos humanos.
Hemos escuchado y leído sobre imputaciones de falta de coordinación, de jefaturas que se enteran por la prensa, de declaraciones en las cuales el ministro de Defensa pone las manos al fuego, de abogados que cumplen con su mandato y que arriesgan su trabajo. Un conjunto de apreciaciones que nuevamente colocan sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre las violaciones de derechos humanos y sobre el real alcance de la verdad, justicia y reparación por la muerte de una persona a manos de agentes del Estado.
Partiré señalando que el principio o presunción de inocencia es uno de los pilares en que se funda el Derecho Penal moderno y desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es una garantía reconocida en los principales tratados internacionales.
El general (R) Izurieta ha sido citado a declarar para que entregue todos los antecedentes que pueda proporcionar por el asesinato de Víctor Jara. Esto, porque el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó una querella y solicitó una diligencia necesaria para resolver el caso, ordenada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en oposición a lo resuelto por el juez Juan Fuentes.
Esto no significa que el subsecretario de Defensa sea culpable del asesinato de Víctor Jara. Simplemente implica que debe ir a declarar a tribunales, es decir, la presunción de inocencia sigue intacta. Pero la primera interrogante que surge es ¿por qué un personero público tiene que ser conminado a entregar antecedentes y no concurre voluntariamente? ¿Acaso moralmente no sería adecuado que cualquier persona que tenga algún antecedente sobre las víctimas de la dictadura los entregue y podamos avanzar en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación? Es legítimo exigir a nuestras autoridades que aparte de ser inocentes, se comporten como tales.
Por otro lado, el ministro de Defensa señaló que le resultaba inexplicable que un abogado del Ministerio del Interior esté citando por medio de los tribunales a un subsecretario. Más extraño resulta saber que un ministro considere que hay personas que pueden sustraerse de la obligación de declarar como testigos con motivo de su fuero, posición o cargo.
Por último, la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señala que no fue informada ni consultada previamente. ¿Esto se debe entender como que la actuación del abogado querellante fue incorrecta? ¿Acaso si hubiese sido informada habría ordenado que no se solicitara? Es conveniente recordar que el Programa de Derechos Humanos tiene, entre varios de sus objetivos, "promover y coadyuvar en las acciones judiciales tendientes a determinar el paradero y circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos...". En este caso, en particular, lo realizado por el abogado querellante es concordante con el mandato otorgado por ley al programa.
Este país necesita que se esclarezcan los crímenes cometidos en dictadura. La verdad, justicia y reparación de las víctimas es un asunto que nos incumbe a todos. Debe evitarse todo "ruido" que opaque la voluntad de justicia de un Estado frente a las violaciones que se cometieron, independientemente del gobierno de turno. La ciudadanía quiere que se esclarezca lo sucedido con Víctor Jara.

La autora es abogado de Corporación Humanas.

22 de mayo de 2010
©la nación

corea del norte busca camorra

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Con el hundimiento de un buque de guerra surcoreano -una acción que Seúl no puede responder militarmente-, Corea del Norte demuestra una vez más su peligrosidad. Editorial de Los Angeles Times.

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Cuando un país dispara contra un buque de guerra de otro país y lo hunde, normalmente se lo considera un acto de guerra. Pero cuando el ataque es ejecutado por Corea del Norte contra Corea del Sur, dos países repletos con armas que no deben ser utilizadas por temor a desencadenar un conflicto global catastrófico, la única respuesta práctica posible es llevar la ofensa al extremo.
Eso es lo que hizo Seúl el jueves cuando investigadores acusaron formalmente a Pyongyang del hundimiento en marzo pasado de Cheonan, un buque de guerra hundido el 26 de marzo en el Mar Amarillo, que se llevó consigo a 46 miembros de la tripulación. Un equipo multinacional de expertos entregó abrumadoras evidencias, incluyendo partes de un torpedo que es claramente un modelo norcoreano. En respuesta, el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak ha estado tratando de reunir apoyo para imponer sanciones más estrictas de Nacionales Unidas y se espera que rompa relaciones comerciales y de ayuda con Corea del Norte.
El problema para Lee es que no puede responder militarmente porque absolutamente nadie quiere reanudar la Guerra de Corea. Entretanto, los intentos de más de medio siglo de cambiar la conducta del régimen de Corea del Norte, incluyendo toda concesión diplomática imaginable,  han sido inútiles. ¿Qué se hace entonces cuando responder el ataque es impensable y la diplomacia inefectiva? Pides a Naciones Unidas que imponga sanciones más estrictas -un gesto casi vacío porque China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, practica la cautela a la hora de aprobar penalidades más severas, por temor a que desestabilicen al gobierno de Corea del Norte y creen un problema de refugiados para Pekín.
El gobierno de Obama, distraído por sus intentos de refrenar las ambiciones nucleares de Irán, parece haberse rendido con Pyongyang. La política del gobierno hacia Corea del Norte está fundamentalmente definida para la mantención del status quo. Esperando que se retire el dictador Kim Jong II, del que se cree que tiene problemas de salud, Omaba puede estar esperando que su sucesor sea más fácil de tratar. Sin embargo, ignorar a Kim no es más efectivo que engañarlo con una zanahoria. Hay razones para creer que el hundimiento del Cheonan fue un intento de Kim de llamar la atención con la esperanza de obtener concesiones económicas. En el pasado, ese tipo de conductas provocadoras de Corea del Norte han redundado precisamente en esos beneficios.
Sin tener las buenas respuestas, hay al menos una definitivamente mala: dar a Kim lo que quiere. Ahora lo que se requiere es la respuesta más dura posible, incluyendo medidas para fortalecer las defensas del Sur contra el arsenal de submarinos, misiles y armas no convencionales de Kim. Aunque es importante seguir enviando ayuda alimentaria a la gente hambrienta en Corea del Norte, el gobierno de Obama también debería considerar volver a poner a Corea del Norte en la lista de países que patrocinan el terrorismo, desde que fuera sacado de ella en 2008 en un intento de facilitar concesiones nucleares. Deberían reiniciarse las negociaciones a seis bandas sobre el programa nuclear de Pyongyang -pero no ahora.

21 de mayo de 2010
20 de mayo de 2010
©los angeles times 
cc traducción mQh

debate por la carne

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Crece resistencia al consumo de carne. Una interesante columna de Raúl Sohr, en La Nación.

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[Raúl Sohr] "Este menú no contiene carne pues el ganado daña el planeta". Ésta era la leyenda en el comedor en un colegio en la ciudad de Saint-Nazaire, en Francia. A los niños se les ofreció una explicación sencilla y directa: "Las vacas requieren prados y para ello se destruyen los bosques. Ello en circunstancias que los árboles contribuyen a absorber la contaminación del aire". Los padres recibieron explicaciones con mayor argumentación en que se decía que "un consumo importante de carne vacuna tiene consecuencias sobre nuestro medio ambiente". En primer lugar se destaca la emisión de gases invernadero, luego se apuntaba a la polución de las aguas y con ello a las lluvias ácidas y, finalmente, a la deforestación.
Los críticos señalan que producir carne roja consume más energía que cualquier otro producto alimenticio. Un tercio de los cereales y 90% de la soja son destinados a nutrir el ganado. Se requieren diez kilos de alimentos para producir tan sólo un kilo de carne bovina, cuatro kilos para uno de carne de cerdo y dos kilos para uno de pollo. Calculado esto en términos de distancia geográfica, un kilo de bife representa emisiones equivalentes a recorrer 250 kilómetros en automóvil. En Brasil, dos tercios del talaje del Amazonas son destinados a cultivos de soja, que sirve, principalmente, para engordar ganado. En cuanto a las emisiones de gases invernadero, el ganado vacuno es un gran productor de metano y contamina más que los sistemas de transporte.
La decisión de excluir la carne del menú escolar, como cabía esperar, indignó a los ganaderos de la región. En una carta pública de su asociación gremial declaran: "Estamos profundamente choqueados de un procedimiento que toma rehenes a los niños y sus padres, difundiendo tesis falaces y mentiras a través de un canal oficial (la central alimentaria municipal)". Señalan que en Francia no se talan bosques para destinarlos a pastizales, no desde la Edad Media y que, por el contrario, los bosques crecen a razón de 30 mil hectáreas anuales a partir de 1998 en detrimento de las superficies para la ganadería. En lo que toca a los gases de efecto invernadero las vacas aportan, en Francia, 13% contra el 23% producido por los sistemas de transporte. Los criadores de ganado reconocen que importan soja para completar las proteínas vegetales de la alimentación de los animales. Pero dicen que en el caso de los bovinos "ello no pasa de 5% de la alimentación". El 95% restante proviene de pastos y cereales producidos en las granjas. Agregan que trabajan para sustituir las importaciones de soja con productos locales como la colza. También señalan su preocupación por la contaminación de las aguas e informan que hace 15 años trabajan sobre el tema. Los ganaderos tienen razón de alarmarse ante la decisión municipal. En los últimos años el consumo de carne roja ha bajado de manera importante en la mayoría de los países europeos.
En EEUU se ha puesto en boga el consumo de carne orgánica, en rechazo de los excesos en el empleo de hormonas y antibióticos. Pero para contar con carne orgánica se requiere alimentar a las vacas con cereales orgánicos. En un caso en Carolina del Norte, que no los produce, los agricultores debieron importarlos el año pasado, por un valor de ocho millones de dólares. Lo que se gana en una carne sin elementos ajenos se pierde multiplicando la huella de carbono del producto. Al considerar un alimento es necesario un análisis acucioso de todo el ciclo de producción desde la tierra, los métodos de producción, los insumos, el transporte, el embalaje, la distribución y la eliminación de los desechos. Sólo entonces el consumidor podrá juzgar cuál es el más amigable desde una perspectiva ambiental.

[Foto viene de tyllerkeller].

21 de mayo de 2010
©la nación 

puig en general villegas

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La tragedia de General Villegas y el recuerdo de Manuel Puig.

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[Mempo Giardinelli] El precioso dibujo de Daniel Paz & Rudy de anteayer, vaya novedad, impactó sobremanera porque el punto geográfico que ellos ironizan como "sitio abusador-friendly" es nada menos que General Villegas, la ciudad natal de Manuel Puig, en mi opinión, y con Julio Cortázar, uno de los más originales e innovadores narradores argentinos del siglo pasado.
Alguna coherencia histórica parece convocada en la evocación de Puig y en la tragedia que hoy se vive en esa ciudad bonaerense. La literatura resulta, una vez más, si no anticipatoria al menos señaladora de los más insólitos rasgos sociales. En este caso, la hipocresía implacable de una minoría burguesa.
Y subrayo lo de "minoría", porque seguro que no es todo Villegas que apoya y sostiene a los abusadores de esa chiquilina. En realidad, se diría que se trata sólo de una porción minúscula de bestializados ciudadanos que, a la manera de los dictadores, todo lo justifican con frases infames producto de la pérfida ideología que les fue inoculada: "por algo será"; "algo habrá hecho"; "pibita fiestera"; "miren cómo se vestía", "no era la primera vez", "los padres tienen la culpa" y así por el estilo.
Lo que asombra, sin embargo, lo que verdaderamente alucina es que una ciudad de este país y en pleno siglo XXI organice una marcha en apoyo de tres hombres adultos que tomaron fotos y filmaron a una chiquilla de 14 años practicándoles sexo oral, filmación que luego hicieron pública. Y que esa marcha haya tenido manifestantes de carne y hueso, no importa si veinte o doscientos. Y que la telebasura nacional les haya dado un espacio digno de mejores causas.
Porque el hecho repudiable –central y único y asombroso– es que esa menor fue filmada con un teléfono celular mientras era abusada y, de hecho, violada.
No tiene ninguna importancia ninguna otra cosa.
Lo que se ve en el video es incontestable: esos tres tipos, algunos casados y acaso con hijos, tenían plena conciencia de lo que hacían. Más aún, todo indica que les pareció gracioso, piola. Y entonces, argentinamente imbéciles, los tres se ocuparon de difundir lo filmado. Evidentemente ni sospechaban la gravedad delictual de lo que hacían, o no les importaba.
Después, el despropósito creció como yuyo malo. Algunos familiares y amigos (y subrayemos "algunos" porque no se puede ni pensar en unanimidades filiales ni amicales en un caso así) salieron a "defenderlos" por las calles de la ciudad. Incluso la esposa de uno de ellos convocó a través de Facebook a una marcha y movilización por la ciudad "en su defensa" y con el patético y vacuo argumento de que "los chicos son inocentes".
Manuel Puig se hubiera hecho un festín literario con esto, acaso un delicioso sainete si no fuera que informa sobre gravísimas taras argentinas. Y taras viejas, que él mismo padeció en vida, azuzado por esa misma raza de "machos" pueblerinos.
"Los chicos tienen familias", dijo insólitamente una de las manifestantes. Se vio en la tele. Y uno se pregunta en qué creerá esa mujer, acaso de misa dominical y que además vota, seguro. Qué creerá que cree una mujer así (no digamos pensar, apenas creer) y qué su marido o sus hijos, si los tiene. Desde qué moral salió esa gente "en defensa" de los tres adultos protagonistas del video.
Otros dijeron que "se sabía que la chica mantuvo relaciones con hombres casados". Algunos más cuestionaron a los padres de la piba, y no interesa si con o sin razón. Seguramente –apuesto lo que quieran– la mayoría de esos "defensores" son nostálgicos de la dictadura, denostadores de la democracia, furiosos opositores del gobierno actual.
Pobre ciudad, General Villegas. Pobre la buena gente sin dudas mayoritaria que debe convivir con este tipo de gente. Y pobre también la familia de la piba, que es todavía una adolescente de 14 años.
Pero sobre todo pobrecita la piba. En esencia, la única víctima verdadera de este drama provinciano.
Uno se preguntará qué educación le habrán dado en su casa, o en la escuela. De qué carencias habrán estado llenos en esa familia. Sólo el tiempo, y acaso la literatura, podrán dar las respuestas.
Mientras tanto –seguro– sobrarán los estúpidos debates argentinos acerca de si la versión que dio la menor es verosímil o no. La acusarán diciendo que era una atrevida o una loquita; la defenderán asegurando que nunca iba a bailar ni salía de noche. Comidillas de pueblo. Manuel Puig fue un maestro en desnudarlas. Basta recordar la tragedia de La Raba, el cinismo de Mabel, la maldad de Celina, la frivolidad idiota de Juan Carlos. Esos inolvidables personajes de Boquitas pintadas prefiguraron, hace más de 40 años, la tragedia de esta pobre chiquilina provinciana.
Independientemente de lo que decida la siempre dudosa Justicia argentina, corresponde recordar los nombres de los protagonistas de esa abominable filmación: Mariano Piñero, 29 años, apodado 'el Papa Frita'; José María 'el Potro' Narpe (28 años) y Mario Magallanes (24). Pobres sus familias también, y sus hijas si acaso las tienen.
Pobres, pobrecitos todos y todas en General Villegas. Si hasta la sombra de Manuel Puig ha de andar llorando por ahí.

20 de mayo de 2010
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si hay vendetta, que se note

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España "nunca dejó de convivir con vestigios del pasado franquista que fueron formando una amalgama con nuevos jueces [...] y una cúpula eclesiástica sólo comparable en conservadurismo a la jerarquía católica argentina".

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[Martín Granovsky] Soraya está enojada con Cristina. Dice que Cristina no debería haber hablado en España del caso Garzón. Señala que Cristina y el ex presidente Néstor Kirchner "son los menos indicados para dar lecciones de Justicia y seguridad jurídica a nadie". Miguel Bernard, de la organización Manos Limpias, agregó su "total repulsa y rechazo a la injerencia de la Presidenta de su país en asuntos de la Justicia española".
Soraya se apellida Sáenz de Santamaría, 39, presidenta del bloque de diputados del Partido Popular. Ocupó su primer escaño cuando el conservador Rodrigo Rato fue designado director del Fondo Monetario Internacional: ella era primera suplente en la lista de candidatos. Completó su fama en enero de 2009 con una nota que le hizo el diario El Mundo en un hotel de Madrid. Posó descalza con los pies estirados –Soraya fue bailarina clásica– y con un vestido negro noche.
Manos Limpias es una organización de la ultraderecha española que promovió querella contra Garzón tras la decisión del juez de declararse competente para investigar crímenes de Francisco Franco.
Cristina Fernández de Kirchner, como se sabe, recibió el lunes al juez Baltasar Garzón en la embajada argentina en España. Hablaron media hora. Después, la Presidenta dijo: "Estamos preocupados, sorprendidos y dolidos por esto que significa una regresión en materia de juzgamiento y de la concepción de justicia universal en materia de derechos humanos, que precisamente instauró España con mucha fuerza y de la cual todos los españoles deberían sentirse orgullosos". El viernes último, Garzón fue suspendido en su puesto de magistrado justo cuando están por cumplirse 12 años de su pedido de extradición de Augusto Pinochet, mientras el dictador se hallaba internado en una clínica de Londres. Ese pedido, finalmente exitoso, fue uno de los hechos más importantes de la Justicia internacional de los derechos humanos.
La suspensión de Garzón fue impulsada por organizaciones franquistas y quedó garantizada por la acción del Partido Popular de Soraya, Rato y el ex presidente del gobierno José María Aznar, una de cuyas últimas actividades públicas en la Argentina fue animar un seminario para dos de sus pollos en la región, Mauricio Macri y el actual presidente chileno Sebastián Piñera. Otra actividad, por la que alguna vez buscó atraer el interés de Cristina Kirchner, fue promover a Rupert Murdoch, el propietario de medios que deleitaba a George Bush e incomoda a Barack Obama.
Franco se alzó contra la República en 1936. Ganó la Guerra Civil en 1939. Ejerció una tiranía que terminó con su muerte, en 1975. La Constitución que selló la transición a la democracia fue promulgada en 1978. En estos 32 años, España creció, se integró a Europa, modernizó su vida cotidiana, garantizó las libertades individuales, aumentó el consumo. Pero nunca dejó de convivir con vestigios del pasado franquista que fueron formando una amalgama con nuevos jueces, nuevos banqueros, nuevos grupos económicos, nuevos parapoliciales y una cúpula eclesiástica sólo comparable en conservadurismo a la jerarquía católica argentina.
Esa amalgama de poder le puso un parate a Garzón. En España, la revisión del pasado es un límite que superaron con éxito los historiadores profesionales y la subjetividad de los artistas, pero que aún no quiso, no supo o no pudo traspasar la sociedad en su conjunto.
La situación de impasse explica dos cosas.
Por un lado, explica que la preocupación de Cristina por Garzón no haya terminado en un escándalo. En 2007, durante una cumbre iberoamericana, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Aznar por "fascista" delante de José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Por qué no te callas?", le disparó el rey Juan Carlos. Quizá consideró que como jefe del Estado español no podía dejar pasar la frase de Chávez contra un ex jefe de gobierno. Nada de esto sucedió, en cambio, con Cristina, que por otra parte no personalizó su idea de la regresión en ningún blanco. Por eso sólo cosechó la crítica de los franquistas y de Soraya.
Por otro lado, la impasse histórica explica que ni siquiera una figura de gran peso internacional como Garzón quede exenta de esta disputa que la derecha viene librando sin admitirse a sí misma ninguna debilidad. En otras palabras: para franquistas, neofranquistas y respetuosos del franquismo, el costo de aceptar a Garzón hurgando en la masacre de la dictadura es mayor que cualquier desprestigio externo.
Este marco complejo explica no sólo el castigo a Garzón sino la decisión que tomó ayer el Consejo General del Poder Judicial: la simple autorización para que viaje al Tribunal Penal Internacional como asesor del fiscal Luis Moreno Ocampo fue adoptada por tres a dos, en voto dividido.
Si hay vendetta, que se note.

19 de mayo de 2010
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