fallo sobre srebrenica, agridulce
13 de junio de 2010
Fallo agridulce. La sentencia por el genocidio de Srebrenica es un acto de justicia que traerá un poco de alivio a los sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las víctimas. Pero a la vez representa un ejemplo más de justicia selectiva.
[Santiago O’Donnell] Las condenas suelen dejar un sabor agridulce porque la Justicia casi siempre es tardía y parcial. El fallo que sacó esta semana el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia no es la excepción. Condena a cadena perpetua por genocidio a dos militares serbio-bosnios y a fuertes penas a cinco más por crímenes de lesa humanidad, todos ellos por su participación en la masacre de Srebrenica de 1995, para muchos el peor acto de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno lee la sentencia no puede menos que pensar que estos muchachos recibieron su merecido. Tardaron poco más de un mes en masacrar a más de ocho mil hombres adultos por el solo hecho de ser bosnios musulmanes. Se cargaron a más de mil en un solo día en una orgía sangrienta que tuvo lugar en un galpón. Vaciaron dos enclaves enteros, desplazando a decenas de miles de mujeres y niños musulmanes de sus casas, después de aterrorizarlos y hambrearlos con un bloqueo feroz.
El Tribunal de La Haya demostró que la masacre no fue el resultado de ningún exceso, sino de un plan sistemático que arrancó con una directiva escrita, la número siete del entonces presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic. Ordenaba crear "una situación intolerable de total inseguridad con ninguna esperanza de supervivencia o vida para los habitantes de Srebrenica y Zepa".
Tampoco se puede discutir que la sentencia es un avance para el principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional. Se trata de la segunda sentencia por genocidio que emite un tribunal internacional, tras las condenas por el genocidio en Ruanda, y la primera de ese tipo contra ciudadanos europeos. En América latina tampoco hay muchos antecedentes. En el 2006 la Corte Suprema brasileña condenó por genocidio a unos mineros que masacraron a aborígenes yaromami. Hay algunos casos dando vueltas en Bolivia, Colombia y Argentina y no mucho más. Si uno se pone a pensar en todo lo que pasó en nuestro continente y en el mundo desde que se firmó la Convención de Genocidio en 1948, suena a poco lo conseguido con ese instrumento legal y ésa es otra razón para festejar la sentencia emitida esta semana por el Tribunal de La Haya.
Pero, claro, hay algunas cosas que la sentencia no dice y otras que dice medio al pasar. Entre estas últimas se destaca un dato de público conocimiento, que aparece repetidamente en la descripción de los hechos pero que brilla por su ausencia en la sección dedicada al reparto de castigos. Para decirlo sin vueltas, durante la masacre y la limpieza étnica, los enclaves de Srebrenica y Zepa se encontraban bajo la protección militar de fuerzas holandesas bajo bandera de la ONU y la OTAN. Y esos soldados no dispararon un solo tiro para evitar la masacre.
Los jueces dicen en la sentencia que los holandeses fueron convenientemente engañados. Y los holandeses argumentan que no tenían mandato para actuar porque su misión se encuadraba en el Capítulo Seis del mandato de la ONU (mantenimiento de la paz) y no el Capítulo Siete (imposición de paz a través del uso de fuerza). Está bien, nadie va a acusar a esos holandeses de genocidio, pero el tribunal juzga crímenes de guerra y cuesta creer que los guardianes de Srebrenica no tengan responsabilidad penal alguna por un genocidio que ocurrió en sus narices, mientras esos mismos guardianes, según el fallo, negociaban el vaciamiento de los enclaves con los masacradores.
Como dice León Gieco, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. A esta altura de los acontecimientos hay pruebas sobradas de la persecución y el desplazamiento de la minoría serbia en Kosovo tras la ocupación de la OTAN. Hay muchas y muy buenas investigaciones sobre toda clase de crímenes de guerra ocurridos durante esa ocupación. En 1999 la entonces República de Yugoslavia, lo que quedaba de ella, acusa por genocidio en Kosovo al gobierno de Estados Unidos. Washington contestó que las tropas de la OTAN actuaron para prevenir la limpieza étnica de kosovares albaneses y argumentó que la Corte de La Haya no tiene jurisdicción porque Estados Unidos firmó una cláusula complementaria a la Convención de Genocidio aclarando que no puede ser acusado sin su consentimiento. El tribunal le dio la razón y nunca más se metió con un soldado de la OTAN.
El otro tribunal penal internacional de La Haya, con jurisdicción sobre países como Irak, Afganistán o Medio Oriente, tampoco encontró nunca un crimen de guerra de tropas estadounidenses, europeas o israelíes que ameritara su intervención. En el caso de Irak, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo dictaminó que el tribunal no está para juzgar las razones que llevan a iniciar una guerra, sino los crímenes que se cometen en ellas y que, en el caso de Irak, no hay evidencias suficientes como para abrir una investigación.
Hasta ahora el tribunal penal internacional ha limitado sus procesos a Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia. En el caso de la guerra yugoslava, también es frustrante que la primera sentencia por genocidio recaiga sobre militares de tercer nivel, mientras que de los tres principales responsables de la limpieza étnica de los musulmanes, uno está muerto, otro está prófugo y el otro está preso a la espera de un juicio que terminaría recién en el año 2014.
La sentencia por el genocidio de Srebrenica es un acto de justicia que traerá un poco de alivio a los sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las víctimas. Como tal merece el aplauso. Pero a la vez representa un ejemplo más de justicia selectiva. Esa parcialidad pone en riesgo la legitimidad de la Convención de Genocidio y de todo el sistema de cortes internacionales. Porque se supone que fueron creadas para combatir los abusos de todos los poderosos y no sólo los de algunos poderosos no demasiado poderosos. Como dice un pasaje del Martín Fierro que Moreno Ocampo solía citar, como ejemplo de lo que no hay que hacer: "Para los amigos todo, para los enemigos la ley".
Sensación agridulce: el fallo no estuvo mal, pero faltan muchos más. Y si La Haya no empieza a equilibrar la balanza, un día no muy lejano va a ser demasiado tarde.
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[Antonio Gil] "Le explico una cosa. La mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada. Porque antes usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar lo que se producía en Chile, caro y malo. De la noche a la mañana usted empezó a encontrar lo que no había. Ganó el pueblo. Entonces las calles se limpiaron, empezó a haber trabajo. La represión la conocimos mucho más tarde. Se juzga sin conocer la realidad de lo que vivió Chile". Estas declaraciones del que era nuestro embajador en Argentina, Miguel Otero, al diario Clarín de Buenos Aires, realizadas para salir al paso de los cargos que le efectuara la prensa trasandina, vinculándolo con razzias políticas producidas al interior de la Universidad de Chile tras el golpe de estado del ’73, levantaron una ácida polémica en ambos países. Estamos ante un nuevo flash back, una vuelta a ese pasado negro que nos sigue penando como una enfermedad nacional crónica y mal cuidada.
[Luis Bruschtein] En la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima, Hillary Clinton tanteó a los demás cancilleres para lograr la reincorporación de Honduras. La mayoría de los países latinoamericanos se mostró renuente para abrirle la puerta al presidente Porfirio Lobo, porque no ha tomado ninguna medida contra los militares que dieron el golpe en su país. Clinton desistió y el consenso fue que la OEA no trataría ese tema en público. No quieren poner más en evidencia la debilidad de Lobo y tampoco quieren que cualquier medida contra los golpistas sea interpretada como una imposición. Por historia y por sobrevivencia, el golpismo militar siempre será importante para los gobiernos civiles de la región, nunca un tema menor. Por eso las declaraciones del embajador chileno en Buenos Aires, Miguel Otero, producen tanto ruido.
[Horacio Verbitsky] Pese a la contraposición objetiva de intereses procesales entre madre e hijos, los Noble compartieron abogados. Recién cuando la Cámara Nacional de Casación Penal descubrió esta representación promiscua, Gabriel Cavallo fue contratado como defensor por la señora Herrera. Sus hijos siguen representados por Alejandro Carrió. Tanto Cavallo como Carrió gozaban de prestigio entre los organismos de Derechos Humanos, el primero por haber declarado la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, el segundo como fundador y presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC. Consultado para esta nota a raíz de la conmoción que causó su presencia en esta causa enfrentado con Abuelas de Plaza de Mayo, Cavallo dijo que creía ser el mismo de siempre, que para ganarse el pan sólo estaba trabajando en su profesión de abogado y lo hacía en forma honesta, con la intención de asegurar el debido proceso a su cliente. En un artículo reciente, el fundador del INECIP, Alberto Binder, sostuvo que estos casos no deben considerarse desde el punto de vista de la ética profesional de los abogados sino de la moral general, "que nos obliga a realizar opciones y a elegir de un modo también general para qué y a quiénes queremos ayudar con nuestra profesión. ¿Puede un abogado ser indiferente frente a los abusos de poder, el desvío de la ley, la desprotección de los más vulnerables? ¿Es admisible éticamente que utilice su profesión para servir a quienes usan el derecho sólo como una forma de revestir de legitimidad las relaciones de dominación?". Agrega que quienes además de abogados son jueces o académicos, y tienen por eso un rol intelectual orientador para la sociedad, deben integrar las reglas de esas actividades y no permitirse en un campo lo que niegan en otro. Concluye que esos dilemas morales "no son distintos de los que se deben plantear un economista, un sociólogo o cualquier otro profesional". Cavallo replica a esto que nunca fue profesor ni aspiró a fijar normas éticas en la sociedad. "No tengo ninguna posición ideológica ni hago política", afirmó.
[Horacio Verbitsky] Elisa Carrió consideró vejatorio el secuestro de prendas íntimas de los hijos de Ernestina Herrera de Noble para analizar su ADN y establecer su identidad y "fascismo puro" la ley 26.548 que estableció la validez de ese tipo de pruebas no invasivas. También afirmó que los hijos de la viuda de Noble eran los hijos de todos. Pero en octubre de 2003, Carrió había sido una de las primeras firmantes de un proyecto de declaración de su colega Marcela Bordenave, que defendió la extracción compulsiva de sangre para realizar ese análisis. La Corte Suprema había sostenido que el Estado no podía disponer la extracción compulsiva de sangre de Evelyn Vázquez Ferrá (nacida en la ESMA, pero en el momento del fallo mayor de edad), quien se negaba al análisis por temor a que perjudicara al matrimonio que la había criado. Carrió sostuvo entonces que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 exigían "una búsqueda comprometida de la verdad histórica como paso previo a una reconstrucción moral del tejido social y de los mecanismos institucionales". Además del derecho de los familiares de las víctimas mencionó el de la sociedad a conocer la verdad, que debía prevalecer. En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia ratificó en el caso de Emiliano Matías Prieto y Guillermo Gabriel Prieto que no podían ser forzados a someterse a la extracción sanguínea pero admitió la toma de ADN desprendido del cuerpo, en cabellos, cepillos de dientes o prendas íntimas. El fallo de Cámara en esa causa ("Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros") fue redactado antes de dejar la justicia por Gabriel Cavallo, quien ahora se opone como abogado a aquello que decidió como juez. Ése criterio fue reproducido por la ley sancionada en noviembre de 2009 como consecuencia de un acuerdo entre el Estado nacional y Abuelas de Plaza de Mayo ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, al que ahora las Abuelas han recurrido en defensa del Banco, con el asesoramiento del CELS. Carrió, que en 2003 apoyaba la extracción compulsiva, se opone ahora a métodos que según la Corte Suprema son más respetuosos de la intimidad. Los casos no son idénticos. Policarpo Vázquez había anotado a Evelyn como hija propia. En cambio Ernestina Herrera inscribió a Felipe y Marcela como adoptados, aunque ya se ha demostrado en la causa la irregularidad del trámite. Otra diferencia es que Policarpo Vázquez era un suboficial retirado de la Armada y Ernestina Herrera la principal accionista del Grupo Clarín.
[Juan Gelman] Circulan hipótesis varias sobre la razón del operativo militar israelí que causó la muerte de 9 a 16 pasajeros del buque de bandera turca Mavi Marmara, decenas de heridos, el secuestro de la flotilla que transportaba 10 toneladas de ayuda humanitaria para Gaza –bloqueada desde 2007 e invadida en 2008– y la detención de casi 700 personas, puestas en libertad después de sufrir vejámenes de todo tipo. Las explicaciones oficiales de Tel Aviv son inquilinas del ridículo: los agredidos son agresores y los agresores, agredidos; los llevados a Israel a la fuerza son inmigrantes ilegales, quienes socorren a palestinos hambreados son cómplices de Hamas primero, terroristas de Hamas después, etc. Es vieja, muy vieja, la técnica del victimario victimizado.
[Juan Forn] Qué temporadita ésta para Norman Mailer: no llegamos todavía a la mitad del año y ya se publicaron tres libros sobre él. Nada mal para un muertito, que en vida supo decir famosamente: "Yo no escribo sobre mujeres, ellas escriben sobre mí". El adagio se ha hecho cierto post-mortem: el pobre Norman ya no escribe ni sobre las mujeres ni sobre nadie más, mientras que su viuda, una de sus amantes y su cocinera publican libros sobre él. El de la amante, una periodista llamada Carole Mallory, es el más predecible y pretencioso ("El me enseñó a pensar. Yo soy la profesional que soy gracias a Norman. El sexo era fenomenal, pero déjenme que les cuente la profesional que soy"). La cocinera, que desempeñó su puesto durante treinta años en la casa de los Mailer en las playas de Provincetown, hoy convertida en residencia para escritores jóvenes becados por la Fundación Mailer, dice con gran chispa al principio de su libro que, después de haber visto comer a un genio primero y a una manada de granujientos aspirantes a genios después, se siente con pergaminos suficientes para sacarse el delantal y tomar la pluma (pero a continuación aclara que no tuvo la menor intimidad con Mailer, ni sexual ni de ningún otro tipo, y procede a reproducir medio centenar de las recetas culinarias que preparaba para los Mailer). El de la viuda, en cambio, es nuestro jugoso plato de hoy.
Funcionarios del ministerio de Justicia y del Pentágono han elegido un inquietante caso para el primer juicio bajo las revisiones que fueron adoptadas para la Ley de Comisiones Militares en 2009: un detenido de Bahía Guantánamo nacido en Toronto, llamado Omar Khadr. Khadr, 23, ha estado detenido desde que tenía quince años, cuando presuntamente arrojó una granada de mano durante un enfrentamiento a tiros en Afganistán que hirió mortalmente al sargento primero Christopher Speer.