opinión

mensaje contra la impunidad

mqh - 22 de julio de 2010 - 18:04 - opinión

Garzón y caso Pinochet: "Un mensaje contra la impunidad". Suspendido juez de la Audiencia de España recordó cómo se interesó en los crímenes de las dictaduras latinoamericanas y lamentó algunos "retrocesos".

Madrid, España. El juez español Baltasar Garzón afirma que fue su contacto con las Madres de Plaza de Mayo lo que le acercó a una "realidad tan terrible" como los crímenes contra la humanidad, cuya impunidad, subraya, "va de la mano siempre de la corrupción".
En una entrevista publicada hoy por el diario español El País, el más famoso de los jueces españoles, promotor de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y procesado por investigar los crímenes del franquismo, dice que, aunque "el olvido, como el perdón o la memoria, corresponde al patrimonio de cada uno", los olvidos oficiales "son malos consejeros".
Este juez, impulsor de la justicia penal universal y de la persecución sin fronteras de las violaciones de derechos humanos, es tajante sobre la necesidad de curar esa memoria histórica: "las heridas, para que sanen, y antes de ser suturadas, tienen que ser limpiadas".
Garzón recuerda el revulsivo que le supuso abordar con una mayor cercanía los crímenes ocurridos durante la dictadura argentina y su contacto con las denuncias de las abuelas y madres de Plaza de Mayo.
"Cuando yo las vi con pañuelos blancos, y lo único que pedían era que se les escuchara, eso me acercó a una realidad tan terrible que muchas veces resulta indiferente como son los crímenes contra la Humanidad", explica el juez.
Destaca cómo la detención de Pinochet en 1998 "fue un impulso fundamental para los casos de justicia universal", pero sobre todo, insiste, "fue un mensaje contundente contra la impunidad, que es una herencia negativa de la sociedad y va de la mano siempre de la corrupción".
Garzón se encuentra actualmente suspendido de funciones en la Audiencia Nacional de España, pero, según asevera en la entrevista, su intención es "recuperar el puesto", confiando en que "al final se impondrá lo que corresponda en justicia".
El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por excederse en sus funciones en la investigación de los crímenes en el franquismo (1939-1975), ordenó el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral contra el juez.
Este dictamen llevó a que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces españoles) suspendiera a Garzón cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.
No obstante, ese Consejo le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya para ocupar hasta fin de año un puesto de consultor de la Fiscalía.
Según explica hoy en la entrevista, su trabajo en La Haya "es algo diferente" al día a día de la Audiencia Nacional.
"Se trata de unir varios criterios diferentes de analistas, de investigadores, en lugares muy recónditos y complicados del planeta donde el Estado de derecho prácticamente es inexistente, y armar los casos para que después la CPI pueda aceptar las peticiones que la Fiscalía hace", asegura.
Garzón lamenta "el retroceso que se está produciendo en muchos países, y entre ellos España, en torno a los casos de justicia penal universal", y reafirma la necesidad de "continuar esa investigación". En todo caso, insiste, "los casos que ya están iniciados no pueden volverse atrás".

23 de julio de 2010
22 de julio de 2010
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guerras sucias en el banquillo

mqh - 13 de julio de 2010 - 19:06 - opinión

Es posible debatir sobre el contexto en que transcurrieron las "guerras internas". Lo que no es debatible son las atrocidades cometidas por fuerzas armadas regulares que actuaron en el nombre y con todos los recursos de sus respectivos estados. La columna de Raúl Sorh en La Nación.

[Raúl Sohr] "Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe", declaró ya destituido de su rango de general Jorge Videla, que lideró la Junta que gobernó Argentina entre 1976 y 1981. La admisión la hizo esta semana ante un tribunal federal que lo juzga, junto a otros 30 represores, por el fusilamiento de 31 presos políticos. El reconocimiento de Videla, a sus 84 años, es tardío. La admisión, sin embargo, contrasta con la postura de otros militares de la región que han alegado desconocer los crímenes cometidos mientras gobernaban.
Luego de Videla, tomó la palabra el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Benjamín Menéndez, que repitió propósitos anteriores sobre la necesidad de poner las cosas en su debido contexto. Señaló que su país fue agredido por "el marxismo internacional", el que movilizó a "los subversivos contra la sociedad occidental y cristiana".
Fermín Rivera, que estuvo encarcelado por más de una década, es uno de los promotores de la causa contra los responsables de los fusilamientos realizados en 1976. En una entrevista al periódico Página 12, Rivera narró lo vivido luego del golpe de estado: "La cárcel se convierte en un campo de concentración y exterminio: nos aíslan, cierran puertas y ventanas, nos dejan con lo puesto. Fueron seis meses sin bañarnos, sin afeitarnos, haciendo las necesidades en celdas colectivas, 17 en la mía. Tuvimos que abrir un hueco en la pared para tirar el orín y las heces al patio. A los que sobrevivimos nos trasladaron a Sierra Chica el 30 de septiembre. En mi caso, con hemiplejia por los golpes". Es la consabida técnica de la denigración sistemática a la cual se suma la tortura física y sicológica: "El general (Juan Bautista) Sasiaíñ nos dijo: "Están todos condenados a muerte, pero no se hagan ilusiones: van a morir lentamente, de uno en uno". Se fue y empezaron a golpearnos, todos los días, hasta dejarnos sin conocimiento, ensangrentados, sin enfermería ni nada… A partir de la visita de Sasiaíñ, nos preparamos para lo peor, aunque quedaba la secreta esperanza de que algo extramuros nos salvara. Cuando sacaron al primer grupo de compañeros, dijeron "despídanse porque no vuelven". Al otro día nos enteramos de que habían sido fusilados y supimos que de un momento a otro nos tocaba. La de San Martín es una cárcel enorme, con bullicio permanente, pero cuando sentíamos las pisadas de los militares se producía un silencio aterrador. Sacaban a uno u otro, en el pasillo le ponían capucha y mordaza, y se preocupaban por decir "salen para no volver". La intención era recordarnos que nos iban a matar, a tal punto que a uno de los hermanos De Breuil lo hicieron ver el fusilamiento de su hermano y lo devolvieron a la cárcel para que lo contara". Los presos fueron utilizados como rehenes. Al respecto, Rivera cuenta: "Tenían una tabla de conversión: si moría un oficial superior nos mataban a todos; si era oficial jefe, a 20; subalterno, a 15; suboficial, a 10; y si era soldado, a cinco".
Según todos los parámetros que definen los conflictos internos en la mayoría de los países sudamericanos, no hubo "guerras internas" sino que más bien fueron "guerras sucias", como los propios militares suelen llamarlas. Pero incluso si se considerara que hubo una guerra interna, nada justifica las violaciones sistemáticas a los Convenios de Ginebra que detallan los deberes de los captores y los derechos de los prisioneros en el curso de un conflicto armado.
El testimonio de Rivera, uno entre decenas de miles, delata la falta de profesionalismo e ideologización, amén del sadismo, de vastos sectores del estamento militar sudamericano. No sorprende que los militares argentinos al enfrentar una verdadera guerra, la sostenida por las Malvinas en 1982, proyectasen el miedo por las atrocidades cometidas. Al ser capturados por las tropas británicas, luego de la derrota, muchos uniformados fueron trasladados en helicópteros. Un oficial inglés me comentó que sus hombres quedaban perplejos ante el terror de los prisioneros, que se negaban a subir a las máquinas. Temían recibir el trato que ellos dieron a muchas de sus víctimas que fueron asesinadas en los famosos vuelos sin retorno. Para su sorpresa, los británicos respetaron los derechos de los vencidos en forma plena.
Encontrándome en Malvinas días después de concluidos los combates, pedí visitar a los prisioneros argentinos que esperaban en buques, en la bahía de Port Stanley, para ser enviados al continente. La solicitud me fue denegada pues los Convenios de Ginebra prohíben exhibir a un prisionero ante la prensa ya que ello menoscaba su dignidad.
Con el correr de las décadas, es posible debatir sobre el contexto en que transcurrieron las "guerras internas". Lo que no es debatible son las atrocidades cometidas por fuerzas armadas regulares que actuaron en el nombre y con todos los recursos de sus respectivos estados. En el caso argentino, el fallo del tribunal en el juicio en curso es casi anecdótico dada la avanzada edad de los acusados. Es, sin embargo, de la mayor relevancia para las generaciones venideras.

13 de julio de 2010
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qué está pasando en cuba

mqh - 12 de julio de 2010 - 01:59 - opinión

Lo lógico sería celebrar la iniciativa cubana e instar a otros países violadores a seguir su camino. Pero cuesta imaginar el mismo revuelo que se armó con Cuba para que Indonesia, China o Israel liberen a sus prisioneros políticos.

[Santiago O’Donnell] El anuncio de que el gobierno cubano liberará a 52 presos políticos en los próximos cuatro meses, tan festejado por la derecha como silenciado por la izquierda, es sin dudas un hecho importante, quizás el más importante de las últimas décadas de vida de la revolución.
Por eso es también muy importante cómo se entiende, cómo se interpreta. Hasta ahora sólo se conocen el comunicado de la Iglesia cubana y las declaraciones del canciller cubano, o sea la voz de los mediadores. El gobierno cubano aún no se ha pronunciado a través de sus medios o sus voceros, y los intelectuales que apoyan a la revolución tampoco han dicho demasiado. Queda entonces el relato de los grandes medios, que como todo relato cuenta una parte de la verdad, o la verdad tal como se ve desde determinada perspectiva.
Cuentan que los 52 futuros liberados fueron arrestados en la llamada Primavera Negra del 2003 y condenados en juicios sumarísimos a penas de entre 6 y 28 años. Al principio eran 75, pero una veintena se fue liberando con el correr de los años por problemas de salud, casi siempre en el marco de un gesto hacia algún dignatario de visita. Muchos de ellos eran periodistas que trabajaban para medios internacionales y fueron condenados por delitos de traición a causa de los artículos críticos que mandaban por teléfono o fax.
Mientras el gobierno cubano sostenía que esos periodistas y esos artículos habían sido comprados por potencias extranjeras, los medios que habían publicado esos artículos empezaron a denunciar las detenciones, generando una ola mundial de protesta. El interés sobre la suerte de esos presos se reavivó en febrero, cuando el disidente Orlando Zapata murió en una cárcel cubana tras dos meses y medio en huelga de hambre. Aunque Zapata estaba en las listas de prisioneros políticos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, el gobierno dijo que se trataba de un delincuente común y publicó su prontuario de delitos menores. Pero poco importó, porque al día siguiente de la muerte de Zapata entró en huelga de hambre Guillermo Fariñas (foto), un opositor preso más reconocido. Cuatro meses más tarde dieron la vuelta al mundo unas fotos en las que Fariñas parecía un faquir.
Mientras tanto Cuba vive una de sus peores crisis económicas. En los últimos meses se ha visto forzada a implementar una suerte de período especial y recortar el gasto estatal, incluyendo algunos rubros muy caros al régimen, como los subsidios para comedores escolares. Venezuela, el principal socio y benefactor de Cuba, no puede ayudar mucho porque está inmerso, en su propia crisis debido a la caída del precio del petróleo.
Así las cosas, el gobierno cubano parece haber decidido que necesita inversión extranjera para salir del pozo. Pero al bloqueo estadounidense se suma la llamada "posición común" de la Unión Europea, que desde 1996 condiciona contactos con la isla a la mejora en la situación de los derechos humanos.
Aprovechando que el gobierno socialista español asumió este año la presidencia de la UE, el gobierno cubano buscó un acercamiento a través de la Iglesia cubana. Con el canciller español Moratinos en La Habana, el arzobispo cubano anunció que los presos de la Primavera Negra serían liberados y enviados a España en un plazo de cuatro meses. Moratinos felicitó al gobierno cubano y declaró que la "posición común" ya no tenía razón de ser. Fariñas anunció que levantaba su huelga de hambre.
Esto es más o menos lo que aparece publicado en los diarios y se muestra en la televisión y se transmite por Internet desde los medios masivos. La conclusión que sacan los opinadores a partir de este relato se cae de madura: se trató de un acto tardío y desesperado de un régimen forzado a negociar por su incapacidad para generar riqueza.
Entonces piden más. Dicen que hay todavía hay más de cien presos políticos en Cuba y que no hay libertad de expresión. Lo cual suena muy bien, pero no es tan simple.
Cualquier crítico razonable del régimen cubano debe al menos reconocer que se trata de un gobierno legítimo, apoyado por la inmensa mayoría de los cubanos, por lo menos de los que viven en Cuba. Y que es legítima la decisión de los cubanos de apoyar a un régimen que prioriza el bien común por sobre la libertad individual. Los logros alcanzados en materia de salud y educación, especialmente cuando se los compara con sus vecinos del Caribe y Centroamérica, le da sentido a esta decisión.
Como es de rigor en un país gobernado por un régimen comunista, la Constitución cubana limita la libertad de expresión: "Ninguna de las libertades reconocidas para los ciudadanos puede ejercerse contra lo que se establece en la Constitución y la ley, o contra la existencia y objetivos del Estado socialista, o contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo".
Hasta ahora Cuba nunca había aceptado la existencia de prisioneros políticos. Los presos estaban bien presos porque eran agentes desestabilizadores al servicio de las potencias extranjeras. Y las leyes cubanas, esas leyes que sirvieron para defender a la revolución del terrorismo made in Miami, le daban la razón. "Las leyes (vigentes en Cuba) son tan vagas que casi cualquier acto de oposición puede criminalizarse de alguna manera, por lo que es muy difícil que los activistas hablen contra el gobierno", dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
"El Código Penal establece un rango de vagos cargos criminales que pueden utilizarse para acallar la disidencia, tales como ‘peligrosidad social’, ‘propaganda enemiga’, ‘desprecio a la autoridad’, ‘resistencia’, ‘difamación de las instituciones nacionales’ e ‘impresión clandestina’", señala el último informe sobre Cuba de AI.
Por eso el anuncio de las liberaciones esta semana equivale ni más ni menos que al reconocimiento tácito por parte del gobierno cubano de la existencia de prisioneros políticos en su país. Porque habrán sido detenidos bajo cargos criminales, pero serán liberados como fruto de una negociación política.
No debe haber sido una decisión fácil, sobre todo porque era previsible que los grandes medios pondrían el acento en el supuesto oportunismo y la supuesta debilidad del régimen. Con un gigante como Estados Unidos al acecho, listo para transformar la experiencia cubana en un gigantesco shopping. Con el triste recuerdo de la revolución blanda derrotada en Nicaragua. Con Fidel enfermo y Raúl cerca de la jubilación.
En eso pensaba cuando por casualidad me topé con un pequeño recuadrito de una página perdida de la revista Time, a propósito de nada. El recuadrito citaba el informe anual 2010 de Amnesty. Decía que el treinta por ciento de los 153 países incluidos en su informe mantiene prisioneros de conciencia. O sea, prisioneros políticos. Más llamativo aún, decía que el cuarenta y dos por ciento de los países del G-20 (los más importantes) mantienen prisioneros de conciencia. Está bien: mal de muchos consuelo de tontos. Pero por alguna razón sólo los presos cubanos tienen buena prensa.
Leyendo el informe AI, en su sección dedicada a Cuba, aparece otro dato interesante que saltearon las crónicas: según Amnesty, en mayo del 2010 Cuba tenía "al menos 53 prisioneros de conciencia." El número coincide exactamente con las liberaciones anunciadas desde entonces, si se toma en cuenta la liberación de un disidente el mes pasado por razones de salud.
A diferencia de otras organizaciones citadas en los grandes medios, que no dudan en poner la cifra de detenidos políticos en Cuba por encima de 170, Amnesty, explica el informe, se toma el trabajo de revisar cuidadosamente los expedientes judiciales de los presos antes de declararlos prisioneros de conciencia.
En otras palabras, si no se identifican nuevos casos, Cuba debería salir de la lista de Amnesty el año que viene, mientras un grupo importante de países, incluyendo algunos de los más poderosos, permanecerán en ella.
Mirada desde esta perspectiva, la decisión del gobierno cubano, más que una muestra de debilidad, parece una muestra de fortaleza. Una señal de que un gobierno que se ha encargado como ningún otro de los derechos sociales de su pueblo ahora se permite también elevar los derechos humanos de sus ciudadanos a la norma internacional, inaugurando una nueva etapa, más abierta, más confiada y más tolerante, de la revolución.
Entonces la reacción lógica sería celebrar la iniciativa cubana e instar a otros países violadores a seguir su camino. Pero cuesta imaginar el mismo revuelo que se armó con Cuba para que Indonesia, China o Israel liberen a sus prisioneros políticos. O lanzar un bloqueo internacional de Estados Unidos hasta que Obama cumpla con su promesa de cerrar la cárcel de Guantánamo y llevar a la Justicia a los asesinos, torturadores y secuestradores surgidos de la política de "guerra al terrorismo". Pero no, el foco mediático no está puesto en los prisioneros políticos, está puesto en los pecados de Cuba.
Sería necio negar que en la revolución, entre todo lo bueno, algunas cosas, muchas, pocas, grandes, chicas, se hicieron mal. O salieron mal, o no salieron, o fracasaron. Pero los Castro no necesitan prodigarse demasiado en busca de argumentos para acusar de hipócrita al coro mediático que siempre repite la misma canción.

11 de julio de 2010
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los huesos de pérez

mqh - 10 de julio de 2010 - 20:12 - opinión

Leila Guerriero, periodista argentina, viene de publicar ‘El rastro en los huesos’, la fabulosa historia del Equipo Argentino de Antropología Forense.

[Sandra Russo] Roland Barthes cuenta que en 1945, en Suiza, a raíz de un pneumotórax, los médicos debieron extraerle un pedazo de costilla. Se la devolvieron envuelta en gasa, junto con sus pertenencias. El pedazo de costilla le pertenecía, igual que su reloj o su billetera. Más incluso que eso. Barthes tuvo conciencia entonces, dice, de que "mi cuerpo me pertenece, sea cual fuere el estado desmembrado en el que me lo devuelvan: soy el dueño de mis huesos, tanto en vida como muerto".
Barthes guardó aquel pedazo de sí en un cajón de su escritorio. Lo incomodaba. No sabía qué hacer con él. Lo mantuvo allí mucho tiempo, junto a otras cosas inservibles. Con esa observación lingüística que bordea la poesía, en ese texto habla de los cajones de los escritorios o las mesas de luz, esos otros cajones que guardan nuestras pequeñas cosas muertas. En la traducción que leí se usa "gaveta", pero para nosotros es un "cajón".
Barthes no se animaba a tirar la costilla al incinerador del edificio, en lo que hubiera sido una precaria y parcial cremación. Un día lo tiró por el balcón de su casa, envuelto en la gasa hospitalaria. Algún perro habrá ido a relamerla, imaginó.
Me viene inevitable a la mente el hueso de Pérez, el que dice que quiere y que reclamará el ex juez Gabriel Cavallo porque llegado el caso no le alcanzará lo que diga "el disco rígido". Se refería a la información proveniente del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Cavallo borra toda huella de sangre del discurso, lo virtualiza. Borra la sangre del pasado y la del presente. Dice que quiere el hueso.
Es evidente la estrategia defensiva, que necesita un previo desprestigio del BNDG, a cuyos profesionales es necesario invisibilizar: en todo caso se trata, como en todos los otros casos, de gente que paga el Gobierno. Esa estrategia llega a un clímax cuando Cavallo pide "el hueso de Pérez".
La sangre, los huesos. El ADN que se almacena y compara en el BNDG desde hace años, un trabajo pródigo en reconocimientos internacionales. El trabajo ciclópeo de búsqueda a través de la sangre o lo que la reemplace. La búsqueda de la vida extraviada, expropiada, apropiada, expuesta en la síntesis de su ADN.
Pero los huesos. Hablemos de los huesos, que trajo a escena la frase de Cavallo. Esta semana fue premiada por la Fundación Nuevo Periodismo, la más importante de habla hispana, la argentina Leila Guerriero. Una de las mejores prosas nacionales. Su trabajo, publicado por la revista mexicana Gatopardo, se titula ‘El rastro en los huesos’, y es la fabulosa historia del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Es necesario leer el trabajo de Leila, ahora que el abogado defensor de la señora de Noble pide "el hueso de Pérez". Es un trabajo sanador, porque reconstruye el esqueleto histórico y emocional de quienes se internaron en las fosas individuales y comunes durante los últimos veinticinco años para buscar los huesos de los muertos negados.
Esta semana también habló Videla. Volverían a hacerlo. Para ellos no cayó el Muro de Berlín. "Los desaparecidos no están, no son, no tienen entidad", supo decir el general. No tienen identidad. Era la coartada perfecta. No dejar rastros. ‘El rastro en los huesos’ relata cómo fue que con el horror todavía soplándoles en la oreja, en 1984, un grupo de estudiantes de Antropología dejaron de buscar huesos de guanacos y empezaron a buscar huesos humanos.
"En 1988, cuando fueron convocados como peritos para excavar en el sector 134 del cementerio de Avellaneda, un suburbio de Buenos Aires donde los militares habían enterrado a cientos, pocos de ellos tenían más de 22. La fosa de Avellaneda permaneció abierta dos años y sacaron de allí trescientos treinta y seis cuerpos, casi todos con heridas de bala en el cráneo, muchos de ellos todavía sin identificar."
Buscaban los huesos de otros jóvenes. Excavaban ante la mirada de los familiares. Mercedes Salado, una bióloga española que integra el Equipo desde 1997, dice:
"Esto no es un trabajo, es una forma de vida. Está por encima de tu familia, de tu pareja, por encima de tu perspectiva de tener hijos. Nos hemos olvidado de cumpleaños, de aniversarios de boda, pero no nos hemos olvidado de una cita con un familiar. Y en el fondo es tan pequeño. ¿Qué haces? Encuentras la identidad de una persona".
Los huesos de Pérez han sido inagotablemente buscados. Quiere el azar que una frase textual del trabajo de Leila, pronunciada por el antropólogo forense Luis Fondebrider, los aluda en esa generalidad que abarca el apellido común que usó Cavallo. El Equipo, que participó contratado por el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, comisiones de la Verdad en Filipinas, El Salvador y Sudáfrica, fiscalías de todo el mundo y actualmente está trabajando en Ciudad Juárez, participó también en la identificación de los restos del Che Guevara. Y afirma Luis Fondebrider, uno de los que están desde el principio:
"Pero para nosotros todos son personas. El Che o Juan Pérez".
El BNDG y el Equipo Argentino de Antropología Forense son dos de las inequívocas construcciones democráticas de las que todo bien nacido está orgulloso. Forman parte de un gigantesco movimiento colectivo de reparación, pero ellos han sido el ancla, han hecho el esfuerzo mental y físico que demandó en estas décadas la tarea de devolverles a miles de vivos y muertos su nombre verdadero.
No es Cavallo quien más o mejor reclama el hueso de Pérez. El descenso al infierno de los huesos NN, punto culminante de la política de exterminio ya probada y condenada por la Justicia, debería acotar por decoro, ética y respeto a la verdad los argumentos del abogado.
10 de julio de 2010
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legado y mandato

mqh - 07 de julio de 2010 - 01:42 - opinión

La despenalización del delito de calumnias e injurias representa el legado del periodista Eduardo Kimel a favor del ejercicio pleno de la libertad de expresión. Su muerte prematura le impidió ver este fallo.

[Horacio Verbitsky] El reconocimiento de la presidente CFK al periodista Eduardo Kimel sirve para reflexionar sobre el rol del periodismo, de la justicia, de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno nacional. El reconocimiento a Kimel fue una de las obligaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al Estado argentino en 2008, como culminación de un caso planteado por el CELS y la ex asociación Periodistas en 2000. La idea era que el reconocimiento coincidiera con un nuevo aniversario del asesinato de cinco religiosos palotinos, el 4 de julio de 1976, pero como era domingo se postergó para el lunes 5.
En 1989, Kimel publicó su libro de investigación ‘La masacre de San Patricio’. Allí escribió que "la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Guillermo Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto". Kimel fue querellado por el juez, que ya había ascendido a camarista.
En 1990, la jueza federal Amelia Berraz de Vidal me condenó a mí a un año de prisión y una indemnización de 10.000 dólares por desacato al ministro de la Corte Suprema Augusto Belluscio y en 1995 la jueza Angela Braidot condenó a Kimel a un año de prisión y a pagar una indemnización de 20.000 dólares por injurias a Rivarola. Kimel, dijo, "no se limitó a informar, sino que además emitió su opinión", que ella consideró "innecesaria y sobreabundante". Es decir, un delito de opinión. Ambas condenas fueron confirmadas por las respectivas cámaras de apelaciones y por la Corte Suprema de Justicia, anegada por una mayoría automática oficialista, y llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. En mi caso, el gobierno nacional se comprometió a derogar el delito medieval del desacato, cosa que el Congreso hizo por unanimidad en 1993. Pero de inmediato todos los funcionarios comenzaron a presentar querellas por calumnias e injurias contra los periodistas que los incomodaban con sus informaciones y sus críticas.
En el caso de Kimel en 1996 la sala VI de la Cámara de Apelaciones revocó la condena e hizo la primera autocrítica por el rol de la justicia en aquellos años. Según los jueces Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar, en democracia "no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar" y quienes ejercen una función pública "estamos expuestos a la crítica". Su colega Carlos Alberto Elbert agregó que el Poder Judicial fue una "institución legitimante esencial del estado de excepción", por lo cual la desconfianza de Kimel hacia quienes "fuimos subordinados al acta y estatuto del ‘proceso de reorganización nacional’ (que el camarista escribió con republicanas minúsculas y comillas) es una actitud comprensible" y sus afirmaciones deben interpretarse como "parte de un juicio histórico global que nos involucra a todos quienes protagonizamos esa etapa paralegal y trágica".
Pero en 1998 el cardumen menemista en la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo. Lo firmó en 1999 la sala IV de la misma cámara, que condenó a Kimel por su "ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces el Poder Judicial", lo cual no formaba parte de la causa e insistía en el delito de opinión. Kimel dijo: "Tengo un sentimiento de indignación. Mientras los asesinos siguen en libertad y los policías que encubrieron el caso también, el único procesado y condenado por la Justicia es el autor del libro que relata el episodio". Para la Asociación Periodistas "el alto tribunal ha tomado la decisión política de transmitir un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa argentina". En 2000, el CELS y Periodistas llevaron el caso al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, mientras proseguía la negociación entablada el año anterior con el Estado para la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público. Los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa ratificaron ese compromiso ante el Congreso y lo mismo hizo en su fugaz mandato de una semana Adolfo Rodríguez Saá. Durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, el senador Eduardo Duhalde introdujo una corrección: sólo ofrecía beneficiar a los periodistas. El CELS y Periodistas lo rechazaron, ya que no se trataba de consagrar un privilegio corporativo sino de extender los márgenes de libertad para todos los ciudadanos.
Como pasaron siete años sin que el Estado cumpliera su compromiso, en 2007 la Comisión Interamericana lo denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial del sistema. El gobierno de Néstor Kirchner se allanó a la demanda y, sin discutir, le pidió a la Corte que fijara las reparaciones. En 2008 el máximo tribunal interamericano ordenó a la Argentina dejar sin efecto la condena, adecuar el derecho interno a la Convención Americana en materia de libertad de expresión y realizar un acto público de desagravio a Kimel. El año pasado CFK firmó un proyecto elaborado por el CELS. El Congreso lo convirtió en la ley 26.551, por la cual nadie que informe u opine sobre temas de interés público pondrá en riesgo su libertad. Sólo faltó un puñado de votos de PRO en Diputados para que su aprobación fuera unánime en ambas cámaras, como ya había ocurrido con el desacato. Por desgracia, Kimel no llegó a ver el acto de ayer, porque tuvo una muerte prematura en febrero de este año. Pero estuvieron su mamá y su hija, quienes escucharon conmovidas que la despenalización representa su legado a favor del ejercicio pleno de la libertad de expresión. El CELS cumple también con el mandato de sus fundadores. Creado por familiares de víctimas de la represión, concluida la dictadura comenzó a trabajar por la afirmación y el perfeccionamiento de los derechos humanos en democracia, desde la sociedad pero en relación con los poderes públicos, con la intención de incidir en sus políticas, ya sea con un alivio a la situación horrorosa en las cárceles bonaerenses, la adopción de un procedimiento transparente para la elección de jueces federales, la nulidad de las leyes de impunidad, la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad por problemas psiquiátricos, la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales (en cuya autoría participó desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática), o la derogación del vetusto Código de Justicia Militar, a partir de una causa en la que el organismo defendió a un oficial del Ejército sancionado sin derecho a defensa. Ahora es el turno de una ley de acceso a la información pública, para transparentar las cuestiones que interesan a la sociedad y que no pueden ser secretas. La aspereza del debate público, que hoy ninguna ley reprime, aunque algunos funcionarios no se hayan enterado, es un síntoma de la vitalidad de la democracia argentina.

6 de julio de 2010
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memoria tergiversada

mqh - 03 de julio de 2010 - 20:05 - opinión

Es hora de un nuevo descubrimiento, es hora de que regrese la borla incaica al Escudo nacional argentino.

[Osvaldo Bayer] Ya sabemos eso de que en nuestro país muchos sostienen que a la historia no hay que revisarla, hay "que mirar para adelante". Esa conducta que los argentinos tenemos desde las primeras traiciones históricas a los principios de mayo es una de las causas de la impunidad que tuvieron todos aquellos que se basaron en la palabra "progreso" para cometer crímenes o negociados que nos han llevado a las catástrofes que se produjeron en la democracia por la traición a aquellos principios libertarios que entonamos en nuestro Himno nacional desde 1813: "Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad".
Negar la historia es nada más que un oportunismo circunstancial que, a la postre, se paga. La Historia positiva de los pueblos siempre está basada en la Etica y no en el llamado "progreso". Vamos a tratar hoy el caso de tres símbolos manipulados por el poder y el oportunismo. Uno de ellos es el gorro frigio de nuestro escudo nacional, que llevaba la marca de Belgrano y que modificó el general Mitre –quien usó y escribió nuestra historia en su provecho–. Es un proyecto que acaba de presentar el historiador Marcelo Valko al Congreso nacional para volver al uso original como uno de los tantos pasos que habría que dar, en este Bicentenario, para retornar al pensamiento de mayo. Dice el historiador en su presentación: "Algunas de las pruebas que evidencian la intención de los revolucionarios de 1810 para integrarnos a la historia americana se encuentran invisibilizadas ante nuestros propios ojos por los ideólogos de la historia oficial, entre los que se destaca Mitre, que calificaba de ‘amalgama extravagante’ la asociación de las antiguas tradiciones indígenas y las nuevas aspiraciones de la independencia y libertad". Y agrega: "La que es considerada primera bandera nacional fue donada por Belgrano al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813 y lleva pintado el Escudo de la Asamblea del año 1813. En ella figura el verdadero gorro frigio. También subsiste desde ese tiempo un escudo original pintado en madera. Esos dos símbolos que todavía existen –agrega el historiador– son la prueba de un grave delito cometido contra los sueños e ideales de los mejores revolucionarios". Sí, en esa bandera y en ese cuadro está el verdadero gorro frigio. Y nos explica: "Tomado de la Revolución Francesa que había proclamado Libertad, Igualdad y Fraternidad, el gorro frigio condensaba aquellos ideales integrados en la nueva América. Sin embargo se impone una diferencia fundamental entre el gorro de la Asamblea del Año XIII, adoptado por Belgrano y su homólogo francés. Tanto en aquella bandera primigenia como en el escudo aparece la borla incaica como remate del gorro".
Qué espíritu profundo la de nuestros patriotas de Mayo. Querían amalgamar los ideales de la humanidad que luchaba en ese tiempo por la Igualdad en Libertad, con símbolos de la tierra americana. Y está allí, en el gorro frigio con la borla incaica. Un espíritu de fraternidad entre los pueblos originarios y los que eran ya hijos de los europeos venidos a estas tierras. Los ideales de una humanidad fraterna pero también con los rastros de las culturas autóctonas.
Y en el proyecto se nos detalla: "La Asamblea del año 1813 confió el diseño del escudo al platero y grabador Juan de Dios Rivera, quien había participado en la rebelión de Túpac Amaru. Refugiado en Buenos Aires, Rivera americaniza el gorro frigio y la Asamblea del año 1813 lo acepta. Es la misma borla que hoy usan los pueblos originarios del Noroeste y del Altiplano como remate de las orejeras de sus gorros. Y Rivera decidió vestirlo de acuerdo con la cosmovisión americana. De esa forma, nuestro escudo surgió al ideario de Túpac Amaru".
Y eso es lo profundo de quien piensa que no debemos imitar todo aquello que nos viene de Europa o de Estados Unidos. Los llamados liberales positivistas le dieron otra versión a la historia, menospreciando los orígenes mestizos. Y lo dice el historiador Valko en su proyecto: "La amputación experimentada por el escudo para eliminar los rastros americanos no es un tema menor. Los vaivenes heráldicos que siguieron a la eliminación de los principios revolucionarios expresan en última instancia un modelo de país que opta por enquistarse en Buenos Aires en lugar de integrarse al territorio continental". Y finaliza: "En el Bicentenario es hora de un nuevo descubrimiento, es hora de que regrese la borla incaica al Escudo nacional. Debemos enmendar la amputación ideológica que autentifica la presencia originaria e invisibiliza nuestra pertenencia a Latinoamérica. Debemos restaurar el valor simbólico y de integración continental de nuestro escudo nacional original, tal como fuera diseñado en 1813".
Sí, volver a lo legítimo y no aceptar correcciones "progresistas" de los que querían demostrar que todos los argentinos somos blancos.
El otro proyecto corresponde a la ciudad de Buenos Aires y a su bandera. La que existe actualmente se debió a la misma que fue iniciativa del concejal radical García Arecha y ya había estado en los deseos del intendente de la dictadura militar de la desaparición de personas, el brigadier Cacciatore. Fue aprobada por el Concejo Deliberante por voto de los radicales y justicialistas y rechazada por el Frente Grande. Por el mismo se aprobó nada menos que la bandera del conquistador Juan de Garay. Tiene la corona de Castilla y León, una cruz sangrienta que representa a la poderosa orden militar y religiosa española de Calatrava, que luchó contra los llamados "infieles" y un águila imperial con cuatro pichones que representan las ciudades fundadas en el Virreinato del Río de la Plata. Por supuesto, el águila lleva la corona de Castilla y León. Juan de Garay expresó que creaba esa bandera "con el fin de ensalzar la Santa Fe católica y servir a la corona de Castilla y León", entre otros fines.
Cuando fue aprobada, la opinión general fue que los que la apoyaron eran los representantes de la "bandera de Cacciatore". Y es justo el calificativo, porque esa bandera que tenemos actualmente en nuestra ciudad no refleja de ninguna manera lo que debe ser el emblema de una ciudad, no condice con lo multirracial que es su población y ni siquiera con algunos de los conceptos de los pensadores de Mayo. Por eso los concejales Camps y Naddeo han presentado proyectos para la eliminación de tal bandera que "habla de la lucha contra los infieles y los indígenas". Y añaden: "El Bicentenario es una oportunidad para instituir una nueva bandera, que respete los principios de la Constitución local que habla de democracia, de derechos humanos y de respeto a la diversidad de la población y a los pueblos originarios". Por su parte, Camps señala que "es una bandera medieval con símbolos ajenos a los valores actuales de esta ciudad. Una cruz sangrante no se compadece con el criterio ecuménico de esta ciudad". La diputada Naddeo propone algo bien democrático, que para la nueva bandera se haga un concurso en que participen los alumnos de establecimientos educativos y culturales, así como centros culturales y organizaciones sociales. Esos proyectos serán luego considerados por un jurado en el que estén representantes de docentes de arte, de las carreras de diseño de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Arte, de la Sociedad de Artistas Plásticos, de la Comisión del Patrimonio Histórico, de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad, dos representantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Legislatura y dos representantes de los ministerios de Cultura y de Educación de la Ciudad. Los diseños seleccionados luego serán exhibidos en el Centro Cultural Recoleta y sometidos a consideración del público, el cual podrá emitir su opinión a través del sistema del voto popular organizado a tal efecto.
Es decir, una forma absolutamente democrática. Porque es seguro que se elegirá el proyecto de una bandera que represente verdaderamente a esta Buenos Aires, con su historia tan discutida, que va de las represiones obreras de Roca a la Semana Trágica de Yrigoyen y a los desfiles militares de las dictaduras. Un proyecto que triunfe sobre la base de aprender de la historia para un porvenir de generosidad.
Nada más que un símbolo, pero una aberración cacciatoriana que hay que lavar, para limpiarnos de las vergüenzas y proponer futuros con ideales.
Todo esto nos lleva a otra realidad. Y voy directamente a la figura de un represor de extrema crueldad que al parecer, con sus "enseñanzas", está siempre presente en la actualidad argentina. El coronel Ramón L. Falcón, un indigno represor de extrema cobardía. Digo esto último por la matanza que llevó a cabo, siendo jefe de la Policía, en el acto del 1º de mayo de 1909, cuando ordenó primero atacar a tiros, sin aviso, a las manifestaciones obreras que iban a la Plaza Lorea a recordar a los Mártires de Chicago. Una manifestación de más de setenta mil obreros absolutamente pacífica. Luego de las primeras salvas de las armas largas policiales dio otra orden tan cobarde y cruel como la anterior: se ordenó a la policía a caballo que atacara directamente con sables a los manifestantes. Fue una verdadera orgía de sangre. Lo más cruel fue que los obreros en esas manifestaciones llevaban a sus mujeres y a sus niños, porque las consideraban un lugar de encuentro de toda la familia trabajadora. Pues bien: la segunda calle más larga de Buenos Aires sigue llamándose "Coronel Falcón", desde 1910. Ningún gobernante ha sido capaz de cambiar esa denominación, como lo pidieron los vecinos de Floresta que quitaron el nombre de Coronel Ramón Falcón a la plaza allí existente. No fue oído el pedido democrático de los vecinos. La plaza se sigue llamando con el nombre de ese cobarde genocida. Mucho peor todavía: el instituto donde se forman los oficiales de la Policía lleva el nombre nada menos que de Ramón Falcón. Después no sabemos cómo explicarnos lo del gatillo fácil, esos crueles crímenes que sigue cometiendo nuestra policía en las calles de todas nuestras ciudades. Podríamos nombrar todos los muertos civiles inocentes que fueron muertos por el gatillo fácil de la ley, "primero se aprieta el gatillo y después se pregunta". Las últimas tristes muertes han demostrado la total impunidad de ese poder que tenemos desde hace muchas décadas y que se mueve con sus leyes propias. Sólo nos queda proponer, como primer paso hacia una política de absoluta responsabilidad con la educación de esos uniformados, la eliminación del nombre del genocida del instituto formador de oficiales, el cambio de nombre a esa calle y, luego, hacer un examen de todos los docentes de esos institutos que, al parecer, hasta ahora sólo les han enseñado a sus cadetes a ser dueños de la vida y de la muerte.
Símbolos. Pero que influyen en la vida democrática. Limpiemos también esa memoria tergiversada.

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pacto de silencio en colombia

mqh - 16 de junio de 2010 - 22:21 - opinión

En el Código Penal Militar se delinean los delitos que cubre el fuero y se deja claro que los únicos que no están sujetos son los de lesa humanidad.

[María Jimena Duzán] La condena de 30 años proferida en contra del coronel Plazas Vega, declarado culpable por la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, ha revivido el tabú de si los militares que incurren en delitos de lesa humanidad son intocables o no en Colombia.
En el fondo esa es la gran discusión; la misma que hace 20 años se desató cuando el entonces procurador Alfonso Gómez Méndez pidió la destitución del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano. Al primero, Gómez Méndez lo encontró culpable por no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes, y al otro, por ser el responsable de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Al entonces Procurador se le vino el mundo encima y debido a las amenazas contra su vida se vio obligado a salir del país. Veinte años después la historia vuelve a repetirse con la indignación que ha producido la condena contra Plazas Vega proferida por una jueza. A ella también le ha tocado presenciar la rapidez con que el establecimiento político se solidariza con las fuerzas militares, mientras ella es amenazada.
Para evitar la discusión de fondo -la de si los militares son intocables cuando cometen delitos de lesa humanidad-, el mundo castrense nos tiene inmersos en la discusión equivocada y nos ha obligado a centrar su problema en el tema del fuero. Según esta tesis, condenas como la de Plazas Vega demuestran que los militares están indefensos, que se acabó con el fuero penal militar, que se destrozó la justicia penal y que por lo tanto los militares han quedado expuestos a una persecución jurídica infame que busca frenar a la fuerza pública en su lucha contra las Farc.
No sobra decir que nada de lo anterior es cierto. El fuero penal militar está consagrado en la Constitución, y en la Carta se dice explícitamente que a los militares se les garantiza su propio régimen disciplinario y una justicia penal para juzgar a aquellos miembros de las fuerzas militares que incurran en delitos que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Más aún: el gobierno del presidente Uribe aprobó en 2004 un nuevo Código Penal Militar y, que se sepa, en ese momento no se escuchó ninguna queja por parte de los generales. En ese Código Penal Militar se delinean nuevamente los delitos que cubre el fuero y se deja en claro que los únicos que no están sujetos son los delitos de lesa humanidad. Y hasta donde sabemos, ni la desaparición forzada ni el asesinato de campesinos inocentes son actos de servicio.
Tampoco es acertado decir que la justicia penal militar se acabó. Otra cosa es que no sea eficaz y que por el contrario haya sido fuente de pasadas impunidades que no la dejan bien parada. Casi todos los procesos de militares que hoy están siendo investigados por la justicia ordinaria fueron absueltos por la justicia penal militar.
¿Qué es entonces lo que están pidiendo los militares? Lo que en realidad están pidiendo es una peligrosa ampliación de su fuero con el propósito de "blindar" a los mandos militares de los delitos que por acción u omisión puedan cometer sus subalternos. Por esta vía se pretende frenar las responsabilidades en la cadena de mando y evitar así que los generales y el presidente Betancur terminen con el agua al cuello.
A pesar de que el presidente Uribe les prometió, en su alocución del jueves, que presentaría un proyecto de ley en ese sentido, las posibilidades de que esta propuesta se traduzca en hechos es casi imposible. A Uribe le quedan dos meses de consejos comunales, y las probabilidades de que el próximo Presidente impulse la ampliación de un fuero que va en contra del Código Penal, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la doctrina internacional de los derechos humanos, es bastante improbable, incluso, si el nuevo Presidente es Juan Manuel Santos. Ni siquiera él se atrevería a abrir semejante boquete.
Queda sobre el tapete la necesidad de encontrar una fórmula intermedia en la que se les conceda a los militares investigados por el Palacio de Justicia, un tratamiento especial a cambio de la verdad y reparación a las víctimas. Para el país es preferible una solución de ese estilo que reversar el único proceso de paz exitoso que hemos tenido, como bien lo han resaltado el general Padilla y hasta el propio presidente Uribe, quien tiene en su gobierno a varios de los ex comandantes guerrilleros del M-19.
Tiene razón Alfonso Gómez Méndez cuando dice que hace 25 años el establecimiento político-militar colombiano hizo un pacto de silencio para ocultar la verdad de lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia. Y el deber de la justicia es romper ese manto de impunidad. Lo demás es carreta.

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ratifican condena de apropiador

mqh - 15 de junio de 2010 - 18:56 - opinión

La Cámara de Casación ratificó la condena a dieciséis años de prisión de un apropiador. El fallo que confirmó la prisión del gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval avaló la confiabilidad de los estudios genéticos del BNDG, que permitieron corroborar la identidad del hijo de Pedro Sandoval y Liliana Fontana.

[Irina Hauser] Argentina. La Cámara de Casación Penal dejó firme la condena a dieciséis años de prisión al comandante retirado de Gendarmería Víctor Rei por la apropiación y supresión de identidad de Alejandro Sandoval Fontana, hijo de los desaparecidos Pedro Sandoval y Liliana Fontana, secuestrados en 1977. El fallo tiene dos aristas de gran trascendencia: una es que confirma que la sustracción de menores durante la dictadura debe ser considerada como desaparición forzada de personas y delito de lesa humanidad, que como tal no prescribe; la otra es que respaldó el trabajo y la confiabilidad de los estudios realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), aun con posterioridad a 2006, que es el período que pone en duda el abogado defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, en la causa donde se investiga si sus hijos adoptivos son hijos de desaparecidos.
Rei fue condenado en abril del año pasado y recibió "la pena más alta impuesta a un apropiador", recordó un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. Su defensa cuestionó al BNDG, algo que también había hecho durante el juicio con razonamientos casi idénticos a los que plantea el nuevo abogado de la dueña de Clarín en el expediente sobre la identidad de Marcela y Felipe, a quienes adoptó en 1976. El planteo es que tras el desplazamiento de Ana Di Lonardo de la dirección del BNDG, en 2006, se rompió lo que llaman la "cadena de custodia" de la información genética, al no haber un responsable definitivo y quedar a cargo un ex abogado de Abuelas. Esa situación, alegan, habría llevado a que las muestras almacenadas (de familiares de desaparecidos) perdieran confiabilidad.
En 2006 el BNDG del Hospital Durand confirmó que el ADN de Alejandro resultaba compatible en un 99,999996 por ciento con el de Fontana-Sandoval. El joven relató a Página/12 que del primer allanamiento que hicieron en su casa para llevarse muestras de ADN lo alertó su apropiador, Rei, desde la cárcel. Así que él mismo, y con la complicidad de los policías que realizaron el procedimiento, les dio sábanas y ropa limpia o elementos que no servirían (como un cepillo de dientes pasado por los de su perro). Pero la jueza María Servini de Cubría lo sorprendió con un allanamiento de madrugada, donde se secuestraron pruebas que sí resultaron de utilidad. Finalmente, contó, hizo el "clic" que le permitió conocer su identidad y a la familia que lo había buscado. Aceptó incluso una extracción de sangre para cotejar los estudios genéticos, que ratificó sus orígenes.
El fallo de la Sala IV de Casación –que firman Mariano González Palazzo, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Augusto Diez Ojeda– avaló la actuación del BNDG y dio por válidos los estudios genéticos realizados gracias a los cuales Alejandro recuperó su identidad y le permitirán "obtener un nuevo DNI", destacaron en Abuelas. En tribunales, quienes presenciaron las audiencias del juicio a Rei, recordaron en diálogo con este diario que cuando declaró Di Lonardo –nombrada perito de parte por la directora de Clarín– no puso en duda la fiabilidad de los estudios de ADN.

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