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opinión

la mejor parte del amor


Hasta dónde, o hasta cuándo, estará regida la historia por la pulsión del robo y el asesinato, y la destrucción de la identidad.
[Sandra Russo] Seguramente los apropiadores de niños sienten amor por ellos, o al menos eso deben creer. Quién sabe qué siente alguien que oculta una verdad atroz; que obliga al ser presuntamente amado a una reciprocidad que él mismo viola. Nadie está, sin embargo, preparado para fingir toda su vida. Ese amor que los apropiadores sienten por esos bebés que hoy son hombres y mujeres de treinta y pico debe haber tenido fallas, grietas, lapsus, desbordes inevitables de la verdad. Un hijo apropiado debe saber, en alguna parte sí, alguna forma de la verdad. Seguramente huele el tufo de ese amor, su hedor, el rastro de un crimen. Hay cuatrocientas personas todavía viviendo esas tensiones soterradas.
Hay mecanismos psíquicos y sociales que permanentemente bloquean el amor y lo reemplazan por sus simulacros. Estamos todos tan confundidos con el amor, que aceptamos sus sustitutos, sus malas copias. Los apropiadores de niños les han dicho a lo sumo a esas personas que son hijos adoptivos, bebés que ellos sí aman, en reemplazo de madres que los abandonaron. Desde el punto de vista de ese tipo de víctima, el hijo abandonado, ser hijo de un desaparecido es una enorme descarga de angustia. Es constatar que no hubo abandono. No son hijos biológicos de una madre que eligió seguir su vida sin ellos, sino que fueron bebés arrebatados de las manos de sus madres. Sus madres no siguieron sus vidas, no formaron otras familias, no tuvieron otros hijos. Fueron asesinadas.
Lo innombrable del abandono es el desamor. Cualquiera que haya sido abandonado en una circunstancia amorosa sabe que lo anímicamente intragable del abandono es el desamor. Una de las razones que siempre esgrimieron las Abuelas como motores de su búsqueda es hacerles saber a sus nietos que fueron bebés muy deseados y amados por sus padres y sus familias. Quieren hacerles saber algo que puede curarles un trauma y sanarles la vida.
Cuando esos bebés llegaron a la adolescencia, cuando pudieron hacer lo que un niño pequeño no puede, muchos hijos adoptivos fueron por sí mismos a la sede de Abuelas. Querían saber si eran hijos de desaparecidos. Buscaban su identidad, pero también buscaban, probablemente, ese consuelo terrible: no haber sido bebés abandonados, sino víctimas de crímenes políticos. Esto no tiene nada de ideológico, en principio. Se trata más bien de distintas dimensiones del amor y el desamor. Nuestras vidas penden de esas nociones. Nuestros dolores y pasiones nacen allí, a la sombra de cómo fuimos o no fuimos amados.
La idea que tenemos del amor, eso que reconocemos en los otros y en nosotros mismos como amor, no puede germinar en la mentira, sólo en la libertad. Nadie puede obligarnos a amar. No podemos tampoco obligarnos a nosotros mismos a hacerlo. Es un sentimiento que está fuera de nuestro control, que aparece y también desaparece, pero que suponemos sólo posible entre criaturas libres. Cuando la mentira atraviesa la circunstancia amorosa, no hay amor. Hay manipulación.
La manipulación en el amor, sin embargo, no es cosa extraña. El mercado Vero Peso, en la desembocadura del Amazonas, es enorme y extraordinario. Hay interminables filas de puestos que venden los mangos más grandes del mundo, pescados de diseños exóticos, instrumentos musicales de madera maciza. Allí hay un sector de hechiceras que vende frasquitos de esencias y aceites para curar la salud y para recuperar o afirmar el amor. Esas mujeres de etnias amazónicas la agarran a una de la pollera cuando pasa, le ofrecen felicidad. Un embrujo no es otra cosa que manipulación. O simulación.
Traje de allí un pequeño volante que no es indígena, es afro. "Mae Triana Cartomante Exotérica" se llama la mujer vidente. Promete traer a la persona amada rápido, "amarrada a tus pies". El amarre es un tópico de la hechicería. Hay brujas urbanas en todo el mundo especializadas en amarres. Los amarres pretenden reemplazar al amor por fascinación. Ese es un truco posmoderno. Una prestidigitación tecnológica que hace llamar amistad a lo que pasa en Facebook. Es un atajo virtual para el atajo que siempre en todas las culturas se buscó: tomar por amor un sentimiento sintético que no se regocija en el bienestar del ser amado, sino en la propia necesidad de conexión.
A fin de año la palabra "amor" se multiplica. Son palabras. Las palabras tienen la particularidad de ser nada menos y nada más que palabras. Pueden ser decisivas o intrascendentes, pueden estar llenas o vacías.
Venimos terminando un año en el que las palabras fueron aligeradas, violentadas, subvertidas por el establishment. Se llegó a tal extremo que tuvimos que escuchar, como una reivindicación política de la mentira, que los hijos de Ernestina Herrera de Noble son nuestros hijos. Llama muy poco la atención que la lucha de las Abuelas sea cuestionada desde sectores golpistas que participan del juego democrático justo cuando esa lucha roza a una mujer muy poderosa. Cuando roza al poder. Eso pasa no inadvertido, sino no dicho.
Este año se puso en jaque a los derechos humanos. La primera en hacerlo fue Susana Giménez, entretenedora exquisita para la videopolítica. "Esa estupidez de los derechos humanos", dijo aunque quedó sonando la otra parte de la frase, "el que mata tiene que morir". Después se cuestionó a las Madres y a las Abuelas por la ley de ADN y se alzó nuevamente la frase hecha de que "los derechos humanos son sólo para los delincuentes", y no para las víctimas de "la inseguridad". Las coberturas políticas y policiales se entremezclaron. Abel Posse tuvo que renunciar, pero pasamos por el trance de tener unos días un ministro de Educación porteño que volvió a reivindicar el terrorismo de Estado. El huevo de la serpiente se instala en muchos nidos.
Nuestra veta fascista tiene sus dirigentes, pero tiene también muchos voceros en las calles, hombres o mujeres comunes y corrientes que de pronto se entreveran en conversaciones en las que piden matar a unos cuantos. La muerte es una de nuestras tradiciones. Una pulsión argentina que se regodea en soluciones finales. Matarlos a todos es una ilusión degenerada.
Hubo una época bastante reciente en la que los mataron. A todos los que pudieron. Hubo uno o dos años, durante y después del Juicio a las Juntas, en los que el horror sacudía las almas. Habían hecho cosas como tirar a la gente viva de los aviones o como asesinarla y robarse a sus hijos. Eso no es de izquierda ni de derecha. A veces uno se pregunta, en este país jodido, si acaso es de izquierda o peronista haberse quedado atravesado por la decisión de "nunca más". Este año, uno ha tenido la sensación de que si apareciera un liderazgo bestial, tendría sus bases en esa gente que tiene mucho y no quiere perderlo, o en los que tienen muy poco, quizá un freezer y un auto, o una casa propia y un plazo fijo en el banco, y sin embargo arengan la muerte de los que tienen menos que ellos.
Si se me permite, quisiera dedicar esta columna de fin de año a las Madres y a las Abuelas, por muchas razones. Pero entre ellas, la más firme y convencida es el agradecimiento por haber tramitado su dolor con lucha, y no con venganza. Por haber pedido siempre justicia, y haberse avenido a la mala, la poca, la lenta justicia que obtuvieron. Por haber estado dispuestas siempre a ofrecer a sus victimarios las garantías que sus hijos y sus nietos no tuvieron. Porque a pesar de sus diferencias y de sus líneas internas, siempre todas se pararon allí, en ese escalón que separa la civilización de la barbarie. Y porque en este país que aún conserva su horrible pulsión hacia la muerte, ellas la saltaron, se sobrepusieron, la reciclaron, la gestionaron hacia la vida. Porque son parte de lo mejor que somos, y somos peores si lo olvidamos.

26 de diciembre de 2009
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el odio sigue vivo


El odio sigue vivo y se alimenta de malos pero también de inocentes que dejan de serlo aunque después se arrepientan.
[Luis Bruschtein] Por lo general han expresado más odio los que defienden a los represores, que los familiares de las víctimas. Eso ha sido una constante desde que se fueron los militares. En un sentido tendría que ser al revés: los familiares tendrían más motivos para odiar. Pero lo que se hizo durante la dictadura tenía que cabalgar sobre un odio tan profundo que fuera capaz de galvanizar cualquier objeción, cualquier atisbo de conciencia. Esa clase de odio no tiene competencia.
Este zumbido de arco voltaico, de cable de alta tensión, se sintió los primeros años de democracia cuando Alfonsín hizo los juicios a los comandantes. En esos años se manifestaba en forma abierta en levantamientos carapintada, bombas, solicitadas y editoriales. Pero cuando la sociedad aceptó como reales los crímenes que trataban de defender, el odio persistió como un movimiento subterráneo que buscaba alimentarse de otros descontentos.
Cuando Kirchner reivindicó a los militantes de los ’70, cuando condenó las violaciones a los derechos humanos, anuló la Obediencia Debida y el Punto Final, entregó la ESMA a las organizaciones de derechos humanos, cuando desarrolló una política para cerrar heridas a partir de la justicia, el zumbido de furia aumentó y se convirtió en telón de fondo, en condimento de desborde de protestas como la de las entidades patronales del campo o las de la inseguridad. Ese odio de grito desaforado, de insulto explosivo, no fue sólo por las retenciones ni por la ola delictiva. Esas protestas quedaban engarzadas en una modalidad para odiar que se relaciona con la política de derechos humanos. En algunos de los actos de estas protestas siempre se escuchó atacar a los organismos de derechos humanos, a veces con la excusa del garantismo, a veces con la excusa del orden reclamado. Y en todos estos movimientos siempre aparecieron personajes relacionados con este odio, ahora reconvertidos en ruralistas o antigarantistas. Es una forma de odiar que tiene un sector de la sociedad argentina que respaldó a la dictadura y se siente humillada por la política de derechos humanos.
Cuando se anuló la Obediencia Debida y el Punto Final, hubo voces que dijeron que eso era fácil porque era una vía de acción que ya no tenía costo político. El secuestro y la desaparición de Julio López demostró que el odio estaba vivo.
Para los que vivieron la dictadura y se formaron en una sociedad hipócrita que llamaba democracia a un sistema de tutela de las fuerzas armadas, las ideas que publicó el ministro de Educación porteño, Abel Posse, tienen muchas reminiscencias con el sentido común de época de los años ’60 y ’70 que preparó el clima para justificar los crímenes de la dictadura. Podía ser una tía, una maestra en la escuela, el almacenero, no eran personas particularmente malas o violentas, pero repetían la idea de que había que hacer cualquier cosa para sobrevivir. El odio se induce por el miedo, por la idea de que estamos en peligro por el caos. A ese peligro se responde con odio o mano dura. Cualquiera sabe que el odio es la peor forma de reaccionar porque tiene consecuencias peores que su causa. El odio no soluciona nada pero se usa políticamente, ya no para la inseguridad ni para las retenciones, sino para debilitar a un gobierno o provocar su caída. Ha sido así en la historia reciente de nuestro país. Esa tía, la maestra o el almacenero odiaron y después se arrepintieron. Reflexionaron que no había motivo para tanto odio y hasta se olvidaron que lo sintieron. Qué estupidez, el daño ya estaba hecho.
Una voz en el helicóptero pidió que asesinen a Cristina Fernández el día que comenzó el juicio de la ESMA. Es la señal del odio que eligió ese momento para aparecer. Demasiada, sospechosa, imposible casualidad. Esa voz demuestra que a pesar de lo que diga Posse, los juicios y las condenas son más necesarios que nunca. Porque, justamente por lo que dice Posse, ese odio sigue vivo y se alimenta de malos pero también de inocentes que dejan de serlo aunque después se arrepientan.

15 de diciembre de 2009
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torpeza de eua en crisis hondureña


Después de condenar el golpe del 28 de junio, Estados Unidos en lo esencial ha permitido que el gobierno de facto se salga con la suya, provocando una fisura con los estratégicos socios sudamericanos. Editorial de Los Angeles Times.

Cuando el presidente Obama asistió a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobado en abril pasado, prometió un nuevo inicio en las relaciones históricamente tensas de Estados Unidos con América Latina. Sin embargo, desde entonces los latinoamericanos han visto más continuidad que cambios, se trate de la incapacidad para levantar el embargo comercial norteamericano contra Cuba, el nuevo acuerdo para intensificar el uso de bases militares en Colombia o la posición sobre el reciente golpe en Honduras. De hecho, la chapuza de la crisis hondureña ha dañado todavía más la credibilidad de Estados Unidos y provocado una fisura con socios estratégicos en América del Sur.
Debe decirse, a su favor, que el gobierno se unió a Europa y a la Organización de Estados Americanos en su condena del golpe del 28 de junio, e inicialmente trató de colaborar con sus aliados latinoamericanos para restituir en el cargo al presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, cuando eso fracasó el gobierno negoció un acuerdo entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y Zelaya, que carecía de fuerza para garantizar la restitución de Zelaya antes de las elecciones presidenciales del domingo. Incluso peor, Estados Unidos renunció a su influencia cuando anunció que su reconocimiento de las elecciones no estaba relacionado con el retorno de Zelaya. Eso apartó a Estados Unidos de los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile, que dijeron que un gobierno de facto no puede realizar elecciones libres. También ofreció al presidente venezolano Hugo Chávez la oportunidad para acusar a Estados Unidos de hacer un flaco servicio a la democracia; en 2002 el gobierno de George W. Bush apoyó un intento de golpe de estado contra Chávez y ahora Chávez alegará que el gobierno de Obama permitió que el golpe se asentara en Honduras.
No votando por el partido al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti y prefiriendo al presidente electo Porfirio Lobo, los votantes hondureños demostraron que quieren terminar con el aislamiento internacional del país. El Congreso hondureño debe decidir el miércoles si restituye a Zelaya por lo que queda de su mandato, que termina en enero. [El Congreso ya rechazó la restitución de Zelaya a su cargo]. Lo mejor para el país sería si las dos partes estuvieran de acuerdo sobre esto. Desgraciadamente, no es probable.
Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio y no debemos pensar que los hondureños deban pagar eternamente, mediante sanciones económicas, por los pecados de sus dirigentes políticos. El gobierno de Obama ya ha dicho que reconocerá al gobierno de Lobo y otros no tendrán otra alternativa que hacerlo a su vez, eventualmente. Finalmente, la ayuda económica de Estados Unidos y otras ayudas internacionales deberían reiniciarse cuando asuma el nuevo gobierno. Pero para Estados Unidos será más difícil recuperar su credibilidad mientras los que montaron el golpe se salgan con la suya y queden impunes.

7 de diciembre de 2009
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estrategia de obama en afganistán


Su discurso del martes definió el respetable objetivo de intensificar la guerra en Afganistán. Pero las posibilidades de victoria -y el alto coste- son motivo de preocupación. Un editorial de Los Angeles Times.
Incluso cuando anunciaba una intensificación de la guerra en Afganistán, el presidente Obama se concentró en los planes para salir de ese país. Al mismo tiempo que enviaba al frente treinta mil soldados y marines estadounidenses adicionales, dijo que empezaría a traerlos a casa para julio de 2011. Y mientras aseguraba al vecino Pakistán del compromiso de largo término de Estados Unidos con el sur de Asia, también tranquilizó a los estadounidenses de que hay límites para la intervención militar del país en la región.
Admiramos la proeza retórica del presidente. El discurso del martes fue claro y convincente. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos si será capaz de cumplir con tantas promesas aparentemente contradictorias y hechas ante tantas audiencias diferentes. Entendemos que Obama heredó una guerra descuidada y recibió toda una gama de malas opciones, y ciertamente esperamos que esté tomando la decisión correcta al subir la apuesta en Afganistán. Pero, francamente, tenemos algunos recelos en cuanto a los costes y probabilidad de victoria.
A su favor, Obama brindó respuestas claras a preguntas que el país viene haciendo hace tiempo: Dijo que el objetivo en Afganistán es privar a al Qaeda de un refugio, revertir los avances del Talibán e impedir que derroque al gobierno nacional. La estrategia es desplegar tropas para atacar a la subversión y proteger a las ciudades al tiempo que se refuerza al gobierno y las fuerzas armadas afganas - ‘construcción de la nación’ en un país que ha resistido con esmero intentos extranjeros previos de forjar un estado central. Los costes serán trescientos mil millones de dólares adicionales el próximo año, y más después. El objetivo: "adelantar el día en que nuestras tropas puedan volver".
Obama argumentó que dejar Afganistán ahora sería abandonarlo a al Qaeda y sus aliados, y que mantener los niveles de tropa actuales equivaldría a "marcar el paso", mientras el Talibán sigue ganando terreno. Sobre ese punto ciertamente tiene toda la razón.
El presidente envolvió su decisión en el más noble de los valores estadounidenses, mencionado la "carga especial [de Estados Unidos] en asuntos globales" y sosteniendo que Estados Unidos envía sus tropas al extranjero para luchar contra la opresión y liberar a la gente antes que subyugarla. Pero esa distinción puede pasar desapercibida a los afganos que presencian otra ola más de soldados extranjeros que inundan su país.
"Lo correcto te hace fuerte", dijo Obama, y esperamos sinceramente que no se equivoque. También dijo -y esta parte parece estar fuera de toda duda- que "esto no será fácil". Le creemos cuando dice que su objetivo es garantizar la seguridad de Estados Unidos. Son los medios los que nos preocupan. Lo último que queremos es vernos a nosotros mismos de aquí a algunos años dejando Afganistán con los mismos problemas que hoy, sin nada más que mostrar que nuestros muertos y nuestros dólares".

2 de diciembre de 2009
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blanqueando el golpismo


La forma de blanquear el regreso del golpismo.
[Eduardo Febbro] Desde París. Nadie puede dudar de que Estados Unidos sea un irreductible promotor de la democracia en el mundo. En los últimos ocho años la impuso con bombas y una ocupación en Irak, la forzó con más bombas y otra invasión en Afganistán y acaba de recomponerla con camisa de fuerza y a su medida en Honduras mediante el inédito y payasesco blanqueo de un golpe de Estado que dejó al país con tres presidentes simultáneos: el depuesto Manuel Zelaya, el de facto Roberto Micheletti y el electo Porfirio Lobo. El imperio ha cambiado de dirigentes, pero sigue guardando en su corazón la iconografía de los santos redentores de la democracia y el bien, cuyos principios devastaron las democracias latinoamericanas a lo largo del siglo XX: no importa quién venga después, ni cuántas personas mueran, ni cuánto se degrade la institucionalidad o la dignidad, el derecho y la constitución.
Barack Obama le ha ofrecido a América latina el peor perfil de las administraciones norteamericanas: el apoyo al golpismo, el respaldo a la violación de todos los derechos. "No vine a discutir del pasado, vine a pensar en el futuro", dijo Obama en la Cumbre de las Américas de abril en Trinidad y Tobago. Hoy podemos constatar que esa alianza es un pacto con el futuro apoyado en la reiteración obsesiva del pasado. Washington no ha cambiado. Durante los juicios a los represores latinoamericanos, en las entrevistas concedidas por los ex generales, a la pregunta "¿por qué tanto horror?" la respuesta fue invariable: "Porque eran comunistas, porque eran terroristas". En los argumentos de los halcones de Bush la misma frase se repitió a lo largo de años. ¿Cómo una democracia como la norteamericana podía secuestrar, trasladar en secreto, encarcelar y torturar a miles de individuos en el mundo? "Porque eran terroristas islámicos." La guerra contra el terror siguió los mismos pasos que la guerra contra el socialismo, el comunismo y los movimientos insurgentes en América latina.

El reconocimiento del proceso electoral hondureño responde a la misma abyección. La amenaza de un brazo de contornos chavistas en América Central justificó la invención de un golpe de Estado de nuevo tipo y su posterior legitimización: el golpe horizontal. Violencia presente pero gradual, asfixia paulatina de los actores políticos, desgaste de las discusiones, tenaza en cámara lenta sobre los pulmones de la sociedad. La debilidad del sistema multilateral latinoamericano contrasta con las valientes posiciones tomadas en los años ‘80 por los países que, en plena confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, osaron levantarse para frenar un conflicto armado generalizado en América Central. En enero de 1983, cuando los países de América Central estaban estrangulados por sus conflictos armados internos y se encaminaban al abismo de la guerra externa, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en la isla de Contadora con la meta de proponer una iniciativa de paz al conflicto centroamericano. Así nació el grupo de Contadora. Dos años más tarde, con la legitimidad de las urnas, Argentina, Uruguay, Brasil y Perú se unieron a Contadora para conformar el Grupo de Apoyo. Esos ocho países no sólo consiguieron evitar una guerra sino que pusieron en marcha uno de los procesos de pacificación regional más ambiciosos y complejos que hay en la historia, mientras Washington y Moscú dirimían sus diferendos y sus conquistas con la sangre derramada por inocentes de la periferia, entre ellas América Central. El actual presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es un heredero del grupo de Contadora. Los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II –por los cuales Arias recibió el Nobel de la Paz en 1987– no habrían nunca existido sin la fuerza concentrada de Contadora. Veinticinco años después no se puede sino constatar la ausencia de un multilateralismo eficaz y, más triste aún, la paradoja hiriente de ver a quienes fueron actores destacados de Contadora, a imagen y semejanza de Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador, convertidos en obedientes reconocedores de las elecciones hondureñas.
Alan García era presidente de Perú cuando, con acentos de una combatividad juvenil, su país se sumó al grupo de Contadora. Óscar Arias fue el portador del montaje que salió del corazón de Contadora para pacificar América Central. El actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pertenece al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, el partido que, en los años de Contadora, era una guerrilla proscrita. Washington, estos tres actores y Colombia fueron ahora los primeros en darles un sello de legitimidad a las urnas hondureñas. ¡Qué oprobio para los demócratas y los descendientes de las decenas y decenas de miles de víctimas que dejaron los conflictos armados en Centroamérica! Un pozo negro nos acecha, y no sólo porque Washington no ha cambiado. Los adversarios de Washington también son prisioneros de lógicas del pasado. Cuando Hugo Chávez trata de "gladiador del antiimperialismo" al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, o cuando elogia en público a un dictador con las manos y la sombra llenas de sangre como el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, incurre en la misma tentación. Ahmadinejad fue reelecto con un fraude tan masivo como la improbable tasa de participación de las elecciones hondureñas. Robert Mugabe, el héroe de la independencia de Zimbabwe, transformó su mandato liberador en una vertiginosa autocracia que dejó decenas de miles de muertos. Las mismas conductas prevalecen en uno y otro lado de la frontera. No todos los enemigos del imperio son amigos nuestros, ni todos los adversarios de mis enemigos son aliados en el juego tramposo de una democracia renovada al compás de botas y fusiles.

1 de diciembre de 2009
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la extraña guerra de afganistán


La siempre interesante columna de Juan Gelman: los camiones de abastecimiento de las tropas norteamericanas cruzan territorio peligroso en Afganistán con custodia de los talibanes, sus enemigos.
[Juan Gelman] ¿Qué, si no, puede decirse de una guerra en que los dos bandos se alimentan el uno al otro como si se propusieran eternizarla? Ocurre en Afganistán. Los camiones cargados con víveres, medicinas, municiones, armamentos et al para las tropas de EE.UU. llegan a sus bases custodiados por los talibán. Los talibán reciben fondos del Pentágono. No es una cortesía recíproca, es una necesidad y se resuelve gracias a la corrupción imperante.
"¿Qué se puede esperar de un sistema en que el gobierno de Kabul sólo paga a los señores de la guerra y a ellos les confía el reparto del dinero entre sus hombres? A veces no les dan nada." Es el capitán británico Doug Beattie Mc quien formula esta preocupación (www.dailymail.co.uk, 6/11/09). Fue condecorado por su valor en el campo de batalla y conoce bien los entresijos de esa guerra. Otras comprobaciones de Beattie: los policías afganos carecen de preparación, tienen sueldos miserables, el 70 por ciento de ellos vive drogado y son de compra fácil para los talibán. El que ametralló a cinco soldados ingleses a comienzos de noviembre tenía contactos con aquéllos. La policía está infiltrada en todas partes y en todos los niveles.
Los talibán compran armas con el dinero de lo que venden, es decir, seguridad para los camiones con abastecimientos destinados a las tropas invasoras contra las que combaten. Los vehículos deben atravesar rutas escarpadas y, sobre todo, controladas por una guerrilla que, de hecho, domina casi todas las carreteras del país. Grupos de talibán emboscados atacan a los conductores y mercenarios que los escoltan con armas largas y lanzagranadas, impidiendo que las caravanas de camiones lleguen a destino sin daño. Los mandos militares estadounidenses han optado por cerrar los ojos y encargan a las empresas de seguridad que negocien el libre paso con los insurgentes a los que deben combatir. Como paradoja, nada deja que desear.
Una investigación del enviado especial Aram Roston, del matutino londinense The Guardian, revela que los talibán fijan sus tarifas según las rutas y según las cargas. Una caravana de diez camiones se paga a razón de 800 dólares por unidad y el paso sin dificultades está asegurado. El precio aumenta si transportan petróleo y/o vehículos resistentes a las minas que los talibán plantan en las carreteras, su arma más mortífera. Las agencias de seguridad son privadas y cada señor de la guerra es dueño de la propia: contactan y negocian con la guerrilla y a saber cuánto dinero del presupuesto de EE.UU. queda en sus bolsillos. Hecho el trato, los insurgentes brindan una escolta al convoy –una camioneta adelante, una atrás– para evitar que lo ataquen otros insurgentes, una indudable prueba de lealtad.
Roston indagó asimismo los casos de corrupción al más alto nivel. Ahmad Rateb Popal peleó contra la ocupación soviética y en 1988, un año antes de que las tropas de la URSS se retiraran, fue detenido en EE.UU. por gestionar la importación de heroína. Salió de prisión, volvió a Afganistán y estableció con su hermano Rashid el Grupo Watan, un gran consorcio de telecomunicaciones y logística que, sobre todo, proporciona seguridad al transporte de pertrechos para el ejército norteamericano. Rashid Popal fue a su vez juzgado en EE.UU. por posesión de heroína en 1996. Los hermanos se enriquecieron fabulosamente. Un pequeño detalle: son primos del presidente Karzai. El grupo controla un tramo estratégico de la carretera a Kandahar por el que deben pasar todos los camiones, tiene arreglos con el señor de la guerra de la zona y recoge dólares a cuatro manos.
Hamed Wardak es el ejecutivo principal de NCL, otra empresa autorizada a prestar servicios de seguridad. Joven y norteamericano de nacimiento, su padre casualmente es el general Rahim Wardak, actual ministro de Defensa. La NCL no tenía experiencia en la materia, pero a comienzos de este año fue elegida como una de las seis compañías encargadas de manejar la seguridad de los convoyes que transportan suministros a todas las bases estadounidenses, incluidos los puestos de vigilancia de las zonas más remotas del país. El Pentágono multiplicó por seis el valor de su contrato con la NCL, y el de los contratos con las otras cinco saltó abruptamente a 360 millones de dólares. La suma total de este negocio asciende a 2200 millones de dólares, un 5 por ciento del PBI anual de Afganistán.
Hay ejemplos históricos de ejércitos a los que el enemigo arma a su pesar. En la etapa final de su lucha contra Chiang Kai-Shek, el Ejército Rojo de Mao se apoderaba fácilmente de los arsenales de los nacionalistas en fuga y sus dirigentes declaraban que Harry Truman, el presidente norteamericano entonces, tenía la gentileza de pertrecharlos. Lo de Afganistán es otra cosa.

26 de noviembre de 2009
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cómo impedir las dictaduras


A partir de la reciente experiencia hondureña y de un juicio presentado contra los bancos por el financiamiento brindado a la última dictadura argentina, dos expertos en derechos humanos analizan el papel que puede jugar la Justicia internacional en el castigo y prevención de los golpes de Estado, tan comunes en la historia latinoamericana.
[Carlos Slepoy] El escritor y periodista argentino Marcelo Fabián Monges, radicado en México, está impulsando una notable iniciativa que he apoyado sin hesitar como me consta lo han hecho, entre otros, el Premio Nobel alternativo de derechos humanos Martín Almada y esa ejemplar Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que es Nora Cortiñas. En su ingente actividad Marcelo Monges se ha entrevistado con representantes diplomáticos de distintos países. No dudo de que cuando la idea se generalice –y es urgente que lo haga– todos los organismos de derechos humanos de América la impulsarán: se trata de la necesidad de una Convención Interamericana que declare como crimen de derecho internacional, y penalice, los golpes de Estado. El reciente golpe cívico militar en Honduras y las amenazas que se ciernen en el mismo sentido sobre otras naciones actualizan dramáticamente la necesidad de perseguir este antiguo e impune delito que, una y otra vez en nuestra historia, ha abortado procesos de cambio imprescindibles para profundas transformaciones sociales y la integración indoafrolatinoamericana continental.
Desde las declaraciones de independencia de nuestros países se produjeron 327 golpes de Estado y asonadas militares. Durante el siglo XX los golpes de Estado en América latina fueron 288 (Bolivia, 56; Guatemala, 36; Perú, 31; Panamá, 24; Ecuador, 23; Cuba, 17; Haití, 16; Santo Domingo, 16; Brasil, 10; Chile, 9; Argentina, 8; Venezuela, 12; Colombia, 8; Uruguay, 5; en las islas de Surinam, Jamaica, Guyana, Granada y Trinidad Tobago, 15; México, 1; Paraguay, un golpe de Estado que duró 45 años). En la inmensa mayoría de los casos sus autores no sufrieron sanción alguna. En el 30 por ciento medió la intervención directa de tropas de EE.UU. (en un 70 por ciento en países de Centroamérica y el Caribe) [Fuente: Modesto Emilio Guerrero, periodista y escritor venezolano residente en Buenos Aires www.voltairenet.org/article137304.html].
En su ya larga historia, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 1948 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y, ya con carácter punitivo, la Asamblea General adoptó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en 1985 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 1994. Restan, clamorosamente, convenciones para prevenir y reprimir los genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tan pródigos en nuestras tierras. Y los aquí comentados golpes de Estado, puertas de entrada y prolegómenos de aquéllos y de la violación masiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Este crimen debe ser regulado como un delito autónomo de los demás y sus autores perseguidos judicialmente por el solo hecho de alterar el orden constitucional (cómo deberán serlo los golpistas hondureños, independientemente de que sean además sancionados por los otros delitos que están cometiendo).
Hay muchos que, con fundadas razones, opinarán que estos instrumentos internacionales son ineficaces: no impiden los crímenes y apenas son útiles para perseguir a unos pocos de los tantos implicados. Sin embargo, lo hasta hoy conseguido es, aunque poco, mucho más de lo que hubiéramos tenido si miles de personas y víctimas, cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos no se hubieran conjurado para dar vida a tratados internacionales que nos dignifican y abren caminos. Es sabido que toda larga caminata comienza con los primeros pasos. La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por la Corte Suprema en Argentina o la reciente declaración de inconstitucionalidad de la eufemística Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por parte de la Corte Suprema del Uruguay no hubieran sido posibles sin las aludidas convenciones y las interpretaciones que de las mismas han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Sin embargo, estas instancias interamericanas, que como se ha dicho han cumplido un importante papel, revelan ya su insuficiencia. Es preciso desarrollar los principios y crear los juzgados y tribunales que, a escala americana, persigan efectivamente a los autores de los crímenes. En el caso, los responsables de golpes de Estado. Sin perjuicio naturalmente de su persecución en el país donde se cometen los hechos aunque, como es sabido, la impunidad que conllevan los mismos suele impedir su persecución.
Por eso se torna necesaria la creación de un Tribunal Penal Interamericano Permanente, a modo de la Corte Penal Internacional Permanente, pero sin sus groseras servidumbres a favor de los poderosos del planeta y la aplicación efectiva del principio de justicia universal –existente en la mayoría de las legislaciones de nuestros países pero lamentablemente inédito en su implementación–, conforme al cual estos hechos deben ser sancionados por los tribunales de cualquier país dada su naturaleza de crimen lesivo para la humanidad que convierte a sus autores en enemigos del género humano.
Sin estos dos elementos no avanzaremos, en lo sustancial, más que hasta ahora.
Quede dicho ahora que, como nunca antes, el contexto latinoamericano, con sus asechanzas pero también con sus sólidas promesas de futuro, es propicio para que muchos de nuestros gobiernos impulsen perentoriamente, tras dos siglos de golpes de Estado, una convención que persiga y reprima a sus responsables.

El autor es abogado. Fue querellante en España en los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado en Argentina.

24 de noviembre de 2009
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Los bancos de la dictadura.
[Rodolfo Mattarollo]
Nace en las Indias honrado,
Donde el Mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso Caballero
Es don Dinero.


De la conocida letrilla satírica de Francisco de Quevedo y Villegas.

Este diario publicó en el mes de marzo una nota titulada "Financistas del terror" del periodista Horacio Verbitsky. Era la nota principal de esa edición y en ella se informaba que dos hijos de detenidos-desaparecidos de La Plata, Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe, demandarían a los bancos que financiaron a la dictadura, cuya "máquina de matar" –como la llamó al salir de la Argentina Philippe Labreveux, el corresponsal en Buenos Aires del diario francés Le Monde– se hubiera detenido sin ese combustible financiero.
La demanda fue interpuesta el 19 de marzo de este año en la ciudad de Buenos Aires y hasta una fecha reciente no se habría designado el juzgado competente para tramitarla.
A su vez, la Universidad de Palermo publicó recientemente en su revista jurídica (agosto 2009) un debate sobre "Dictadura y responsabilidad corporativa", que incluye el estudio sobre las implicancias jurídicas del financiamiento de la dictadura militar argentina en que se basa la acción civil intentada por Leandro y María Elena.
Los autores del ensayo publicado por la Universidad de Palermo son Pablo Bohoslavsky y Veerle Opgenhaffen. El primero es Hauser Global Fellow, Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y dirige la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro. Veerle Opgenhaffen, la coautora de esa colaboración, comanda el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.
No se va a repetir aquí la sólida argumentación jurídica que había sido adelantada por Verbitsky en marzo y desarrollada por los dos juristas antes mencionados en agosto. El propósito de esta nota es recordar muy brevemente que el tema de la responsabilidad corporativa en la violación de los derechos humanos tiene tradición en el derecho internacional y en particular en la doctrina elaborada por la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En efecto, cuando se hizo evidente que la ayuda económica internacional era uno de los elementos que permitían la perpetuación e incluso la consolidación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (el 9 de marzo de 1977) solicitó a la subcomisión un estudio a este respecto.
Se encomendó el mismo al gran jurista italiano, profesor de la Universidad de Florencia, miembro de la subcomisión y gran amigo de Latinoamérica, Antonio Cassese, quien con el correr de los años presidiría el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y actualmente cumple la misma función en el Tribunal Especial para el Líbano.
Se trataba de saber si un cambio cuantitativo o cualitativo de la asistencia económica extranjera podría contribuir a la restauración de los derechos humanos en Chile.
Del amplio y documentado estudio de Cassese ("La repercusión de la ayuda y la asistencia económica extranjera en el respeto a los derechos humanos en Chile", Documento ONU E/CN.4/Sub.2/412, cuatro volúmenes) resulta que Chile recibió más asistencia económica en los primeros años de la dictadura que en varias décadas de regímenes democráticos. Esa asistencia provenía de instancias financieras internacionales y regionales, pero también de fuentes privadas: bancos multinacionales bajo la forma de préstamos y sociedades multinacionales bajo la forma de inversiones. Gracias a la asistencia de bancos privados y de sociedades transnacionales, la dictadura de Pinochet pudo evitar en una amplia medida el efecto de las presiones financieras ejercidas por la comunidad internacional para obligarla a respetar los derechos humanos (informe Cassese par. 536538).
En su conclusión el profesor Cassese subraya que la ayuda económica y financiera debe ser considerada siempre en el contexto general de la política económica y social del Estado beneficiario. En el caso de la dictadura chilena existía suficiente evidencia para afirmar que su política económica y social conducía necesariamente a violaciones de los derechos civiles y políticos y de los derechos laborales y sindicales.
Como señala el fino y lamentado jurista vietnamita Tran Van Minh, que profesó en la Universidad de Paris II (en una obra pionera "Multinacionales y Derechos Humanos", publicada en francés, PUF 1984), en su momento las conclusiones de Cassese no eran espectaculares, en el sentido de estridentes, y por el contrario expresaban una tendencia que ya se afirmaba sólidamente en el seno de la ONU en los años ’70, la de situar la cuestión de los derechos humanos en el proceso de desarrollo económico.
Sería conveniente, para la ilustración del tribunal que debía intervenir, a más de los consistentes argumentos en que parece inspirarse el planteo judicial en curso, acompañar algunos de los otros antecedentes de la doctrina reparatoria elaborada a través del "desarrollo progresivo" del derecho internacional, en especial en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, de cara a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras del terrorismo de Estado. No es fácil el enfrentamiento con ese poderoso caballero Don Dinero.

El autor es consultor permanente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

24 de noviembre de 2009
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wall street journal desaconseja a uribe


Wall Street Journal: Uribe debe negarse a un tercer mandato. El diario de extrema derecha señala que el presidente colombiano "ha sido un campeón del imperio de la ley, y su postulado a un tercer mandato amenazaría su legado como líder".
Colombia. El presidente colombiano Alvaro Uribe debería sentar un ejemplo y negarse a disputar un tercer período en el cargo, sostuvo el viernes en un editorial del diario financiero The Wall Street Journal.
El influyente diario de negocios dijo que Uribe, "un presidente moderno y democrático", tiene motivos para enorgullecerse de su índice de popularidad del 64 por ciento al final de su segundo período. "Pero debe recordar que una democracia, para funcionar bien, no debe depender de un solo hombre y requiere la transferencia pacífica del poder".
Empero, sus partidarios intentan ahora lograr una enmienda constitucional "que le permitiría postularse a un tercer mandato", y Uribe "no les ha dicho que no".
Según el diario, Uribe "ha sido un campeón del imperio de la ley, y su postulado a un tercer mandato amenazaría su legado como líder que ha establecido los cimientos para una nueva Colombia. Además, crearía un mal precedente para futuros gobernantes, algunos de ellos izquierdistas populistas, que lo mencionan para justificar sus propios intentos de permanecer en el poder".
El diario recordó que América Latina, a lo largo de su historia, ha temido muchos de estos gobernantes convencidos que su permanencia en el poder redundaba en beneficio de sus naciones, los "caudillos", y mencionó los referendos usados por el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa para perpetuarse en el poder. El WSJ agregó que hace poco los hondureños impidieron que Manuel Zelaya hiciera lo mismo.
El diario agregó que Uribe debe ser otro tipo de presidente, "un reformista que comprende que Colombia necesita un gobierno de leyes y no de hombres. Al fortalecer las instituciones que defienden la libertad durante casi 8 años, ha construido un país mejor. Su regalo final será preservar esos avances al permitir la transición del poder a un nuevo líder", concluyó la publicación.

21 de noviembre de 2009
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