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el espejo de uribe


La Cumbre de la Unasur en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.
[Atilio A. Boron] En relación con lo primero, la Unasur deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades, este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y política estadounidense.
Fracasada la negociación de la OEA, Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. "Es irónico –dijo en esa ocasión– que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente."
Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el pretexto de salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí.
Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y, por lo tanto, debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América latina deberían sacar las conclusiones del caso.
En relación con el segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treinta alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la Unasur debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que éste no es un "asunto interno" de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas militares que sólo podrán traer destrucción a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó Alemania, los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores de que el paso siguiente sería la guerra. No se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?
Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. El sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los paramilitares. En 2004, el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Alvaro Uribe Vélez de ser uno de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado, cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf, asegura que el hoy presidente colombiano "se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición".
Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989, luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá, y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones con el cartel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio, pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

28 de agosto de 2009
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más presión para la democracia


El gobierno de facto dice que la salida está en las elecciones presidenciales del 29 de noviembre. Pero como todo político o dictador sabe, una semana es una eternidad. Interesante y reveladora columna sobre Honduras, en La Nación.
[Raúl Sohr] A medida que pasan los días, crecen las fisuras en el gobierno golpista hondureño. Ante la última visita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta semana, Roberto Micheletti, el gobernante de facto, proclamó altanero: "No le tememos al embargo de nadie. Podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes". Si el régimen hondureño no teme es porque sabe que, por el momento, no enfrenta sanciones económicas y diplomáticas severas. De estar bajo presiones comerciales más drásticas, Tegucigalpa no tendría más remedio que aceptar las condiciones del Acuerdo de San José, que exige el retorno del Presidente Manuel Zelaya.
Estados Unidos anunció que suspendería, a partir del miércoles, las visas a los hondureños, salvo en casos de emergencia. Pero los que tienen visas vigentes podrán viajar libremente. Este es el caso de muchos funcionarios y empresarios a quienes no se les han revocado sus visas. Hay más de un millón de hondureños que residen en Estados Unidos.
El rol de Washington en el golpe de Estado aún tiene una serie de episodios oscuros. El más importante es el hecho de que Zelaya fue llevado, después de ser sacado violentamente de su lecho, a la base aérea de Soto Cano, más conocida como la Palmerola. Allí están estacionados 600 soldados estadounidenses. ¿Por qué el Presidente en ejercicio es llevado 75 kilómetros al norte del país para, según se dijo, reabastecer el avión? Ello en circunstancias de que Costa Rica está en la dirección contraria y a una distancia equivalente a la que existe entre Concepción y Santiago. O sea, a menos de una hora de vuelo.
Phillip Crowley, vocero del Departamento de Estado, reconoció el paso de Zelaya por la base rumbo al exilio, pero dijo que personal militar norteamericano no colaboró en la acción. Lo menos que puede decirse es que actuaron por omisión. Los funcionarios estadounidenses sabían que había un golpe de Estado en curso y ¿no tuvieron nada que decir sobre la presencia del Mandatario en ejercicio en la base? Además, la instalación es compartida con la Fuerza Aérea hondureña, que jugó un rol clave, más decidido que el Ejército en un inicio, en la caída de Zelaya. Dicho sea de paso, no es claro hasta qué punto la base es compartida. En la década de los 80 en la Palmerola operó el cuartel general de las fuerzas estadounidenses que respaldaban a la "contra" en su lucha frente al sandinismo en Nicaragua. Poco antes de su caída, Zelaya había planteado el deseo de que Estados Unidos se retirase de la base.
Los conocedores de Honduras saben que el régimen no podría sobrevivir sin el respaldo de algunas fuentes internacionales. Por ello existían grandes expectativas con la última delegación de la OEA. En las últimas semanas había síntomas entre los partidarios del Micheletti de que era necesario negociar e incluso aceptar un retorno, aunque más bien simbólico, del depuesto Presidente Zelaya. Este cambio fue explicitado por Jesús Canahuati, presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, que declaró: "La empresa privada ha sido muy clara en decir que nosotros apoyamos el Acuerdo de San José. Si el acuerdo llama a que, bajo ciertas condiciones, el Presidente regrese, la empresa privada va a estar totalmente de acuerdo".
Las iglesias Católica y Evangélica también habrían adherido al Acuerdo de San José. Esa nueva situación aparece refrendada por Bruno Stagno, el vocero de la misión de la OEA y canciller de Costa Rica, que señaló que existen distintas posiciones dentro del régimen de facto: "La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del acuerdo". Según el análisis de la OEA, esos grupos quieren más garantías de la comunidad internacional, especialmente en cuanto a la amnistía general y al regreso de Zelaya. El fin de semana el depuesto Mandatario había reiterado que era necesario juzgar y condenar a todos los que participaron o apoyaron la dictadura de Micheletti.
El gobierno de facto dice que la salida política está en las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de noviembre. Sin embargo, como todo político o dictador sabe, una semana en política es una eternidad. Mucho dependerá de cómo Washington juegue sus cartas.

28 de agosto de 2009
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los falsos positivos


Un interesante editorial de El Tiempo, de febrero de 2009. Hasta julio, las fuerzas armadas, que prosiguieron con su campaña de ‘limpieza social’ eliminando a discapacitados y jóvenes desempleados, asesinaron a 312 personas.
[Eduardo Pizarro Leongómez] Los llamados ‘falsos positivos’ constituyen un motivo de vergüenza para las Fuerzas Armadas. Después de años y años de una mejoría sustancial e indiscutible en el plano de los derechos humanos por parte de las instituciones militares, los ‘falsos positivos’ cayeron como un baldado de agua fría. ¿Cómo era posible que oficiales o suboficiales del Ejército asesinaran a sangre fría a jóvenes de barrios populares para lograr un ascenso mediante bajas ficticias? ¿Cómo era posible que soldados profesionales disfrazaran de guerrilleros muertos en combate a jóvenes indefensos para obtener un descanso de fin de semana?
La reacción del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue oportuna y valerosa. No solamente adelantó una amplia depuración interna de los oficiales que, por acción u omisión, eran responsables de estos dolorosos hechos. Además, dictó una serie de medidas necesarias para fortalecer el respeto a los derechos humanos en las filas castrenses. Primero, en el marco de la política integral de derechos humanos (DD. HH.) y derecho internacional humanitario (DIH) del Ministerio de Defensa se aprobaron las denominadas Reglas de Enfrentamiento, que sirven para evaluar el trabajo de las unidades militares. Estas ya no serán evaluadas por el número de bajas en el campo enemigo, sino por el cumplimiento de los objetivos de cada una de las unidades, de acuerdo con las amenazas que enfrentan. Segundo, se creó un sistema de certificación en derechos humanos, la cual será necesaria para poder ascender en el escalafón militar. Tercero, se creó un equipo de asesores jurídicos operacionales, expertos en DD. HH. para apoyar el planeamiento de las acciones militares. Finalmente, cada miembro de la fuerza pública recibirá próximamente un Manual de Derecho Operacional, fundado en el respeto al DIH.
La rápida reacción del Ministerio de Defensa frente a la aberrante práctica de los ‘falsos positivos’ era indispensable, no solamente para demostrar que el respeto a los derechos humanos constituye un eje central del accionar militar, sino, además, como una condición necesaria para alcanzar un definitivo debilitamiento de los actores armados no estatales y la paz interna.
Un ejército desmoralizado no es un instrumento eficaz para enfrentar una insurrección armada. Las experiencias de Cuba y Nicaragua, las dos únicas revoluciones armadas triunfantes en América Latina, así lo atestiguan.
El primero de enero de 1959 abandona el poder el general Fulgencio Batista y Zaldívar, mientras las tropas del Movimiento 26 de Julio, encabezadas por Fidel Castro, entraban triunfantes a La Habana. Veinte años más tarde, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entra triunfante a Managua, tras el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, quien parte presuroso a refugiarse en el Paraguay de Alfredo Stroessner.
¿Qué tenían en común Fulgencio Batista y Anastasio Somoza? No solo se trataba de dos férreas dictaduras patrimonialistas, sino, ante todo, de dos regímenes que, debido a la amplia corrupción interna de las instituciones militares, se hallaban seriamente desmoralizados. Bastó que dos organizaciones guerrilleras muy precarias en términos militares las enfrentaran para que estos dos regímenes se cayeran como un castillo de naipes. La moral de la tropa era muy precaria y nadie estaba dispuesto a morir para defender a dos gobiernos repudiables.
Sin duda, Colombia está lejos de una situación similar a las de Cuba o Nicaragua. Sin embargo, es indispensable combatir sin descanso cualquier práctica atentatoria contra los derechos humanos en las Fuerzas Armadas.
Una condición sine qua non para vencer a un adversario en el campo militar es demostrar una clara superioridad moral. Frente a la degradación creciente de las Farc y el Eln –cada día más y más dependientes del secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas–, las Fuerzas Militares no pueden terminar pareciéndose a sus adversarios.

22 de agosto de 2009
9 de febrero de 2009
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el idiota útil de derecha


La perimida izquierda chic de Manhattan, y sus detractores. Columna de Juan Forn en Página 12.
[Juan Forn] En junio de 1970, Leonard Bernstein y su esposa Felicia convocaron a un grupo de amigos a su dúplex neoyorquino en Park Avenue, para recaudar fondos en favor de los Panteras Negras (veintiún miembros de la organización enfrentaban en aquel momento un duro proceso judicial por poner bombas en un cuartel de policía). Los invitados conformaban un seleccionado de notables: los compositores Aaron Copland y Gian Carlo Menotti, el fotógrafo Richard Avedon, la escritora Lillian Hellman, los directores de cine Mike Nichols y Otto Preminger, el actor Jason Robards, el cantante Harry Belafonte y el director de orquesta Peter Duchin dialogaron largamente con tres Panteras Negras, con dos periodistas como testigos: Tom Wolfe y una periodista de The New York Times llamada Charlotte Curtis. Al día siguiente, la Curtis relató los hechos en el Times, y una semana después Wolfe hizo lo propio en la revista New York. Su legendario y lapidario artículo, Radical Chic (‘La izquierda exquisita’), ocupaba el número completo de la revista, que además mostraba en tapa a tres mujeres vestidas como damas de sociedad, pero con el puño derecho en alto, envuelto en un guante negro (imitando la celebérrima foto de aquellos atletas norteamericanos en el podio durante las Olimpíadas de México en 1968). El efecto fue devastador: además de prender fuego a Bernstein y amigos y consagrarse como el cronista por excelencia de la nueva sociedad, Wolfe acuñó un término que serviría para caricaturizar desde entonces toda inclinación progre en la intelectualidad yanqui.
Lo interesante del asunto es que Wolfe no encontró por sí solo el enfoque para su artículo; se lo birló a la Curtis. Me explico: la Curtis no había escrito para la sección política sino para las páginas de sociedad del Times su cobertura del hecho y lo hizo a la manera de una nota de sociales (dedicándole más atención a los bocaditos que se habían servido y al vestuario de las damas que al discurso de los Panteras y las preguntas de Bernstein y sus amigos). Al día siguiente, desde la página editorial del diario, se acusó a Bernstein de "manchar la memoria de Martin Luther King con sus fatuidades de salón" (la reunión había coincidido involuntariamente con el aniversario de la muerte de King). Al leer el diario, Wolfe supo que tenía oro en polvo en sus manos si lograba encontrar un elemento subterráneo que explicara por qué escandalizaba tanto aquel encuentro entre la radicalidad negra y la elite intelectual neoyorquina. Y sacó de la manga su teoría del status: según Wolfe, el progresismo de Bernstein y sus amigos se debía a la angustia propia de su condición de judíos, que los llevaba a identificarse con los oprimidos, aun cuando eran parte evidente de la clase privilegiada (incluso hablaba de la Teoría de los Pañales Rojos, con relación a la cantidad de militantes universitarios de aquellos años que venían de hogares judíos acomodados).
Wolfe no se privó de nada en su artículo: hacía decir a una de las damas asistentes al encuentro que estaba "emocionada por conocer a su primer Pantera Negra", acotaba que en casa de los Bernstein no había servicio doméstico negro para no ofender a los activistas invitados, y agregaba que, como Felicia Bernstein era chilena, no tenía inconveniente en conseguir, para sí misma y para sus amigas, mucamas sudamericanas (Jamie, uno de los hijos de Bernstein, recordó hace poco que su madre nunca se recuperó de la vergüenza y murió poco después de un cáncer fulminante: "Nada volvió a ser igual en casa después de aquel artículo"). Wolfe incluso mencionaba los piquetes que se instalaron delante del edificio de los Bernstein en Park Avenue y las toneladas de cartas indignadas acusándolos de antipatrias, desagradecidos, mala gente. Y no eran los años del macartismo: era 1970.
A fines del año pasado se hizo en Nueva York una celebración de Bernstein, a veinte años de su muerte y noventa de su nacimiento (se tocaron todas sus obras, desde las sinfonías ‘serias’ hasta West Side Story). Casi simultáneamente, el FBI liberó el voluminoso archivo que tenía sobre él y así se supo que gran parte de aquellas protestas en 1970 fueron orquestadas por el FBI, e incluso por el propio J. Edgar Hoover (un memo interno firmado por él aconseja hacer hincapié en el antisemitismo de los Panteras Negras y la adhesión, nunca probada, de Bernstein al Partido Comunista norteamericano). El legajo no empieza ni termina ahí: ya en 1951 el nombre de Bernstein figura en una lista de "ciudadanos a ser trasladados a campos de detención en caso de una emergencia nacional". Y alcanza su punto álgido en 1971, cuando Bernstein debía inaugurar el Kennedy Center con el estreno de su Misa, un oratorio en el que su autor, siempre según el FBI, planeaba "avergonzar al gobierno" enmascarando en latín consignas contra la guerra de Vietnam y contra el propio presidente (que debía asistir protocolarmente al evento). Nixon personificó a Bernstein como el epítome de la decadencia de la elite intelectual norteamericana y exigió a sus secuaces Haldeman y Hoover que incitaran a la prensa afín a mencionar la "nauseabunda costumbre" de Bernstein de besar a hombres en la boca (es decir, a ventilar su bisexualidad). Todo aquello que hacía tanta gracia en el artículo de Wolfe se volvía agrio, amargo, rancio, leído en aquel legajo, con Bernstein largamente muerto.
Visto a la distancia, el gran aporte de Tom Wolfe al Nuevo Periodismo fue el uso (casi histérico) de la ironía. De hecho suele decirse que la Era de la Ironía empezó con el Nuevo Periodismo, aunque ni Truman Capote ni Norman Mailer, ni el demente de Hunter Thompson apelaran a ella tanto como Wolfe (la Era de la Ironía terminó, por supuesto, con el derrumbe de las Torres Gemelas: con eso no se jode). Viendo a la distancia sobre qué objetivos aplicó Wolfe su ironía en sus festejadas piezas periodísticas, se nota que debajo de ella siempre hay una crítica a las nuevas costumbres, un solapado neoconservadurismo. Es significativo que el hombre que radiografió como ningún otro a los idiotas útiles de izquierda haya sido, él mismo, un idiota útil de la derecha, por no decir algo peor. Si Leonard Bernstein y sus amigos encarnaron el radical chic en aquellos tiempos de Vietnam y Panteras Negras, Wolfe y sus exégetas inventaron otra categoría, a mi gusto bastante más desagradable y sospechosamente idónea para los tiempos de Reagan y de Bush: el cynical chic. Como decía otro Leonard, igualmente judío y radical chic, de nacionalidad canadiense y apellido Cohen: "A veces uno elige de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado".

21 de agosto de 2009
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allanan a senador comprado por uribe


Origen de más de mil millones de pesos hallados en su casa deberá explicar senador Alirio Villamizar.
Colombia. El acceso a la casa del senador Alirio Villamizar estuvo prohibido para particulares durante las 16 horas que duró la inspección de las autoridades, en un exclusivo barrio de Bucaramanga.
La suma, en efectivo y divisas, fue encontrada en un allanamiento realizado a su vivienda, ubicada en el barrio Lagos (exclusivo sector de esa ciudad).
La diligencia fue ordenada por dos magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia que realizaban un allanamiento en la Notaría 11 de Bucaramanga el pasado martes.
La inspección en la Notaría se había ordenado dentro de la investigación por la denuncia del ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien afirmó que, entre el 2003 y el 2005, supuestamente 38 congresistas fueron beneficiados con la adjudicación de notarías en diferentes ciudades del país.
Cuello Baute le aseguró a la Corte que el Gobierno entregó esos despachos como retribución por el apoyo dado por los legisladores al proyecto de reforma constitucional, que instauró la reelección presidencial en Colombia. Uno de los congresistas que acusó el ex Superintendente fue Alirio Villamizar.
Por eso, el martes en la mañana dos magistrados auxiliares llegaron a la Notaría 11 de Bucaramanga. Allegados al proceso en la Corte le contaron a EL TIEMPO que, ante la pregunta de cómo había sido nombrada en ese despacho, la notaria Luz Janeth Rojas Portilla respondió que la había recomendado el senador Villamizar.
Según la misma fuente que habló con este diario, Rojas dijo que había suscrito un acuerdo con el congresista en el que ella se comprometía a entregarle la mitad del producido de la Notaría 11 y le firmó un pagaré en blanco. Agregó que el dinero lo llevaba mensualmente a la casa del senador Villamizar e informó la dirección.
En ese momento, los magistrados se dirigieron a la casa del congresista y rincón por rincón registraron en busca del pagaré. Fue así, como encontraron una caja fuerte y ordenaron abrirla. Allí estaba el dinero.
El senador conservador Alirio Villamizar les dijo a los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia que el efectivo y las divisas son aportes de sus seguidores para financiar su campaña para la reelección como congresista.
"No voy a exponer ninguna opinión, interpretación u observación con relación a los procedimientos de investigación de los cuales he sido objeto", les dijo después el senador Villamizar a los medios de comunicación, cuando le preguntaron por el hallazgo.
El dinero fue congelado mientras se determina su procedencia. En la misma diligencia judicial fueron incautados dos discos duros, uno de un portátil y otro de un computador de base. Villamizar afirmó que uno de los PC le pertenece a un hijo.
Los magistrados también decomisaron dos agendas, con anotaciones de puño y letra de Villamizar. Se confrontan los apuntes y las cifras relacionadas en una de ellas con lo afirmado por la notaria Luz Janeth Rojas Portilla. Ella además --agregó la fuente que habló con EL TIEMPO--, les dijo a los magistrados auxiliares de la Corte, que antes de ser nombrada en Bucaramanga se había desempeñado como notaria en el Playón
(Santander), supuestamente recomendada por el mismo Villamizar que luego la hizo trasladar.
No obstante, el supuesto pagaré que mencionó la notaria Rojas no fue hallado en la inspección a la casa del congresista, que duró 16 horas.
El presidente de la Sala Penal de la Corte, magistrado Julio Enrique Socha, dijo ayer que esperan el informe de la comisión que realizó el operativo para tomar decisiones. "Se analiza lo encontrado en el allanamiento", agregó.
En la denuncia de Cuello Baute ante la Corte, el ex funcionario dijo que la Notaria Segunda de Floridablanca (Santander), supuestamente también había sido adjudicada a Villamizar.
La ex congresista Yidis Medina, condena por cohecho, declaró en la misma investigación y también señaló a Villamizar.
En la investigación ya declaró Tomás Uribe, hijo del presidente Álvaro Uribe. Cuello Baute lo mencionó como supuesto ’padrino político’ de la notaria Luz Marina Ocampo, nombrada en Facatativá y en Tunja. Las inspecciones de la Corte incluyen un registro realizado en el Congreso de la República.
Estas inspecciones fueron ordenadas por la Corte hace seis semanas, cuando Cuello las mencionó en la denuncia. Las diligencias se han centrado en el análisis de sus ingresos, pagos e inversiones, transferencias y cualquier otra operación financiera realizada, en los últimos cuatro años.
La labor de los peritos ha incluido las cuentas personales de los notarios y algunos despachos notariales creados entre noviembre del 2005 y agosto del 2006 en Bogotá, Cali, Pereira y Medellín.

21 de agosto de 2009
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prudencia suprema


En la historia de la Corte Suprema debe haber pocos fallos tan anunciados como el que descriminalizará, igual que en 1986, la tenencia de droga para consumo personal.
[Irina Hauser] Hace por lo menos un año y medio que Sus Señorías vienen dando vueltas alrededor de un tema en cuyos ejes están de acuerdo, aunque discrepan en el modo de exponerlo y en la oportunidad. Algunas semanas atrás decidieron que ya era hora: si seguían dilatando un pronunciamiento, el gobierno se les iba a anticipar con un intento de reforma penal. Y si hay algo que caracteriza a esta corte es su celo por ser ella la que empuja los cambios.
Sin embargo, la pulseada puertas adentro no viene nada fácil y ayer los jueces estuvieron muy cerca de postergar una vez más la sentencia, a la que ya le habían puesto fecha de nacimiento para el 25 de agosto. La polémica es una compleja y densa mezcla de asuntos jurídicos y mediáticos. Alguno que otro juez del tribunal, con terror de que los titulares de los diarios y la televisión digan que la corte alienta el consumo y la venta de drogas, pidió a sus colegas redactar un fallo lo más acotado posible: que aluda a la marihuana por ser la de mayor aceptación, que involucre una pequeña cantidad, que no implique a menores sino a adultos y que esté claro que se consume en un ámbito privado. Como son varios los expedientes en trámite, desde la presidencia suprema intentaron la búsqueda de alguno que no generara "confusiones" ni diera letra para alimentar un discurso alarmista que habla de la liberación de la droga y lo asocia con la inseguridad.
Así las cosas, en estos días los jueces cambiaron varias veces de causa y todavía no tienen del todo claro en cuál van a fallar. Desecharon, por prescripción, la que tenían en la gatera desde marzo de 2008, sobre dos jóvenes sorprendidos con cigarrillos de marihuana en los bolsillos. Analizaron otra sobre dos adultos imputados por fumar marihuana adentro de una casa, pero como la policía les encontró 80 gramos de esa droga les pareció que podía interpretarse que avalarían la no punibilidad de una gran cantidad. Tampoco avanzaron con otra que involucraba un gramo de cocaína, para que nadie piense que están a favor de las drogas duras. Al final, podrían llegar a congeniar en un caso que implica a un grupo de jóvenes que acababan de comprar marihuana en un quiosco. Esta causa, derivada de una investigación sobre comercialización de estupefacientes, les permitiría a los supremos hacer la distinción: la venta se debe perseguir y castigar, pero al consumidor no.
Un fallo bien delimitado le ahorraría a la corte quedar pegada a lo que le reclama el gobierno con criterio amplio. La eximiría de la mirada crítica de quienes muestran una gran destreza por moldear las noticias con tal de irritar a los sectores conservadores de la sociedad. Una sentencia así dejará un enorme abanico de zonas grises a la espera, tal vez, de que las defina una nueva ley del Congreso, u otro fallo alguna vez.
Es evidente que entre los supremos no hay uniformidad de criterios. Para Raúl Zaffaroni, por ejemplo, poco importa si se trata de marihuana, cocaína o LSD, si la cantidad no implica un peligro de distribución. La importancia de dejar de criminalizar al consumidor radica no sólo en proteger las acciones privadas, sino en eliminar lo que se ha convertido en un obstáculo para combatir el tráfico y que estigmatiza al adicto y no lo ayuda a recuperarse. Algunos de sus colegas acotan que nadie crea que la corte va a dar rienda suelta al narcotráfico ni a convertir a la Argentina en Holanda. El riesgo de las aclaraciones –en un país en que la corte ya "despenalizó" alguna vez sin que hubiera una catástrofe– es que alimentan ese falso debate escandaloso del que se nutren tantos formadores de opinión. Y deja la duda acerca de en qué están pensando los supremos cuando firman un fallo: ¿en la Constitución y las circunstancias o en los micrófonos y las cámaras? No parece que el tribunal vaya a poner en riesgo su prestigio si se anima a resolver con una mirada abarcadora una problemática tan difícil que desde el Estado no ha tenido buenas respuestas.

19 de agosto de 2009
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penalizar tenencia es inhumano


Carlos Fayt estudia cómo cambiar su postura sobre la tenencia de estupefacientes. El decano de la Corte Suprema dijo que "es un acto de inhumanidad" castigar judicialmente al consumidor de drogas. En dos fallos previos se inclinó por penalizar la tenencia, pero ahora acompañaría la decisión de sus pares.
[Irina Hauser] Argentina. Desde hace algunos años, Carlos Fayt, juez de la Corte Suprema, practica un ritual: casi todos los martes, cuando sale de su casa, dice alguna frase sobre el tema del momento ante un enjambre de movileros. Para no faltar a su costumbre, ayer aseguró que sería "un acto de inhumanidad" castigar penalmente a una persona por tener y consumir drogas. Aunque ya se sabe que es la postura compartida por una mayoría suprema, esta vez la afirmación de Su Señoría debería leerse como toda una novedad. Fayt podría cambiar la postura que ya tuvo en dos fallos previos, donde se inclinó por castigar la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Si así ocurre, no sólo habría en unos días un fallo del alto tribunal para descriminalizar el consumo de drogas, sino que podría salir por unanimidad.
Mientras Fayt delibera con su conciencia sobre qué hacer, sus colegas están trenzados en una discusión sobre los alcances que debería tener el fallo. Hasta ayer a última hora no tenían ciento por ciento definido en qué expediente basarán su pronunciamiento. Tienen varios para elegir, pero algunos jueces entienden que no es lo mismo, por ejemplo, un caso que involucre cocaína que uno que hable de una mínima cantidad de marihuana. Tampoco es lo mismo hablar de un cigarrillo, insisten, que de varios gramos. En un sector supremo reina el pánico sobre el mensaje social que pueda dejar la sentencia (ver aparte).
"El asunto tiene aristas delicadas –comentó Fayt–. Buscamos los límites de la racionalidad. ¿Cuál es la solución, la de Holanda? –dijo como quien piensa en voz alta–. ¿La de Suecia, que prohíbe absolutamente todo?" Allegados al juez supremo señalaron más tarde a Página/12 que no tiene resuelto cómo va a votar, pero que analiza seriamente modificar su antigua posición. Por ahora, al parecer, tiene más preguntas que respuestas. "¿Qué hacemos con los traficantes? ¿Qué hacemos en un país que no tiene estrategias de salud para el manejo de las adicciones? Si no castigamos el consumo, que es injusto, ¿cuál es la salida? ¿Cómo evitamos que todos los jóvenes quieran ser como Charly García, que es un enfermo?", cuentan que bombardeó con estas preguntas a sus colegas, amigos y conocidos en los últimos días.
En su historia de los últimos veintitrés años, la Corte falló dos veces sobre la tenencia de droga. En 1986, una famosa sentencia suprema conocida como "Bazterrica" declaró la inconstitucionalidad del artículo de la ley de estupefacientes que castigaba a los consumidores con el argumento de que ningún juez puede entrometerse con "las acciones privadas de los hombres" que no ofendan a terceros. En aquella oportunidad, Fayt votó en disidencia junto con José Severo Caballero. En 1990 la Corte de Carlos Menem dio vuelta aquel fallo alegando que despenalizar hacía peligrar los "valores morales, de la familia, de la sociedad, de la juventud, de la niñez y, en última instancia, la subsistencia misma de la Nación y hasta de la humanidad toda". Fayt apoyó esos fundamentos.
Si el plan de Fayt es cambiar el voto, tiene dos argumentos servidos para intentarlo: en tantos años de vigencia la criminalización de la tenencia ha fracasado como pretendida solución al problema de la drogadicción –en tanto asunto de salud pública– y no ha servido para mitigar la comercialización y el narcotráfico.
En el plenario de la Corte de ayer, uno de los jueces intentó propiciar una postergación del fallo, que ya tenía asignada como fecha para su firma el próximo martes 25. Algunos de sus colegas se enfadaron y le pidieron no alterar los planes, según pudo saber Página/12. De hecho, en lo más elemental todos concuerdan: declarar la inconstitucionalidad del artículo de la ley de estupefacientes que pena la tenencia para consumo. En un reportaje publicado el último domingo por este diario, el juez Raúl Zaffaroni dijo que "hay una decisión que tomar y no se puede actuar como el avestruz en este momento". Advirtió que hay "maniobras distractivas" que centran el problema en el consumidor y dijo que "en la medida que se siga criminalizando lo que se hace es distraer esfuerzos para combatir el tráfico".

19 de agosto de 2009
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libertad de prensa en honduras


La represión de la prensa independiente en Honduras sigue el mismo curso que en muchas otras dictaduras de extrema derecha. Columna de Raúl Sohr en La Nación.
Honduras. El gobierno golpista hondureño lleva a cabo una vasta y metódica persecución de los medios de comunicación afines al Presidente Manuel Zelaya. Ésa es la conclusión de Frank La Rue, relator especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, que en su informe puntualiza: "En Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día, ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de Estado" y precisa que "camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han sido un blanco específico de agresión policial, sufriendo golpes, la confiscación y/o destrucción de sus cámaras o del material filmado". El informe de La Rue concluye que "documentar la situación política y en particular las violaciones de derechos humanos constituye la dificultad más seria en Honduras".
Es un hecho recurrente que los líderes golpistas, civiles o militares, declaren que actúan en defensa de las libertades públicas. La más importante de las libertades es la libertad de expresión. Y ésa es, precisamente, la primera libertad que conculcan los que desconocen los mandatos democráticos. La chilena María Pía Matta, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, recién llegada de Honduras, señala que el acoso contra los periodistas que rechazan al régimen de facto es permanente. Antes de su vuelta al país entrevistó a Gustavo López, miembro del Comité por la Libre Expresión de Honduras, quien señaló que, como en otros países, los dueños de los grandes medios son también dueños de otras empresas, como cadenas farmacéuticas, concesionarios de las transnacionales y de las maquilas que operan en Honduras. López dijo que: "muchos de los que forman parte del gobierno golpista tenían un pleito directo por intereses económicos con el gobierno de Zelaya", e indicó que si las medidas de Zelaya no favorecían a algún empresario, éste utilizaba su prensa para criticarlo. Los medios en Honduras "sólo son ventanas de los empresarios para hostigar, atacar o ablandar a personas que quieren que sean afines o que quieren destruir", sentenció.
Los que se oponen al gobierno de facto estiman que el régimen, con la colaboración de sus aliados internacionales, intenta tender un cerco informativo. En las primeras horas, los canales que apoyaban el golpe transmitieron dibujos animados. En tanto, eran cerradas las radios y televisoras leales a Zelaya, como Radio Progreso, Radio Globo y la estación televisiva Canal 33. Aun cuando las emisoras han retomado sus emisiones, lo hacen en un clima de amedrentamiento. Radio Progreso debió reducir su horario de transmisión. El personal del quincenario El Libertador recibe permanentes amenazas de muerte vía telefónica.
Dada la fuerte concentración de la propiedad de los medios de comunicación hondureños, muchas organizaciones ciudadanas arriendan espacios radiales para expresar sus puntos de vista. Ahora una gran cantidad de estos programas han sido cancelados. Algunos de los propietarios interpelados por esta actitud han señalado que "existen nuevas posibilidades de financiamiento a partir de la implantación del nuevo gobierno".
Lo señalado por López, que el miércoles recibió una feroz golpiza a manos de los militares, es una actitud compartida por muchos magnates de la prensa incluso en sociedades democráticas. Un caso emblemático es el del australiano Rupert Murdoch, propietario de cientos de periódicos entre los que destaca The Times de Londres además de cadenas de televisión encabezadas por Fox y Sky. En una oportunidad Murdoch deseaba adquirir una propiedad a un vacilante vendedor al cual intimidó con las siguientes alternativas: "Mire, usted puede tener un titular cada día, o un balde de mierda cada día, ¿qué es lo que va a preferir?". Muchos propietarios no conciben los medios de comunicación como un servicio público. Estiman que están en su derecho a utilizarlos para fines económicos y políticos personales. Cualquier interferencia en la aplicación de sus agendas particulares, que a veces incluyen incitaciones golpistas, es denunciada como un atentado contra la libertad de prensa. Dicho sea de paso, el Wall Street Journal, que pertenece a Murdoch, calificó al golpe de Estado en Honduras de democrático y legal.
Hay similitudes entre Chile y lo que ocurre en Honduras. En el país, la cadena El Mercurio recibió dineros de la CIA en la campaña de desestabilización del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. Las denuncias contra la actividad conspirativa del grupo periodístico eran rechazadas como amenazas contra las libertades democráticas. El golpe hondureño ocurre tres décadas y media más tarde. A diferencia de Chile, no cuentan con el respaldo de la Casa Blanca. Los militares se han preocupado de guardar un bajo perfil aunque están muy presentes en la represión. En la opinión de María Pía Matta, "lo que pasa en Honduras nos afecta a todos. En Chile debe preocuparnos porque hace apenas veinte años estábamos bajo una dictadura".

16 de agosto de 2009
©la nación 
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