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condenado por odio racial


Dos policías detuvieron a un joven y le dispararon por ser boliviano. El tribunal aplicó la Ley Antidiscriminatoria y le impuso a uno de ellos una dura condena. El otro fue sometido a una pericia psiquiátrica.
Argentina. Los delitos –concluyeron los jueces– fueron cometidos por "persecución u odio a una nacionalidad". Por ese motivo, un ex integrante de la Policía Federal fue condenado ayer a 22 años de cárcel. Se comprobó que le robó, golpeó e intentó matar a Edgar Espejo Parisaca, de 18 años, por el solo hecho de ser boliviano. Otro policía que participó del ataque no fue juzgado: el tribunal espera una pericia psiquiátrica para saber si es imputable.
El fallo fue dado a conocer ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal 22. Los jueces consideraron probado que el ex policía Hernán Martínez fue coautor de "privación ilegal de la libertad, robo con arma y homicidio en grado de tentativa". Pero destacó especialmente que actuó con "odio a una nacionalidad", razón por la cual se elevó el monto de la pena.
El caso que se terminó de juzgar ayer ocurrió el 12 de marzo de 2006. Espejo Parisaca fue detenido por dos policías cuando salía de un negocio ubicado en el barrio de Villa Soldati, donde había ido a comprar un pollo asado. Venía de jugar al fútbol en el Parque Indoamericano e iba a visitar a un amigo. En la esquina de Roca y Varela se le acercaron dos policías de civil que circulaban en un auto sin identificación.
El joven se asustó y comenzó a correr, pero fue capturado por los policías que, a punta de pistola, lo esposaron y lo obligaron a entrar en la parte trasera del vehículo. Allí le pegaron, y unos de los hombres le metió el caño de la pistola en la boca, disparó, pero el tiro no salió. "Me dijeron ‘boliviano de mierda, negro de mierda, te vamos a matar. Por qué no te quedás en tu país a trabajar'. Me trataron de narcotraficante, de cómplice de Evo Morales, de cocalinero", relató Edgar durante el juicio oral.
Luego lo llevaron cerca del Riachuelo, donde le volvieron a disparar tres veces en la boca, aunque ningún disparo salió, y antes de finalizar con su ataque, le robaron el teléfono celular, el reloj, dinero y unos discos compactos. Después lo tiraron en un riacho no muy profundo pensando que se había desmayado, y cuando él se quiso levantar, le volvieron a disparar: esta vez las balas salieron y fueron a dar en la espalda y el cuello del joven. Un grupo de vecinos llamó a una ambulancia y el joven fue llevado al Hospital Pirovano, donde quedó internado en gravísimo estado.
La fiscal del juicio, Susana Dallorso, había pedido 28 años de cárcel, mientras que la querella representada por el abogado Melquíades Oña solicitó 30 años. Ambos, sin embargo, se manifestaron conformes con la pena impuesta por el tribunal.
Es que el monto de la pena fue elevado porque se le aplicó el artículo 2 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que aumenta "en un tercio el mínimo y en un medio el máximo" de la pena cuando el delito "sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad". Los jueces Patricia Cusmanich, Domingo Alpieri y Pablo García de la Torre tomaron como agravante la condición de policía del acusado y el uso del arma reglamentaria para cometer el delito.
El jefe de misión de la Embajada de Bolivia, Sixto Valdés, se manifestó satisfecho con el fallo, pues "sienta jurisprudencia en materia de discriminación que en esta época no deberían ocurrir". El funcionario destacó que, según estadísticas del Inadi, la comunidad boliviana es la más discriminada del país, con el 62,3 por ciento. Advirtió que hay otros casos graves, como "el incendio del taller de la calle Luis Viale, donde murieron seis personas, y que aún no tiene sentencia, y el de una mujer boliviana arrojada del tren, que quedó en la nada".

9 de abril de 2008
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rescatan a niñas de secta poligámica


Retiran de recinto en Texas a 52 niñas.
[Michelle Roberts] Eldorado, Texas, Estados Unidos. Funcionarios de bienestar infantil están tratando de encontrar familias adoptivas para decenas de niñas rescatadas de un retiro religioso secreto en Texas del Oeste construido por el líder de una secta poligámica, Warren Jeffs, después de que una niña de dieciséis denunciara abusos físicos.
Funcionarios de los Servicios de Protección al Menor de Texas, escoltados por agentes de policía, retiraron el viernes tarde a 52 niñas, de entre seis meses y diecisiete años, del remoto retiro.
Hacia el final del día, dieciocho de ellas fueron puestas bajo custodia del estado, y la portavoz de Servicios de Protección al Menor, Marleigh Meisner, dijo que las entrevistas continuarían el sábado. Se ha firmado una orden de detención para al menos un individuo.
Se cree que las niñas colocadas bajo custodia del estado corrían peligro, dijo Meisner. "Son las que creemos que han sido maltratadas o están en inminente riesgo de sufrir maltratos, y no era seguro para esas niñas seguir en ese recinto", dijo.
Funcionarios de protección al menor estaban buscando familias adoptivas para niñas, la mayoría de cuales han salido rara vez del insular mundo de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De momento están alojando en un centro cívico, dijo.
"Son niños que no están acostumbrados al mundo exterior, así que estamos tratando de estar muy atentos a sus necesidades", dijo Meisner.
La investigación empezó con una llamada el lunes de una niña de dieciséis que vivía allí denunciando abusos físicos. Realizaron entrevistas y revisiones durante toda la noche.
El viernes se firmó una orden de detención y allanamiento.
La orden de allanamiento buscarse hacerse con los archivos en relación con el nacimiento de un bebé cuya madre tiene dieciséis años y documentos en relación con el matrimonio entre un hombre de cincuenta y la niña, de acuerdo a San Angelo Standard-Times, que citó documentos judiciales dados a conocer el viernes en el condado de Tom Green.
El individuo mencionado en la orden de detención no había sido localizado el viernes noche, dijo Tela Mange, portavoz del Departamento de Seguridad Pública. Dijo que no podía revelar el nombre que estaba en la orden.
Un pequeño bus blanco que salió de la propiedad acompañado por agentes de policía iba lleno de niñas, dijo Meisner. Pero no pudo decir cuántas.
El bus estaba lleno de lo que parecía ser un grupo de niñas, vestidas en conservadores vestidos de manga larga.
El rancho tiene unas 700 hectáreas. Está al norte de este pueblo de dos semáforos, siguiendo un angosto camino pavimentado. Las autoridades bloquearon el acceso a la puerta de la propiedad, para mantener alejados a los curiosos.
Funcionarios del estado dijeron que no sabían cuánta gente vivía en la propiedad, pero funcionarios locales dijeron en 2006 que se trataba de unas 150 personas, miembros de una reservada iglesia de una comunidad de la frontera Arizona-Utah.
La congregación, conocida como FLDS, ha sido dirigida por Jeffs desde la muerte de su padre en 2002. Es uno de varios grupos que se escindieron de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Salt Lake City, décadas después de que renunciara a la poligamia en 1890.
En noviembre, Jeffs fue sentenciado a dos penas consecutivas de cinco años a perpetua en una cárcel de Utah por complicidad en el secuestro de una niña de catorce años que se casó con su primo en un matrimonio de conveniencia en 2001.
En Arizona, Jeffs está acusado de complicidad en cuatro cargos de incesto y conductas sexuales con una menor en el caso de dos matrimonios convenidos entre niñas adolescentes y sus parientes mayores. Está en una cárcel de Kingman, Arizona, a la espera del juicio.
El retiro de Eldorado, a unos 260 kilómetros al noroeste de San Antonio, ocupa un antiguo rancho de juegos exóticos. La iglesia compró la propiedad en 2004 por setecientos mil dólares y empezó con un ambicioso proyecto de construcción de un templo blanco y brillante de veinticinco metros de alto.

5 de abril de 2008
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lo quemaron vivo


Muerte por fuego con un mensaje. Los asesinos que quemaron a un hombre en Los Angeles del Este saben que el miedo silencia a los testigos. Es una táctica común, dice la policía.
[Jill Leovy] Fue uno de los asesinatos más brutales en Southland de los últimos tiempos: Una asoleada tarde de domingo en el otoño pasado, dos hombres saltaron desde un todoterrenos y quemaron a Marcial Sánchez, a vista de todo el mundo en el Boulevard César Chávez en Los Angeles del Este.
El obrero de fábrica de 52 años fue envuelto por las llamas y quemado en un setenta por ciento de su cuerpo. Murió horas después en un hospital.
Nadie de los que vieron el asesinato de Sánchez lo informaron a la policía. El silencio fue tan competo que el departamento del sheriff del condado de Los Angeles consideró el caso como posible suicidio durante meses.
El asesinato, como otros muchos asesinatos desde coches en movimiento y disparos a quemarropa, fue cometido osada y descaradamente precisamente porque estaba destinado a impedir que los testigos declaren lo que vieron, dijeron las autoridades.
"Definitivamente han aterrorizado a la gente", dijo Shaen McCarthy, sargento del sheriff.
El episodio destaca como un ejemplo particularmente espeluznante del enorme problema de la intimidación de los testigos. En todo el condado de Los Angeles, los asesinos cometen estos tipos de asesinatos para consolidar su control de las calles.
"Muestran al ciudadano de a pie que pueden [los asesinos] hacer lo que quieren sin pagar las consecuencias", dijo Al Grotefund, teniente del sheriff.
El problema es un factor todos los "crímenes relacionados con las pandillas", agregó.
Gary Hearnsberger, director de la división de pandillas del fiscal de distrito, dijo que los testigos reluctantes son tan abundantes en el mundo de los casos de delitos de bandas que profesionales como él encuentran difícil cuantificarlos.
"Nos enfrentamos a eso todos los días... Es el aire que respiramos", dijo.
El testigo reluctante es la principal razón de que la tasa de solución de la mayoría de los casos de homicidio en 2007 en el condado de Los Angelesw haya llegado al 41 por ciento a fines de año, dicen expertos policiales, dejando impunes a la mayoría de los asesinos.
Agencias policiales y la oficina del fiscal de distrito reubican regularmente a los testigos por razones de seguridad, un paso que Hearnsberger dice que es una manera efectiva de proteger a la gente. Pero muchos testigos todavía reculan.
"Los testigos están aterrados y tienen miedo de hablar", dijo. Y los perpetradores quieren que las cosas se mantengan así. "Hay claramente homicidios sobre los que nos están tratando de decir algo", dijo.
Sánchez, un inmigrante del estado mexicano de Puebla, era padre de tres hijos adultos y abuelo de cuatro nietos.
Los detectives dicen que debía casi veintitrés mil dólares a turbios prestamistas que le cobraban tasas de interés cada vez más altas, y creen posible que las deudas hayan convertido a Sánchez en el blanco de alguna pandilla, de grupos del crimen organizado de un prestamista.
El mensaje puede ser: "Si me quemas por plata, te quemaré", dijo el detective de homicidios Q. Rodríguez, un investigador en el caso.
Sánchez y su segunda esposa trabajaban juntos en una fábrica de tortillas. Fueron recogidos por un colega en Los Angeles del Este antes del turno nocturno ese domingo del 7 de octubre, dijeron detectives.
A poca distancia de la casa del compañero, Sánchez le pidió a su esposa que lo dejara frente a una botillería. Quería comprar una cerveza para sí mismo, dijo, y una Gatorade para ella.
Ella siguió hacia la casa del colega. Sánchez entró a la botillería, salió con una Gatorade en la mano, y se paró en la bencinera Arco en el bloque 3500 del Boulevard César Chávez, esperando a que su esposa lo recogiera.
Era poco después de las seis de la tarde. La calle estaba llena de gente. Sánchez llevaba su uniforme de fábrica blanco.
Un todoterrenos GMC del tipo Yukon con tapacubos spinner se paró y se aparcó en doble junto a él. Dos hombres, ambos latinos, saltaron fuera. Uno de ellos cogió a Sánchez y lo roció con lo que los detectives dicen que era probablemente bencina; el otro lo encendió con un encendedor de cigarrillos.
Sánchez estalló en llamas. Los asaltantes volvieron al todoterrenos, y salieron dando una vuelta en U y desapareciendo a toda velocidad por un callejón.
El uniforme de Sánchez prendió fuego. Aterrado, corrió hacia la esquina, donde los transeúntes trataron de ayudarlo. En ese momento llegaron su esposa y el colega. Su esposa se arrancó la camisa, corrió hacia él y la usó para apagar las llamas. Sánchez estaba quemado desde la cabeza hasta las rodillas, rojo en algunos lugares, con la piel arrancada en otros.
Estaba consciente y de pie cuando llegaron los paramédicos. Dijeron que habló vagamente sobre "los muchachos", los niños, y de cómo lo habían empapado antes de quemarlo.
Sánchez murió doce horas después en el Centro Médico del Condado, antes de ser trasladado a un centro de quemaduras.
Cuando los detectives fueron asignados al caso, no estaba claro por qué lo habían quemado. Tenían evidencias contradictorias, y persistentes dudas. ¿Por qué, se preguntaban, iban a matar Sánchez de una manera tan poco usual?
En ese momento había en la calle unas veinte personas. Pero al principio ninguna de las personas entrevistadas admitieron haber presenciado el ataque. En lugar de eso, los testigos insistieron en que no habían visto nada, o que Sánchez simplemente se había quemado de repente. Algunos parecían tener miedo incluso de que se les preguntara. "Decían: ‘Ah, man. No quiero que nos vean hablando'", contó Rodríguez.
Sin embargo, al final informes de segunda mano condujeron a los detectives hacia un testigo que, después de mucha insistencia, entregó reluctantemente un informe que corroboraba otras evidencias que sugerían que no se trataba de un suicidio, sino de un homicidio.
Finalmente, los detectives pudieron desarrollar una descripción con un dibujante del sheriff que hizo bosquejos de los dos sospechosos. La oficina del forense del condado ha determinado que la muerte de Sánchez fue un homicidio.
Los hijos de Sánchez, que fueron llamados por su esposa que reportó que "alguien lo había quemado", pensaron inicialmente que se había quemado un brazo.
Lo describieron como un hombre trabajador y responsable, amable con los extraños, que había llegado al país hace veinticinco años, empleado permanentemente desde el día que llegó. Nunca aprendió inglés. Les rompió el corazón la noticia de su muerte y suplicaron a los testigos que declararan, "para tener justicia", dijo una hija, de 26.
Las tres hermanas dijeron que pensaban que su padre había sido una víctima casual. Pero también reconocieron que debía grandes sumas de dinero a prestamistas informales. No está claro a quién debía dinero, por qué lo había tomado prestado y en qué lo usó. Los tres hijos pidieron que no se mencionaran sus nombres. Dijeron que tenían miedo, como todo el mundo.
La comunidad en que ocurrió el homicidio es un terreno habitual de depredadores.
Muchos de los vecinos de Sánchez son inmigrantes ilegales en desesperada necesidad de dinero y no es probable que vayan a la policía a denunciar los ataques. "Todos los ingredientes de la extorsión", dijo McCarthy.
Pero si no se captura a los asesinos de Sánchez, demostraran que sus métodos funcionan, dijeron los detectives.
Resolver el caso podría significar romper el control de estos personajes del hampa de comunidades enteras de gente en gran parte pobre, marginal e impotente, dijo Rodríguez.
Los detectives aceptarán información de informantes anónimos y dijeron que los testigos por razones de seguridad serán reubicados con fondos del estado y ayudados en su búsqueda de trabajo.
Los asesinos "enviaron un mensaje. Pero a mí también me gustaría mandarles un mensaje a ellos", dijo Rodríguez. "Mi mensaje es que algún día vamos a descubrir quién hizo esto. Lo descubriremos".

jill.leovy@latimes.com

31 de marzo de 2008
17 de marzo de 2008
©los angeles times
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masacre del señor de los milagros


Dos imputados empezaron a ser juzgados por los cinco crímenes del Bajo Flores. Los vecinos de la villa 1.11.14 rendían tributo al peruano Señor de los Milagros cuando una balacera mató a cinco personas.
[Emilio Ruchansky] Entraron calladitos, con la vista al piso y esposados. Miraron a sus familiares sin cruzar palabra, custodiados por dos musculosos efectivos del Grupo Especial de Intervención. Alionzo Rutilio Ramos Mariños, alias Ruti, y Roger Reyes Subiera se negaron a declarar ayer, luego de oír los requerimientos de la Justicia. Son las dos únicas personas acusadas de haber participado de la ‘Masacre del Señor de los Milagros', en la que murieron cinco personas en el Bajo Flores en 2005. La querellante apoderó a sus abogados para no presenciar el juicio oral. Es la única sobreviviente que sostiene que fue atacada a balazos por Ruti, quien niega haber estado en la tradicional procesión religiosa de la comunidad peruana.
Ya sentados, sin las esposas y con cara de poker, los acusados relojearon la diminuta sala donde transcurrió la primera audiencia. "Estamos comprimidos", reconoció una de las asistentes del Tribunal Oral en lo Criminal 15, antes de que llegaran los jueces. Con una pila de 70 centímetros de papeles sobre su escritorio, el secretario comenzó a leer el sumario de esos expedientes. Primero el de Reyes, supuesto sicario de Ruti, a quien "no se le pudo determinar si hirió a alguien" ese día, aunque se resistió al arresto e intentó huir y luego le encontraron un cargador y cartuchos de un revólver.
En su declaración, este ciudadano de nacionalidad peruana negó que portara armas y aseguró que no integraba una banda de narcotraficantes. Sus ingresos, mil pesos mensuales, provedrían de las remeras que fabricaba y comercializaba en la feria de La Salada. Reyes señaló que había integrado las Fuerzas Armadas peruanas (llegó al grado de sargento segundo) y que vive en Argentina desde hace cinco años. Luego de su detención, dijo haber sido torturado en la seccional 38ª de la Policía Federal "para que hable". Le habrían tapado la boca con una cinta mientras lo asfixiaban con una bolsa de plástico en la cabeza, además de golpearlo en distintas partes del cuerpo. El acusado comentó que no podía aportar mayor información a la causa, salvo aclarar que es inocente.
"No es fácil", le balbuceó el secretario a los jueces, mientras leía la lista de elementos probatorios recolectados durante la instrucción en contra de Ruti. Fueron casi 15 minutos ininterrumpidos donde se mencionaron declaraciones de cabos, sargentos, inspectores y feligreses (además de dos testigos de identidad reservada), pericias balísticas, fotográficas y escuchas telefónicas. Entre los testimonios, aparece el de la querellante, quien aseguró ver a Ruti ultimando a un hombre "con una pistola negra de gran tamaño". Luego, según consta en su declaración, la siguió al carrito de comida donde se ocultó y, aunque ella pidió clemencia, le disparó doce tiros sobre ambas piernas.
En el expediente también se lo acusa de ser el cabecilla del grupo narco que rivalizó contra Marco Antonio Estrada Gonzales, alias "Marcos", a quien supuestamente buscaban asesinar la tarde del 29 de octubre de 2005, durante la procesión en la villa 1.11.14, del Bajo Flores. En su declaración, Ruti niega de plano todas las acusaciones. Jura que sólo se dedica a alquilar puestos en la feria de La Salada y que el día de la masacre no participó de esa procesión, aunque tampoco recuerda dónde y con quién estaba (dijo que se enteró del hecho por televisión).
Cuando le preguntaron si conocía a Marcos, contestó que sí porque estuvieron juntos en la cárcel de Devoto y allí se hicieron amigos. Luego de que su compañero en una causa por asociación ilícita por tráfico de estupefacientes fuera liberado dejaron de verse (y empezaron a tiroterarse, sospechan los investigadores). Durante la audiencia se mencionó a su hermano, supuestamente asesinado por sicarios de Marcos: "Dado que manejaba mal, decidieron apodarlo como Meteoro por el dibujito animado", leyó el secretario.
Terminada la lectura, los acusados se limitaron a contestar algunas preguntas formales de los jueces Elena Do Pico Farrell, Ricardo Galli y Héctor Grieben. "¿Rutilio es nombre o apellido?", preguntó uno de los magistrados. "Nombre, señor" respondió Ruti, en seco. "¿Grado de instrucción?" "Hasta el secundario, ahora estoy cursando el CBC de la carrera de Derecho", contestó el acusado. La última duda de los jueces, casi una reprimenda, fue por la mala memoria de Ruti, quien no recuerda el número de su documento peruano. El acusado confirmó el olvido y aseguró que se está tramitando un documento argentino.
La audiencia continuará el 4 de abril con la declaración de los testigos. Ruti está imputado por los delitos de "tentativa de homicidio, homicidio, lesiones graves y lesiones leves en riña"; Reyes, por "portación y abuso de armas y resistencia a la autoridad". El abogado querellante, Eduardo Rigotti, aseguró que su cliente asumió la acusación en la creencia de que su nombre no sería conocido. Sin embargo, ya figura en la causa y ahora la mujer "teme por su vida".

26 de marzo de 2008
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cae otro de los que encargaron el crimen


En Rosario fue detenido otro presunto participe del homicidio de Beroiz. Tras tomarle declaración indagatoria, el juez Barbero dispuso la detención de Julio Jerez, el supuesto abogado que habría contratado al asesino del tesorero de la Federación de Camioneros.
Rosario, Argentina. La causa por el asesinato del sindicalista Abel Beroiz sumó un nuevo detenido: luego de declarar ante el juez Osvaldo Barbero, Julio César Jerez, de 36 años, el "supuesto abogado" que habría actuado como "nexo" entre los autores materiales y quienes encargaron el crimen, quedó detenido por el homicidio del titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, ocurrido en noviembre pasado. Raúl Flores, quien hace dos semanas se autoincriminó como autor material del crimen, había afirmado ante el mismo juez que Jerez lo había contratado para liquidar a Beroiz a cambio de 80 mil pesos.
Ahora suman cuatro los detenidos por el crimen: el propio Flores, de 23 años; un chico de 15 años de nombre Juan, quien habría participado del asesinato, y su madre, de 40, acusada de presunto encubrimiento; además de Jerez.
"Jerez conoció a Flores cuando le gestionó una indemnización por un accidente de trabajo que tuvo en el puerto, pero nunca existió vinculación alguna con los dirigentes del sindicato de camioneros", argumentó Jorge Bedouret, el abogado que lo patrocina. "Incluso le informó al juez los números de teléfonos celulares que utiliza desde principio del año pasado, y le destacó que no conoce al menor detenido", agregó. Ante este diario, el letrado insistió en que su cliente "se presentó a declarar espontáneamente ante el juez Barbero". La declaración indagatoria duró ayer una hora y media, y luego Jerez quedó arrestado en los tribunales de Rosario.
El abogado defensor aseguró que el detenido "trabaja para tres estudios jurídicos como nexo entre éstos y posibles clientes, en su mayoría trabajadores con problemas laborales". En ese rol habría contactado a Flores. Según el abogado, Jerez se contactó con su estudio tras haber sido nombrado en distintos medios de prensa como "Luis Jerez". "Pero, como tenía una relación con Raúl Flores... entendió que hablaban de él", dijo Bedouret. Por eso, el letrado presentó una nota ante el juzgado la semana pasada y el magistrado lo citó a declarar.
Jerez habría conocido a Flores en un trámite de cobro de una indemnización por un accidente de trabajo en el puerto de Rosario. Puntualmente, según probó la Justicia, resultó con un 12 por ciento de incapacidad en su mano izquierda, tras un imprevisto siniestro en el que habría perdido parte de sus dedos.
Jerez le gestionó esa indemnización y la relación derivó en una disputa. Flores le recriminó el monto cobrado y Jerez terminó tramitando un monto anexo a los 14 mil iniciales por una diferencia de salarios que aparentemente se pagaba en negro. "Por eso hay llamadas telefónicas entre ambos –justificó el abogado defensor–: en octubre se cobró la indemnización de 14 mil pesos y luego se comunicaron para la suma supletoria, que está en trámite", agregó.
De acuerdo con la declaración de Raúl Flores, el supuesto abogado de apellido Jerez le habría prometido el pago de 80 mil pesos por la comisión del homicidio de Beroiz, el tesorero de la Federación Nacional de Camioneros. Aunque luego sólo le habrían sido pagados 20 mil.
Por otra parte, el juez Barbero recibió ayer un pormenorizado informe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), confeccionado a partir del entrecruzamiento de las llamadas telefónicas realizadas por los involucrados. No se descarta que, a partir de la información obtenida, puedan ordenarse nuevas pesquisas y detenciones. Por las dudas, el juez prorrogó por otros diez días hábiles el secreto de sumario.

26 de marzo de 2008
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muerte por torturas causa consternación


Conmoción causa en pueblo de Illinois asesinato con torturas.
[Jim Suhr] Alton, Illinois, Estados Unidos. Relegada al sótano, la madre de 29 años con mente de niña y otro bebé en camino tenía poco más que una delgada estera y un colchón que podía llamar suyo en el frío suelo de concreto.
Dorothy Dixon comía lo que podía rebuscar en la nevera arriba, donde según los fiscales sus compañeros de vivienda la utilizaban para practicar con sus pistolas de aire, la quemaban con una pistola de pegamento y la habían empapado con un líquido hirviendo que le había despegado la piel.
Quemaron la poca ropa que poseía, dicen las autoridades, de modo que andaba desnuda. A menudo la golpeaban con un bate de aluminio o una palanca de metal.
Dixon -que tenía seis meses de embarazo- murió después de semanas de maltratos. La policía ha acusado a dos adultos, tres adolescentes y un niño de doce años de homicidio en el caso que ha causado repulsa en esta ciudad del río Mississippi.
"Es desgarrador", dijo el teniente de policía David Hayes. "Se divertían con los abusos a que sometían a la mujer. Estaba viviendo en una prisión".
Los detectives ponen gran parte de la culpa en Michelle Riley, 35, que, según dijeron, se ganó la amistad de Dixon para embolsarse su paga mensual de la Seguridad Social que recibía debido a su retraso.
Dixon no veía casi nada, si acaso, del dinero, dice Hayes. Luchó durante meses por mantener un techo sobre su cabeza y la de su hijo de un año, que pesaba apenas siete kilos cuando fue puesto bajo custodia del estado después de la muerte de su madre.
"No vi nunca antes una conspiración de un grupo de personas para torturar permanentemente a alguien hasta causarle finalmente la muerte, y luego no mostrar ningún arrepentimiento", dijo Hayes. "Fue un modo lento, tortuoso y trágico de morir. Yo dudo que Dorothy Dixon supiera siquiera que estaba muriendo".
Riley y Judy Woods, 43, y tres adolescentes, incluyendo a la hija de 15 de Riley, LeShelle McBride, están acusados de homicidio en primer grado, agresión agravada y con alevosía, homicidio de un niño nonato y retención ilegal. El hijo de 12 años de Riley es considerado un delincuente juvenil.
Riley, su hija, Woods, y Benny Wilson, 16, tienen abogados de oficio que no devolvieron nuestras llamadas. Michael Elliott, uno de los acusados, pensaba conseguir un abogado propio.
Se encuentran todos en prisión con una fianza de un millón de dólares.
Los mensajes dejado en el contestador de una hermana de Dixon en el área de Chicago no fueron respondidos, pero vecinos, Hayes e informes de prensa ofrecen un mosaico de los meses que precedieron la muerte de Dixon en la pequeña y blanca casa de postigos azules.
Riley y Dixon, dijo la policía, habían vivido en Quincy, una ciudad en el río Mississippi a unos 160 kilómetros al norte de St. Louis, Montana. Riley trabajaba en Quincy como coordinadora de un centro regional que ayuda a los discapacitados mentales a conseguir vivienda y otros servicios relacionados. Dixon era una cliente.
Durante años la empobrecida Riley luchó por criar a sus hijos. En 2002 y 2004 fue condenada por consumo de metanfetaminas y cocaína. Pero con el tratamiento y la ayuda para conseguir una vivienda del Quincy YWCA, Riley volvió a encarrilar su vida -tanto así que en febrero del año pasado, el Quincy Herald-Whig publicó un reportaje sobre su recuperación.
El verano pasado Dixon y Riley se mudaron a una casa de alquiler de tres dormitorios, ochocientos dólares al mes, en Alton, a unos 24 kilómetros al norte de St. Louis. Desde el principio sus vecinos Chad Hudson y Terri Brandt consideraron que Riley era un problema.
"Michelle era mala, vengativa. Manipuladora", dijo Hudson, convencido de que los adolescentes eran impotentes peones de Riley.
"Era rabiosa, viciosa", agregó Brandt.
Riley consideraba que Dixon era su esclava y la hacía frotarle los pies hasta que Riley se quedaba dormida, y la obligaba a andar desnuda en casa, contaron sus vecinos.
"Visitar su casa era como ir al patio de visitas de la cárcel", dijo Hudson. "Se sentaban en torno a la mesa de la cocina y se peleaban".
No había dudas de que Riley llevaba la voz cantante.
Mientras hacía unas reparaciones en la casa en el otoño pasado, el casero Steve Atkins vio que Riley "ladraba órdenes" a los niños y a todo el mundo. Atkins bromeó preguntándole si acaso quería que llamara al ejército para preguntarle si querían de vuelta al sargento.
"Pero ella no se rió en absoluto", dijo Atkins. "Obviamente, toqué una cuerda sensible".
Atkins dijo que Dixon era normalmente retraída, pero "era siempre amable cuando hablaba contigo". Pero no vio signos de que estuviera sufriendo o siendo torturada.
"No habría sospechado nunca nada parecido", dijo. "Esto es definitivamente espantoso".
La policía dijo que a Dixon le permitían salir de la casa, pero no especificaron en qué condiciones. Hayes no sabía de quién era el feto de Dixon.
Hayes dijo que las cosas aparentemente llegaron a su fin el treinta de enero, cuando según los detectives Wood, durante una pelea, golpeó a Dixon en la cabeza con un objeto que Hayes no especificó. Al día siguiente Wood la encontró muerta.
Hayes presenció la autopsia y dijo que sus lesiones eran inquietantes. Los rayos equis revelaron que tenía unos treinta balines en su cabeza. Profundas quemaduras de tejido cubrían casi un tercio de su cuerpo -su cara, su pecho, sus brazos y pies- y estaba gravemente deshidratada. Su cara y cuerpo mostraba signos de maltratos prolongados. Muchas de sus heridas estaban infectadas.
Ninguna de las lesiones, dijo Hayes, fueron individualmente fatales para Dixon. Su sistema ya estaba sobrecargado con su bebé nonato.
"La autopsia indica que su sistema inmunológico estaba debilitado", dijo. "Ya no era capaz de seguir defendiéndose".
Atkins dijo que en el sótano de la casa encontraron manchas de sangre en la ducha y pequeñas manchas en el suelo de concreto, en la lavadora y en la secadora.
"El modo en que murió es terrible, y era una chica tan buena y dulce", dijo. "No merecía morir de ese modo. Es algo terrible, sin ningún sentido. Es una vergüenza".

23 de marzo de 2008
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en realidad era crimen pasional


[Carlos Rodríguez] Conmoción en Jujuy por el asesinato de un conocido periodista local. Carlos Zambrano fue baleado frente a su casa. La hipótesis se vincula con una supuesta disputa por una mujer.
Jujuy, Argentina. De un balazo en el pecho realizado a corta distancia, con un arma de bajo calibre, fue asesinado en la madrugada de ayer el periodista jujeño Juan Carlos Zambrano, de 46 años, muy conocido en la provincia. Lo asesinaron en la puerta de su casa, en pleno centro de San Salvador, cuando estaba en compañía de una ex novia, Luciana Fernández, de 22 años, que al parecer reconoció al autor del disparo mortal, quien fue detenido poco después. Se trata de Roque Chauque, de 39 años, quien tenía ahora una relación sentimental con la misma joven. La investigación se orienta hacia una cuestión personal relacionada con una supuesta disputa por el amor de una mujer. De todos modos, los compañeros de trabajo de Zambrano y su abogado, Bruno Aguilar, habían dicho al principio que podría tratarse de un acto mafioso relacionado con la actividad que desarrollaba la víctima. El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, lamentó lo sucedido, pidió su esclarecimiento y dijo sobre Zambrano que fue "una muy buena persona y un periodista comprometido con su función".
Los hechos ocurrieron a las 2.30 de ayer, en la casa del periodista, ubicada en la avenida Párroco Marske al 1200. En el lugar se encontraban Zambrano y su ex novia, quienes se habían reunido esa noche para conversar sobre asuntos comunes propios de dos personas que acababan de cerrar una relación sentimental. A esa hora golpearon la puerta y Zambrano fue el que abrió. Su novia declaró que lo escuchó discutir con un hombre y que luego escuchó el disparo. Ella fue la que avisó a la policía y la que habría identificado al agresor, Roque Chauque, a quien la joven conocía. Chauque fue detenido y, según trascendió, habría admitido la autoría del crimen.
Una versión dijo que el responsable del disparo estaba acompañado por otro hombre, pero eso no pudo ser confirmado. Zambrano conducía un programa por el Canal 7 de Jujuy llamado Con la gente, desde el cual generó más de una polémica por sus posiciones en contra de algunos movimientos sociales. También era columnista político en el informativo del mismo canal de aire y en LW8, una emisora de amplitud modulada.
En los últimos tiempos había realizado críticas al gobierno de Barrionuevo por algunas cuestiones sociales, pero de todos modos seguía recibiendo publicidad oficial. Su relación con el poder político era buena, según coincidieron varios de sus colegas jujeños. El canal y la radio en los que trabajaba Zambrano son propiedad del senador nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Jenefes.

Zambrano era el menor de cuatro hermanos y deja una hija adolescente de un matrimonio anterior. Hace unos años había sido noticia por una acusación en su contra por abuso sexual. Tuvo que hacer una probation en una organización no gubernamental. Siempre dijo que la acusación había sido falsa y que se trataba de una maniobra política para perjudicarlo.
El disparo mortal le dio a Zambrano en el pecho. Fue realizado con una pistola calibre 22. Luego de su detención, a Chauque le habrían encontrado el arma utilizada. Se le hizo una prueba de parafina para comprobar si tenía restos de pólvora en las manos. La bala no tenía orificio de salida, de manera que ahora puede comprobarse cuál fue el arma usada para accionar el proyectil. El cuerpo de Zambrano fue llevado a la morgue del cementerio Del Rosario, donde los forenses realizaron la autopsia. El hombre detenido por el crimen fue puesto a disposición del juez Juan Carlos Nieve.
En el caso habría otro testigo, una vecina de Zambrano. La mujer, según se supo, había recibido la visita de un hombre que llevaba un bolso en la mano y que se había confundido de dirección, dado que le preguntó si allí vivía Zambrano. Bruno Aguilar, abogado de Zambrano, le dijo a la prensa que es clave la declaración de la ex novia del periodista.
Aguilar contó que había estado reunido con Zambrano hasta las 22 del lunes y que habían conversado sobre dos temas: la separación con su novia, que se había producido hacía sólo diez días, y una querella por calumnias que el periodista quería iniciarle a un edil de la capital jujeña. Respecto de Luciana Fernández, el abogado sostuvo que Zambrano le había pedido que le exigiera "una rendición de cuentas" por algunos trabajos que habían hecho juntos.
"Es un hecho que conmociona y merece, por el carácter intimidatorio, que haya tenido el más absoluto repudio", dijo el ministro de Gobierno de Jujuy, Julio Costas, quien le dio un matiz político al caso. El ex gobernador jujeño y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, dijo por su parte que el crimen "enluta a toda la sociedad jujeña" y confió en que la trama del crimen será esclarecida "en su totalidad".
A poco de conocida la noticia sobre la muerte de Zambrano, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) salió a condenar el hecho y a exhortar a las autoridades a "investigar con prontitud, a fin de conocer los móviles del crimen y llevar a los responsables ante la Justicia". El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, subrayó la urgencia de una investigación expedita "con el ánimo de dar con los instigadores y autores materiales de este crimen", en una declaración difundida en Miami. Otro tanto hizo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), quien además de expresar sus condolencias, reclamó al gobierno provincial "que se den garantías para el ejercicio de la actividad periodística".

20 de marzo de 2008
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madre y niño de 15 entre los asesinos


[José Maggi] Un chico de 15 años y su madre fueron detenidos por el crimen de Beroiz. La Justicia sospecha que el menor fue cómplice de Raúl Flores en el asesinato del dirigente del sindicato de los camioneros.
Rosario, Argentina. Un menor de 15 años fue detenido ayer por la policía, sospechado de ser el coautor del crimen del dirigente gremial Abel Beroiz, ocurrido en noviembre de 2007. La Brigada de Homicidios lo detuvo en un departamento ubicado en Corrientes 1840, al igual que a su madre, sospechada de encubrimiento. "Este fue la pierna de (Raúl) Flores en el crimen. De eso estamos seguros", indicó uno de los investigadores a este diario. El joven habría sido quien llevaba el arma blanca con la que le asestaron varias puñaladas a Beroiz. Ahora quedó a disposición del juez de menores Juan José Carmona.
Pero no fue el único avance de la causa: ayer se presentó ante el juez Osvaldo Barbero el abogado de la familia Beroiz, Néstor Pujato, quien aportó datos sobre la foto que se le entregó al asesino para que identificara a la víctima: "Se tomó en Rafaela el 15 de diciembre de 2005, en un acto sindical con muy poca gente", aseguró el letrado.
Por otra parte, volvió a prestar declaración Raúl Flores, el joven que la semana pasada confesó haber cometido el crimen. Las pericias del teléfono celular de Flores, cuyos resultados se confirmaron ayer, fueron contundentes: entre las llamadas se halló el número de Juan Carlos Dell'Arciprete, el delegado gremial de Casilda, suspendido en sus fueros por Beroiz, lo que complicó aún más su situación.
El abogado Pujato se presentó ante el juez Barbero para ratificar que la muerte fue un "crimen por encargo". Solicitó, entre otras cosas, que se le muestren imágenes del velorio al imputado por el crimen, para que pueda reconocer a quienes le habrían encargado el homicidio. En el mismo sentido sostuvo que no le quedan dudas de que fue "un crimen por encargo político-gremial".
Consultado sobre las hipótesis que apuntan como autor ideológico del crimen a Raúl Luna –que era el segundo de Beroiz y asumió en su lugar–, Pujato se limitó a decir: "Ahora estamos trabajando en conocer cómo y de dónde salió la fotito con la que le encargaron la muerte al matador". El abogado explicó que se trata de una fotografía tomada "con muy poca gente vinculada con el gremio" cerca. "Lo hicieron con una máquina familiar, quiero decir que fue alguno de los presentes el que lo hizo." Esa misma foto es la que apareció en el lugar del crimen y que usaron sus matadores para identificarlo. "Esto es importante: saber cuál fue el camino de esa foto. Así se va cerrando el círculo en torno del autor intelectual", dijo Pujato en declaraciones radiales.
Por tal motivo, agregó el letrado, se requirió a la Justicia "que cite a declarar al titular del gremio de Rafaela, de apellido Tolosa, para que diga quiénes estaban presentes y quiénes sacaban fotos" en aquel acto realizado en Rafaela.
Sobre la autoría del crimen, Pujato explicó que "existen tres eslabones en la causa, con posibilidad de un cuarto. Hay autores materiales, autor intelectual, un intermediario –se habla de un estudio jurídico– y puede ser un cuarto eslabón que aportó la logística. Es complejo y la caída de Flores es la punta del hilo del ovillo", agregó el abogado.
Para Pujato, a Beroiz lo mataron "porque molestaba". "Hoy la cantidad de afiliados ha crecido mucho y la obra social está muy bien, muy fuerte, y se ve que hay alguien que quería llegar al lugar de Beroiz." En la misma línea, hablando en nombre de la familia Beroiz, el letrado apuntó que "el caso es netamente provincial", desligando a figuras nacionales del gremio, como Hugo Moyano.
Además de la declaración de Pujato, también se presentó a declarar ante el juez Barbero Raúl Oscar Flores, el joven de 23 años que la semana pasada dijo en la Justicia que el crimen podría tener vinculación con la pelea interna sindical de los camioneros, al tiempo que señaló a un hombre calvo que "llevaba el cajón" de Beroiz en el entierro, en Venado Tuerto. Por esta declaración es que Pujato pide que se le muestren imágenes para que pueda reconocer a la persona que le puede haber encargado el crimen.
Ayer Flores declaró por segunda vez ante el juez Barbero. La primera vez, el último viernes, reconoció haber matado a balazos y puñaladas al sindicalista, junto con un cómplice, y acusó a un supuesto abogado rosarino de haberlo contratado para cometer el crimen. Ahora, durante cerca de una hora y media, el imputado brindó un detalle pormenorizado del asesinato y se refirió a una interna del gremio de los camioneros que, a nivel nacional, conduce Hugo Moyano, quien mantenía una estrecha relación con Beroiz. Tras declarar, fue trasladado en medio de un gran operativo de seguridad. Tendrá custodia permanente, ya que antes de ser apresado recibió amenazas de muerte, según dijo ante el juez.

18 de marzo de 2008
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