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página roja

soltarán a monstruo en la calle


El odontólogo condenado a reclusión perpetua por el crimen de su esposa, su suegra y sus dos hijas podría salir del penal. La Justicia espera un informe socioambiental en la vivienda del barrio de Belgrano, donde vive su novia y donde se alojará él.
Argentina. Revuelo y polémica provocó ayer, en los tribunales penales de La Plata, la presencia del odontólogo Ricardo Barreda, condenado a reclusión perpetua por asesinar –en el año 1992– a cuatro miembros de su familia. Luego de un trámite de apenas diez minutos se confirmó que en una semana Barreda podría dejar la cárcel de Gorina, donde está alojado, y comenzar a gozar del régimen de prisión domiciliaria en la casa de su novia –a la que conoció estando tras las rejas–, en el barrio porteño de Belgrano. Para que se haga efectiva la medida, ordenada por la Cámara de Casación Penal bonaerense, la Justicia le demanda a Barreda "un informe socioambiental sobre el domicilio que fijó para cumplir la pena y otro del Servicio Penitenciario Bonaerense que determine cuál es su conducta intramuros", explicó a la prensa Pedro Soria, presidente de la Sala I de la Cámara Penal, que es la que tiene que hacer cumplir el fallo que establece el beneficio del arresto domiciliario.
Barreda, que adquirió notoriedad pública luego de asesinar a escopetazos a su esposa, su suegra y sus dos hijas, fue seguido por decenas de periodistas que intentaron entrevistarlo mientras caminaba por los pasillos de los tribunales, en 8 y 57. "No tirés que me lastimás", fue lo único que dijo Barreda, dirigiéndose al guardia que lo llevaba esposado. "La audiencia fue a los fines de comunicarle a Barreda que se le había otorgado el arresto domiciliario y por eso le preguntamos si tenía dónde vivir y quién lo va a asistir, y él nos dio esos datos que ahora tenemos que corroborar", precisó Soria, que integró el Tribunal Oral que condenó al odontólogo.
Soria comentó que el lunes tendrá que presentarse ante la Cámara la novia de Barreda para corroborar datos que serán incorporados al informe socioambiental. Aclaró también que la Cámara sólo "tiene que cumplir con lo que dijo el Tribunal de Casación y su intervención se limita a que el odontólogo cumpla con los requisitos que exige la ley".
Recordó que el arresto domiciliario determina que el beneficiado "no puede alejarse bajo ningún concepto de la vivienda que fijó para cumplir la pena". Al mismo tiempo, Soria rechazó la posibilidad de que se le imponga al detenido una "tobillera magnética" para controlar sus movimientos. Barreda fue acompañado por su abogado defensor, Eduardo Gutiérrez, quien confirmó que tendrán que esperar a que la Cámara reciba dos informes, aunque confió en que su defendido "va a reunir todos los requisitos necesarios". Dijo que Barreda regresó "muy tranquilo" al penal de Gorina, luego de la entrevista en los tribunales platenses.
La resolución del Tribunal de Casación se basó en que el condenado tiene mas de 70 años –cumplió 73– y que es "excelente" su conducta dentro del penal. El fiscal de Casación penal, Carlos Altuve, presentó un recurso de revocatoria contra la medida del tribunal y solicitó que Barreda siga en prisión. Altuve manifestó que el arresto domiciliario "se otorga a los procesados y no a los condenados", como es el caso de Barreda.
El fiscal también cuestionó que los jueces de Casación hayan dictado una medida que no había sido solicitada por la defensa de Barreda, que pidió la excarcelación y no la prisión domiciliaria. Casación consideró que no estaban dadas las condiciones para una excarcelación sin límites y por eso se inclinó por el arresto domiciliario.
"La defensa había pedido sólo la excarcelación, por lo que cuando se me dio la oportunidad de expedirme sólo lo hice por esa medida, no por el arresto domiciliario", se quejó Altuve, quien consideró que el fallo de Casación "no tiene sustento legal". Una fuente judicial consultada por Página/12 admitió que el arresto domiciliario es una alternativa a la prisión preventiva, medida que sólo se aplica a los procesados. "De todos modos, el artículo 10 del Código Penal admite la prisión domiciliaria para mayores de 60 años. No de 70, de 60 años. De modo que la medida es legal".
Eduardo Hortel, otro de los jueces que condenó a Barreda, le dijo a este diario que "el arresto domiciliario para un condenado viola el principio de igualdad ante otros detenidos que están en la misma situación". De todos modos, aclaró que no cree que Barreda vuelva a matar. "Es una persona normal. Tiene que estar en una situación similar a la que tuvo para actuar con violencia. Se sentía incomprendido por su familia, aunque mintió en el juicio cuando dijo que lo maltrataban, porque él no tenía vida conyugal con su mujer y ni siquiera tenía diálogo con sus víctimas".

10 de mayo de 2008
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policías lo asesinaron en un asalto


Un tribunal condenó a un policía federal y otro bonaerense, además de a un civil, por el asesinato de Nahuel Iraizos durante el ataque a la maderera de su padre. La familia denunció que el móvil fue político y consideró exiguos los montos de las penas.
Argentina. Nahuel Iraizoz fue asesinado por un policía federal cuando intentó repeler un ataque a la maderera de su padre, en Longchamps. Los que intentaron asaltar el lugar eran otro policía de la Bonaerense y un civil. Los tres fueron condenados ayer por un tribunal oral de Lomas de Zamora, en un fallo que fue rechazado por los familiares de la víctima, quienes consideraron exiguos los montos de las penas: el homicida fue condenado a 14 años de prisión mientras que el bonaerense recibió 5 años y medio y el civil, un ex convicto, 12 años de prisión.
Las condenas recayeron sobre el ex policía Alejandro Etchechurry, responsable de "homicidio simple". El ex policía bonaerense Víctor Hugo Sierra recibió una sanción de 5 años y medio por el delito de "tentativa de robo seguido de muerte", y el civil Irineo Rojas fue condenado a 12 años por la tentativa de robo a la maderera.
La audiencia, convocada a las diez, empezó pasadas las 11, cuando el tribunal leyó rápidamente la sentencia. Marta Doldán, madre del joven asesinado, oyó de pie la lectura del veredicto, mientras que su marido lo hacía desde el lugar asignado para la querella.
Ya fuera de la sala, la madre protestó: "El tribunal ha dado un fallo ejemplificador: es apología del delito, que sigan las víctimas en manos de los delincuentes". "Devuélvanle a Etchechurry el chaleco antibalas y la (pistola) Glock para que siga matando", agregó, mientras el técnico textil Juan Carlos Blumberg, que se había acercado al tribunal para apoyar a la familia Iraizos, se retiraba con una carpeta bajo el brazo. Entre los asistentes estuvieron Marta Canillas e Isabel Yaconis, representando a la Asociación Madres del Dolor.
Al finalizar la lectura del veredicto, una de las hermanas de Nahuel sufrió una crisis de nervios, mientras que la otra gritó fuera de sí al tribunal: "Ojalá reciban un tiro en la cabeza de cada uno de sus hijos, a ver si aprenden, cobardes".
Hugo Iraizoz, padre del joven asesinado, dijo que continuarán "peleando" para que se haga justicia y acusó al tribunal de haber tenido falencias en el desarrollo del juicio. "Fíjense lo perverso que es esto: que a un simple ladrón, como dicen ellos, Irineo Rojas, le dan 12 años y al asesino del poder, íntimo amigo de la mafia, le dan 14 años", dijo Hugo Iraizoz.
El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº 9, integrado por los jueces Victoria Balvé, Darío Beluchi y Juan Manuel Rial. Según se determinó durante las audiencias, el crimen ocurrió en la mañana del 14 de agosto de 2004, cuando Rojas, un ex preso que tenía libertad condicional, entró a robar la maderera de la familia Iraizos, mientras el cabo del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora Sierra se quedó en la puerta como campana. Apenas habían pasado unos minutos desde la apertura del local, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 17.500. El padre de la víctima declaró que aquella mañana él estaba en su oficina y vio a su hijo amenazado por un hombre que le puso un arma en la cabeza. "Yo agarré el arma que tengo en mi escritorio y de la que soy legítimo portador y, cuando el supuesto ladrón me vio, directamente tiró a matarme. Nos trenzamos en lucha los tres y así con Nahuel lo redujimos y lo desarmamos. Pidió que no le tiremos porque afuera tenía dos hombres más con él", declaró en el primer día de debate.
Entonces Nahuel tomó el arma de Rojas y salió a buscar ayuda. De repente, el cabo Sierra le pidió que se detuviera "sin que Nahuel llegara a enterarse de que era policía, y cuando le apuntó, entonces él (por Nahuel) disparó", contó el padre. El joven baleó las piernas del cabo y lo dejó con discapacidad motriz. Entonces, el policía federal (retirado) Etchechurry, "quien llamativamente llevaba un chaleco antibalas", apareció en el lugar y "tiró directamente a la cabeza de Nahuel", recordó Iraizoz. El federal declaró que pensó que el muchacho era un delincuente, dado que el bonaerense la decía "alto, alto" y el joven tenía un arma en la mano. Nahuel agonizó durante once días y murió el 25 de agosto.
La querella anticipó que en los próximos 20 días apelará la sentencia. "Nosotros sosteníamos desde el principio que no era un caso de tentativa de robo, sino que Rojas era un sicario pagado para matar a Hugo Iraizoz y le salió mal. Y los otros dos imputados estaban afuera esperando a Rojas para ayudarlo o matarlo después del encargo", explicó a Página/12 Oscar Salvadores, abogado de los Iraizoz. Y agregó que "sostener que Rojas entró a robar y que los otros dos estaban ahí de casualidad no resiste ningún análisis judicial". "No estaban ahí para robar", dijo el abogado.
El letrado había solicitado para Etchechurry la prisión perpetua por "homicidio calificado"; 14 años y medio para Rojas por tentativa de homicidio agravado, y 15 años para Sierra por cómplice.
Hugo Iraizoz, padre de Nahuel, preside una organización que promueve la secesión de las localidades de Longchamps, Glew y Ministro Rivadavia del partido de Almirante Brown. Sostiene que se trató de un intento de asesinarlo a él por sus proyectos separatistas. Por eso, la familia afirma que el móvil del homicidio es político.
"Este fallo es una vergüenza. Hay un exceso de proteccionismo de los jueces hacia los asesinos", opinaba ante Página/12 el padre del joven asesinado, en la entrada del tribunal, donde una bandera de unos diez metros con la frase "justicia por las víctimas" había sido colgaba antes del inicio de la audiencia por Amancay y Anahí, hermanas del joven asesinado.

Informe: Esteban Vera.

10 de mayo de 2008
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secuestro de dieciséis días


Ariel Perretta fue liberado después de 16 días de cautiverio sin pagar rescate. El joven estaba encadenado en una cama en una vivienda de El Talar de Pacheco. Exigían tres millones de dólares.
Argentina. "Escuché dos gritos de llamado, de ‘Ariel, Ariel’, pero estaba dormido. Tenía fe, pero pensé que iba a terminar de otra forma", confió Ariel Perretta, el joven de 24 años liberado por la Bonaerense luego de 16 días de cautiverio en una casa de El Talar de Pacheco, partido de Tigre. El muchacho, secuestrado el 10 de abril por una banda bien organizada, cuando se dirigía a la fábrica familiar de filtros para auto, en La Matanza, destacó, desde la puerta de su casa y en compañía de sus padres, que los captores lo trataron "muy bien". Durante la liberación del joven, una adolescente de 17 años fue detenida, mientras "tres hermanos, de apellido Muñoz" habrían escapado cuando la policía llegó a la vivienda, señaló Aníbal Fernández, ministro de Justicia y Seguridad de la Nación.
Sobre la reclusión, Ariel, además, relató que "el muchacho" que lo cuidaba lo alimentó "bien". Y agregó sentirse "agradecido por ese trato", aunque aclaró que "siempre" estuvo encadenado a una cama y que hacía sus necesidades fisiológicas "en un balde" que le alcanzaban. "Estaba enmascarado, pero jodíamos, era como una relación entre nosotros", contó.
Pero de inmediato opinó que no cree que "se merezcan lo mejor" y que si fuera por él los "putearía" o les "desearía lo peor". Aunque aclaró: "Que eso lo determine la Justicia, si es que los encuentra". Al respecto, en sintonía con el ministro Fernández, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que los secuestradores "están identificados".
El joven fue liberado el sábado a las 22 a través de una llamada al 911 que indicaba que Ariel estaba raptado en una edificación, ubicada en la esquina de Céspedes y Caseros. "A las 18.56 los padres reciben un llamado de los captores, quienes los consultan por el dinero que habían juntado. Exigían tres millones de dólares, se les responde que sólo tenían 165 mil pesos, y hay insultos y les dicen que guarden el dinero para comprarle una mano al hijo", detalló el ministro de Seguridad y Justicia de la Nación.
Más tarde, alrededor de las 21.30, se recibió un llamado anónimo en el 911. Según Fernández, "era llamativo por el lujo de detalles" que brindaba. Por eso, el ministro conjeturó que "quien realizó la denuncia es alguien de la banda, que conocía el lugar donde estaba" el joven Perretta. Unos treinta minutos después, la policía llegó a la casa. Golpearon la puerta y nadie respondió a los llamados. Entonces ingresaron por la fuerza a la vivienda y en ese momento "tres personas se fugaron por los fondos de la casa", precisó Fernández. En una de las habitaciones encuentran a Ariel atado a una cama. "Pensé que era el último momento de mi vida, que me quedaba con las ganas de decirle a mi viejo que lo quiero", contó conmovido Ariel, sobre el momento de su liberación.
Mientras, en otra de las habitaciones fue hallada una adolescente, llamada Jessica, junto a tres pequeños, sus hijos. La joven madre y sospechosa intentó escapar y de inmediato fue detenida. En su declaración, Jessica acusó a tres hermanos, de apellido Muñoz que, según Fernández, "tienen frondosos antecedentes penales". Al respecto, Scioli y Fernández señalaron que la banda sería la misma que secuestró a Hernán Iannone en noviembre de 2006 en José C. Paz. Incluso para el gobernador, a través de escuchas telefónicas, "podrían tener vinculación con algunos casos más".
En tanto, el ministro destacó el "haber sacado de circulación a estos personajes". Y dijo que la presidenta Cristina Fernández Kirchner fue informada "segundo a segundo" del caso.
Scioli relató haber concurrido a la vivienda de El Talar de Pacheco, tras ser alertado por su ministro de Seguridad, el ex fiscal federal Carlos Stornelli. "Allí pude verlo personalmente a Ariel, cómo estaba encadenado. Estaba en el fondo de una casa donde imagino que había un patio y se construyó este tipo de celda, con ladrillos tipo rústico, a la vista", comentó el gobernador.
Durante su cautiverio, Ariel señaló que "pensaba" en sus "seres queridos" y su "abuelo, que falleció hace poco". Ante su liberación, dijo haberse abrazado con el gobernador Scioli, "porque él vivió algo parecido con el hermano" José.
Mientras se llevaba adelante la negociación, los secuestradores les hicieron llegar a los Perretta dos pruebas de vida: un casete con una grabación realizada por Ariel, en la que menciona el resultado de cinco a cero del partido entre River Plate y San Martín de Porres, de Perú, y una carta manuscrita de Ariel. "No se llegó a pagar rescate porque los secuestradores fueron sorprendidos en el lugar, y pudieron liberarlo", dijo Scioli.
El rapto del joven Perretta comenzó el jueves 10 de abril cuando se dirigía en su auto Peugeot 206 negro a la empresa de su padre, cuando fue interceptado por uno de secuestradores. Tras la captura, Ariel se comunicó con su padre con su handy para decirle que estaba secuestrado.

28 de abril de 2008
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policía era asesino a sueldo


Arrestan a policía viudo de Detroit después de que cómplice confesara siete asesinatos.
[Corey Williams] Detroit, Estados Unidos. Un sargento de policía fue detenido después de un hombre acusado de dos asesinatos confesara ante detectives que era responsable de la menos siete asesinatos por encargo, incluyendo el homicidio de la esposa del sargento, informaron el lunes las autoridades.
En lo que el director de la policía de Detroit, Ella Bully-Cummings llamó una emboscada, la esposa del sargento David Cobb, Rose Cobb, fue asesinada a balazos mientras esperaba en la furgoneta de la pareja cuando él paró frente a una farmacia.
Cobb fue detenido el domingo temprano en su casa, dijo Bully-Cummings. Erl director no entregó detalles sobre la detención, y nuestras llamadas a la cárcel del condado de Wayne no fueron respondidas. Cobb debe comparecer hoy martes.
Un grupo de detectives se dirigió a casa de Cobb después de hablar con Vincent Smothers, 27, que fue arrestado el sábado en Shelby Township, a unos sesenta kilómetros al norte de Detroit, en el marco de una balacera en junio de 2007 que terminó con dos muertos y un herido.
Smothers reveló a los investigadores de la brigada de homicidios otros cuatro casos, incluyendo el asesinato de Rose Cobb, 47, dijo Bully-Cummings.
"Se ganaba la vida como asesino a sueldo", dijo.
Smothers debe comparecer el lunes ante el tribunal de distrito por dos cargos de homicidio en primer grado y homicidio imprudente y por homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y utilización de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. El magistrado Sidney Barthwell Jr. introdujo una declaración de inocencia en su nombre y decretó su prisión preventiva hasta su primera audiencia el 1 de mayo, llamándolo "un extremo peligro para la sociedad".
Los detectives tienen a otros tres sospechosos que podrían ser acusados por su participación en los siete homicidios, dijo Bully-Cummings.
El despacho del fiscal del condado de Wayne dijo que no sabía si Smothers o Cobb continuaban con los mismos abogados. Ninguno de ellos aparece en la guía telefónica de Detroit.

22 de abril de 2008
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sheriff tenía esclavas sexuales


Sheriff de Oklahoma está acusado de utilizar a reclusas como esclavas sexuales.
[Justin Juozapavicius] Arapaho, Oklahoma, Estados Unidos. Las autoridades han acusado a un sheriff del occidente de Oklahoma de coaccionar y sobornar a reclusas para usarlas en una operación de esclavas sexuales que dirigía fuera de la cárcel.
El sheriff Mike Burgess del condado de Custer renunció el miércoles cuando fiscales del estado presentaron 35 cargos contra él, incluyendo catorce cargos por violación en segundo grado, siete por sodomía oral forzada y cinco por soborno de un funcionario público.
Burgess, desde 1994 el más alto agente en el condado de veintiséis mil habitantes, compareció ante tribunales el miércoles y fue dejado en libertad tras pagar una fianza de cincuenta mil dólares.
"Estamos consternados", dijo el jueves el delegado del sheriff Kenneth Tidwell.
El abogado Steve Huddleston dijo que no había tenido oportunidad de revisar todas las acusaciones contra su cliente, pero que "Burgess está ansioso por ir a tribunales y limpiar su nombre".
Entre otras cosas, Burgess está acusado de tener sexo con una mujer acusada por drogas que estaba bajo su custodia. Los delitos ocurrieron entre octubre de 2005 y abril de 2007.
Una demanda federal presentada en octubre acusa a Burgess de haber amenazado a una mujer detenida por drogas con enviarla a la cárcel si no satisfacía sus exigencias sexuales.
La demanda, presentada por doce ex reclusas, dice que los empleados del sheriff las hacían participar en torneos de camisetas mojadas y ofrecían cigarrillos a las que mostraban sus senos.
Una reclusa dijo que ella gozó de la confianza de la cárcel y disfrutaba por eso de más libertades después de acceder a tener sexo con Burgess, pero que perdió esa posición cuando más tarde se negó a acceder a las peticiones de Burgess.
Burgess también está acusado de dos cargos de agresión sexual, violación y perjurio, y por una serie de delitos sexuales, exhibición indecente y secuestro.
Puede ser sentenciado a 467 años de prisión si es condenado por todos los cargos, dijo el fiscal James Boring, aunque es más probable que reciba una sentencia más ligera.
No parece que otros empleados del departamento del sheriff estén implicados, dijo Tidwell.
"Las circunstancias son ciertamente lamentables", dijo.

19 de abril de 2008
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sospechoso suicidio de policía


Uno de los policías detenidos por el caso Duffau se suicidó luego de ser aislado en una celda para protegerlo. David Mansilla había pedido hablar con el juez del caso y tenía audiencia el miércoles. Curiosamente, prefirió no hablar y suicidarse dos días antes.
[Horacio Cecchi] Argentina. El caso Gastón Duffau, el joven muerto a golpes y patadas de vehículo (según la sorprendente primera autopsia realizada por la Bonaerense) el sábado 23 de febrero por la noche, sigue sembrando sombras, sospechas, y cuerpos. Ayer, David Mansilla, uno de los seis uniformados bonaerenses imputados por el crimen de Gastón, apareció ahorcado con una sábana en la nueva Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. La defensa de Mansilla es de la idea de que un bajón anímico quebró la voluntad del joven policía. El uniformado se encontraba alojado junto a sus cinco colegas de la 2ª de Ramos Mejía, acusados como él por los golpes de tránsito. Mansilla había pedido hablar con el juez y la fecha fue fijada para el miércoles. Curiosamente, dos días antes, tomó la drástica decisión de no abrir la boca. Unas horas antes, su defensor particular había presentado un escrito sosteniendo que el sábado Mansilla se había querido suicidar y pidió su atención. Ayer, pasado el mediodía, el SPB lo atendió: imbuido de la idea clínica de que el suicidio es contagioso y en actitud protectiva, decidió llevar a Mansilla a una celda de aislamiento, solo, sin cordones, pero con sábana, y bajo un estricto control.
Mansilla estaba detenido con Leonardo Brandán, Natalio Denaris, Luis Acuña, Mauro Ponti y Rubén Steingruber. Los tres últimos compartían con Mansilla el mismo defensor particular, Miguel Racanelli. Los seis habían sido alojados en la nueva Unidad Penal 43 que el SPB inauguró en Laferrère hace unos cuatro meses. Los seis habían sido acusados de la muerte de Duffau, luego de detenerlo en un McDonald’s de Ramos Mejía y trasladarlo hacia la comisaría 2ª, donde aparentemente no fue ingresado, y luego hasta el hospital de Haedo, donde llegó muerto, con dos juegos de esposas en las muñecas y los pies atados.
Los seis acusados se entregaron quince días después, pero la defensa institucional empezó a integrarse al caso mucho antes que fueran acusados. La autopsia, realizada la misma madrugada por el médico policial Falomo Sileno, dictaminó que el joven se había golpeado un poco en la caja de la camioneta o al resistir su detención. Pero que la muerte fue provocada por un auto que lo embistió cinco días antes y le provocó una lesión en el cuello, se ve que mortal pero de efecto lerdo.
La autopsia no merece el mote de policial sólo por la intervención del mentado Sileno: en los registros de video se ve participar a la plana mayor bonaerense de La Matanza, a altos mandos de la seccional 2ª, a la primera fiscal del caso, Silvana Breggia, y a policías que incluso documentaban científicamente tomando fotos con sus celulares.
La procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, ordenó el cambio inmediato de Breggia, ordenó una reautopsia con forenses de La Matanza, y una observadora enviada por la propia Asesoría Pericial de la Corte, Virginia Creimer. De más está decir que la reautopsia descubrió alrededor de 200 golpes no registrados por Sileno ni por ninguno de los uniformados presentes en la primera, descartó la muerte posdatada por accidente y consideró que a Duffau le habían presionado el cuello.
La tercera, a cargo de la perito forense Creimer, no fue autopsia, sino relectura de los dos resultados anteriores. Pasado en limpio, el dictamen de Creimer permitió al nuevo fiscal, Guillermo Bordenave, sostener la hipótesis de la tremenda golpiza y cargar las tintas sobre los acusados.
Y llegamos a Mansilla. Los seis acusados, luego de que el juez Carlos Blanco aceptara el pedido de preventiva, fueron alojados en la nueva UP 43 de Gregorio Laferrère, kilómetro 33 ruta 3, La Matanza.
Se encontraban los seis juntos, cohabitaban. Según aseguró Racanelli a este diario, "Mansilla tenía problemas psiquiátricos. Ya había intentado suicidarse el sábado, después de enterarse de que les habían confirmado la preventiva". El shock emocional tiene sentido si se considera que la acusación es por tortura seguida de muerte, lo que implica la posible condena a perpetua. Un bajón anímico.
Lo que no tiene sentido es todo lo demás: el mismo lunes, por la mañana, Racanelli presentó un escrito ante el juez Blanco pidiendo asistencia psiquiátrica a su defendido. El juez la ordenó y efectivamente fue asistido. Por otro lado, el propio Mansilla había solicitado hablar con el juez, audiencia que había sido fijada para mañana, miércoles.
A la luz de los acontecimientos, podría suponerse que, o bien Mansilla pretendía anunciar al juez su suicidio con la honrosa idea de evitar complicaciones a sus compañeros, o bien quería hablar de otra cosa, supuestamente relacionada con el caso.
Lo cierto es que antes del miércoles viene el lunes por la tarde.
Tras la atención terapéutica, el SPB decidió sacar a Mansilla de la celda que compartía con sus amigos y lo trasladaron a una celda de aislamiento. "Estaba muy deprimido y lo venía anunciando", asegura Racanelli, aunque otras versiones mencionan que existían asperezas y presiones sobre Mansilla.

–Si estaba deprimido, ¿por qué lo aislaron?
–No lo entiendo –asegura el abogado, aunque insiste con la idea del suicidio.

Un investigador confió a este diario que alrededor de las tres de la tarde de ayer, después de haber sido trasladado a una celda de aislamiento para su supuesta protección, la guardia dejó de verlo, hasta que vio por la mirilla los pies del detenido que todavía se movían. Lo descolgaron de inmediato y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Pero igual que Duffau, llegó muerto.

15 de abril de 2008
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servicios y taqueros


Denuncian un prostíbulo.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Anoche, en la esquina de Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores, los asistentes a una marcha convocada por la Cooperativa La Alameda reclamaron la clausura de un prostíbulo que funciona en ese lugar. Lo hicieron para respaldar la presentación, ante la Justicia, de una denuncia patrocinada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que se basa en el testimonio –más un video realizado con cámara oculta– de un hombre que aportó pruebas sobre el funcionamiento de un local que "ofrece chicas (algunas de ellas serían menores de edad) que por dinero tienen sexo con los clientes". El denunciante, Jorge G.A.M., afirmó que el lugar se llama New Lisa, que son siete las chicas y que cobran aranceles de entre 40 y 100 pesos, según la duración del encuentro sexual. Las jóvenes –la mayor tendría 21 años– reciben por día a unos diez clientes cada una, entre las 20.30 y las 6 de la mañana. La denuncia es por violación de la ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos, pero también pide que se investiguen los posibles delitos de "reducción a servidumbre" y "tráfico ilegal de personas", dado que hay mujeres traídas de países limítrofes.
Gustavo Vera, dirigente de La Alameda, aseguró a Página/12 que las imágenes de la cámara oculta confirman "la connivencia policial (con los dueños del prostíbulo), la presencia de menores y los engaños que sufren las víctimas". Al referirse al proyecto oficial, de la mayoría, que podría ser aprobado en el Congreso, Vera sostuvo que es "a todas luces ineficaz para combatir" la trata de personas porque "sólo penaliza los casos de menores". Las mujeres mayores de edad tienen que probar "que no hubo consentimiento" por parte de ellas, algo que resulta "absolutamente imposible por el obvio temor de la víctima a la red mafiosa con protección policial que encubre a los tratantes, tanto en los prostíbulos como en los talleres clandestinos".
En la presentación ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el denunciante Jorge G.A.M. –que acompañó sus dichos con el video con cámara oculta– relató que en New Lisa los clientes pagan una entrada que les da derecho a una copa y pueden elegir a la chica que quieren. Ellas "se muestran en ropa interior". Una vez pactado el precio, salen del local por la puerta de Directorio e ingresan por otra lateral, sobre San Pedrito, y suben a una terraza donde hay cinco "lockers de 1,20 por dos metros" que son muy precarios por las malas condiciones de higiene. Hay camas, un inodoro, un bidet y un lavatorio. "Las sábanas no se cambian, están manchadas con semen, el piso tiene profilácticos usados y papeles."
El denunciante afirmó que una de las chicas "tiene dieciséis años" y es de nacionalidad paraguaya. "Sólo una de las mujeres es mayor de 21 años y hay otra chica que tiene catorce o quince años por la contextura física." Jorge G.A.M. dijo haber hablado con todas, a la vez que grabó con una cámara oculta a tres de ellas e incluso a uno de los propietarios del local. El encargado se llama Ricardo, el dueño Rubén. Dijo no conocer sus apellidos. Según su relato, ellos dos le comentaron que "una vez por mes tanto la brigada como el ‘taquero' de la zona de Flores vienen al local a cobrar lo suyo, es decir una coima".
Un empleado del lugar, de nombre Miguel, le confirmó que el dueño se llama Rubén y que trajo a una de las chicas cuando ella tenía 15 años. "Se trata de una conocida de la familia del dueño y responde al nombre de Mara." El mismo Miguel le contó que hubo "inspecciones del Gobierno de la Ciudad", pero los inspectores "arreglan con el dueño". Miguel describió un operativo "de la Brigada de Toxicomanía que les pidió a las chicas los documentos". La menor estaba ese día en la terraza, con un cliente. El encargado le avisó, por celular, que no bajara. El local contaría con "una cartera de 65 clientes y cada chica hace diez clientes por noche".
Las chicas "no pueden abandonar el lugar, tienen que cumplir el horario (porque) de lo contrario le descuentan cien pesos de lo trabajado". También "les descuentan la comida (...) si escuchan música o por jugar al pool". En definitiva, "nunca les pagan el ‘sueldo' completo y les pagan de a poquito para retenerlas". En la zona hay otros tres prostíbulos: Dolies, en Directorio y Lafuente, donde el año pasado "ocurrió el homicidio de una chica"; Aries, en San Pedrito y Alberdi, y Come on Pub, sobre Alberdi. El barrio sería "una zona liberada donde hay alrededor de 40 locales". En Aries habría siete chicas y en Dolies entre "veinte y treinta". Rubén, el dueño de New Lisa, habría tenido otros tres prostíbulos en el barrio de Flores.

9 de abril de 2008
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chica parricida a la cárcel


En fallo dividido, el máximo tribunal dejó firme la condena a 14 años de prisión a la chica que mató a su beba. Hace una semana, prevalecía el criterio de reducirle la condena a 8 años, lo que habilitaba a una libertad condicional en los próximos meses.
Argentina. Romina Tejerina, la joven embarazada por un violador y que al dar a luz mató a su bebé presa de un ataque de nervios y de espanto, seguirá presa y cumplirá su condena a 14 años luego de que la Corte Suprema decidiera, en fallo dividido, rechazar el recurso por el cual el caso había llegado hasta el tribunal. Hasta la semana pasada, según revelaban altas fuentes de la Corte, los votos por el rechazo se repartían entre Eduardo Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco (ambas con un fundamento particular), y por la reducción de la condena a ocho años (lo que implicaba la libertad condicional) se manifestaban Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda. El voto del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, era el definitorio. Según filtraron desde la propia Corte la semana pasada, el resultado se anticipaba como favorable a la reducción de la pena. Pero en la reunión de acuerdos de ayer, el voto de Lorenzetti sostuvo la posición que había argumentado por el rechazo durante el año pasado. Resultado: Tejerina deberá seguir en prisión al menos durante cuatro años más, para poder acceder a la libertad condicional. De este modo, judicialmente quedaron cerrados todos los recursos posibles.
El caso Tejerina desató una fuerte polémica desde que ocurrió, el 23 de febrero de 2003, en Jujuy, luego de que Romina asestara 18 puñaladas a su hija, a quien acababa de parir en el inodoro de la casa de su hermana Mirta, donde estaba viviendo. La beba era producto de un embarazo no deseado por Romina, a raíz de una violación que la joven denunció pero que la Justicia jujeña nunca investigó.
A partir de su detención, se desató una muy fuerte polémica sustentada por un lado por quienes apoyaban la necesidad de una condena ejemplar como mensaje hacia la sociedad en el que prevalecía el valor de la vida por sobre lo que ocurriera con la madre; y por el otro, especialmente las agrupaciones feministas, que sostenían que Romina había sido víctima de una violación amparada por el sistema judicial.
El caso carecía, desde el inicio, de la fuerza probatoria, ya que Romina jamás logró que la Justicia entendiera que había sido víctima de una violación. La denuncia de la violación la realizó tiempo después de cometida, con lo que las pruebas se redujeron a palabras o pruebas de ADN. Los jueces jujeños no contemplaron, en su momento, que Romina, por entonces de 18 años, era vecina del denunciado y que denunciar una violación cometida por un conocido, ante una estructura escasamente protectiva, es casi tan violatorio como sufrirla. El tiempo pasó, y el denunciado, que fue procesado, resultó sobreseído por una simple cuestión: no negó la relación (no podía) sino que sostuvo que había sido consentida. Y como Romina, para ese entonces, ya era unos meses supuestamente mayor de edad, se supuso que debía estar en sus cabales de mujer hecha y derecha.
Por lo tanto, se creyó al denunciado, se invirtió la carga y Romina pasó como un tren fantasma del otro lado del mostrador, al banquillo de los acusados, saltando su estatus de víctima.
El juicio se desarrolló en 2005, y terminó condenando a Romina a la pena de 14 años. La fiscalía había pedido perpetua, por homicidio agravado por el vínculo. Los jueces entendieron que debían condenarla por homicidio simple, y graduaron la pena a la mitad entre los 8 y los 25 años que corresponden, teniendo en cuenta la falta de contencióm y la situación particular por la que pasaba la joven, aunque desestimaron que hubiera sufrido un brote psicótico que la impulsó a asestar las 18 puñaladas. Para desestimarlo consideraron que Romina declaró recordando demasiados detalles del hecho, detalle que terminó transformándose en el nudo del caso en la Corte.
Apelado el caso, Romina llegó hasta la Corte provincial, que confirmó el fallo. Se asistió entonces a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.
En octubre del año pasado, la Procuración General de la Nación aconsejó a la Corte que mantuviera el fallo condenatorio de 14 años.
Los martes son los días estipulados para la reuniones de acuerdos de la Corte. El primer martes de abril, altas fuentes, habituales y confiables, de la Corte revelaron a Página/12 que el caso Romina Tejerina estaba pronto a salir con votación favorable a la joven. La idea de la mayoría no era quitarle la responsabilidad sino considerarla inimputable o reducir la condena al mínimo por la situación por la que había pasado y la falta de contención. Al haber cumplido cinco años de prisión, se daban los mínimos para la libertad condicional. En esa tesitura estaba Maqueda. Fayt y Zaffaroni, por su lado, argumentaban por la inimputabilidad de la joven. A ellos tres podía sumarse Lorenzetti, lo que volcaba la balanza a favor de la joven si es que la votación se unificaba en una de las dos posturas. Entretanto, Petracchi y las dos mujeres de la Corte, Argibay y Highton, votaban por sostener la condena.
Al término de la reunión del martes 1º la balanza estaba tan definida que desde la Corte comenzaron a filtrarse señales de que la votación era un hecho. Este diario publicó al día siguiente el anticipo del resultado. Pero durante la semana, Lorenzetti retornó a su posición histórica de confirmación del fallo. Como resultado, ayer, en la acordada, la votación dividida por cuatro a tres fue favorable a la confirmación de la condena.
"Lorenzetti siempre sostuvo el 280", confió a este diario una fuente de la presidencia. Se refería al artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita a la Corte a considerar inadmisible un recurso extraordinario porque no reúne las condiciones de gravedad e interés federal. Era cierto, el presidente se había mantenido en esa tesitura históricamente, pero también había habido vaivenes en las posiciones. "No se quiso dar a la sociedad el mensaje de que cualquier madre que matara a su hijo viniera en recurso extraordinario", intentó fundamentar, endeble, una fuente del tribunal.
Por su lado, las dos mujeres de la Corte, Argibay y Highton, redactaron un voto en contra en particular, atacando la argumentación del brote psicótico esgrimida por la defensa y sosteniendo que el conocimiento de los hechos relatados por Tejerina durante el juicio daban la pauta de que no había sufrido ninguna pérdida de la razón. Posteriormente, los votos de Zaffaroni y Fayt pondrían en duda estas fundamentaciones. No fue suficiente.
Ahora, Romina deberá cumplir al menos cuatro años más, hasta superar los 9 años, las dos terceras partes de la condena, que la habilitarán con buena conducta al derecho de la libertad condicional. Judicialmente, no quedan recursos. La abogada de Romina, Mariana Vargas, sostuvo que una vez notificada analizaría con su colega Fernando Molina la posibilidad de solicitar un indulto al gobernador Walter Barrionuevo.

9 de abril de 2008
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