Blogia

mQh

inspección de posible cárcel secreta


Inspección a un posible centro clandestino. Recibieron con masas y café al juez Bailaque en la Fábrica Militar de Beltrán. Evidentemente anunciada, la llegada de la comitiva de la justicia federal sumó otra curiosidad: participó el abogado de un represor que no se encuentra imputado en esa causa.
[José Maggi] Argentina. La justicia federal llevó adelante ayer una inspección ocular sobre el predio que ocupa la Fábrica Militar de Armas Fray Luis Beltrán, ubicada en esa localidad, luego que un escrito anónimo alertara sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención en esas instalaciones militares. "Se olvidaron de un centro de detención y muerte", rezaba el texto que alguien dejó en el edificio de Oroño 940 y que motivó el pedido de la fiscal Mabel Colalongo para preservar el sitio, para luego inspeccionarlo, en un operativo encabezado por el juez federal Marcelo Bailaque. El texto hablaba de un sector donde había chatarra, otro con carretes grandes de madera como los usados para el cableado, y también de pozos tapados con basura."Todo lo que dice el anónimo estaba, pero el trámite fue anticipado: nadie compra kilos de masas por las dudas para recibir visitas. Todo parecía muy amigable, si hasta le dejaron una copia del acta de inspección al subdirector de la fábrica", reveló indignada una fuente de la investigación. La misma fuente remarcó a este diario que "se pudo verificar la existencia de los tres sectores señalados en el anónimo, que se identificaron claramente. Lo llamativo es que la comitiva fue recibida con masas y café, con lo cual estaban advertidos con anterioridad del procedimiento, que debió ser sorpresivo".
La comitiva llegó pasadas las 10.30 y fue recibida por el subdirector de la Fábrica Militar, el teniente coronel ingeniero Miguel Angel Padilla, quien dirige los destinos de la productora de municiones desde diciembre de 2008. Del contingente formaba parte Marcelo Piercecchi, abogado defensor de Horacio Maderna, quien no está imputado en esa causa, algo que causó sorpresa en parte de la comitiva.
El grupo fue recibido en el edificio de la Dirección, y luego de la breve recepción, fue subido a una combi que los trasladó por el predio. El primer sitio al que se dirigieron fue un enorme zanjón, ubicado en un predio cercano al río Paraná, que corre paralelo al camino de ingreso a la arenera de Beltrán. Es un zanjón de un kilómetro y medio que tiene un paredón, donde había restos de proyectiles y rastros de impactos de balas.
También se visitaron varios polígonos de tiro, y se examinaron dos sectores con carretes de madera similares a los utilizados para distintos tipos de cables.
Un basural ubicado en forma paralela al camino de ingreso a la arenera fue inspeccionado, y resultó curioso para varios presentes que la tierra en derredor del mismo hubiera sido removida en las últimas horas. "Estaba floja, como que hubiese sido arada hacía poco tiempo" reveló una fuente judicial.
La comitiva se detuvo después en un sector ocupado por los polvorines y observaron que el terreno de varias hectáreas, remataba sobre al río en un barranca sin alambrados alguno.
Recién entonces se dirigieron hacia el sector de un segundo basural donde se quemaban productos de desecho. Al costado de mismo pudieron observar que se está construyendo una nuevo basural pero perimetrado con alambre. Llamó la atención entonces la grupo la presencia de chatarra acumulada a cielo abierto, ya que el anónimo apuntaba justamente a un depósito de chatarra.
El resultado de la medida "fue positiva" según la misma fuente consultada por Rosario/12 "ya que se pudieron encontrar claramente los tres elementos señalados en el anónimo: chatarra, carretes de madera y pozos tapados".
En el mismo sentido, el vocero aclaró que "no se revisó el interior de ninguno de los numerosos edificios con los que cuenta Fábrica Militar, por lo cual no es serio que alguien diga que el operativo fue negativo". Los funcionarios judiciales se retiraron pasadas las 14.30 de la Fabrica Militar de Fray Luis Beltrán, luego de cuatro horas de inspección. No todos se fueron con la misma opinión: mientras para algunos fue negativo, casi un trámite de rutina, para otros se evidenció que hay que seguir analizados minuciosamente el predio que la fábrica de armamento ocupa en forma lindera al Batallón de Arsenales donde Luis Lapisonde piensa que estuvo detenido durante la última dictadura, junto a otros militantes del cordón industrial, en tiempos en que Rubén Cervera y Horacio Maderna dirigían los destinos de esa unidad militar. Quizás por esa misma curiosidad es que el abogado del segundo formó parte de la comitiva de inspección sin dejar de hablar por su teléfono celular.
28 de septiembre de 2010
©rosario 12
rss

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

causa díaz bessone se sigue dilatando


La causa Díaz Bessone recién se retoma el lunes próximo. Por la salud de José Scortecchini, cuya operación ya obligó a suspenderlas dos semanas, volvieron a levantar la audiencia. En el cantero central de Oroño recordaron a los desaparecidos Miriam Moro, Roberto De Vicenzo y Antonio López.
[Sonia Tessa] Argentina. La audiencia de la causa Díaz Bessone duró ayer menos de 15 minutos. Ese tiempo bastó para que la secretaria del Tribunal Federal Oral número 2, Silvina Andalaf, leyera los informes médicos que recomendaban reposo absoluto hasta el 1º de octubre a uno de los imputados, José Antonio Scortecchini, y el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, comunicara el levantamiento de la audiencia hasta el lunes próximo. Junto a sus colegas Beatriz Barabani y Jorge Benegas Echagüe, recién ese día resolverán las cuestiones preliminares planteadas en las últimas audiencias antes del receso por la cirugía de Scortecchini, que ayer concurrió en ambulancia a los Tribunales. De este modo, se postergó el comienzo de la etapa de indagatorias. Ante la dilación, los militantes que habían concurrido a hacer el aguante se llenaron de bronca. No era un día común: ayer se cumplieron 34 años de los secuestros de Miriam Moro, Antonio López, Roberto de Vicenzo y Oscar Bouvier. Y la radio abierta que se realizó en el cantero central de Oroño se convirtió en un visceral homenaje en el mediodía frío y gris.
Durante el rato que se desarrolló la audiencia, cinco de los seis acusados estaban sentados en sus lugares. En el banquillo, Mario Alfredo Marcote escribió en su cuaderno una fecha: 27/09 y una hora: 11.40, la del comienzo de la audiencia. Por su parte, José Rubén Lo Fiego había apoyado en una carpeta plástica, con tapa transparente, en la silla vacía. En el extremo izquierdo de la sala, Ramón Genaro Díaz Bessone sacaba unas pastillas de mentol. El que fuera jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y Lo Fiego deben responder por homicidios, y también -como Scortecchini, Marcote, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y asociación ilícita.
Aunque la audiencia se desarrolló cerca del mediodía, en la vereda de los Tribunales, la gente había comenzado a llegar desde las 9. Cuando se nubló, comenzó el viento, y el frío, muchos lamentaron haber llevado poco abrigo. Florencia Del Negro, de APDH Rosario, cebaba mates y Luciana Pololla, otra de las jóvenes aguantadoras, lucía su remera con la leyenda: "Yo me pongo la camiseta por el juicio y castigo". Por allí andaban también la Madre de la Plaza 25 de mayo, Elsa Chiche Massa, con la foto de su hijo Ricardo en la mano. Otra Madre, Herminia Severini, llegó con su bastón. Había unos cuantos testigos y querellantes. Todos esperaban el comienzo de las indagatorias. La consigna era: "Lo único que queremos que digan los represores es donde están nuestros compañeros".
De todos modos, una vez que la audiencia se levantó, lo que se escucharon fueron quejas. "Una vez más, estas dilaciones, este tipo de chicanas, terminan extendiendo en el tiempo esta causa, y siguen garantizando la impunidad a estos genocidas", dijo la diputada provincial Alicia Gutiérrez.
Por su parte, Mónica Garbuglia, del Colectivo de Presos Políticos y Sobrevivientes Rosario, afirmó: "Estamos con una gran indignación, nos sobrepasan estas situaciones". Carlos Novillo, querellante, también destiló su bronca.
En el cantero central de Oroño, la histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Ana Moro, recordó a su hermana Miriam, secuestrada hace 34 años, y a su cuñado Roberto. Relató que en 1976, también fue lunes el 27, que había pasado todo el domingo anterior con su gemela, quien le manifestó que estaba dispuesta a morir, aunque lo lamentaba por sus dos pequeños hijos, Darío y Gustavo, de apenas 7 meses cuando la secuestraron. Después habló Gustavo, quien subrayó la identificación de los restos de su padre, en marzo pasado. El joven invitó a todos a una "gran fiesta popular para tenerlos presentes" el día que recuperen el cuerpo arrebatado.
La última oradora fue Marta Vennera, esposa de Antonio López, asesinado en la madrugada del 27 de septiembre, en Villa Diego, cuando iba en moto junto a Miriam Moro para repartir volantes. Acompañada por su hijo, Gerardo, Vennera leyó un texto destinado a darle carnadura a su compañero desaparecido. "Vivimos la ilusión genuina del cambio posible, del socialismo como destino y la esperanza del hombre nuevo", expresó la mujer, que terminó: "El había logrado comprometer sus ideales en el proyecto de un mundo mejor para todos y también para el hijo que esperábamos. Cayó en su primera misión, su primera volanteada en Villa Diego. No tuvo ninguna oportunidad, ninguno de ellos la tuvo". Los abrazos detrás del parlante de llenaron de lágrimas, nadie pudo contener la emoción.
28 de septiembre de 2010
©rosario 12
rss

el eje del genocidio


Comenzaron los alegatos en el juicio de la Unidad 9. Los abogados querellantes iniciaron la lectura de las acusaciones contra los catorce agentes penitenciarios. Piden las penas máximas para torturadores y asesinos.
[María Laura D’Amico] Argentina. La importancia de referirse a los hechos como un "genocidio" fue el eje del planteo de los abogados querellantes al presentar el alegato en el juicio por la represión ilegal en la Unidad 9 de La Plata. Catorce agentes penitenciarios están siendo juzgados por las torturas y fusilamientos de presos políticos.
Ante una nutrida audiencia, el representante de la Central de Trabajadores Argentinos, Marcelo Ponce Núñez, inauguró con contundencia la rueda de alegatos: "El 24 de marzo de 1976 hubo un rompimiento de las reglas constitucionales con un fin predeterminado, que fue la constitución de un genocidio en Argentina", señaló. Añadió que, para que esto se produzca, "es necesaria la consolidación de un grupo que, en este caso, estuvo formado por personas que estaban por fuera del Estado, que tenían como objetivo reorganizar un país que a ellos no les gustaba y atacaron a otro grupo predeterminado, que era el grupo que se oponía al sistema de la reorganización nacional".
Durante dos horas, el abogado desgranó las "abrumadoras pruebas" en las que fundamentó su discurso y destacó que "existen elementos más que sobrados para demostrar la culpabilidad de los imputados". Asimismo, resaltó el valor de los testimonios de las víctimas y negó que existiera una "connivencia entre los testigos", tal como adujeron algunos imputados al momento de su declaración, "sino un análisis de cosas que pasaron y vivieron".
En cuanto al ex director del penal Abel Dupuy, dijo que "fue puesto al frente de la Unidad 9, que era la cárcel modelo de la provincia de Buenos Aires, por cuanto coincidía y coincide con los fines que desde el gobierno se pretendían llevar adelante, que era la ejecución de un grupo tras una acción genocida".
Ponce Núñez se explayó también sobre la requisa del 13 de diciembre de 1976 –día en que Dupuy asumió la dirección–, dijo que "fue un claro mensaje de ‘ahora cambia el régimen y es más duro’". Ejemplificando cada afirmación con citas de relatos de los testigos, dijo que desde esa fecha "comenzaron a aplicarse torturas sobre los detenidos" y recordó que "todas las noches, al finalizar la transmisión de radio, pasaban la canción de Roberto Carlos ‘Te agradezco, Señor, un día más’, lo que se constituye como un ejemplo de tortura psicológica que estuvo vigente hasta que Dupuy abandonó la dirección de la Unidad 9".
Agregó que "se realizó una clasificación de detenidos en forma ilegal, según la ideología política" y que "comenzó la desaparición física de detenidos". Allí se refirió al caso de Rufino Pirles y Dardo Cabo, asesinados en un supuesto intento de fuga, donde "vemos cómo las manos de Dupuy y de sus ayudantes, Vega y Ríos, comienzan a mancharse de sangre".
Otro de los puntos centrales del alegato de Ponce Núñez fue la referencia a los calabozos de castigo. Dijo que tras la llegada de Dupuy "el sistema cambió y se institucionalizó el ingreso a los chanchos por el motivo que fuese", donde los detenidos recibían un trato "degradante, inhumano y torturante". Sobre el caso de Alberto Pinto –el interno que falleció a causa de las torturas recibidas allí– dijo que "en el registro de atención médica el doctor Ferrer asienta que la persona padece gran mal epiléptico y dolor abdominal agudo, por lo que le da una aspirina. Preavisa de la gravedad de la situación y que esa persona no puede estar en los calabozos". Y, complicando la situación de los tres médicos que están siendo juzgados, afirmó que "todos los profesionales que atendieron a Pinto leyeron ese informe", por lo que "el tratamiento recibido por Pinto fue inadecuado e insuficiente".
Luego del discurso de Ponce Núñez, Oscar Rodríguez, abogado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, leyó las calificaciones de los delitos para cada imputado y, en función de ellos, las penas correspondientes. Así, el abogado pidió prisión perpetua para Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos y Raúl Aníbal Rebaynera; veinticinco años de prisión para Elvio Cosso y Ramón Fernández; veintidós para José Luis Peratta; diecinueve para Valentín Romero; dieciocho para Catalino Morel y los médicos Leandro Corsi, Carlos Jurio y Luis Domingo Favole; dieciséis para Segundo Andrés Basualdo y quince para Héctor Acuña.
Respecto de las penas, la abogada que representa a Justicia YA!, Guadalupe Godoy, indicó, poco antes de leer sus alegatos, que "vamos a pedir las penas máximas que correspondan a cada uno". En cuanto al pedido formal, dijo que estaría enfocado en que "se reconozca que hubo un genocidio como tal y no que los hechos sucedieron en el marco de un genocidio", figura que enmarcó la condena que este mismo tribunal dictó sobre Miguel Etchecolatz y Cristian von Wernich.
28 de septiembre de 2010
©página 12
rss

los acusados en la causa patti


Las ratas imputadas en la causa Patti.
Argentina. Luis Abelardo Patti. Oficial subinspector de la comisaría de Escobar entre el 1º de enero de 1972 hasta el 7 de marzo de 1977. Está acusado de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por abuso funcional, amenazas y violencia: las de Gastón Gonçalves, Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández, Carlos Souto, Guillermo David D’Amico; Luis Rodolfo D’Amico, Luis D’Amico, Josefa Elsa Molina y Tomás Ariosti. En tres casos agravadas porque se prolongaron por más de treinta días. Además, se lo acusa por seis tormentos agravados porque las víctimas eran perseguidos políticos, por homicidio de Gonçalves agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas y por dos violaciones a domicilio.

Reynaldo Bignone. Fue segundo responsable de la Zona IV y jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Está acusado por dos privaciones ilegales de la libertad agravadas por el abuso funcional, amenazas y violencia, dos tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos, el homicidio doblemente calificado de Muniz Barreto por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas, y tentativa de homicidio doblemente calificado de Fernández.

Santiago Omar Riveros. Jefe de Comandos de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo entre los años 1976 y 1978 y ex jefe de la Zona de Defensa IV. Está acusado de nueve privaciones ilegales de la libertad, agravadas por abuso funcional, amenazas y violencia. En tres casos agravadas, además, por prolongarse más de treinta días. Además, se lo acusa por seis aplicaciones de tormentos agravados porque las víctimas eran perseguidos políticos. También por dos homicidios doblemente calificados por alevosía y el concurso de dos o más personas. Además, está acusado por tentativa de homicidio y por dos allanamientos ilegales.

Juan Fernando Meneghini. Titular de la comisaría de Escobar entre enero del 76 y enero de 1979. Está acusado por las privaciones ilegales de la libertad agravadas por abuso funcional, amenazas y violencia de Gonçalves, Muniz Barreto y Fernández. Con aplicación de tormentos sobre las tres víctimas, agravado por la condición de perseguidos políticos. Y por el homicidio de Gonçalves.
28 de septiembre de 2010
©página 12
rss

relato de los testigos


La base del juicio contra Patti.
[Alejandra  Dandan] Argentina. La requisitoria de Jorge Sica de elevación al juicio tiene el carácter de provisoria, será una de las bases del juicio oral. Esa acusación reúne datos que aportaron en la instrucción distintos testigos, entre ellos muchos de los que fueron recogidos en la causa de Gastón Gonçalves, militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Varios de esos tramos fueron leídos en la audiencia. Entre otros, los relatos de sus compañeros de militancia que dan pruebas de la persecución de Patti. Y el de una empleada del cementerio de Escobar a la que Patti le prohibió hablar de los entierros clandestinos en 1996 cuando era intendente.
Uno de los testimonios fue el de Eva Raquel Orifici, que declaró que Gastón se encontraba enfrentada con Patti "por su militancia política y social en Escobar, y cada vez que se realizaba un acto público Patti estaba presente". También se escuchó un fragmento de la declaración de Orlando Edmundo Ubiedo, del sindicato rural de Escobar. Ubiedo mencionó una reunión de mediados de 1974 en una sociedad de fomento de Garín en la que Patti discutió "muy fuerte" con Gonçalves. El entonces auxiliar de policía de la Provincia de Buenos Aires los increpó "diciéndoles que se dejaran de joder con hacer este tipo de reuniones y que iban a terminar mal, que ya verían lo que les iba a pasar". El cuerpo de Gastón fue identificado veinte años después del crimen por el Equipo de Antropología Forense. En la causa declaró Patricia Graciela Achu, empleada del cementerio de Escobar que dio el aviso de los entierros clandestinos. Aquella mujer contó que en 1996 el intendente de Escobar le dijo "que no hable por los medios de comunicación porque en todo cementerio existen NN de esa época y si declaramos o develamos esto sería algo muy complicado". Luego de pedir su traslado en varias oportunidades, indica la requisitoria, "el 20 de mayo de 1996 a las 11 ingresaron en su lugar de trabajo los señores Maldonado, jefe de personal, Bermúdez y Daniel Alvarez quienes le pidieron que entregue la caja, se retire del lugar y que luego le informarían".
[Gráfica viene de este blog].
28 de septiembre de 2010
©página 12
rss

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

patti llegó en pañales a juicio


Luis Patti concurrió en camilla a la primera jornada del juicio por sus crímenes durante la dictadura. El policía represor está acusado por un asesinato, seis torturas y nueve secuestros. Es juzgado junto a Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Fernando Meneghini. "Mientras no interrumpa el juicio que venga como quiera", dijeron los querellantes.
[Argentina] [Alejandra Dandan] El condenado Reynaldo Bignone subió las escaleras primero. Lo siguió Santiago Omar Riveros, y al lado se sentó el ex policía Fernando Meneghini. El escenario del auditorio municipal Hugo del Carril en José León Suárez estaba listo. Se habían acomodado a un lado los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; abajo, en las butacas, estaban familiares, testigos y representantes de los organismos de derechos humanos. Pero en la sala todavía faltaba el policía Luis Abelardo Patti. "Ni a mi novia esperé tanto en mi vida", se oía entre el público. "A ver... A ver... ¿qué pasa?", murmuró la misma voz delante de unas cartulinas con las caras y los nombres de otros asesinados en Escobar levantados como estandarte entre el público. "Ahí viene el bicho", dijo la voz cuando un enfermero se abrió paso con la camilla en andas desde la puerta de emergencia ubicada a un costado. Rodeado por un impresionante cuerpo de hombres del Servicio Penitenciario pertrechados con chalecos antibalas, el ex subcomisario llegó acostado sobre el camastro, el cuerpo inerte, los ojos cerrados y un par de zapatillas deportivas. Así estuvo durante la primera jornada del juicio oral por los crímenes imprescriptibles de la última dictadura militar al que es sometido junto a los otros tres represores.
"Mientras no interrumpa el juicio que venga como quiera", explicaba anoche Ana Oberlin, abogada de los querellantes. "Pedimos que se cumplan las garantías para los testigos; si él quiere seguir el show de lo patético, que lo haga en paralelo."
Patti debía llegar a la sala de audiencias en sillas de ruedas; así se lo habían anunciado sus abogados –entre los que se encuentra el ex camarista Alfredo Bisordi– a las autoridades del Tribunal. Internado en la clínica Fleni de Escobar, una pericia determinó la semana pasada que estaba en condiciones de presentarse. Patti había dicho que ni siquiera podía pararse y aludió a un supuesto clavo que le toca la cervical. "Existen tomografías para saber si eso es cierto –dijo Oberlin–, no podemos creer que la dolencia exista y que no hayan hecho nada para solucionarlo."
La sala estaba repleta. Testigos, familiares, representantes de los organismos de derechos humanos, movimientos piqueteros, como Barrios de Pie. En las filas de adelante, se sentó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos. Estuvieron Enriqueta Moroni, Lita Boitano, Nora Cortiñas y Taty Almeida. En un costado habían dejado un ala completa del auditorio para la tropa de Patti, los hombres del Paufe de Escobar. Se suponía que irían en colectivos, pero nadie llegó.
Patti seguía adelante. La presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, dio por comenzada la audiencia. Entre las once de la mañana y la una de la tarde, el enfermero de Patti desabrochó el ruidoso abrojo del aparato de presión por lo menos tres veces. A las dos de la tarde, cuando concluyó el cuarto intermedio, uno de sus dos defensores, en este caso Silvio Ramón Duarte, anunció que Patti estaba con presión alta. Pidió permiso a los jueces para que el acusado siguiese la audiencia desde la ambulancia.
La jornada había comenzado con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio escrita por el fiscal Jorge Sica. El juicio oral es un desprendimiento de la llamada causa Riveros, un expediente con unos 400 casos que siguen investigándose. Los imputados son Riveros, Bignone, Meneghini y Patti, acusado por nueve privaciones de la libertad, el homicidio de Gastón Roberto José Gonçalves y otros delitos.
El Tribunal leyó la descripción que la fiscalía preparó de cada una de las víctimas. La primera fue la de Gonçalves, secuestrado en Zárate el 24 de marzo 1976 y quien cuatro días más tarde estuvo en el interior de un camión celular estacionado en la parte de atrás de la comisaría de Escobar. Desde el momento de su detención, fue objeto de torturas. En la lectura se recordó que el 2 de abril de ese año, en el Camino isleño del río Luján, se encontró un cadáver carbonizado entre neumáticos todavía encendidos, con el cráneo destruido por un disparo de arma de fuego. El cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de Escobar.
El segundo caso que se escuchó fue el del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández. Ambos fueron secuestrados el 16 de febrero de 1977 alrededor de las seis de la tarde en una carnicería cercana a la comisaría de Escobar. Desde allí los llevaron a la Comisaría de Escobar, donde los tuvieron detenidos hasta el 18 de febrero. Después de pasar por la Unidad Regional o Comisaría Primera de Tigre y por Campo de Mayo, el 6 de marzo a la madrugada volvieron a meterlos en el baúl de un auto, los llevaron a orillas del Paraná en Entre Ríos, simularon un accidente y los arrojaron al río en el Fiat 128 de Fernández. Muniz Barreto murió. Fernández sobrevivió, y cuando salió describió lo que había sucedido a un escribano.
El último caso reúne el secuestro de varios adolescentes militantes de una Unidad Básica de Garín. Son Carlos Daniel Souto, secuestrado a las 7.30 del 10 de agosto de 1976 mientras esperaba el tren en la estación de Garín para ir a la escuela Manuel Estrada de Capilla del Señor. Ese mismo día, a la 13.30, el mismo grupo entró en la casa de los hermanos Guillermo David y Luis Rodolfo D’Amico. Eran vecinos de Souto. A Luis Rodolfo le sumergieron varias veces la cabeza en un tanque de agua del patio de la casa, y luego se los llevaron. Hoy siguen desaparecidos. Ese tercer expediente también incluye el caso de Osvaldo Tomás Ariosti, secuestrado el 3 de abril de 1976, alojado en la comisaría de Escobar, trasladado al buque anclado entre Zárate y Campana donde había otros detenidos. Ariosti pasó luego a Campo de Mayo, a la cárcel de Devoto, a La Plata y salió en libertad el 28 de octubre de 1978.

El Nombre de Patti
Poco después del mediodía, la secretaría del TOF 1 concluía con la requisitoria fiscal con las pruebas contra Patti. "La abundante y concluyente prueba –indicó Sica en su escrito– permite concluir que en todos los casos ventilados fue coautor directo de las privaciones ilegítimas de la libertad, habiendo en algunos casos intervenido en tormentos." Respecto de Gonçalves –indicó– quedó probada su persecución a través de múltiples testimonios. También la intervención en el secuestro, porque su madre supo por la hija de un testigo que él había sido el secuestrador. En el caso de Muniz Barreto recordó un mensaje que escribió el ex diputado desde la comisaría de Escobar en la que señaló a Patti como quien los había detenido. Citó además el testimonio del actual secretario de Derechos Humanos de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y de Marcelo Fernández Grassi, entre otros, que afirmaron haber escuchado el relato escrito y narrado por Fernández, que falleció en 1985. Señaló además otro testimonio que afirmó que el ex diputado Muniz Barreto aparecía en la lista de desaparecidos que llevaba adelante la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde figuraba Patti como captor, cuando no era conocido públicamente. Y sobre los últimos casos, Sica explicó la conexión entre el secuestro de Souto y los hermanos D’Amico. Recordó que los padres de los hermanos declararon en 1985 y reconocieron a Patti como miembro de la comisión policial y de la policía de Garín. En tanto, Ariosti reconoció a Patti como su aprehensor, y quien lo trasladó al buque fondeado entre Zárate y Campana.
La jornada siguió con la lectura de otras requisitorias. La querella representada por Pablo Llonto y Ana Oberlin, que actúan en nombre de los hermanos Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, de los hermanos Manuel y Gastón Goncalvez y de María Isabel D’Amico, la hermana de Guillermo y Luis D’Amico, hoy desaparecidos. Riveros, Bignone y Meneghini seguían sentados. Bignone adelante, con las piernas cruzadas. Patti ya no estaba en la sala. "Muchas veces te hacen creer que vos sos una loca", decía Juana Muniz Barreto estos días. "Que estás treinta años después molestando a estos señores mayores y en realidad los que están acusados de haber cometido delitos gravísimos y están sin ser condenados y juzgados son ellos, no uno. Es decir, ellos son los responsables de que mi papá hoy no esté acá con nosotros. Entonces hay que tener muy presente eso para poder sentarte bien cuando vas, porque hacen todo tipo de manejos para hacerte sentir que uno está en falta, y uno lo que hizo es lo correcto: es acudir a la Justicia a que resuelva algo gravísimo."
28 de septiembre de 2010
©página 12
rss

contra la impunidad de los genocidas


Luchamos para condenar al terrorismo de estado.
[Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman] Argentina. Para los que luchamos desde hace años contra la impunidad de los genocidas, los días que vivimos son días históricos. Días de juicio y castigo. Condenas que ni siquiera soñábamos en los duros años de la dictadura, cuando algunos abríamos las puertas de los locales de la Liga para organizar la lucha, y otros estábamos tras las rejas o secuestrados, como Teresa Israel y Baldomero Valera que continúan desaparecidos.
Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular venciendo la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y aún las limitaciones del actual período. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron en ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan.
Enfrentamos la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos, permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas. Con la toga de la "normalidad procesal" han limitado los juicios, pero también los vencimos en ese terreno. Y les duele. De allí la furibunda campaña por la impunidad que impulsa la derecha (de la Pando a la Carrió), que sabe que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial del norte. La prensa que inspira y sostiene a la derecha trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar -aprovechando cualquier excusa la idea de que "los juicios son incompletos porque sólo juzgan a uno de los contendientes", apelando a la teoría de los dos demonios y amplificando el discurso de los jefes del Genocidio, quienes arguyen que éstos son juicios de venganza contra quienes "salvaron la patria del comunismo". Se trata entonces, de establecer cuál es la etapa actual de la lucha, y para la Liga es tiempo de profundizarlos condenando a los grupos económicos, los políticos, intelectuales y todos los que formaban parte del bloque de poder que decidió el Terrorismo de Estado. Se impone también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de Tribunales de Instrucción que trabajen con exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que enjuicien las causas que ya han sido completadas para impedir la ‘estrategia Pinochet’: demorar los juicios para que los represores mueran acusados pero sin condena.
En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre (uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por el Estado).
Comprendemos el dolor de los familiares de quienes fueron sus víctimas y sus posturas, pero como organismo de derechos humanos es al Terrorismo de Estado a quien perseguimos y no a las víctimas ni las acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten. Desde el momento en que el Estado los capturó, fue responsable de su vida y de sus acciones, incluidas las delictivas; por lo que pensamos que no deberían ser imputados penalmente quienes fueron, al menos inicialmente víctimas del Terrorismo de Estado. Son los responsables del Genocidio quienes deben responder penalmente por tales actos. Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la Teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de esta pretensión. Abrir la puerta para su juzgamiento, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no sólo es jurídicamente insostenible, pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal "estado de necesidad" -de vuelta, jurídicamente hablando- "inimputables". También es políticamente muy peligroso, pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran estas personas: encarnación horrenda de los límites de una generación que buscaba la libertad y fue castigada sin piedad. Calificar sus acciones de "delitos de lesa humanidad" lleva agua al molino de quienes claman por juzgar "la subversión" al tiempo que los represores. No le haremos el juego.
Los debates sobre las conductas colectivas e individuales de los militantes bajo la dictadura se vienen haciendo desde entonces entre todos nosotros y proponemos continuarlos. No con el ánimo inquisidor de "descubrir el culpable de la derrota" sino con el espíritu guevarista de aprender de ellas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar. Y no es un debate académico: el golpe de Estado en Honduras convoca a pensar cómo impedir los planes imperiales de hacer tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América Latina.
Los que transforman todo en un debate oposición/oficialismo parecieran no haber aprendido nada de nuestra historia y que ignoran la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Radiocomunicación.
Queremos ser francos: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial el ámbito adecuado para discernir temas tan complejos y delicados como estos. No igualamos conductas, no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, pero no es este Poder Judicial, ni son estos Tribunales, los indicados para juzgarlos. Nunca hemos hecho culto de "la Justicia" en abstracto ni lo haremos ahora. Junto a muchos otros hemos luchado por superar los límites del "derecho" (casos Ingalinella, Ollero, Masacre de Budge, Floreal Avellaneda, Etchecolatz, etc.) y seguiremos bregando por un nuevo Derecho; de ahí el sentido de nuestra brega por tipificar los crímenes como "Genocidio". Aún conociendo sus límites, valoramos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y resignificar la historia para hacer visible el rol fundante del Genocidio sobre el neoliberalismo, luchando por condenar el Terrorismo de Estado y al bloque social que se benefició de él.
No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros sí queremos derrotar la impunidad y a sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.
[Liga Argentina por los Derechos del Hombre]
28 de septiembre de 2010
27 de septiembre de 2010
©rosario 12
rss

embajadora para asuntos alienígenas


columna de lísperguer
Desmienten nombramiento de embajadora de la ONU para asuntos alienígenas.

Vaya desilusión. El primer anuncio sonaba muy convincente y ya especulábamos muchos que era hora de que nos preparásemos más seriamente para algún encuentro con civilizaciones extraterrestres. Me asombra, sin embargo, leer la enorme cantidad de comentarios jocosos sobre la noticia, muchos de ellos dudando sobre su existencia. Yo he oído de primera mano numerosas experiencias de avistamientos y encuentros, y yo mismo he sido testigo, con otras personas, de la presencia de objetos voladores no identificados. Por otro lado, la enorme cantidad de testimonios y experiencias, y el reconocimiento oficial de algunos estados (Inglaterra), debería llevarnos a profesionalizar su estudio. Es lamentable que no tengamos universidades ni institutos oficiales dedicados al asunto.
lísperguer



¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres