informes de espías en tribunales

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La Haya, Holanda. Informaciones confidenciales del servicio secreto holandés (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, AIVD) podrán dentro de poco ser admitadas como pruebas en procesos penales contra sospechosos de terrorismo. El ministro de Justicia, Donner (CDA), enviará este mes al gabinete un proyecto de ley que hace posible los "testimonios protegidos". Declaraciones de funcionarios del AIVD pueden ser usados directamente como prueba en casos penales.
Donner dio a conocer la iniciativa ayer en un debate de la Cámara de Diputados sobre la lucha contra el terrorismo con motivo de los atentados de Madrid el 11 de marzo.
El ministro quiere ampliar las posibilidades de los servicios de inteligencia y la policía para poder observar a un grupo de 150 potenciales terroristas. También quiere prolongar el período de prisión preventiva para los sospechosos de terrorismo. El gabinete considera también ampliar "los motivos para sospechar de los ciudadanos". Deben poder cerrarse los locales de encuentro en los que se preparan atentados terroristas, aun si se trata de mezquitas.
El juez de instrucción tiene en el proyecto de ley sobre el AIVD la posibilidad, en pesquisas judiciales, de interrogar anónimamente a los funcionarios de este servicio. En un proceso posterior deberá indicar por qué determinadas informaciones no pueden ser publicadas en razón de la seguridad del estado. El juez tendrá la posibilidad de ordenar al juez de instrucción controlar la fiabilidad de las declaraciones de los funcionarios del AIVD. El juez deberá seguidamente controlar si las pesquisas del juez de instrucción han conducido al recabamiento de pruebas suficientes. En el proyecto de ley se modifica de tal manera el derecho de prueba que las declaraciones de los funcionarios del AIVD reciben el mismo valor que un documento escrito que un juez puede considerar como probatorio sin ninguna limitación.
Según el ministro el procedimiento propuesto se ajusta al derecho europeo que encuentra aceptable las limitaciones de los derechos de la defensa si se encuentra el peligro la seguridad del estado.
Donner quiere que el proyecto de ley sea discutido este mes en la reunión ministerial y sea enviado rápidamente a la Cámara de Diputados.
No considera el ministro recorrer la habitual ruta de consultas con el poder judicial, la abogacía y otros directamente involucrados. "La consulta con la Orden de Abogados no tiene nada que ver con el estado de derecho", afirmó.