ilegales frente a gobierno

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El gobierno holandés está decidido a adoptar serias medidas contra la residencia ilegal en los Países Bajos. El IND (Instituto para Naturalización e Inmigración) cada vez se hace de más personal para localizar y deportar a extranjeros. También va a aumentar el número de celdas.
Además, el gabinete también intenta adoptar medidas más severas contra los arrendadores que alquilan alojamiento a emigrantes ilegales y contra las compañías que emplean a trabajadores sin papeles, según publicó el miércoles el Volkskrant.
Pero los inmigrantes no serán privados de asistencia médica y educación. La ministra de inmigración, Rita Verdonk, ha declarado que la gente merece un “trato decente” y que la asistencia médica a los niños y a las madres embarazadas siempre será suministrada, informó RTL.
Los partidos de la coalición: el cristianodemócrata CDA, el VVD (extrema derecha) y los liberales D66 estuvieron de acuerdo el año pasado, en la firma del acuerdo de gobierno, con este plan de endurecer la ofensiva contra la inmigración ilegal. Las medidas programadas se definirán el próximo viernes en una propuesta que presentará la ministra Verdonk.
Investigadores de la Universidad Erasmus estimaron en 2002 que viven en Holanda entre 112.000 y 163.000 inmigrantes ilegales.
La ofensiva que se avecina tiene como objetivo acabar con el alquiler ilegal a exorbitantes precios, que podría tener como consecuencia que los contratos de arrendamiento pueden ser suspendidos si las pesquisas indicasen que los arrendadores han alquilado viviendas a inmigrantes ilegales. En el caso de subarriendo ilegal, el inquilino oficial también puede perder su vivienda.
Los empleadores son amenazados con fuertes multas si emplean a trabajadores ilegales. Mark Rutte, secretario de estado para asuntos sociales, ya anunciara anteriormente su voluntad de aumentar las multas de 900 a 3.500 euros por cada trabajador.
Esto implica que se realizarán redadas y los empleadores serán también obligados a pagar retroactivamente primas y tasas a la seguridad social si el inmigrante ilegal ha trabajado para él durante seis meses. Esta cuenta podría ascender a unos 6.000 euros.
Pero contra los deseos del CDA y del ayuntamiento de Rótterdam, el gobierno no llegará al extremo de declarar la inmigración ilegal como delito procesable. Esto habría exigido modificaciones del sistema de detenciones preventivas.
Los ministros de gobierno que trabajaron en las últimas propuestas no quisieron reformar el sistema de detenciones preventivas, dada la escasez de celdas existente en los Países Bajos.
También han declarado que el primer objetivo es la deportación de los inmigrantes ilegales.

21 abril 2004
©expatica news ©traducción mQh