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combatientes enemigos en la corte


La Corte Suprema verá esta semana dos casos que involucran a ciudadanos americanos detenidos indefinidamente, sin el derecho a contar con un abogado, simplemente porque han sido llamados "combatientes enemigos". Ignorando principios constitucionales elementales, el gobierno de Bush sostiene que, ya que las detenciones han sido ordenadas por militares hechas en tiempo de guerra, las cortes no tienen autoridad para cuestionarle a posteriori. Se trata de casos históricos que pueden, después del 11 de septiembre, dar forma al paisaje legal en los años por venir. La Corte Suprema debería enviar el fuerte mensaje de que incluso durante la guerra contra el terrorismo, el gobierno no puede despojar a los ciudadanos de sus derechos más básicos.
José Padilla y Yaser Esam Hamdi han estado en un calabozo militar, sin cargos, durante cerca de dos años. Padilla fue detenido en el Aeropuerto Internacional O=Hare, de Chicago, bajo sospecha de haber participado en una conspiración para colocar una "bomba sucia". Hamdi fue capturado por la Alianza del Norte, en Afganistán. El gobierno ha designado a los dos como combatientes enemigos, pero en ambos casos la evidencia es escasa. Para Hamdi, el gobierno se apoyó en una descripción oficial -de nueve páginas- del Pentágono. Para Padilla, usó fuente confidenciales de dudosa confiabilidad. El gobierno se fija normas espantosamente bajas para sí mismo, diciendo que sólo necesita "alguna evidencia" de que un ciudadano se ha "asociado" a una organización "decidida a cometer actos hostiles" para detenerle indefinidamente.
Los ciudadanos pueden ser despojados de su libertad sólo sobre la base de una ley aplicada correctamente, después de un proceso judicial que cumpla los requisitos mínimos de debido proceso. Una vez que a un ciudadano se le ha privado de su libertad, tiene éste el derecho a impugnar su encarcelamiento por medio de un recurso de habeas corpus. Todos estos derechos se aplican por igual a Padilla y Hamdi, y todos esos derechos han sido violados.
El presidente Bush sostiene que puede eludir estas garantías constitucionales simplemente invocando sus poderes militares, lo que es inconsistente con la ley y con valores americanos fundamentales. En la Declaración de Independencia, los Fundadores criticaron al rey de Inglaterra por "hacer al poder militar independiente y superior al poder civil". Al establecer el sistema constitucional americano, dejaron claro que la autoridad civil tiene primacía sobre la autoridad militar. La Corte Suprema reconoció este principio en un caso histórico de la época de la Guerra Civil, ex parte Milligan, en el que se resolvió que si las cortes civiles están abiertas y funcionando, son ellas, y no las militares, las que deben juzgar a los ciudadanos americanos.
La importancia de estos casos van más allá de los dos prisioneros, y las consecuencias de una resolución a favor del gobierno son alarmantes. Los abogados de Padilla no exageran cuando dicen a la corte que si su defendido pierde, "significaría que en el futuro previsible todo ciudadano, en cualquier lugar, en cualquier momento, podría ser detenido indefinidamente por los militares con sólo una orden unilateral del presidente". Esa fórmula totalitaria no ha sido nunca ley en América. Ahora es la Corte Suprema la que debe garantizar que no se transforme en una.


26 abril 2004 ©the new york times ©traducción mQh

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