torturas de prisioneros de guerra
El secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld, describió ayer los maltratos de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Graib como casos "excepcionales y aislados". Cuando mucho, es sólo parcialmente verdad. Malos tratos similares de prisioneros detenidos por el ejército o por fuerzas del servicio secreto han sido también reportados en ultramar desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo. El esquema de arrogante desacato de los amparos de la Convención de Ginebra y de otros procedimientos legales ha sido establecido desde arriba por Rumsfeld y otros comandantes de alto rango. Informes bien documentados de violaciones a los derechos humanos han sido ignorados o encubiertos, incluyendo algunas violaciones más serias que aquellas de Abu Graib. Al final, las últimas acusaciones se pueden distinguir principalmente por el hecho de que han terminado en cargos que deberán ser vistos por la corte marcial, y por el goteo de espantosas fotografías que han hecho tomar conciencia, a Estados Unidos y al mundo, de la gravedad de los maltratos.Rectificar los problemas, ilustrados tan dramáticamente por las fotografías de Abu Graib, requerirá mucho más que el proceso judicial contra el puñado de reservistas que cometieron esos abusos. Oficiales de la inteligencia militar y contratistas privados que alentaron u ordenaron los maltratos deben ser también llevados a tribunales.
Los oficiales de alto rango y funcionarios de la administración responsables de crear este sistema ilegal de detenciones e interrogatorios empleado en Afganistán, Iraq y otros lugares desde 2001 deberían ser llamados a rendir cuentas. Y el sistema mismo debe ser al menos modificado para que se ajuste a la Convención de Ginebra y otras normas internacionales de derechos humanos. Sobre todo el Congreso debe finalmente comenzar a ejercer su autoridad para supervisar y regular el manejo de la administración de los extranjeros detenidos. Que varios de sus antiguos miembros republicanos se declararan escandalizados al enterarse de los maltratos -como si no se hubiese reportado ninguno antes de ayer- fue en sí mismo vergonzoso.
El fundamento para los delitos cometidos en Abu Graib fue establecido hace más de dos años, cuando Rumsfeld impuso un sistema de detención en Afganistán que permite tener a los detenidos incomunicados, sin cargos, y sin proceso legal, y sobre todo sin ningún mecanismo de supervisión significativo. Ignorando esta violación de la Convención de Ginebra, Rumsfeld sostiene que el sistema era necesario para extraer informaciones importantes. Pero fue también una invitación para cometer maltratos, y los informes de esos maltratos han comenzado a aparecer desde diciembre de 2002, cuando un reportaje del Washington Post informó sobre duras técnicas de interrogación que bordeaban la tortura física. Otros informes de periodistas y de grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron las detenciones ilegales y el criminal tratamiento de los detenidos, incluyendo la muerte de al menos dos prisioneros en la base aérea de Bagram en Afganistán, que fueron declaradas homicidios por investigadores militares. Ayer el ejército reveló que dos prisioneros iraquíes fueron asesinados por guardias de una prisión estadounidense el pasado año y 20 otros casos de muertes y agresiones que todavía están siendo investigadas en Iraq y Afganistán. Nadie ha sido procesado por estas muertes.
Los maltratos reportados en Abu Graib coinciden con informes previos. Llevados a cabo por reservistas sin entrenamiento, los maltratos constituyen ejemplos particularmente severos de prácticas -mantener desnudos a los prisioneros o forzarles a estar en posiciones incómodas durante largos períodos de tiempo- que han sido reportadas en otros lugares. En respuesta a estos informes y quejas de grupos de defensa de los derechos humanos y gobiernos extranjeros, la administración Bush se había comprometido hace un año a no someter a ningún detenido extranjero a tratamientos inaceptables bajo la Constitución estadounidense. Pero no hay evidencias de que el gobierno haya distribuido alguna vez instrucciones para implementar esta decisión entre agencias militares o del servicio secreto -y las investigaciones oficiales de Abu Graib muestran que por lo menos allá esta política no se implementó nunca.
Hemos estado diciendo desde hace algún tiempo que el Congreso ha desatendido su responsabilidad en supervisar la actuación del gobierno y en proveer un marco legal hoy ausente para tratar a los detenidos extranjeros. El resultado de esta inactividad y de la negativa de la administración en dar respuesta a informes previos de maltratos es el escándalo de Abu Graib, que ha hecho un daño incalculable a la posición de Estados Unidos en Iraq y en todo el mundo. La única manera de una recuperación incluso parcial es una completa e independiente investigación parlamentaria de esos maltratos, tanto en Iraq como en otras partes del mundo; el procesamiento de todos los implicados en esos delitos, y, finalmente, la determinación de tratar a los prisioneros en conformidad con las normas de decencia.
5 mayo 2004 ©washington post ©traducción mQh
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