una respuesta insuficiente

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El ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld leyó ayer una declaración ante el Congreso asumiendo la responsabilidad de los maltratos a los prisioneros en Iraq, y y tenía razón en hacerlo. Pero Rumsfeld no reconoció el carácter fundamental del problema, mucho menos se comprometió a corregirlo. En su testimonio ante los comités del Senado y de la Cámara, el ministro de Defensa y sus adjuntos continuaron describiendo los abusos en la prisión de Abu Graib como actos aislados cometidos por individuos.
Defendieron, o se negaron a reconocer, las decisiones que hicieron más probable la comisión de esos maltratos.
Prometieron que aquellos relacionados con estos actos repugnantes, documentados en las fotografías que conoce el público -y otras que aún han de publicarse-, serán castigados. Pero no dieron ninguna seguridad de que su inaceptable sistema de detenciones en Iraq, Afganistán y otros países sería corregido.
Muchas de las preguntas de los diputados y senadores se concentraron en el proceso: sobre lo oportuno de la respuesta del Pentágono sobre los maltratos de Abu Ghraib, sobre el error de Rumsfeld de no informar adecuadamente al Congreso o al presidente. Se discutió si acaso el ministro debía renunciar; él y el presidente Bush intentan claramente evitar esa posibilidad.
Creemos que Rumsfeld carga con mucha de la responsabilidad en la creación del clima legal y político en el que ocurrieron esos maltratos en la prisión y que su incapacidad para responder a los informes previos sobre abusos o llamados a corregirlos hicieron posible la catástrofe de Abu Graib. Pero si permanece o no en su puesto, la tarea más importante de la administración y del Congreso debería ser la reforma del sistema de detención de los prisioneros de modo que se ajuste completamente a la Convención de Ginebra y a otras normas internacionales sobre derechos humanos. Ello requerirá cambios en los métodos, la formulación de normas más claras y una rigurosa supervisión externa.
El testimonio de Rumsfeld ayer no contenía nada que apoyara esos cambios básicos. Defendió repetidamente los métodos ideados hace dos años para extraer datos de inteligencia de los prisioneros, incluso cuando estos métodos han hecho posible los maltratos documentados en varias prisiones fuera de Estados Unidos. En un momento sugirió que él no estaba consciente de la decisión que sentó las bases para los delitos cometidos en la prisión de Abu Graib -la decisión de que los mismos guardias militares deberían "fijar las condiciones" de los interrogatorios, en violación de las regulaciones del ejército- incluso si esa política fue desarrollada por un general de división y previamente implementada en Bahía de Guantánamo, Cuba, y en Afganistán. Rumsfeld esquivó las preguntas sobre si oficiales de inteligencia y contratistas civiles habían instruido o no a los guardias de la prisión sobre cómo tratar a los prisioneros, incluso si una investigación ha determinado que eso es justamente lo que ocurrió.
Rumsfeld alegó que los guardias de Abu Graib habían sido instruidos para que aplicaran la Convención de Ginebra, pero la investigación del general de división, Antonio M. Taguba, ha demostrado que esas instrucciones no fueron dadas. La Tercera Convención de Ginebra establece que los prisioneros de guerra "no pueden ser amenazados, insultados o sometidos a tratos groseros o desventajosos de ningún tipo" como medio de obligarles a responder preguntas. Esa regla ha sido violada sistemáticamente en las instalaciones penitenciarias estadounidense fuera de Estados Unidos -en parte porque el Pentágono había declarado que muchos prisioneros eran combatientes enemigos y por ello no gozaban de los amparos de la Convención de Ginebra. De hecho, el sistema de interrogatorios desarrollado en el Pentágono de Rumsfeld no puede ser aplicado legalmente a nadie a quien se considere prisionero de guerra.
A los líderes del Pentágono les gustaría limitar el escándalo, y la investigación, a un puñado de soldados en una prisión durante dos meses del último año. Pero las pesquisas del Comité Internacional de la Cruz Roja y grupos de derechos humanos independientes han demostrado que los maltratos también ocurren en otros lugares. El ejército ha admitido ahora que al menos 25 prisioneros en Iraq y Afganistán ha muerto mientras estaban bajo custodia de los estadounidenses. Estos no son actos aislados, sino de un sistema imperfecto, que conduce a maltratos criminales. Si Rumsfeld y el presidente Bush se mostraran reticentes a corregir el sistema, el Congreso debería intervenir.

8 mayo 2004 ©washington post ©traducción mQh