amenaza cadena perpetua por amenazas
Rótterdam, Holanda. La clase política parece atravesar momentos de histeria a raíz de la amenaza terrorista y del atentado' con ketchup de que fue objeto la ministro de Extranjería, responsable de la implementación de las leyes de deportación del actual gabinete. La semana pasada se condenó en ausencia a varios sospechosos de terrorismo sobre la base de testimonios anónimos de espías holandeses. Esta semana nos enteramos que cientos de ciudadanos fueron retenidos injustamente durante días y sometidos a vejámenes inimaginables por ser sospechosos de tráfico de drogas, y que debieron ellos demostrar que eran inocentes. También esta semana, en lo que se refiere a noticias judiciales, la fiscalía amenaza con sacar del baúl leyes del siglo 19 para juzgar a un hombre de 22 años que "estuvo a punto" de amenazar a la ministro. ¿Dónde comienza un delito? La segunda nota informa sobre el estado del caso de las activistas desconocidas que mancharon con ketchup a la ministro de Extranjería.El ministerio público puede pedir una pena de prisión perpetua para el hombre de 22 años que amenazó a la ministro Verdonk (VVD, Extranjería, extrema derecha) en un programa radial.
La fiscalía acusa al hombre que profirió las amenazas el jueves de la semana pasada en un programa de radio RTV Noord-Holland no sólo de amenazar a la ministro sino también a todo el consejo de ministros.
El ministerio público se basa en el artículo 95 del Código Penal, que determina que aquel que disuelve una reunión de gabinete, o adrede obstaculiza o impide que un miembro del consejo de ministros cumpla en libertad con las funciones de su cargo puede ser condenado a una pena de prisión perpetua o a una condena de veinte años. El artículo fue aplicado por última vez en 1891 por un tribunal de Alkmaar.
Normalmente la condena por una amenaza "de un delito" es de un máximo de dos años. Si la amenaza se hace por escrito o si por su tenor o circunstancia parece grave, la pena es de cuatro años.
Según la portavoz del ministerio público de Ámsterdam, D. Kruimel, la gravedad del delito no se puede desligar de acontecimientos del pasado. Se refería a las amenazas contra Pim Fortuyn, que fue asesinado hace dos años, y las amenazas posteriores a varios diputados, entre ellos también del PvdA y GroenLinks.
Kruimel: "Sin ponernos histéricos, esos sucesos deben ser tenidos en cuenta". Niega que la fiscalía haya formulado la acusación por presiones de políticos. Ayer por la noche los diputados reprocharon de negligencia al ministerio público de Ámsterdam en el caso de las dos activistas que mancharon con salsa de tomate a la ministro Verdonk. Kruimel: "No fuimos nosotros lo que dejamos en libertad a las sospechosas, sino el juez de instrucción".
Entretanto las activistas han sido detenidas nuevamente, después de que la fiscalía recurriera la decisión del juez de instrucción. El hombre, de 22 años, que amenazó a la ministro la semana pasada, llamó a la línea de datos de RTV Noord-Holland. El jefe de redacción D. Binnendijk, de RTV Noord-Holland, no recuerda si el hombre fue conectado directamente con la redacción o si se llamó más tarde. "En todo caso, fue entrevistado por teléfono durante diez minutos".
El hombre no amenazó concretamente de muerte a la ministro, pero a la pregunta del entrevistador sobre qué pensaba hacer si la ministro no modificaba su política [de deportaciones], respondió: "Cualquier cosa". También se refirió al asesinato de Fortuyn y a las activistas de la salsa de tomate".
El telediario de las siete de la estación emitió dos minutos de la entrevista. Binnendijk: "Si la emitíamos o no fue una decisión difícil. También podía tratarse de una broma de mal gusto. Fue porque el hombre se refirió al incidente de la salsa de tomate que decidimos emitirla". La redacción de RTV Noord-Holland llamó a la policía inmediatamente después de la emisión.
24 de junio de 2004
©nrc ©traducción mQh
CÁMARA TOMA MUY A PECHO ATENTADO CON KETCHUP - michiel kruijt
La Haya, Holanda. Casi toda la oposición cree que la fiscalía de Ámsterdam ha cometido errores en el caso contra las dos activistas que mancharon con salsa de tomate a la ministro Verdonk, de Extranjería. El ministro Donner, de Justicia, lo rebate, apoyado por los partidos de gobierno.
Después del asesinato de Fortuyn la Cámara se toma muy en serio los atentados contra políticos, así quedó claro el jueves en un debate urgente. Según el PvdA, GroenLinks, LPF, Christen Unie y SGP la fiscalía de Ámsterdam cometió una negligencia al dejar en libertad a las dos activistas mientras que existía la posibilidad de mantenerlas en prisión. Un juez de instrucción habría en realidad rechazado la segunda fase de la detención preventiva, pero Justicia podía incluso así determinar una prolongación de la detención. La detención de las dos activistas no habría durado entonces dos días, sino cinco. Así se habría podido quizás determinar su identidad.
Donner cree que esto es hacer un mal uso del derecho. El juez rechazó una detención futura; el ministerio público estaba por eso obligado a dejarlas en libertad. "Se hizo lo que había que hacer", dijo. "Hemos chocado contra la decisión de un juez y la aceptamos. Así funciona la separación de los poderes públicos".
Agregó que la fiscalía no puede utilizar trucos para detener a los sospechosos. "Eso es una violación del estado de derecho". Calificó de "dañino y crecientemente peligroso" que los diputados den por sentado que se cometan errores. Esta imagen perjudica la imagen de la autoridad y del ministerio público.
Sin embargo los cinco partidos de oposición criticaron duramente la puesta en libertad precipitada de las activistas, met Herben (LPF) a la cabeza. El diputado Van der Staaij (SGP) observó que el ministerio público ha recurrido la decisión del juez de instrucción. "Se pudo haber usado la detención preventiva".
"Decepcionante", concluyó su colega Rouvoet, de la Christen Unie. Según él usar la detención preventiva no es un truco sino una posibilidad legal que no por nada se ha asignado al ministerio público. Rouvoet dijo, como otros diputados, que el ministro se puede dar con una piedra en el pecho por el hecho de que las activistas se hayan presentado al tribunal. Por eso pudieron ser detenidas. La Justicia conoce ahora la identidad de una de ellas.
Según Kalsbeek (PvdA) la fiscalía ha subestimado el caso, como se desprende también del hecho de que la excarcelación de las activistas se recurrió recién esta semana. Halsema (GroenLinks) señaló que Donner no tiene escrúpulos como para con la excusa del "estado de derecho útil" socavar los derechos de los sospechosos, pero ahora no quiere apelar al estado de derecho. "Un argumento para la ocasión", dijo. Los socialistas del SP no asistieron al debate.
24 de junio de 2004
©volkskrant ©traducción mQh"
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