tribulaciones de jueces iraquíes
[Edmund Sanders] La nueva corte penal iraquí, que deberá juzgar a Hussein, enfrenta problemas desde el principio: se cuestiona su legitimidad, funcionarios subalternos se niegan a ejecutar sus órdenes y su administrador es ahora prófugo del mismo tribunal.
Bagdad, Iraq. Investigan casos pero no los presiden. Están pesquisando, apasionadamente -y bajo amenaza. Dicen que nada los disuadirá.
Cuando tuvo que hacer frente a Saddam Hussein durante una vista televisada en todo el mundo el mes pasado, el Juez Raid Juhi se vio a sí mismo a la defensiva tras una pregunta del antiguo dictador: ¿Quién le dio derecho a Juhi para estar presente en un juicio?
Usted, respondió el joven jurista.
"Le dije que Saddam Hussein mismo había firmado mi nombramiento", recordó Juhi con una sonrisa durante una reciente entrevista en su despacho de Bagdad.
El juez de 33 años -que trabajó como fiscal durante diez años durante el régimen de Hussein y fue contratrado para ayudar a redactar las acusaciones de crímenes de guerra- forma parte de un pequeño y agresivo equipo de iraquíes que constituyen el brazo instructor de la más importante corte penal del país.
Instalada seriamente hace unos seis meses, la división está demostrando rápidamente ser un enérgico y determinado fiscal federal, despeinando las plumas de muchos iraquíes prominentes, rechazando amenazas de muerte diarias y jurando procesar todos los casos de corrupción, asesinato y terrorismo, lleven dónde lleven.
"El futuro de nuestro país depende de la fortaleza de esta corte", dijo el juez Zuhair Maliky, juez instructor de la Corte Penal Central de Iraq. "Es crucial para el establecimiento de un Iraq democrático para nuestros hijos".
La división, con jueces como Maliky y Juhi operando como jueces norteamericanos en el sistema judicial estadounidense, no han dudado en iniciar pesquisas extensas o delicadas.
Maliky debió hacer frente a varios miembros del antiguo Consejo de Gobierno Iraquí cuando ordenó en mayo que se allanara la casa y oficinas de Ahmad Chalabi, entonces miembro del consejo, en relación con unas investigaciones sobre fraude y secuestros que implicaban a su partido. Miembros del consejo insistieron en que deberían haber sido consultados con antelación a los allanamientos, pero Maliky fue igualmente insistente en que nadie merece privilegios especiales.
Los críticos han puesto en duda la validez del tribunal, calificándolo de títere de Estados Unidos y acusándolo de abusar de sus atribuciones en la instrucción.
"Tenemos dudas sobre la legalidad de toda la CPC", dijo Zaab Sethna, portavoz del partido Congreso Nacional Iraquí, de Chalabi.
Luqman Thabit Zargawi, presidente del tribunal penal, defendió la independencia e integridad de sus jueces, que investigan los casos sin presidirlos. Zargawi pasó 22 años como juez durante el antiguo régimen hasta que fue despedido por negarse a obedecer una orden de Hussein de condenar a muerte a una prostituta, una pena que consideró demasiado dura.
Dijo que la misión investigadora de la corte se ocupa de casos que son demasiado polémicos para las cortes regionales más pequeñas. "Un juez con miedo no puede hacer su trabajo", dijo Zargawi.
La corte penal tiene su sede en un antiguo y cavernoso museo de Bagdad que alguna vez exhibió los regalos de dignatarios extranjeros a Hussein, tales como un AK-47 en oro sólido y preciosos ejemplares del Corán.
Una esquina del edificio la ocupan de seis a veinte fiscales que instruyen casos, interrogan a los testigos y analizan las evidencias. No hay ordenadores, máquinas de escribir o archivadores, sólo escritorios vacíos y algunas sillas de oficina todavía envueltas de plástico.
Los fiscales escriben sus informes a mano y usan papel de calco porque no tienen fotocopiadoras. La pieza de mobiliario más moderna de la oficina es un frasco de líquido corrector, que comparten todos.
La seguridad es rígida y los guardaespaldas hacen guardia a la puerta de los despachos de los jueves. Las amenazas de muerte son comunes. Unos pistoleros atacaron el coche de Maliky en junio.
Maliky se eriza con las medidas de seguridad que debe tomar porque envía, dice, un mensaje equivocado al público. "La gente debería ser capaz de ver que alguien que se ocupa de los grandes casos, todavía lleva una vida normal y es parte de la comunidad", dijo.
Juhi ha sobrevivido varios intentos de asesinato y tuvo que mudarse de casa por su seguridad. "Mis movimientos son muy limitados", dijo.
La presión de su trabajo puede ser intensa. Cuando Juhi se preparaba para enfrentarse a Hussein en las vistas del 1 de junio, se recordó a menudo que el hombre que iba a tener al frente debía ser tratado como cualquier acusado.
"Cada juez tiene su propio modo de ver las cosas", dijo Juhi. "Yo no mezclo los sentimientos. No miro sus nombres. Sólo trato las evidencias y los delitos cometidos".
Antes de que Juhi fuera escogido para presidir el procesamiento de Hussein, era conocido sobre todo como el juez que había emitido la orden de detención del clérigo militante Muqtada Sadr en un juicio por el asesinato de un líder religioso rival. También procesó al antiguo gobernador de Najaf por robar fondos.
Las investigaciones de Chalabi han sido especialmente polémicas. Después de los allanamientos de la casa y oficinas de Chalabi, Maliky debió hacer frente a una lluvia de críticas de que fue demasiado ligero en emitir las órdenes de allanamiento y detención. Algunos miembros del Consejo de Gobierno pusieron públicamente en duda que hubiera suficientes pruebas como para allanar la residencia de Chalabi, porque el caso implicaba a empleados de bajo nivel de Chalabi, no a Chalabi mismo.
El domingo, Maliky anunció las órdenes de detención de Ahmad Chalabi y de su sobrino, Salem.
"Ha estado emitiendo órdenes de detención para una gran cantidad de gente sin nada de lo que nosotros llamaríamos pruebas", dijo el antiguo asesor del departamento de Defensa de Estados Unidos y aliado de Chalabi, Richard Perle, durante un reciente discurso en el American Enterprise Institute AEI de Washington. Perle hablóa antes de que se emitieran las órdenes de detención de los Chalabi.
La unidad de investigación está probando las acusaciones de que Salem Chalabi, administrador del tribunal de crímenes de guerra de Hussein, amenazó a un funcionario del gobierno iraquí que estaba investigando las propiedades inmobiliarias de la familia Chalabi poco antes de ser asesinado.
Salem Chalabi, que niega las acusaciones y dijo que la investigación de la corte está motivada políticamente, dijo que se había quejado de la corte ante líderes del gobierno interino, incluyendo al primer ministro Iyad Allawi y al presidente Ghazi Ajil Yawer.
Zargawi dijo que la política no debía jugar nunca ningún papel en un tribunal y que los días en que los individuos bien relacionados podían escapar de la justicia en Iraq eran cosa del pasado.
"Nadie puede interferir en nuestro trabajo", dijo Zargawi. "Ni Allawi, ni el gabinete, ni incluso Salem Chalabi".
El coronel Dwight Warren, un fiscal de St. Louis que ha estado trabajando como el oficial de enlace con la corte penal, elogió "el celo" de los jueces de la corte.
"Me sorprende ver cómo excavan en la madriguera para extraer la verdad", dijo Warren.
El equipo legal de Warren ha enviado casi 40 casos criminales a la corte -incluyendo posesión ilegal de armas y ataques contra tropas estadounidenses. La división de investigaciones ha enviado todos los casos a juicio, con una tasa de condena de 80 por ciento.
Esa cooperación ha alimentado las críticas sobre la influencia de Estados Unidos en la corte.
Funcionarios del ministerio del Interior, que supervisa a la policía iraquí, se han negado a enviar agentes a realizar algunas de las órdenes de detención más polémicas emitidas por el tribunal, incluyendo aquellas contra Sadr y el gobernador de Maysan, en relación con el asesinato de un jefe de policía local.
"No me interesa nada de lo que haya pasado durante la ocupación", dijo Sabah Kadhim, un importante asesor del ministerio del Interior. "No voy a perder mi tiempo sobre las órdenes que ha emitido".
Maliky dijo que la policía tiene miedo de ejecutar esas órdenes. "Son acusaciones contra gente en posiciones de poder, y nadie quiere procesarlos", dijo.
Juhi, que dio la orden de detención de Sadr cuando era juez en Najaf, expresó una frustración similar. "Sabemos que está ahí", dijo Juhi. "Lo veo todos los viernes en la televisión, para las oraciones".
Se especula que la orden de detención de Sadr podría ser anulada como parte de un acuerdo político entre el clérigo y las tropas estadounidenses. Juhi dijo que no había pedido anular la orden y que no aceptará presiones políticas.
Zargawi se rió de las quejas del ministerio del Interior y otros de que su tribunal estaba secuestrado por los norteamericanos, observando que la misma potencia ocupante que creó la corte, también creó el gobierno interino, incluyendo el ministerio del Interior.
"Todos formamos parte del mismo gobierno" que fue establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición, dijo. "Ahora trabajo para el pueblo iraquí".
Megan K. Stack contribuyó a este reportaje.
9 de agosto de 2004
©traducción mQh
©losangelestimes
Bagdad, Iraq. Investigan casos pero no los presiden. Están pesquisando, apasionadamente -y bajo amenaza. Dicen que nada los disuadirá.Cuando tuvo que hacer frente a Saddam Hussein durante una vista televisada en todo el mundo el mes pasado, el Juez Raid Juhi se vio a sí mismo a la defensiva tras una pregunta del antiguo dictador: ¿Quién le dio derecho a Juhi para estar presente en un juicio?
Usted, respondió el joven jurista.
"Le dije que Saddam Hussein mismo había firmado mi nombramiento", recordó Juhi con una sonrisa durante una reciente entrevista en su despacho de Bagdad.
El juez de 33 años -que trabajó como fiscal durante diez años durante el régimen de Hussein y fue contratrado para ayudar a redactar las acusaciones de crímenes de guerra- forma parte de un pequeño y agresivo equipo de iraquíes que constituyen el brazo instructor de la más importante corte penal del país.
Instalada seriamente hace unos seis meses, la división está demostrando rápidamente ser un enérgico y determinado fiscal federal, despeinando las plumas de muchos iraquíes prominentes, rechazando amenazas de muerte diarias y jurando procesar todos los casos de corrupción, asesinato y terrorismo, lleven dónde lleven.
"El futuro de nuestro país depende de la fortaleza de esta corte", dijo el juez Zuhair Maliky, juez instructor de la Corte Penal Central de Iraq. "Es crucial para el establecimiento de un Iraq democrático para nuestros hijos".
La división, con jueces como Maliky y Juhi operando como jueces norteamericanos en el sistema judicial estadounidense, no han dudado en iniciar pesquisas extensas o delicadas.
Maliky debió hacer frente a varios miembros del antiguo Consejo de Gobierno Iraquí cuando ordenó en mayo que se allanara la casa y oficinas de Ahmad Chalabi, entonces miembro del consejo, en relación con unas investigaciones sobre fraude y secuestros que implicaban a su partido. Miembros del consejo insistieron en que deberían haber sido consultados con antelación a los allanamientos, pero Maliky fue igualmente insistente en que nadie merece privilegios especiales.
Los críticos han puesto en duda la validez del tribunal, calificándolo de títere de Estados Unidos y acusándolo de abusar de sus atribuciones en la instrucción.
"Tenemos dudas sobre la legalidad de toda la CPC", dijo Zaab Sethna, portavoz del partido Congreso Nacional Iraquí, de Chalabi.
Luqman Thabit Zargawi, presidente del tribunal penal, defendió la independencia e integridad de sus jueces, que investigan los casos sin presidirlos. Zargawi pasó 22 años como juez durante el antiguo régimen hasta que fue despedido por negarse a obedecer una orden de Hussein de condenar a muerte a una prostituta, una pena que consideró demasiado dura.
Dijo que la misión investigadora de la corte se ocupa de casos que son demasiado polémicos para las cortes regionales más pequeñas. "Un juez con miedo no puede hacer su trabajo", dijo Zargawi.
La corte penal tiene su sede en un antiguo y cavernoso museo de Bagdad que alguna vez exhibió los regalos de dignatarios extranjeros a Hussein, tales como un AK-47 en oro sólido y preciosos ejemplares del Corán.
Una esquina del edificio la ocupan de seis a veinte fiscales que instruyen casos, interrogan a los testigos y analizan las evidencias. No hay ordenadores, máquinas de escribir o archivadores, sólo escritorios vacíos y algunas sillas de oficina todavía envueltas de plástico.
Los fiscales escriben sus informes a mano y usan papel de calco porque no tienen fotocopiadoras. La pieza de mobiliario más moderna de la oficina es un frasco de líquido corrector, que comparten todos.
La seguridad es rígida y los guardaespaldas hacen guardia a la puerta de los despachos de los jueves. Las amenazas de muerte son comunes. Unos pistoleros atacaron el coche de Maliky en junio.
Maliky se eriza con las medidas de seguridad que debe tomar porque envía, dice, un mensaje equivocado al público. "La gente debería ser capaz de ver que alguien que se ocupa de los grandes casos, todavía lleva una vida normal y es parte de la comunidad", dijo.
Juhi ha sobrevivido varios intentos de asesinato y tuvo que mudarse de casa por su seguridad. "Mis movimientos son muy limitados", dijo.
La presión de su trabajo puede ser intensa. Cuando Juhi se preparaba para enfrentarse a Hussein en las vistas del 1 de junio, se recordó a menudo que el hombre que iba a tener al frente debía ser tratado como cualquier acusado.
"Cada juez tiene su propio modo de ver las cosas", dijo Juhi. "Yo no mezclo los sentimientos. No miro sus nombres. Sólo trato las evidencias y los delitos cometidos".
Antes de que Juhi fuera escogido para presidir el procesamiento de Hussein, era conocido sobre todo como el juez que había emitido la orden de detención del clérigo militante Muqtada Sadr en un juicio por el asesinato de un líder religioso rival. También procesó al antiguo gobernador de Najaf por robar fondos.
Las investigaciones de Chalabi han sido especialmente polémicas. Después de los allanamientos de la casa y oficinas de Chalabi, Maliky debió hacer frente a una lluvia de críticas de que fue demasiado ligero en emitir las órdenes de allanamiento y detención. Algunos miembros del Consejo de Gobierno pusieron públicamente en duda que hubiera suficientes pruebas como para allanar la residencia de Chalabi, porque el caso implicaba a empleados de bajo nivel de Chalabi, no a Chalabi mismo.
El domingo, Maliky anunció las órdenes de detención de Ahmad Chalabi y de su sobrino, Salem.
"Ha estado emitiendo órdenes de detención para una gran cantidad de gente sin nada de lo que nosotros llamaríamos pruebas", dijo el antiguo asesor del departamento de Defensa de Estados Unidos y aliado de Chalabi, Richard Perle, durante un reciente discurso en el American Enterprise Institute AEI de Washington. Perle hablóa antes de que se emitieran las órdenes de detención de los Chalabi.
La unidad de investigación está probando las acusaciones de que Salem Chalabi, administrador del tribunal de crímenes de guerra de Hussein, amenazó a un funcionario del gobierno iraquí que estaba investigando las propiedades inmobiliarias de la familia Chalabi poco antes de ser asesinado.
Salem Chalabi, que niega las acusaciones y dijo que la investigación de la corte está motivada políticamente, dijo que se había quejado de la corte ante líderes del gobierno interino, incluyendo al primer ministro Iyad Allawi y al presidente Ghazi Ajil Yawer.
Zargawi dijo que la política no debía jugar nunca ningún papel en un tribunal y que los días en que los individuos bien relacionados podían escapar de la justicia en Iraq eran cosa del pasado.
"Nadie puede interferir en nuestro trabajo", dijo Zargawi. "Ni Allawi, ni el gabinete, ni incluso Salem Chalabi".
El coronel Dwight Warren, un fiscal de St. Louis que ha estado trabajando como el oficial de enlace con la corte penal, elogió "el celo" de los jueces de la corte.
"Me sorprende ver cómo excavan en la madriguera para extraer la verdad", dijo Warren.
El equipo legal de Warren ha enviado casi 40 casos criminales a la corte -incluyendo posesión ilegal de armas y ataques contra tropas estadounidenses. La división de investigaciones ha enviado todos los casos a juicio, con una tasa de condena de 80 por ciento.
Esa cooperación ha alimentado las críticas sobre la influencia de Estados Unidos en la corte.
Funcionarios del ministerio del Interior, que supervisa a la policía iraquí, se han negado a enviar agentes a realizar algunas de las órdenes de detención más polémicas emitidas por el tribunal, incluyendo aquellas contra Sadr y el gobernador de Maysan, en relación con el asesinato de un jefe de policía local.
"No me interesa nada de lo que haya pasado durante la ocupación", dijo Sabah Kadhim, un importante asesor del ministerio del Interior. "No voy a perder mi tiempo sobre las órdenes que ha emitido".
Maliky dijo que la policía tiene miedo de ejecutar esas órdenes. "Son acusaciones contra gente en posiciones de poder, y nadie quiere procesarlos", dijo.
Juhi, que dio la orden de detención de Sadr cuando era juez en Najaf, expresó una frustración similar. "Sabemos que está ahí", dijo Juhi. "Lo veo todos los viernes en la televisión, para las oraciones".
Se especula que la orden de detención de Sadr podría ser anulada como parte de un acuerdo político entre el clérigo y las tropas estadounidenses. Juhi dijo que no había pedido anular la orden y que no aceptará presiones políticas.
Zargawi se rió de las quejas del ministerio del Interior y otros de que su tribunal estaba secuestrado por los norteamericanos, observando que la misma potencia ocupante que creó la corte, también creó el gobierno interino, incluyendo el ministerio del Interior.
"Todos formamos parte del mismo gobierno" que fue establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición, dijo. "Ahora trabajo para el pueblo iraquí".
Megan K. Stack contribuyó a este reportaje.
9 de agosto de 2004
©traducción mQh
©losangelestimes
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