defensa de las libertades
A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, más se advierte el peligro que representa el presidente Bush para la democracia y las libertades cívicas. Un editorial de The New York Times.
El debate sobre la reforma de los servicios de inteligencia, importante como es, ha echado sombras sobre un debate sobre otra de las recomendaciones de la comisión bipartidista que estudió los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe de la comisión observó que nadie en el gobierno tenía la labor de salvaguardar las libertades cívicas en momentos en que el gobierno trataba de ampliar sus poderes para combatir el terrorismo. Propuso asignar esa crítica tarea a una junta extraordinaria.
El presidente Bush ha dejado en claro su posición creando, por decreto del ejecutivo, una caricatura de la junta propuesta por la comisión del 11 de septiembre. El Senado está sopesando una medida bipartidista mucho mejor. El tema necesita ser debatido con seriedad antes de las elecciones.
Debe haber causado conmoción oír a la comisión sugerir que necesitamos una nueva agencia para hacer lo que los tribunales, el Congreso y el fiscal general del Estado se supone que deben hacer, al menos en teoría. Pero el departamento de Justicia ha estado abandonando firmemente su responsabilidad de proteger las libertades cívicas, lo que ahora parece estar lejos de lo que John Ashcroft, el fiscal general, cree que es su trabajo. Un congreso dividido, cansado de ser acusado de tener una postura blanda sobre el tema del terrorismo, no es una defensa adecuada de nuestros derechos constitucionales.
El problema se ha hecho más urgente desde el 11 de septiembre de 2001, cuando los estadounidenses se dieron cuenta de que deberían tolerar medidas de seguridad más firmes en los lugares públicos y que las agencias policiales federales necesitaban atribuciones más amplias para erradicar y destruir las conspiraciones terroristas. Así, desde un punto de vista pragmático, es difícil desechar así no más la idea de que el Congreso cree una agencia especial que se concentre en nuestras libertades cívicas -especialmente debido al historial de este gobierno sobre este asunto.
Bush ha tratado de poner a un lado la Constitución declarando a ciudadanos estadounidenses escogidos por la administración combatientes ilegales y encarcelándolos indefinidamente. El departamento de Justicia de Ashcroft ha escrito un asombroso memorándum justificando la tortura de los prisioneros. También ha sido responsable de, entre otras cosas, encarcelar a un abogado de Portland, Oregon, bajo acusación de estar implicado en actividades terroristas después de errar en el análisis de sus huellas digitales y, aparentemente, basándose en sus creencias religiosas. La administración ha instalado campos de detención en la Bahía de Guantánamo en los que se han suspendido o incluso eliminado las normas mínimas de la justicia.
Pero no queremos trocar una situación en la que nadie da prioridad a la salvaguarda de nuestras libertades cívicas por una en la que una junta de control al estilo de Potemkin apruebe conscientemente acciones del gobierno que limitan de manera poco razonable nuestras libertades constitucionales. Ese es el peligro con el enfoque de Bush. Su junta no tiene una autoridad que valga la pena mencionar. No puede iniciar investigaciones sino que debe esperar a que funcionario del gabinete pida una revisión de sus propias actividades. Lo más sorprendente es que sus miembros están hoy en día sirviendo a personeros nombrados por el presidente que a menudo dirigen las operaciones que la junta es probable que revise -incluyendo, increíblemente, a la CIA, que no tiene funciones legales como agencia policial nacional pero sí un fuerte interés en allanar las cosas para su recabamiento de informaciones de inteligencia. La junta -que ya tuvo su primera reunión a puertas cerradas- no tiene atribuciones para citar a nadie ni para realizar revisiones periódicas de leyes ni mandato para llevar a cabo audiencias públicas ni publicar informes.
Un proyecto bipartidista de los senadores John McCain y Joseph Lieberman, en contraste, crearía un panel de cinco personas de fuera del gobierno, nombradas por el presidente y sujetas a la aprobación del Senado. Ese es un enfoque mucho mejor, aunque el balance bipartidista deberá ser igual, como se exige ahora en algunas agencias reglamentarias. El panel McCain-Lieberman tendría atribuciones para iniciar sus propias pesquisas, llamar a declarar a funcionarios federales, publicar documentos y llamar a comparecer. Revisaría las leyes, reglamentos y medidas propuestas, y también revisaría su implementación; recibiría informes periódicos de agencias gubernamentales, e informaría dos veces al año al Congreso y al presidente. El proyecto de ley también contempla audiencias e informes públicos.
El panel asesoría al Congreso sobre la "limitación o ampliación de atribuciones gubernamentales específicas", como las provisiones de la Ley Patriota, juzgaría si esos poderes realmente mejoran la situación de la seguridad nacional y si han sido supervisados adecuadamente. McCain y Lieberman fueron demasiado tímidos a este respecto. La revisión debería incluir el grado en que las libertades cívicas son afectadas y si las limitaciones de ellas son realmente necesarias para proteger la seguridad nacional y pública. La ley también incluiría la opinión de la comisión del 11 de septiembre de que el peso de la prueba recae en el gobierno.
El Congreso no puede exigir que Bush desmantele su nueva comisión. Ni puede desatender con toda razonabilidad sus propios deberes de supervisión. Pero sí puede responder a la movida preventiva de Bush creando una comisión con miembros independientes y autoridad efectiva. Esperamos que la presión pública sea entonces lo suficientemente fuerte como para que Bush vuelva a considerar las sugerencias del informe de la comisión del 11 de septiembre y deje que los miembros de su junta vuelvan a sus viejos trabajos.
20 de septiembre de 2004
22 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
El debate sobre la reforma de los servicios de inteligencia, importante como es, ha echado sombras sobre un debate sobre otra de las recomendaciones de la comisión bipartidista que estudió los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe de la comisión observó que nadie en el gobierno tenía la labor de salvaguardar las libertades cívicas en momentos en que el gobierno trataba de ampliar sus poderes para combatir el terrorismo. Propuso asignar esa crítica tarea a una junta extraordinaria.El presidente Bush ha dejado en claro su posición creando, por decreto del ejecutivo, una caricatura de la junta propuesta por la comisión del 11 de septiembre. El Senado está sopesando una medida bipartidista mucho mejor. El tema necesita ser debatido con seriedad antes de las elecciones.
Debe haber causado conmoción oír a la comisión sugerir que necesitamos una nueva agencia para hacer lo que los tribunales, el Congreso y el fiscal general del Estado se supone que deben hacer, al menos en teoría. Pero el departamento de Justicia ha estado abandonando firmemente su responsabilidad de proteger las libertades cívicas, lo que ahora parece estar lejos de lo que John Ashcroft, el fiscal general, cree que es su trabajo. Un congreso dividido, cansado de ser acusado de tener una postura blanda sobre el tema del terrorismo, no es una defensa adecuada de nuestros derechos constitucionales.
El problema se ha hecho más urgente desde el 11 de septiembre de 2001, cuando los estadounidenses se dieron cuenta de que deberían tolerar medidas de seguridad más firmes en los lugares públicos y que las agencias policiales federales necesitaban atribuciones más amplias para erradicar y destruir las conspiraciones terroristas. Así, desde un punto de vista pragmático, es difícil desechar así no más la idea de que el Congreso cree una agencia especial que se concentre en nuestras libertades cívicas -especialmente debido al historial de este gobierno sobre este asunto.
Bush ha tratado de poner a un lado la Constitución declarando a ciudadanos estadounidenses escogidos por la administración combatientes ilegales y encarcelándolos indefinidamente. El departamento de Justicia de Ashcroft ha escrito un asombroso memorándum justificando la tortura de los prisioneros. También ha sido responsable de, entre otras cosas, encarcelar a un abogado de Portland, Oregon, bajo acusación de estar implicado en actividades terroristas después de errar en el análisis de sus huellas digitales y, aparentemente, basándose en sus creencias religiosas. La administración ha instalado campos de detención en la Bahía de Guantánamo en los que se han suspendido o incluso eliminado las normas mínimas de la justicia.
Pero no queremos trocar una situación en la que nadie da prioridad a la salvaguarda de nuestras libertades cívicas por una en la que una junta de control al estilo de Potemkin apruebe conscientemente acciones del gobierno que limitan de manera poco razonable nuestras libertades constitucionales. Ese es el peligro con el enfoque de Bush. Su junta no tiene una autoridad que valga la pena mencionar. No puede iniciar investigaciones sino que debe esperar a que funcionario del gabinete pida una revisión de sus propias actividades. Lo más sorprendente es que sus miembros están hoy en día sirviendo a personeros nombrados por el presidente que a menudo dirigen las operaciones que la junta es probable que revise -incluyendo, increíblemente, a la CIA, que no tiene funciones legales como agencia policial nacional pero sí un fuerte interés en allanar las cosas para su recabamiento de informaciones de inteligencia. La junta -que ya tuvo su primera reunión a puertas cerradas- no tiene atribuciones para citar a nadie ni para realizar revisiones periódicas de leyes ni mandato para llevar a cabo audiencias públicas ni publicar informes.
Un proyecto bipartidista de los senadores John McCain y Joseph Lieberman, en contraste, crearía un panel de cinco personas de fuera del gobierno, nombradas por el presidente y sujetas a la aprobación del Senado. Ese es un enfoque mucho mejor, aunque el balance bipartidista deberá ser igual, como se exige ahora en algunas agencias reglamentarias. El panel McCain-Lieberman tendría atribuciones para iniciar sus propias pesquisas, llamar a declarar a funcionarios federales, publicar documentos y llamar a comparecer. Revisaría las leyes, reglamentos y medidas propuestas, y también revisaría su implementación; recibiría informes periódicos de agencias gubernamentales, e informaría dos veces al año al Congreso y al presidente. El proyecto de ley también contempla audiencias e informes públicos.
El panel asesoría al Congreso sobre la "limitación o ampliación de atribuciones gubernamentales específicas", como las provisiones de la Ley Patriota, juzgaría si esos poderes realmente mejoran la situación de la seguridad nacional y si han sido supervisados adecuadamente. McCain y Lieberman fueron demasiado tímidos a este respecto. La revisión debería incluir el grado en que las libertades cívicas son afectadas y si las limitaciones de ellas son realmente necesarias para proteger la seguridad nacional y pública. La ley también incluiría la opinión de la comisión del 11 de septiembre de que el peso de la prueba recae en el gobierno.
El Congreso no puede exigir que Bush desmantele su nueva comisión. Ni puede desatender con toda razonabilidad sus propios deberes de supervisión. Pero sí puede responder a la movida preventiva de Bush creando una comisión con miembros independientes y autoridad efectiva. Esperamos que la presión pública sea entonces lo suficientemente fuerte como para que Bush vuelva a considerar las sugerencias del informe de la comisión del 11 de septiembre y deje que los miembros de su junta vuelvan a sus viejos trabajos.
20 de septiembre de 2004
22 de septiembre de 2004
©newyorktimes
©traducción mQh
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