preguntas sobre halliburton
La empresa de la que el vice-presidente Dick Cheney era gerente ejecutivo, recibe hoy los principales contratos sin licitación, otorgados por el mismo Cheney.
Halliburton, el gigante conglomerado de servicios de la industria petrolífera dirigido por Dick Cheney entre sus faenas como ministro de Defensa y vice-presidente, está nuevamente provocando embarazosos titulares sobre los lucrativos contratos que recibió del Pentágono para operaciones en Iraq. No se ha probado ninguna acción incorrecta y la compañía tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, las acusaciones, que incluyen estafa por precios ilegales e influencia indebida en el proceso de contratación, son lo suficientemente serias para que se interese el FBI. Al menos un miembro del Congreso también quiere que sea asunto del inspector general del Pentágono.
Hay una razón por la que importantes contratistas del ministerio de Defensa a menudo recurren a antiguos y bien conectados funcionarios de gobierno como sus gerentes ejecutivos. La razón es que no operan en un ambiente comercial normal, donde las compañías deben competir sobre la base de su funcionamiento y eficiencia. En lugar de eso, los funcionarios viven en una especie de país de las maravillas financiero donde se pueden obtener enormes beneficios y correr riesgos mínimos. Los contratos lucrativos son otorgados sin licitación, y los costes inesperados y otras cuentas dudosas son simplemente agregadas a la factura que debe pagar el contribuyente. La mayor parte de estas cosas son, desafortunadamente, legales. Pero sí hay garantías que protegen al público de ser esquilado completamente. De acuerdo a una veterana supervisora de contratos civiles del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Bunnatine Greenhouse, Halliburton las ha violado.
Antes este mes, Greenhouse, cuya responsabilidad incluye el asegurarse de que el cuerpo respeta las reglas de contratación del Pentágono cuya intención es impedir influencias externas indebidas, expuso detalladamente sus preocupaciones al secretario interino del Ejército, Les Brownlee. Expuso toda una serie de favoritismos hacia la compañía y amenazas de represalias contra ella por haber denunciado las irregularidades, las que pusieron en peligro la "integridad del programa federal de contratación" e interfirieron con el ejercicio de sus funciones. Informó que en una reunión a la que asistió, representantes de Halliburton fueron indebidamente autorizados a participar y discutir con el Ejército los términos del contrato.
Greenhouse también objetó el desvergonzado estiramiento de una disposición que permite el otorgamiento de contratos fuera de licitación sobre la base de emergencia, para otorgar a Halliburton un contrato de cinco años para la reparación de refinerías. El contrato fue licitado más tarde, como había exigido ella originalmente, sólo después de la indignación parlamentaria y pública. Greenhouse dice que después de hacer repetidas preguntas sobre Halliburton, fue excluida de la toma de decisiones y amenazada con ser despedida o trasladada.
Para cuando los controvertidos contratos fueron firmados, Cheney ya no trabajaba para Halliburton. En su empleo actual, su deber es proteger los intereses del cliente de Halliburton en Iraq, las fuerzas armadas norteamericanas, y su pagador, el contribuyente norteamericano. Una de las preguntas de los votantes es si él y el presidente lo han hecho, y cómo.
31 de octubre de 2004
©new york times
©traducción mQh
Halliburton, el gigante conglomerado de servicios de la industria petrolífera dirigido por Dick Cheney entre sus faenas como ministro de Defensa y vice-presidente, está nuevamente provocando embarazosos titulares sobre los lucrativos contratos que recibió del Pentágono para operaciones en Iraq. No se ha probado ninguna acción incorrecta y la compañía tiene derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, las acusaciones, que incluyen estafa por precios ilegales e influencia indebida en el proceso de contratación, son lo suficientemente serias para que se interese el FBI. Al menos un miembro del Congreso también quiere que sea asunto del inspector general del Pentágono.Hay una razón por la que importantes contratistas del ministerio de Defensa a menudo recurren a antiguos y bien conectados funcionarios de gobierno como sus gerentes ejecutivos. La razón es que no operan en un ambiente comercial normal, donde las compañías deben competir sobre la base de su funcionamiento y eficiencia. En lugar de eso, los funcionarios viven en una especie de país de las maravillas financiero donde se pueden obtener enormes beneficios y correr riesgos mínimos. Los contratos lucrativos son otorgados sin licitación, y los costes inesperados y otras cuentas dudosas son simplemente agregadas a la factura que debe pagar el contribuyente. La mayor parte de estas cosas son, desafortunadamente, legales. Pero sí hay garantías que protegen al público de ser esquilado completamente. De acuerdo a una veterana supervisora de contratos civiles del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Bunnatine Greenhouse, Halliburton las ha violado.
Antes este mes, Greenhouse, cuya responsabilidad incluye el asegurarse de que el cuerpo respeta las reglas de contratación del Pentágono cuya intención es impedir influencias externas indebidas, expuso detalladamente sus preocupaciones al secretario interino del Ejército, Les Brownlee. Expuso toda una serie de favoritismos hacia la compañía y amenazas de represalias contra ella por haber denunciado las irregularidades, las que pusieron en peligro la "integridad del programa federal de contratación" e interfirieron con el ejercicio de sus funciones. Informó que en una reunión a la que asistió, representantes de Halliburton fueron indebidamente autorizados a participar y discutir con el Ejército los términos del contrato.
Greenhouse también objetó el desvergonzado estiramiento de una disposición que permite el otorgamiento de contratos fuera de licitación sobre la base de emergencia, para otorgar a Halliburton un contrato de cinco años para la reparación de refinerías. El contrato fue licitado más tarde, como había exigido ella originalmente, sólo después de la indignación parlamentaria y pública. Greenhouse dice que después de hacer repetidas preguntas sobre Halliburton, fue excluida de la toma de decisiones y amenazada con ser despedida o trasladada.
Para cuando los controvertidos contratos fueron firmados, Cheney ya no trabajaba para Halliburton. En su empleo actual, su deber es proteger los intereses del cliente de Halliburton en Iraq, las fuerzas armadas norteamericanas, y su pagador, el contribuyente norteamericano. Una de las preguntas de los votantes es si él y el presidente lo han hecho, y cómo.
31 de octubre de 2004
©new york times
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