tiranía anti-musulmana en holanda
[Britta Böhler] En Holanda, el ministro de Justicia, Donner, dice que a los terroristas potenciales' se los puede identificar por su aspecto físico y sus ideas. Es una violación de la Constitución y una política que amenaza con la destrucción del estado de derecho, dice la abogado Böhler.
)
En política suelen ocurrir cosas raras. Mientras en las últimas dos semanas el mundo político de La Haya se afanaba sobre la propuesta del ministro de Justicia de desapolillar la ley que castiga la blasfemia injuriosa', no se prestó atención al hecho de que entretanto el mismo ministro ha enviado a la basura, y de un solo plumazo, todo un artículo de la Constitución.
¿Qué pasó?
En un artículo de opinión en reacción a una publicación de Herman van Gunsteren (Forum, 13 de noviembre), el ministro Donner expuso (Forum, 16 de noviembre) sus ideas sobre la lucha contra el terrorismo. En esta exposición dedicó atención a la detección y castigo de alguien que quizás no haya cometido todavía un atentado terrorista, pero que sí ha tenido planes de cometerlo. Jurídicamente, la figura se define como conspiración para cometer un atentado. Hasta aquí, nada nuevo ni digno de mención.
Pero el ministro revela cómo Justicia identifica a esos terroristas potenciales'. Quien crea que esta identificación transcurre según lo determina el derecho penal, es decir, en base a sospechas concretas y en base a pruebas objetivas, se equivoca. Como un terrorista potencial no es un delincuente común, se debe, según el ministro, "prestar atención a otras señales que las habituales en los delincuentes comunes" y, por tanto, "las características físicas y las ideas entregan indicios sospechosos".
¿Características físicas? ¿Ideas? ¿Se da el ministro Donner cuenta de lo que dice?
El hecho de que un ministro de Justicia pueda señalar a alguien como sospechoso de terrorismo solamente en virtud de su aspecto físico y/ de sus ideas, es derechamente escandaloso. El punto de vista del ministro está no sólo en contradicción con los principios del derecho penal, sino además con la Constitución. Se puede hasta pensar que el ministro Donner quiere realizar todavía el deseo de Pim Fortuyn de abolir ese "raro artículo de la Constitución" que prohíbe la discriminación.
Es chocante que nadie se haya escandalizado. Nadie ha pedido un debate parlamentario urgente en la Cámara Baja, ningún corresponsal político ha interrogado al ministro, ningún columnista ha usado su pluma para denunciarlo. Claramente, a nadie se le pasó por la mente que el ministro tuviera mucho que explicar. ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la destrucción de las vacas sagradas que la Constitución ya tampoco está segura?
No se necesita demasiada fantasía que todo un grupo de la población corresponde a la descripción de hechores' que ha proporcionado el ministro: se trata de los musulmanes con aspecto norteafricano o árabe y con ropas no occidentales, dicho de otro modo, hombres con barbas y de túnica.
También en lo que se refiere a las ideas está claro qué es lo que tiene en mente el ministro. Y en nuestra sociedad abierta tampoco es difícil saber quiénes tienen esas ideas. Quizás el estado no sepa todavía qué estemos pensando, pero el que se exprese públicamente sobre el islam puede ser fácilmente identificado como un terrorista potencial. De esta manera, a los ojos del ministro, el derecho a la libertad de expresión sirve por lo menos para algo.
Y para detectar a los que en el futuro, por razones de seguridad, no participen abiertamente en debates, hay bastantes medios como para descubrir si tienen o no ideas sospechosas. El estado cuenta con todas las atribuciones como para formar una policía ideológica. Y si Justicia combina las conversaciones interceptadas por el servicio secreto en salones de té, y las conversaciones telefónicas pinchadas entre jóvenes musulmanes y la vigilancia de las mezquitas, con los resultados del nuevo medio milagroso llamado data-mining -qué musulmán visita cuáles páginas en la red, quién lee qué libros y quién viaja dónde-, habrá dentro de poco una enorme cantidad de personas en la cárcel sospechosas de ser terroristas potenciales. Quizás resta todavía el problema de que los jueces ordenarán su libertad, pero el ministro también ha pensado en una solución para este problema.
Con su proyecto de ley sobre la detención preventiva de dos años puede asegurarse de que las personas a las que acuse de ser terroristas potenciales se queden en prisión hasta después de las próximas elecciones. Hasta ese momento la sociedad estará segura, por lo menos lo que quede de ella.
Hay al menos dos razones por las que esta ruta conduce al desastre. En primer lugar están los daños colaterales: el encarcelar a inocentes, que pueden ser muy altos. En segundo lugar, los verdaderos terroristas podrá quitarse las barbas y dejar de ir a las mezquitas. Pero la objeción más importante es el daño que semejante política causará a la sociedad. Un estado que transforma la discriminación en política de gobierno pierde todas las bases morales de su autoridad.
En realidad, en política ocurren cosas raras. El objetivo del terrorismo es desestabilizar una sociedad a través del temor. En la nueva ley anti-terrorista que entró en vigor hace poco, el objetivo terrorista se define como "el propósito de atemorizar a la población o una parte de ella". La política del ministro Donner, con la que se atemoriza a todo un grupo de la población, corresponde a la perfección con ese delito.
27 de noviembre de 2004
7 de diciembre de 2004
©volkskrant
En política suelen ocurrir cosas raras. Mientras en las últimas dos semanas el mundo político de La Haya se afanaba sobre la propuesta del ministro de Justicia de desapolillar la ley que castiga la blasfemia injuriosa', no se prestó atención al hecho de que entretanto el mismo ministro ha enviado a la basura, y de un solo plumazo, todo un artículo de la Constitución.¿Qué pasó?
En un artículo de opinión en reacción a una publicación de Herman van Gunsteren (Forum, 13 de noviembre), el ministro Donner expuso (Forum, 16 de noviembre) sus ideas sobre la lucha contra el terrorismo. En esta exposición dedicó atención a la detección y castigo de alguien que quizás no haya cometido todavía un atentado terrorista, pero que sí ha tenido planes de cometerlo. Jurídicamente, la figura se define como conspiración para cometer un atentado. Hasta aquí, nada nuevo ni digno de mención.
Pero el ministro revela cómo Justicia identifica a esos terroristas potenciales'. Quien crea que esta identificación transcurre según lo determina el derecho penal, es decir, en base a sospechas concretas y en base a pruebas objetivas, se equivoca. Como un terrorista potencial no es un delincuente común, se debe, según el ministro, "prestar atención a otras señales que las habituales en los delincuentes comunes" y, por tanto, "las características físicas y las ideas entregan indicios sospechosos".
¿Características físicas? ¿Ideas? ¿Se da el ministro Donner cuenta de lo que dice?
El hecho de que un ministro de Justicia pueda señalar a alguien como sospechoso de terrorismo solamente en virtud de su aspecto físico y/ de sus ideas, es derechamente escandaloso. El punto de vista del ministro está no sólo en contradicción con los principios del derecho penal, sino además con la Constitución. Se puede hasta pensar que el ministro Donner quiere realizar todavía el deseo de Pim Fortuyn de abolir ese "raro artículo de la Constitución" que prohíbe la discriminación.
Es chocante que nadie se haya escandalizado. Nadie ha pedido un debate parlamentario urgente en la Cámara Baja, ningún corresponsal político ha interrogado al ministro, ningún columnista ha usado su pluma para denunciarlo. Claramente, a nadie se le pasó por la mente que el ministro tuviera mucho que explicar. ¿O nos hemos acostumbrado tanto a la destrucción de las vacas sagradas que la Constitución ya tampoco está segura?
No se necesita demasiada fantasía que todo un grupo de la población corresponde a la descripción de hechores' que ha proporcionado el ministro: se trata de los musulmanes con aspecto norteafricano o árabe y con ropas no occidentales, dicho de otro modo, hombres con barbas y de túnica.
También en lo que se refiere a las ideas está claro qué es lo que tiene en mente el ministro. Y en nuestra sociedad abierta tampoco es difícil saber quiénes tienen esas ideas. Quizás el estado no sepa todavía qué estemos pensando, pero el que se exprese públicamente sobre el islam puede ser fácilmente identificado como un terrorista potencial. De esta manera, a los ojos del ministro, el derecho a la libertad de expresión sirve por lo menos para algo.
Y para detectar a los que en el futuro, por razones de seguridad, no participen abiertamente en debates, hay bastantes medios como para descubrir si tienen o no ideas sospechosas. El estado cuenta con todas las atribuciones como para formar una policía ideológica. Y si Justicia combina las conversaciones interceptadas por el servicio secreto en salones de té, y las conversaciones telefónicas pinchadas entre jóvenes musulmanes y la vigilancia de las mezquitas, con los resultados del nuevo medio milagroso llamado data-mining -qué musulmán visita cuáles páginas en la red, quién lee qué libros y quién viaja dónde-, habrá dentro de poco una enorme cantidad de personas en la cárcel sospechosas de ser terroristas potenciales. Quizás resta todavía el problema de que los jueces ordenarán su libertad, pero el ministro también ha pensado en una solución para este problema.
Con su proyecto de ley sobre la detención preventiva de dos años puede asegurarse de que las personas a las que acuse de ser terroristas potenciales se queden en prisión hasta después de las próximas elecciones. Hasta ese momento la sociedad estará segura, por lo menos lo que quede de ella.
Hay al menos dos razones por las que esta ruta conduce al desastre. En primer lugar están los daños colaterales: el encarcelar a inocentes, que pueden ser muy altos. En segundo lugar, los verdaderos terroristas podrá quitarse las barbas y dejar de ir a las mezquitas. Pero la objeción más importante es el daño que semejante política causará a la sociedad. Un estado que transforma la discriminación en política de gobierno pierde todas las bases morales de su autoridad.
En realidad, en política ocurren cosas raras. El objetivo del terrorismo es desestabilizar una sociedad a través del temor. En la nueva ley anti-terrorista que entró en vigor hace poco, el objetivo terrorista se define como "el propósito de atemorizar a la población o una parte de ella". La política del ministro Donner, con la que se atemoriza a todo un grupo de la población, corresponde a la perfección con ese delito.
27 de noviembre de 2004
7 de diciembre de 2004
©volkskrant
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