corrupción de putin
[Thomas Oliphant] Si se deja que Putin continúe sus políticas domésticas autocráticas, terminará por causar problemas en el terreno internacional.
Después de casi toda una vida profesional de batallas legales, primero contra los comisarios y ahora contra la actual cosecha de gamberros rusos disfrazados de funcionarios de gobierno, Eduard Safronsky se ha ganado el derecho a hacer esta observación: "En mi país ha empezado nuevamente un régimen totalitario. Esa es la realidad rusa".
La generación anterior (1917-91) puede haber estado nominalmente al servicio de una ideología, pero Safronsky llama a lo que está emergiendo bajo Vladimir Putin (cuya buena alma el presidente Bush reclama haber descubierto) es un grupo que busca hacerse con el poder, impulsado por la codicia económica y siempre bajo la conveniente fachada del nacionalismo.
Safronsky, un tranquilo y apasionado abogado, tiene experiencias de primera mano para apoyar sus aserciones -más recientemente como uno de los principales abogados en ese escándalo de derechos humanos conocido como Yukos (el imperio petrolífero que Putin ha decidido confiscar).
Si estuviera ahora en Moscú, Safronsky sería metido en chirona por lo que está haciendo en estos días: informando sobre un caso sacado directamente de Kafka, en representación de algunos de los financistas de Yukos. Afortunadamente, está a salvo del alcance de Putin y se negó a firmar un fallo de mordaza cuando estaba directamente involucrado en el caso. (Tuvo que retirarse para combatir un cáncer).
Durante meses los norteamericanos han visto el escándalo de Yukos fundamentalmente como un asunto de las páginas financieras: una historia de un supuesto delito tributario entre sugerencias de influencia gangsteril, con posibles impactos sobre la volátil oferta y precio mundiales de petróleo no refinado.
De hecho, como no deja de recordar el grupo de supervisión de derechos humanos del Consejo de Europa, Yukos es un ejemplo clásico de lo que está haciendo Putin a Rusia para favorecer los intereses de su camarilla cada vez más poderosa. El caso de Yukos puede ser visto como una parte integral de un inquietante esquema: la brutalidad asociada con la represión de la rebelión chechena, la intervención o peor en las recientes elecciones en Ucrania, gastos militares considerablemente más altos y una creciente retórica anti-norteamericana en la arena pública rusa, la intimidación de la prensa y medidas contra los opositores políticos. Desde principios del año pasado, los secuaces de Putin han ido de firma en firma con un fanático celo. La razón que dan oficialmente son delitos económicos a gran escala -específicamente fraude al fisco tan fraudulentos que supuestamente implican sumas de dinero que exceden de lejos el ingreso neto sobre el que se acusa a Yukos de haber evadido los impuestos. La ley en cuestión se está aplicando retrospectivamente.
Tres de los gerentes de la empresa, incluyendo al fundador Mikhail Khodorkovsky están detenidos en condiciones que bordean la barbarie. El fin de semana pasado quedó claro como el agua el verdadero propósito de todo esto cuando el gobierno ruso intentó vender la más grande instalación de Yukos -nada menos que a sí mismo, lo que es equivalente de una nacionalización- con el pretexto de recuperar impuestos evadidos.
No hay ninguna duda de que la venta de los antiguos capitales soviéticos que resultaron en la evolución de Yukos ocurrió en circunstancias turbias en los años noventa y que la evasión de impuestos es desenfrenada en una sociedad que todavía está lejos de ajustarse a normas internacionales de transparencia y de una aplicación clara de la ley.
Sin embargo, lo que han hecho las autoridades de Putin en el caso de Yukos es ridículo. Los observadores de derechos humanos europeos han documentado la privación de cuidados médicos, detenciones ilegales previas a los juicios, utilización de drogas y privación de acceso a abogados y a la prensa. La clave de estos procedimientos ha sido la persecución de un alto ejecutivo, Alexei Pichugin, para que acuse a Khodorkovsky y otros. Los cargos con los que se detiene a Pichugin, que está casi incomunicado, incluyen dos asesinatos y tres intentos de asesinato.
En un lenguaje de claros subentendidos, el investigador del Consejo de Europa mencionó a varios testigos de la aplicación de drogas a Pichugin sin su conocimiento para hacerlo hablar, y agregó: "Los procedimientos judiciales contra él son secretos y excluyen al público, a pesar de que sólo el 2 por ciento de las actas han sido clasificadas como confidenciales".
Hasta la fecha sólo hay un "testigo" en este caso: un recluso que cumple cadena perpetua por ocho asesinatos y cinco violaciones.
En lo que se refiere a las acusaciones económicas, el investigador observó que, antes del intento de hacerse con la unidad de producción, el gobierno le impuso impuestos especiales sobre el litro de petróleo tres veces más altos que los cobrados a otras empresas -un impuesto claramente "más allá de las posibilidades financieras de la compañía". Safronsky ha defendido a funcionarios que se enfrentaban a acusaciones montadas en la antigua Unión Soviética. Se le dio refugio aquí en la época en que se estaba derrumbando el comunismo: tan serios eran los peligros asociados al oficio de abogado.
Ahora, observa, está ocurriendo de nuevo. Safronsky me dijo que los europeos saben mejor lo que está pasando allá. La actual postura de Estados Unidos hacia Rusia es, en su opinión, ingenua. Dado que Rusia es prácticamente la única materia en que la futura ministro de Asuntos Exteriores tiene algún tipo de conocimiento, yo elegiría un adjetivo más fuerte. Todavía estamos jugando flirteando por debajo de la mesa con un gobierno que se encamina hacia serios problemas. Gobiernos como el de Putin, que subordinan su sistema judicial a fines políticos, son gobiernos que también terminan portándose mal en su política exterior. Ya es hora de que Estados Unidos empiece a hacer ruido sobre estos desarrollos.
Se puede escribir al autor a: oliphant@globe.com.
21 de diciembre de 2004
23 de diciembre de 2004
©boston globe
©traducción mQh
Después de casi toda una vida profesional de batallas legales, primero contra los comisarios y ahora contra la actual cosecha de gamberros rusos disfrazados de funcionarios de gobierno, Eduard Safronsky se ha ganado el derecho a hacer esta observación: "En mi país ha empezado nuevamente un régimen totalitario. Esa es la realidad rusa".La generación anterior (1917-91) puede haber estado nominalmente al servicio de una ideología, pero Safronsky llama a lo que está emergiendo bajo Vladimir Putin (cuya buena alma el presidente Bush reclama haber descubierto) es un grupo que busca hacerse con el poder, impulsado por la codicia económica y siempre bajo la conveniente fachada del nacionalismo.
Safronsky, un tranquilo y apasionado abogado, tiene experiencias de primera mano para apoyar sus aserciones -más recientemente como uno de los principales abogados en ese escándalo de derechos humanos conocido como Yukos (el imperio petrolífero que Putin ha decidido confiscar).
Si estuviera ahora en Moscú, Safronsky sería metido en chirona por lo que está haciendo en estos días: informando sobre un caso sacado directamente de Kafka, en representación de algunos de los financistas de Yukos. Afortunadamente, está a salvo del alcance de Putin y se negó a firmar un fallo de mordaza cuando estaba directamente involucrado en el caso. (Tuvo que retirarse para combatir un cáncer).
Durante meses los norteamericanos han visto el escándalo de Yukos fundamentalmente como un asunto de las páginas financieras: una historia de un supuesto delito tributario entre sugerencias de influencia gangsteril, con posibles impactos sobre la volátil oferta y precio mundiales de petróleo no refinado.
De hecho, como no deja de recordar el grupo de supervisión de derechos humanos del Consejo de Europa, Yukos es un ejemplo clásico de lo que está haciendo Putin a Rusia para favorecer los intereses de su camarilla cada vez más poderosa. El caso de Yukos puede ser visto como una parte integral de un inquietante esquema: la brutalidad asociada con la represión de la rebelión chechena, la intervención o peor en las recientes elecciones en Ucrania, gastos militares considerablemente más altos y una creciente retórica anti-norteamericana en la arena pública rusa, la intimidación de la prensa y medidas contra los opositores políticos. Desde principios del año pasado, los secuaces de Putin han ido de firma en firma con un fanático celo. La razón que dan oficialmente son delitos económicos a gran escala -específicamente fraude al fisco tan fraudulentos que supuestamente implican sumas de dinero que exceden de lejos el ingreso neto sobre el que se acusa a Yukos de haber evadido los impuestos. La ley en cuestión se está aplicando retrospectivamente.
Tres de los gerentes de la empresa, incluyendo al fundador Mikhail Khodorkovsky están detenidos en condiciones que bordean la barbarie. El fin de semana pasado quedó claro como el agua el verdadero propósito de todo esto cuando el gobierno ruso intentó vender la más grande instalación de Yukos -nada menos que a sí mismo, lo que es equivalente de una nacionalización- con el pretexto de recuperar impuestos evadidos.
No hay ninguna duda de que la venta de los antiguos capitales soviéticos que resultaron en la evolución de Yukos ocurrió en circunstancias turbias en los años noventa y que la evasión de impuestos es desenfrenada en una sociedad que todavía está lejos de ajustarse a normas internacionales de transparencia y de una aplicación clara de la ley.
Sin embargo, lo que han hecho las autoridades de Putin en el caso de Yukos es ridículo. Los observadores de derechos humanos europeos han documentado la privación de cuidados médicos, detenciones ilegales previas a los juicios, utilización de drogas y privación de acceso a abogados y a la prensa. La clave de estos procedimientos ha sido la persecución de un alto ejecutivo, Alexei Pichugin, para que acuse a Khodorkovsky y otros. Los cargos con los que se detiene a Pichugin, que está casi incomunicado, incluyen dos asesinatos y tres intentos de asesinato.
En un lenguaje de claros subentendidos, el investigador del Consejo de Europa mencionó a varios testigos de la aplicación de drogas a Pichugin sin su conocimiento para hacerlo hablar, y agregó: "Los procedimientos judiciales contra él son secretos y excluyen al público, a pesar de que sólo el 2 por ciento de las actas han sido clasificadas como confidenciales".
Hasta la fecha sólo hay un "testigo" en este caso: un recluso que cumple cadena perpetua por ocho asesinatos y cinco violaciones.
En lo que se refiere a las acusaciones económicas, el investigador observó que, antes del intento de hacerse con la unidad de producción, el gobierno le impuso impuestos especiales sobre el litro de petróleo tres veces más altos que los cobrados a otras empresas -un impuesto claramente "más allá de las posibilidades financieras de la compañía". Safronsky ha defendido a funcionarios que se enfrentaban a acusaciones montadas en la antigua Unión Soviética. Se le dio refugio aquí en la época en que se estaba derrumbando el comunismo: tan serios eran los peligros asociados al oficio de abogado.
Ahora, observa, está ocurriendo de nuevo. Safronsky me dijo que los europeos saben mejor lo que está pasando allá. La actual postura de Estados Unidos hacia Rusia es, en su opinión, ingenua. Dado que Rusia es prácticamente la única materia en que la futura ministro de Asuntos Exteriores tiene algún tipo de conocimiento, yo elegiría un adjetivo más fuerte. Todavía estamos jugando flirteando por debajo de la mesa con un gobierno que se encamina hacia serios problemas. Gobiernos como el de Putin, que subordinan su sistema judicial a fines políticos, son gobiernos que también terminan portándose mal en su política exterior. Ya es hora de que Estados Unidos empiece a hacer ruido sobre estos desarrollos.
Se puede escribir al autor a: oliphant@globe.com.
21 de diciembre de 2004
23 de diciembre de 2004
©boston globe
©traducción mQh
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