un puente hacia el futuro de iraq
[Brett H. McGurk] Ex asesor de la Autoridad de la Coalición, el autor comenta detalles de la Constitución interina.
Las inminentes elecciones serán un acontecimiento que podrán potencialmente cambiar la corriente tanto en Iraq como en la guerra contra el terrorismo. Como lo demuestra Afganistán, unas elecciones creíbles -elecciones percibidas como libres y honestas- pueden reducir la influencia de los extremistas violentos cuya única base de poder es la fuerza y la intimidación.
Es por eso que las exigencias de los grupos sunníes que apoyan el boicot de las elecciones deben ser rechazadas enérgicamente. Esos grupos, como la muy citada Asociación de Clérigos Musulmanes, no han condenado la violencia y sin embargo alegan que el proceso electoral está de alguna manera amañado contra ellos.
Esas exigencias han sido rara vez estudiadas. En realidad, es de destacar que en todos los comentarios e informes sobre las elecciones iraquíes, se ha dicho poco sobre para qué son esas elecciones, y cómo se distribuirá el poder después de ellas, aun si la violencia no permita que algunos se acerquen a las urnas. Pero ahí está la respuesta a los sunníes que amenazan con boicotearlas.
La Constitución interina de Iraq define el marco de la transición hacia un gobierno elegido con una Constitución permanente para fines de este año. Como en cualquier democracia, gobernará la mayoría, pero no es verdad que, por eso, las minorías carezcan de influencia durante este período. Toda mayoría elegida debe compartir el poder para gobernar en el Iraq post-Saddam Hussein. El país es simplemente demasiado diverso y entreverado como para que un solo grupo pueda gobernar pacíficamente en más de una pequeña fracción del territorio.
El marco interino toma esto en cuenta e incorpora chequeos y balances e importantes limitaciones al gobierno central de Bagdad. Los iraquíes deben elegir una Asamblea Nacional de 275 miembros que hará las veces de asamblea tanto legislativa como constitucional. Pero los poderes de esta asamblea serán compartidos con un poder judicial independiente y una rama ejecutiva que incorpora las opiniones de las tres principales facciones iraquíes.
El proceso de selección para el ejecutivo es vital. La Asamblea Nacional nombrará un consejo presidencial de tres miembros -cada uno con al menos dos tercios (o 184 votos) de la asamblea. El consejo presidencial deberá luego unánimemente nombrar un primer ministro, que será la figura de más poder en el gobierno iraquí, y aprobará los nombramientos ministeriales y los jueces del más alto tribunal iraquí.
Así, el centro del poder en Iraq tras las elecciones gozará de apoyo a través de todo el espectro político. Y a diferencia del modelo transicional en Bosnia tras el conflicto, el proceso en Iraq hace necesario el debate entre los representantes elegidos, más que simplemente encerrándose en divisiones étnicas desde el principio, lo que produce una democracia nacida muerta. El proceso para redactar una Constitución permanente requerirá similarmente extensas consultas con todos los iraquíes, independientemente de su grupo étnico o credo.
Además, la Constitución interina define y limita los poderes del gobierno central y pone otros límites si tres o más provincias decidieran formar un gobierno regional, como han hecho los kurdos en Iraq. Estructuras de gobierno local con amplios poderes de control ya se han formado en todas las provincias de Iraq, y son el éxito no mencionado del período post-ocupación. Las pocas áreas donde estas estructuras han fallado incluyen algunas provincias sunníes al oeste de Bagdad, pero no porque no sean populares sino porque los terroristas han secuestrado y asesinado a los funcionarios locales.
El actual gobierno iraquí opera bajo una versión truncada de este acuerdo de poderes compartidos, y lo ha hecho con éxito. Leyes dictadas por el gobierno interino -incluyendo leyes que restablecen la pena de muerte, ofrecen amnistía por delitos menores y autorizan poderes de emergencia en algunas circunstancias- han necesitado el apoyo del primer ministro, de un gabinete diverso y de un consejo presidencial unánime. Ese consejo incluye a Ghazi Yawar, Ibrahim Jafari y Rosh Nouri Shaways, populares líderes sunní, chií y kurdo respectivamente. Además, nuevas disposiciones legales son redactadas en el ministerio de Justicia, que está encabezado por Malik Douhan Hasan, un distinguido sunní que también es presidente de la Asociación de Abogados Iraquí.
No hay duda de que el gobierno interino conoce fuertes desacuerdos, como en cualquier gobierno. Pero más allá del brillo de los medios de comunicación, sus jefes han aprendido a hacer compromisos y a forjar consenso, incluso en materias altamente polémicas, tales como las leyes que acabo de mencionar. Es este espíritu de colaboración -y no la última decapitación o atentado- el que ofrece una reveladora mirada sobre el futuro de Iraq.
Obviamente, la Constitución interina y la hoja de ruta post-electoral no son perfectas. Persisten los desacuerdos sobre cómo una Constitución permanente será ratificada y en la asamblea que se elija se debatirá probablemente sobre un importante compromiso sobre el papel del islam. Pero es así como debe ser. Lo que es importante es que existe un amplio acuerdo sobre las estructuras básicas de gobierno después de las elecciones, y esas estructuras prometen una influencia substancial a los grupos minoritarios que rechacen la violencia y se unan al proceso político.
El autor fue asesor jurídico de la Autoridad Provisional de la Coalición y de la embajada estadounidense en Bagdad, y ha ayudado a establecer el marco legal de las elecciones en Iraq.
7 de enero de 2005
8 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Las inminentes elecciones serán un acontecimiento que podrán potencialmente cambiar la corriente tanto en Iraq como en la guerra contra el terrorismo. Como lo demuestra Afganistán, unas elecciones creíbles -elecciones percibidas como libres y honestas- pueden reducir la influencia de los extremistas violentos cuya única base de poder es la fuerza y la intimidación.Es por eso que las exigencias de los grupos sunníes que apoyan el boicot de las elecciones deben ser rechazadas enérgicamente. Esos grupos, como la muy citada Asociación de Clérigos Musulmanes, no han condenado la violencia y sin embargo alegan que el proceso electoral está de alguna manera amañado contra ellos.
Esas exigencias han sido rara vez estudiadas. En realidad, es de destacar que en todos los comentarios e informes sobre las elecciones iraquíes, se ha dicho poco sobre para qué son esas elecciones, y cómo se distribuirá el poder después de ellas, aun si la violencia no permita que algunos se acerquen a las urnas. Pero ahí está la respuesta a los sunníes que amenazan con boicotearlas.
La Constitución interina de Iraq define el marco de la transición hacia un gobierno elegido con una Constitución permanente para fines de este año. Como en cualquier democracia, gobernará la mayoría, pero no es verdad que, por eso, las minorías carezcan de influencia durante este período. Toda mayoría elegida debe compartir el poder para gobernar en el Iraq post-Saddam Hussein. El país es simplemente demasiado diverso y entreverado como para que un solo grupo pueda gobernar pacíficamente en más de una pequeña fracción del territorio.
El marco interino toma esto en cuenta e incorpora chequeos y balances e importantes limitaciones al gobierno central de Bagdad. Los iraquíes deben elegir una Asamblea Nacional de 275 miembros que hará las veces de asamblea tanto legislativa como constitucional. Pero los poderes de esta asamblea serán compartidos con un poder judicial independiente y una rama ejecutiva que incorpora las opiniones de las tres principales facciones iraquíes.
El proceso de selección para el ejecutivo es vital. La Asamblea Nacional nombrará un consejo presidencial de tres miembros -cada uno con al menos dos tercios (o 184 votos) de la asamblea. El consejo presidencial deberá luego unánimemente nombrar un primer ministro, que será la figura de más poder en el gobierno iraquí, y aprobará los nombramientos ministeriales y los jueces del más alto tribunal iraquí.
Así, el centro del poder en Iraq tras las elecciones gozará de apoyo a través de todo el espectro político. Y a diferencia del modelo transicional en Bosnia tras el conflicto, el proceso en Iraq hace necesario el debate entre los representantes elegidos, más que simplemente encerrándose en divisiones étnicas desde el principio, lo que produce una democracia nacida muerta. El proceso para redactar una Constitución permanente requerirá similarmente extensas consultas con todos los iraquíes, independientemente de su grupo étnico o credo.
Además, la Constitución interina define y limita los poderes del gobierno central y pone otros límites si tres o más provincias decidieran formar un gobierno regional, como han hecho los kurdos en Iraq. Estructuras de gobierno local con amplios poderes de control ya se han formado en todas las provincias de Iraq, y son el éxito no mencionado del período post-ocupación. Las pocas áreas donde estas estructuras han fallado incluyen algunas provincias sunníes al oeste de Bagdad, pero no porque no sean populares sino porque los terroristas han secuestrado y asesinado a los funcionarios locales.
El actual gobierno iraquí opera bajo una versión truncada de este acuerdo de poderes compartidos, y lo ha hecho con éxito. Leyes dictadas por el gobierno interino -incluyendo leyes que restablecen la pena de muerte, ofrecen amnistía por delitos menores y autorizan poderes de emergencia en algunas circunstancias- han necesitado el apoyo del primer ministro, de un gabinete diverso y de un consejo presidencial unánime. Ese consejo incluye a Ghazi Yawar, Ibrahim Jafari y Rosh Nouri Shaways, populares líderes sunní, chií y kurdo respectivamente. Además, nuevas disposiciones legales son redactadas en el ministerio de Justicia, que está encabezado por Malik Douhan Hasan, un distinguido sunní que también es presidente de la Asociación de Abogados Iraquí.
No hay duda de que el gobierno interino conoce fuertes desacuerdos, como en cualquier gobierno. Pero más allá del brillo de los medios de comunicación, sus jefes han aprendido a hacer compromisos y a forjar consenso, incluso en materias altamente polémicas, tales como las leyes que acabo de mencionar. Es este espíritu de colaboración -y no la última decapitación o atentado- el que ofrece una reveladora mirada sobre el futuro de Iraq.
Obviamente, la Constitución interina y la hoja de ruta post-electoral no son perfectas. Persisten los desacuerdos sobre cómo una Constitución permanente será ratificada y en la asamblea que se elija se debatirá probablemente sobre un importante compromiso sobre el papel del islam. Pero es así como debe ser. Lo que es importante es que existe un amplio acuerdo sobre las estructuras básicas de gobierno después de las elecciones, y esas estructuras prometen una influencia substancial a los grupos minoritarios que rechacen la violencia y se unan al proceso político.
El autor fue asesor jurídico de la Autoridad Provisional de la Coalición y de la embajada estadounidense en Bagdad, y ha ayudado a establecer el marco legal de las elecciones en Iraq.
7 de enero de 2005
8 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
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