cia en problemas con ex espías
[Greg Miller] La CIA dice que un pleito iniciado por una pareja del antiguo bloque soviético podría exponer información secreta.
Washington, Estados Unidos. Fue suficiente como para que la CIA echara saliva. En el clímax de la Guerra Fría, un importante diplomático de un país del bloque soviético se acercó a un funcionario de la embajada estadounidense y dijo que él y su esposa querían desertar hacia Estados Unidos.
En lugar de eso, la CIA se abalanzó y les ofreció un trato: Quédense en el país, espíen para nosotros y cuando llegue el momento, les trasladaremos a vivir a Estados Unidos.
La pareja mantuvo su parte del acuerdo, pero dijo que la CIA no había cumplido su palabra. Y casi dos décadas después de que la agencia los ayudara a establecerse en Seattle -proporcionándoles apoyo durante varios años, pero negándose a reiniciar los pagos cuando el marido perdió su trabajo-, los ex espías están recurriendo a la medicina estadounidense. Quieren llevar a la CIA a tribunales.
En la mayoría de los trabajos, eso no sería un problema. Pero el mundo del espionaje tiene sus propias reglas. La doctrina que data de la Guerra Civil prohíbe pleitos sobre disputas entre el gobierno y sus espías. El razonamiento es simple: Se supone que los contratos secretos deben ser secretos.
Pero para desgracia de la CIA, la pareja ha ganado dos importantes rondas en su lucha legal, incluyendo la victoria de 2003 en el Noveno Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco. La ronda final se iniciará el martes, cuando la Corte Suprema vea los alegatos orales.
El alto tribunal no sopesará los méritos de las demandas de la pareja, sino más bien la cuestión de si semejante pleito puede seguir adelante.
Funcionarios de la CIA temen que si pierden en la Corte Suprema se abrirá el camino a una avalancha de litigios de ex espías que tratarán de obtener mejores acuerdos. Si eso ocurriera, dijeron actuales y antiguos funcionarios, será inevitable que se conozcan algunos secretos. Las identidades de los operativos encubiertos, las misiones y los métodos quedarían al descubierto.
Incluso si los demandantes que entablan los pleitos están seguros en Estados Unidos, hacer públicos detalles menores de su trabajo como espías podría colocar a otros en peligro, dijeron los funcionarios. Podría ayudar a sus países de origen a descubrir cómo fueron reclutados, qué revelaron y si había otros implicados.
"Lo que corre riesgo es todo el método que utiliza la CIA para entenderse con sus espías", dijo Jeffrey H. Smith, antiguo abogado general de la CIA, que no tiene relación directa con el caso. "Hay temas en las sombras sobre los que simplemente no se pueden hacer litigios".
La agencia ha creído siempre que tiene "una obligación moral hacia la gente que espía para nosotros", dijo Smith. "Pero no estoy consciente de ninguna obligación, legal o moral, que diga que si traemos a alguien a Estados Unidos esta queda perpetuamente bajo tutela del estado".
La CIA se negó a comentar el caso.
Para el antiguo diplomático del bloque soviético y su esposa, su pleito es un asunto de justicia. Arriesgaron sus vidas y traicionaron a su país para obtener informaciones valiosas para Estados Unidos. En cambio, dicen, las agencia les abandonó cuando más necesitaban ayuda.
Los nombres de la pareja, su país natal y otros detalles han sido borrados de los archivos públicos. En su pleito, son llamados John y Jane Doe y descritos como antiguos habitantes de un país "considerado entonces enemigo de Estados Unidos". Ahora son ciudadanos estadounidenses.
Los abogados de los Doe se han mostrado reticentes a hablar públicamente sobre el caso antes de la audiencia del martes, pero emitieron una declaración en respuesta a preguntas del Times. "Este caso tiene que ver con reafirmar el papel de los tribunales en la protección de los derechos constitucionales de los individuos", dijeron los abogados Steven Hale y Elizabeth Alaniz en la declaración. "Un prohibición jurisdiccional completa no es consistente con principios constitucionales básicos".
Si lo ganan, allanarán el camino para que un pleito separado siga adelante. Hale y Alaniz enfatizaron que el pleito pendiente no pide a la CIA que de más dinero a sus clientes, sino sólo que proporcione un "proceso justo, interno y confidencial en la agencia" para resolver el diferendo.
El caso ha sido una fuente de turbación para la CIA, llamando la atención sobre su manejo de los ex espías y desertores en una época en que la agencia se siente asediada por las críticas. Los fracasos de inteligencia en torno a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra contra Iraq han llevado a algunos a preguntarse si acaso la CIA ha fallado en su esencial misión de reclutar espías. Algunos funcionarios de la agencia se preocupan de que el trabajo podría hacerse todavía más difícil si la CIA tiene que hacer frente a un desfile de demandantes descontentos y si reclutas potenciales tienen que preocuparse de que sus secretos puedan ser algún día revelados en tribunales norteamericanos.
Pero de alguna manera la reputación de la CIA se verá magullada incluso si gana, porque enviará a una señal a los futuros reclutas de que si ellos llegan a creer algún día que han sido tratados mal por la agencia, no tendrán recursos legales.
El caso proporciona una rara visión de cómo la CIA utiliza el asentamiento en Estados Unidos como un incentivo para espías potenciales, y cómo hace para crear nuevas vidas para informantes y sus familias cuando terminan sus carreras de espías.
La CIA tiene atribuciones especiales para introducir a unas 100 personas a Estados Unidos cada año bajo la Ley Pública 110, una disposición de la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 que permite a la agencia pasar por alto las exigencias normales de inmigración.
Desde el término de la Guerra Fría, la mayor parte de las personas introducidas en Estados Unidos bajo la Ley Pública 110 han provenido de países como Iraq, Corea del Norte, China, Pakistán, Irán y Siria. Pero durante la Guerra Fría, el re-asentamiento fue uno de los anzuelos para efectivos de la CIA para atraer a espías a la Unión Soviética y otros estados comunistas.
Después de ser trasladado rápidamente a una casa de seguridad de la CIA, la pareja del antiguo bloque soviético accedió a espiar y realizaron "misiones altamente peligrosas y valiosas" durante un período de varios años en el extranjero antes de que la agencia los trasladara a Estados Unidos en 1987, de acuerdo a su declaración ante tribunales. La pareja dice que les "prometieron apoyo para toda la vida" y una "red de seguridad" permanente.
Una vez en Estados Unidos, la agencia les proporcionó ayuda médica y dinero -unos 27.000 dólares al año. También creó una vida "encubierta" para ellos, pagó la formación del marido y le proporcionó un historial nuevo que le permitió obtener ocupación en un banco de Seattle.
A medida que aumentaron los ingresos del marido, la agencia cortó los estipendios. Pero en 1997, en la cincuentena, fue despedido y la pareja pidió a la agencia que recomenzara los pagos.
La CIA se opuso, respondiendo en una carta de junio de 1997 que "lamentaba" que hubiera sido despedido, pero que era incapaz de ayudarlo "debido a dificultades presupuestarias".
La pareja dijo que estaban sin un centavo, viéndose obligados a vivir durante un tiempo con familiares en "un país del antiguo bloque soviético", hasta que el marido se asustó tras un encuentro con un antiguo miembro de la policía estatal del país.
A través de sus abogados, la pareja trató de iniciar una apelación interna, pero dijeron que nunca recibieron una posibilidad. Finalmente, la pareja recurrió a Hale, un antiguo abogado de la agencia, e iniciaron un pleito.
La CIA declaró que esos pleitos están prohibidos. Al principio de la Guerra Civil, el presidente Lincoln contrató a un editor de guías ferroviarias, William A. Lloyd, para espiar a la Confederación y prometió pagarle 200 dólares al mes. Pero cuando Lincoln fue asesinado, Lloyd no tenía pruebas del contrato y no pudo cobrar.
Después de la muerte de Lloyd, el administrador de su herencia, Enoch Totten, entabló un pleito contra el gobierno por 9.753 dólares que le debía Lloyd. Pero en una histórica resolución de 1876, la Corte Suprema rechazó el alegato. "Tanto el empleador como el agente deben haber entendido", determinó la corte, "que los labios del otro estaban sellados para siempre".
Desde entonces la llamada resolución de Totten ha guiado el tratamiento de estos casos. Pero tribunales inferiores que estudiaron el caso de Does han comenzado a picar el escudo de la agencia.
Más significativamente, el Tribunal Nº9 determinó en un voto de 2 a 1 que impedir que los Does puedan entablar juicio sería negarles un debido proceso. Alentaría "la extralimitación del ejecutivo y la pretensión corrosiva de un tratamiento desigual de aquellos que han corrido grandes riesgos para ayudar a nuestro país", escribió la juez Marsha S. Berzon.
La CIA recurrió a la Corte Suprema.
El caso ha arrojado nuevas luces sobre la larga historia de problemas entre la CIA y sus antiguos espías, especialmente los reclutados durante la Guerra Fría. A fines de los años ochenta, el Congreso se alarmó tanto por las quejas de desertores soviéticos que realizó unas vistas sobre el asunto. Incluso en años recientes, antiguos espías soviéticos han acusado a la CIA de renegar de sus promesas.Entre ellos se encuentra Víctor Sheymov, un antiguo mayor de la KGB y experto en códigos cifrados que desertó y ayudó a la CIA a descifrar los códigos del espionaje soviético. Sheymov buscó la publicidad con sus quejas de que la CIA nunca le pagó el millón de dólares que dijo que le había prometido. Más tarde llegó a un acuerdo con la agencia, pero quedó amargado, diciendo que muchos otros desertores compartían su agria opinión de la CIA.
"No he conocido nunca a nadie que esté satisfecho con ellos o que tenga incluso una opinión neutral sobre ellos", dijo Sheymov. "Todos se sienten engañados, humillados y mal tratados".
Veteranos de la CIA rechazan esa caracterización.
"Desde sus primeros días la agencia ha tratado de hacer lo mejor posible" en su manejo de los desertores y antiguos espías, dijo Milt Bearden, que supervisó esos restablecimientos cuando trabajó como jefe de la división de la CIA en la Unión Soviética y en Europa del Este.
Incluso en los años ochenta, dijo, era común que la agencia gastara 1 millón de dólares o más en cada re-asentamiento, incluyendo la re-ubicación, el seguro médico, la educación y apoyo financiero de largo plazo. A menudo esos arreglos eran detallados en memoranda escritos para asegurarse de que las partes entendieran las condiciones.
Pero mantener contentos a los espías es difícil, dijo Bearden. La transición hacia una nueva sociedad y lenguaje es intimidante. Espías de bajo nivel pueden enterarse de los acuerdos más favorables reclamados por gente como Sheymov y ponerse celosos. A veces, los mismos rasgos psicológicos que causaron su profunda desilusión con sus países natales, les provocan resentimiento hacia la CIA.
"Estamos hablando de decenas y decenas de personas que deben ser felices por el resto de sus vidas", dijo Bearden. "Pero las posibilidades de que eso ocurra son casi nulas".
9 de enero de 2005
12 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
En lugar de eso, la CIA se abalanzó y les ofreció un trato: Quédense en el país, espíen para nosotros y cuando llegue el momento, les trasladaremos a vivir a Estados Unidos.
La pareja mantuvo su parte del acuerdo, pero dijo que la CIA no había cumplido su palabra. Y casi dos décadas después de que la agencia los ayudara a establecerse en Seattle -proporcionándoles apoyo durante varios años, pero negándose a reiniciar los pagos cuando el marido perdió su trabajo-, los ex espías están recurriendo a la medicina estadounidense. Quieren llevar a la CIA a tribunales.
En la mayoría de los trabajos, eso no sería un problema. Pero el mundo del espionaje tiene sus propias reglas. La doctrina que data de la Guerra Civil prohíbe pleitos sobre disputas entre el gobierno y sus espías. El razonamiento es simple: Se supone que los contratos secretos deben ser secretos.
Pero para desgracia de la CIA, la pareja ha ganado dos importantes rondas en su lucha legal, incluyendo la victoria de 2003 en el Noveno Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco. La ronda final se iniciará el martes, cuando la Corte Suprema vea los alegatos orales.
El alto tribunal no sopesará los méritos de las demandas de la pareja, sino más bien la cuestión de si semejante pleito puede seguir adelante.
Funcionarios de la CIA temen que si pierden en la Corte Suprema se abrirá el camino a una avalancha de litigios de ex espías que tratarán de obtener mejores acuerdos. Si eso ocurriera, dijeron actuales y antiguos funcionarios, será inevitable que se conozcan algunos secretos. Las identidades de los operativos encubiertos, las misiones y los métodos quedarían al descubierto.
Incluso si los demandantes que entablan los pleitos están seguros en Estados Unidos, hacer públicos detalles menores de su trabajo como espías podría colocar a otros en peligro, dijeron los funcionarios. Podría ayudar a sus países de origen a descubrir cómo fueron reclutados, qué revelaron y si había otros implicados.
"Lo que corre riesgo es todo el método que utiliza la CIA para entenderse con sus espías", dijo Jeffrey H. Smith, antiguo abogado general de la CIA, que no tiene relación directa con el caso. "Hay temas en las sombras sobre los que simplemente no se pueden hacer litigios".
La agencia ha creído siempre que tiene "una obligación moral hacia la gente que espía para nosotros", dijo Smith. "Pero no estoy consciente de ninguna obligación, legal o moral, que diga que si traemos a alguien a Estados Unidos esta queda perpetuamente bajo tutela del estado".
La CIA se negó a comentar el caso.
Para el antiguo diplomático del bloque soviético y su esposa, su pleito es un asunto de justicia. Arriesgaron sus vidas y traicionaron a su país para obtener informaciones valiosas para Estados Unidos. En cambio, dicen, las agencia les abandonó cuando más necesitaban ayuda.
Los nombres de la pareja, su país natal y otros detalles han sido borrados de los archivos públicos. En su pleito, son llamados John y Jane Doe y descritos como antiguos habitantes de un país "considerado entonces enemigo de Estados Unidos". Ahora son ciudadanos estadounidenses.
Los abogados de los Doe se han mostrado reticentes a hablar públicamente sobre el caso antes de la audiencia del martes, pero emitieron una declaración en respuesta a preguntas del Times. "Este caso tiene que ver con reafirmar el papel de los tribunales en la protección de los derechos constitucionales de los individuos", dijeron los abogados Steven Hale y Elizabeth Alaniz en la declaración. "Un prohibición jurisdiccional completa no es consistente con principios constitucionales básicos".
Si lo ganan, allanarán el camino para que un pleito separado siga adelante. Hale y Alaniz enfatizaron que el pleito pendiente no pide a la CIA que de más dinero a sus clientes, sino sólo que proporcione un "proceso justo, interno y confidencial en la agencia" para resolver el diferendo.
El caso ha sido una fuente de turbación para la CIA, llamando la atención sobre su manejo de los ex espías y desertores en una época en que la agencia se siente asediada por las críticas. Los fracasos de inteligencia en torno a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la guerra contra Iraq han llevado a algunos a preguntarse si acaso la CIA ha fallado en su esencial misión de reclutar espías. Algunos funcionarios de la agencia se preocupan de que el trabajo podría hacerse todavía más difícil si la CIA tiene que hacer frente a un desfile de demandantes descontentos y si reclutas potenciales tienen que preocuparse de que sus secretos puedan ser algún día revelados en tribunales norteamericanos.
Pero de alguna manera la reputación de la CIA se verá magullada incluso si gana, porque enviará a una señal a los futuros reclutas de que si ellos llegan a creer algún día que han sido tratados mal por la agencia, no tendrán recursos legales.
El caso proporciona una rara visión de cómo la CIA utiliza el asentamiento en Estados Unidos como un incentivo para espías potenciales, y cómo hace para crear nuevas vidas para informantes y sus familias cuando terminan sus carreras de espías.
La CIA tiene atribuciones especiales para introducir a unas 100 personas a Estados Unidos cada año bajo la Ley Pública 110, una disposición de la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 que permite a la agencia pasar por alto las exigencias normales de inmigración.
Desde el término de la Guerra Fría, la mayor parte de las personas introducidas en Estados Unidos bajo la Ley Pública 110 han provenido de países como Iraq, Corea del Norte, China, Pakistán, Irán y Siria. Pero durante la Guerra Fría, el re-asentamiento fue uno de los anzuelos para efectivos de la CIA para atraer a espías a la Unión Soviética y otros estados comunistas.
Después de ser trasladado rápidamente a una casa de seguridad de la CIA, la pareja del antiguo bloque soviético accedió a espiar y realizaron "misiones altamente peligrosas y valiosas" durante un período de varios años en el extranjero antes de que la agencia los trasladara a Estados Unidos en 1987, de acuerdo a su declaración ante tribunales. La pareja dice que les "prometieron apoyo para toda la vida" y una "red de seguridad" permanente.
Una vez en Estados Unidos, la agencia les proporcionó ayuda médica y dinero -unos 27.000 dólares al año. También creó una vida "encubierta" para ellos, pagó la formación del marido y le proporcionó un historial nuevo que le permitió obtener ocupación en un banco de Seattle.
A medida que aumentaron los ingresos del marido, la agencia cortó los estipendios. Pero en 1997, en la cincuentena, fue despedido y la pareja pidió a la agencia que recomenzara los pagos.
La CIA se opuso, respondiendo en una carta de junio de 1997 que "lamentaba" que hubiera sido despedido, pero que era incapaz de ayudarlo "debido a dificultades presupuestarias".
La pareja dijo que estaban sin un centavo, viéndose obligados a vivir durante un tiempo con familiares en "un país del antiguo bloque soviético", hasta que el marido se asustó tras un encuentro con un antiguo miembro de la policía estatal del país.
A través de sus abogados, la pareja trató de iniciar una apelación interna, pero dijeron que nunca recibieron una posibilidad. Finalmente, la pareja recurrió a Hale, un antiguo abogado de la agencia, e iniciaron un pleito.
La CIA declaró que esos pleitos están prohibidos. Al principio de la Guerra Civil, el presidente Lincoln contrató a un editor de guías ferroviarias, William A. Lloyd, para espiar a la Confederación y prometió pagarle 200 dólares al mes. Pero cuando Lincoln fue asesinado, Lloyd no tenía pruebas del contrato y no pudo cobrar.
Después de la muerte de Lloyd, el administrador de su herencia, Enoch Totten, entabló un pleito contra el gobierno por 9.753 dólares que le debía Lloyd. Pero en una histórica resolución de 1876, la Corte Suprema rechazó el alegato. "Tanto el empleador como el agente deben haber entendido", determinó la corte, "que los labios del otro estaban sellados para siempre".
Desde entonces la llamada resolución de Totten ha guiado el tratamiento de estos casos. Pero tribunales inferiores que estudiaron el caso de Does han comenzado a picar el escudo de la agencia.
Más significativamente, el Tribunal Nº9 determinó en un voto de 2 a 1 que impedir que los Does puedan entablar juicio sería negarles un debido proceso. Alentaría "la extralimitación del ejecutivo y la pretensión corrosiva de un tratamiento desigual de aquellos que han corrido grandes riesgos para ayudar a nuestro país", escribió la juez Marsha S. Berzon.
La CIA recurrió a la Corte Suprema.
El caso ha arrojado nuevas luces sobre la larga historia de problemas entre la CIA y sus antiguos espías, especialmente los reclutados durante la Guerra Fría. A fines de los años ochenta, el Congreso se alarmó tanto por las quejas de desertores soviéticos que realizó unas vistas sobre el asunto. Incluso en años recientes, antiguos espías soviéticos han acusado a la CIA de renegar de sus promesas.Entre ellos se encuentra Víctor Sheymov, un antiguo mayor de la KGB y experto en códigos cifrados que desertó y ayudó a la CIA a descifrar los códigos del espionaje soviético. Sheymov buscó la publicidad con sus quejas de que la CIA nunca le pagó el millón de dólares que dijo que le había prometido. Más tarde llegó a un acuerdo con la agencia, pero quedó amargado, diciendo que muchos otros desertores compartían su agria opinión de la CIA.
"No he conocido nunca a nadie que esté satisfecho con ellos o que tenga incluso una opinión neutral sobre ellos", dijo Sheymov. "Todos se sienten engañados, humillados y mal tratados".
Veteranos de la CIA rechazan esa caracterización.
"Desde sus primeros días la agencia ha tratado de hacer lo mejor posible" en su manejo de los desertores y antiguos espías, dijo Milt Bearden, que supervisó esos restablecimientos cuando trabajó como jefe de la división de la CIA en la Unión Soviética y en Europa del Este.
Incluso en los años ochenta, dijo, era común que la agencia gastara 1 millón de dólares o más en cada re-asentamiento, incluyendo la re-ubicación, el seguro médico, la educación y apoyo financiero de largo plazo. A menudo esos arreglos eran detallados en memoranda escritos para asegurarse de que las partes entendieran las condiciones.
Pero mantener contentos a los espías es difícil, dijo Bearden. La transición hacia una nueva sociedad y lenguaje es intimidante. Espías de bajo nivel pueden enterarse de los acuerdos más favorables reclamados por gente como Sheymov y ponerse celosos. A veces, los mismos rasgos psicológicos que causaron su profunda desilusión con sus países natales, les provocan resentimiento hacia la CIA.
"Estamos hablando de decenas y decenas de personas que deben ser felices por el resto de sus vidas", dijo Bearden. "Pero las posibilidades de que eso ocurra son casi nulas".
9 de enero de 2005
12 de enero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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