gonzáles dice ahora que tortura es ilegal
[Dan Eggen y Charles Babington] Nominado a ser el fiscal general, condena ahora la tortura, pero no convence a muchos senadores demócratas.
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.
Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
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