leyes anti-pandillas en honduras
El Parlamento de Honduras respondió con condenas más severas contra los pandilleros y el crimen organizado, y el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad, ante la creciente violencia que azota al país.
Tegucigalpa, Honduras. Las medidas fueron aprobadas esta semana por la mayoría de los 128 diputados del Congreso Nacional, en un nuevo intento por frenar los altos índices de violencia que abaten a este empobrecido país centroamericano.
Según las reformas al Código Procesal Penal, los miembros de maras' (pandillas armadas) y de otros grupos que se asocien para delinquir serán condenados de 20 a 30 años de cárcel, más una multa de 100 mil a 300 mil lempiras (de 5.320 a 15.960 dólares).
Los diputados aprobaron, además, una reforma que permitirá al ciudadano que en defensa propia y de sus bienes mate a un delincuente, ser escuchado en libertad durante el juicio.
El secretario del Parlamento, Juan Orlando Hernández, dijo que los diputados confían en que las medidas ayudarán a disuadir a los criminales y serán complementarias a las acciones del Ejecutivo contra los delincuentes.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH, privado), Andrés Pavón, expresó preocupación por las reformas, principalmente la que permite juzgar en libertad a quien en defensa propia o de sus bienes mate a un delincuente.
"A nuestro juicio eso es legitimar la pena de muerte", sostuvo.
Las reformas, que entrarán en vigor al ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta', establecen que los miembros de maras o del crimen organizado que sean inculpados de crímenes no serán beneficiados con medidas sustitutivas cautelares.
Con estas medidas, el Parlamento busca hacer frente a una creciente ola de violencia y delincuencia común, de la que las autoridades señalan como principales responsables a los pandilleros.
Años de Batalla
Cuando el presidente hondureño, Ricardo Maduro, asumió el poder el 27 de enero de 2002, anunció una lucha frontal contra las pandillas armadas que atemorizaban y controlaban extensas zonas en las principales ciudades del país.
La lucha continuó con la aprobación, en agosto de 2003, de una reforma al Código Procesal Penal que estableció penas de nueve a doce años de cárcel para los jefes de pandillas, reducida en un tercio a los que solamente son miembros.
Desde entonces han sido capturados unos 2,200 pandilleros, informó el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
Las sanciones fueron aprobadas tras la una masacre de 28 personas que viajaban en un autobús en San Pedro Sula (norte) el pasado 23 de diciembre, atribuida por la Policía a la Mara Salvatrucha', una de las más temidas en el país.
El Parlamento hondureño también aprobó 20 millones de lempiras (poco más de un millón de dólares) para iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad, alejada de centros rurales y urbanos.
La prisión, que se construirá en un sitio por determinarse, tendrá un coste mínimo de 50 millones de lempiras (2.7 millones de dólares).
Durante la administración de Rafael Callejas (1990-1994) se construyó la Penitenciaría Nacional, que se suponía era la más segura del país.
Pero en la práctica ese centro, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, es uno de los más inseguros por las frecuentes muertes violentas de reos que se registran en su interior.
24 de enero de 2005
©univisión
Tegucigalpa, Honduras. Las medidas fueron aprobadas esta semana por la mayoría de los 128 diputados del Congreso Nacional, en un nuevo intento por frenar los altos índices de violencia que abaten a este empobrecido país centroamericano.Según las reformas al Código Procesal Penal, los miembros de maras' (pandillas armadas) y de otros grupos que se asocien para delinquir serán condenados de 20 a 30 años de cárcel, más una multa de 100 mil a 300 mil lempiras (de 5.320 a 15.960 dólares).
Los diputados aprobaron, además, una reforma que permitirá al ciudadano que en defensa propia y de sus bienes mate a un delincuente, ser escuchado en libertad durante el juicio.
El secretario del Parlamento, Juan Orlando Hernández, dijo que los diputados confían en que las medidas ayudarán a disuadir a los criminales y serán complementarias a las acciones del Ejecutivo contra los delincuentes.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH, privado), Andrés Pavón, expresó preocupación por las reformas, principalmente la que permite juzgar en libertad a quien en defensa propia o de sus bienes mate a un delincuente.
"A nuestro juicio eso es legitimar la pena de muerte", sostuvo.
Las reformas, que entrarán en vigor al ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta', establecen que los miembros de maras o del crimen organizado que sean inculpados de crímenes no serán beneficiados con medidas sustitutivas cautelares.
Con estas medidas, el Parlamento busca hacer frente a una creciente ola de violencia y delincuencia común, de la que las autoridades señalan como principales responsables a los pandilleros.
Años de Batalla
Cuando el presidente hondureño, Ricardo Maduro, asumió el poder el 27 de enero de 2002, anunció una lucha frontal contra las pandillas armadas que atemorizaban y controlaban extensas zonas en las principales ciudades del país.
La lucha continuó con la aprobación, en agosto de 2003, de una reforma al Código Procesal Penal que estableció penas de nueve a doce años de cárcel para los jefes de pandillas, reducida en un tercio a los que solamente son miembros.
Desde entonces han sido capturados unos 2,200 pandilleros, informó el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez.
Las sanciones fueron aprobadas tras la una masacre de 28 personas que viajaban en un autobús en San Pedro Sula (norte) el pasado 23 de diciembre, atribuida por la Policía a la Mara Salvatrucha', una de las más temidas en el país.
El Parlamento hondureño también aprobó 20 millones de lempiras (poco más de un millón de dólares) para iniciar la construcción de una cárcel de máxima seguridad, alejada de centros rurales y urbanos.
La prisión, que se construirá en un sitio por determinarse, tendrá un coste mínimo de 50 millones de lempiras (2.7 millones de dólares).
Durante la administración de Rafael Callejas (1990-1994) se construyó la Penitenciaría Nacional, que se suponía era la más segura del país.
Pero en la práctica ese centro, a unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, es uno de los más inseguros por las frecuentes muertes violentas de reos que se registran en su interior.
24 de enero de 2005
©univisión
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