el fiscal que no queremos
La nominación de Alberto Gonzales al cargo de fiscal general despierta una encarnizada resistencia de los demócratas. No se le perdona su condonación de la tortura.
La nominación de Alberto Gonzales al cargo de fiscal general se discutirá en el Senado en momentos en que la mayoría republicana está ansiosa de proporcionar al re-elegido presidente Bush el gabinete que quiere, y en que los demócratas se muestran cautos tras su debilitada posición oponiéndose inútilmente a lo inevitable. Pero nada de eso es una excusa para dejar pasar a Gonzales. El fiscal general no es solamente el jefe del ministerio de Justicia. Es el responsable de asegurar que Estados Unidos sea un país en el que prevalece la justicia. Los antecedentes de Gonzales lo descalifican para asumir el papel de representar el sistema judicial estadounidenses ante el resto del mundo. El Senado debería rechazar su nominación.
El más grande traspiés de Gonzales es el ahora repudiado memorándum que dio una definición inquietantemente limitada de la tortura, restringiéndola a maltratos físicos que producen dolor de un tipo asociado con paros orgánicos o la muerte. Los intentos de Gonzales de distanciarse a sí mismo del memorándum han sido poco convincentes, especialmente porque ahora se ha descubierto que fue él quien ordenó que se escribiera. Antes ese mismo año, Gonzales mismo envió una carta al presidente Bush diciéndole que la guerra contra el terrorismo transformaba en "obsoletas" las estrictas limitaciones de las Convenciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos.
Estas actuaciones crearon el clima legal que hizo posible las espeluznantes torturas de prisioneros iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib. El gobierno de Bush ha mencionado a menudo su intención de hacer las paces con el resto del mundo, particularmente con el mundo musulmán. Hacer de Gonzales jefe del resguardo de la ley del país haría retroceder esos esfuerzos de manera substancial.
Otros episodios de los antecedentes de Gonzales son igualmente inquietantes. Como abogado de George Bush cuando era gobernador de Tejas, Gonzales hizo un trabajo chocantemente pobre al tratar los problemas legales planteados por las peticiones de clemencia de reclusos condenados a muerte. Y han surgido dudas sobre el informe de Gonzales sobre cómo pudo lograr que su patrón se librara de formar parte de un jurado en 1996, que permitió que Bush evitara tener que declarar en público que había sido condenado por conducir en estado de ebriedad.
Los demócratas del Senado, que están tratando de definir su papel después del revés de las elecciones de 2004, deberían mantener sus posiciones de principio y aplazar el trámite exigiendo un candidato más apropiado para el cargo de fiscal general.
Los republicanos también tienen razones para oponerse a esta nominación. En las audiencias de confirmación, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, advirtió que las medidas legales distorsionadas del gobierno y su tratamiento de los detenidos habían dañado el prestigio del país y "socavado de manera dramática" la guerra contra el terrorismo. Dado todo lo que se juega en esa guerra, los senadores de los dos partidos deberían exigir un fiscal general que no presente las serias deficiencias del candidato Gonzales.
26 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
La nominación de Alberto Gonzales al cargo de fiscal general se discutirá en el Senado en momentos en que la mayoría republicana está ansiosa de proporcionar al re-elegido presidente Bush el gabinete que quiere, y en que los demócratas se muestran cautos tras su debilitada posición oponiéndose inútilmente a lo inevitable. Pero nada de eso es una excusa para dejar pasar a Gonzales. El fiscal general no es solamente el jefe del ministerio de Justicia. Es el responsable de asegurar que Estados Unidos sea un país en el que prevalece la justicia. Los antecedentes de Gonzales lo descalifican para asumir el papel de representar el sistema judicial estadounidenses ante el resto del mundo. El Senado debería rechazar su nominación.El más grande traspiés de Gonzales es el ahora repudiado memorándum que dio una definición inquietantemente limitada de la tortura, restringiéndola a maltratos físicos que producen dolor de un tipo asociado con paros orgánicos o la muerte. Los intentos de Gonzales de distanciarse a sí mismo del memorándum han sido poco convincentes, especialmente porque ahora se ha descubierto que fue él quien ordenó que se escribiera. Antes ese mismo año, Gonzales mismo envió una carta al presidente Bush diciéndole que la guerra contra el terrorismo transformaba en "obsoletas" las estrictas limitaciones de las Convenciones de Ginebra sobre el interrogatorio de prisioneros enemigos.
Estas actuaciones crearon el clima legal que hizo posible las espeluznantes torturas de prisioneros iraquíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib. El gobierno de Bush ha mencionado a menudo su intención de hacer las paces con el resto del mundo, particularmente con el mundo musulmán. Hacer de Gonzales jefe del resguardo de la ley del país haría retroceder esos esfuerzos de manera substancial.
Otros episodios de los antecedentes de Gonzales son igualmente inquietantes. Como abogado de George Bush cuando era gobernador de Tejas, Gonzales hizo un trabajo chocantemente pobre al tratar los problemas legales planteados por las peticiones de clemencia de reclusos condenados a muerte. Y han surgido dudas sobre el informe de Gonzales sobre cómo pudo lograr que su patrón se librara de formar parte de un jurado en 1996, que permitió que Bush evitara tener que declarar en público que había sido condenado por conducir en estado de ebriedad.
Los demócratas del Senado, que están tratando de definir su papel después del revés de las elecciones de 2004, deberían mantener sus posiciones de principio y aplazar el trámite exigiendo un candidato más apropiado para el cargo de fiscal general.
Los republicanos también tienen razones para oponerse a esta nominación. En las audiencias de confirmación, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, advirtió que las medidas legales distorsionadas del gobierno y su tratamiento de los detenidos habían dañado el prestigio del país y "socavado de manera dramática" la guerra contra el terrorismo. Dado todo lo que se juega en esa guerra, los senadores de los dos partidos deberían exigir un fiscal general que no presente las serias deficiencias del candidato Gonzales.
26 de enero de 2005
©new york times
©traducción mQh
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