frustración por asesinatos en juárez
[Chris Kraul] En Juárez, las familias de las víctimas se quejan de que a pesar del trabajo del procurador especial, hay pocas respuestas y las mujeres siguen muriendo.
Ciudad de México, México. La procuradora federal que investiga los asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza de Juárez informó el lunes que había avances en las pesquisas, pero las familias de las víctimas respondieron que no se estaba haciendo lo suficiente para resolver los asesinatos.
En un informe publicado un año después de su nombramiento como procuradora especial, María López Urbina dijo que el gobierno federal estaba investigando a 50 sospechosos de los asesinatos, así como a 49 agentes de la policía local, que están siendo investigados por posibles negligencias en pesquisas pasadas. También mencionó como un logro el establecimiento de un banco de datos de DNA para identificar a las víctimas, la creación de un fondo de 2.2 millones de dólares para las familias de las víctimas y la apertura de un parque público en Ciudad Juárez donde las mujeres se puedan sentir seguras.
Pero las familias de las víctimas y grupos de abogados señalaron que 22 mujeres más murieron violentamente en Ciudad Juárez el año pasado, duplicando el total de 2003. Varias de las víctimas fueron violadas y torturadas.
Aunque las autoridades estatales y federales anunciaron triunfalmente las convicciones el mes pasado de varios asesinos, los activistas dicen que esos crímenes fueron cometidos en 1999 o antes.
"La investigación se ha paralizado", dijo Esther Chávez, directora de Casa Amiga, un refugio de mujeres de Ciudad Juárez.
Desde 1993, unas 350 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, 90 de ellas después de ser abusadas sexualmente. Los asesinatos han provocado indignación internacional y acusaciones de que la policía se mostraba demasiado descuidada en sus investigaciones. Decenas de otras mujeres han muerto en circunstancias similares en otras partes del estado de Chihuahua.
Urbina reconoció el lunes que las evidencia forenses indicaban que al menos unas 106 mujeres más han desaparecido, aunque los activistas ponen esa cifra en varios cientos.
Se han arrojado dudas sobre la culpabilidad de los pocos acusados que han sido condenados. En octubre, el chofer de autobús Víctor García Uribe fue sentenciado a 50 años de prisión por ocho asesinatos supuestamente cometidos por él en 2001. Pero su familia dice que fue obligado a declararse culpable bajo tortura, y el otro acusado murió en la cárcel en extrañas circunstancias.
Gran parte de la frustración de las familias surge del hecho de que Urbina sólo puede investigar casos en que se hayan violado leyes federales, incluyendo casos de participación en el crimen organizado y en el tráfico de armas, drogas y órganos humanos.
Procuradores del estado de Chihuahua, cuyo funcionamiento ha sido rotundamente criticado, son responsables de investigar los otros casos.
"Cuando se creó su despacho, se tenía la impresión de que iba a investigar todos los crímenes, y eso no es lo que está haciendo", dijo Laurie Freeman, de la Washington Office on Latin America, de Washington, un grupo de interés público.
Algunas investigaciones están siendo realizadas paralelamente por autoridades del estado y federales, y eso ha conducido a disputas intra-gubernamentales. La última señal de un posible conflicto fue el anuncio el mes pasado por la procuradora general del estado de Chihuahua de que había pedido a un equipo forense de Estados Unidos -el grupo con sede en Boston Médicos por los Derechos Humanos- que investigara los asesinatos e identificara a las víctimas.
González tomó la decisión sin revisar el informe de un equipo argentino que, por invitación de las autoridades federales, que revisó las evidencias de muchos casos el año pasado. En un informe presentado aquí el mes pasado, los argentinos descubrieron que hay restos humanos no identificados en fosas comunes y en morgues del estado de al menos 53 personas.
Los argentinos han trabajado en 30 países en los últimos 20 años identificando a víctimas de asesinatos masivos y de genocidio político. Aunque hicieron presentaciones el mes pasado ante varias autoridades federales, locales y del estado, fueron incapaces de reunirse con González, cuya aprobación es necesaria para continuar sus pesquisas.
El portavoz de González, René Medrano, dijo que el informe de los argentinos no era relevante para la investigación del estado porque había sido solicitado por la comisario federal de Juárez, Guadalupe Morfín Otero. "Esa es otra autoridad que la del estado, con la que los argentinos no han colaborado", dijo Medrano.
Chávez, de Casa Antigua, dijo que la entrada del grupo forense podría significar más retrasos para que las familias de las víctimas reciben información sobre la identificación de sus seres queridos.
"Es muy extraño que las autoridades no quieran escuchar a la gente en la que confiamos, y en la que confían las familias de las víctimas", dijo Chávez sobre el equipo argentino.
El doctor William Haglund, de Médicos por los Derechos Humanos, visitó Ciudad Juárez la semana pasada pero se negó a hacer comentarios. En una declaración, su grupo dijo que todavía no había decidido si aceptaba la petición de Chihuahua.
"El fondo del asunto es que una vez más las autoridades están pidiendo a las familias de las víctimas que esperen respuestas, y han estado esperando demasiado tiempo", dijo Freeman.
El informe de Urbina, su tercero desde que asumió el cargo de procuradora, fue dado a conocer una semana después de un duro estudio por un grupo de Naciones Unidades, que señala "deficiencias" en la conducción oficial de las pesquisas, incluyendo negligencia y "omisiones graves" en el manejo de la evidencia.
1 de febrero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Ciudad de México, México. La procuradora federal que investiga los asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza de Juárez informó el lunes que había avances en las pesquisas, pero las familias de las víctimas respondieron que no se estaba haciendo lo suficiente para resolver los asesinatos.En un informe publicado un año después de su nombramiento como procuradora especial, María López Urbina dijo que el gobierno federal estaba investigando a 50 sospechosos de los asesinatos, así como a 49 agentes de la policía local, que están siendo investigados por posibles negligencias en pesquisas pasadas. También mencionó como un logro el establecimiento de un banco de datos de DNA para identificar a las víctimas, la creación de un fondo de 2.2 millones de dólares para las familias de las víctimas y la apertura de un parque público en Ciudad Juárez donde las mujeres se puedan sentir seguras.
Pero las familias de las víctimas y grupos de abogados señalaron que 22 mujeres más murieron violentamente en Ciudad Juárez el año pasado, duplicando el total de 2003. Varias de las víctimas fueron violadas y torturadas.
Aunque las autoridades estatales y federales anunciaron triunfalmente las convicciones el mes pasado de varios asesinos, los activistas dicen que esos crímenes fueron cometidos en 1999 o antes.
"La investigación se ha paralizado", dijo Esther Chávez, directora de Casa Amiga, un refugio de mujeres de Ciudad Juárez.
Desde 1993, unas 350 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez, 90 de ellas después de ser abusadas sexualmente. Los asesinatos han provocado indignación internacional y acusaciones de que la policía se mostraba demasiado descuidada en sus investigaciones. Decenas de otras mujeres han muerto en circunstancias similares en otras partes del estado de Chihuahua.
Urbina reconoció el lunes que las evidencia forenses indicaban que al menos unas 106 mujeres más han desaparecido, aunque los activistas ponen esa cifra en varios cientos.
Se han arrojado dudas sobre la culpabilidad de los pocos acusados que han sido condenados. En octubre, el chofer de autobús Víctor García Uribe fue sentenciado a 50 años de prisión por ocho asesinatos supuestamente cometidos por él en 2001. Pero su familia dice que fue obligado a declararse culpable bajo tortura, y el otro acusado murió en la cárcel en extrañas circunstancias.
Gran parte de la frustración de las familias surge del hecho de que Urbina sólo puede investigar casos en que se hayan violado leyes federales, incluyendo casos de participación en el crimen organizado y en el tráfico de armas, drogas y órganos humanos.
Procuradores del estado de Chihuahua, cuyo funcionamiento ha sido rotundamente criticado, son responsables de investigar los otros casos.
"Cuando se creó su despacho, se tenía la impresión de que iba a investigar todos los crímenes, y eso no es lo que está haciendo", dijo Laurie Freeman, de la Washington Office on Latin America, de Washington, un grupo de interés público.
Algunas investigaciones están siendo realizadas paralelamente por autoridades del estado y federales, y eso ha conducido a disputas intra-gubernamentales. La última señal de un posible conflicto fue el anuncio el mes pasado por la procuradora general del estado de Chihuahua de que había pedido a un equipo forense de Estados Unidos -el grupo con sede en Boston Médicos por los Derechos Humanos- que investigara los asesinatos e identificara a las víctimas.
González tomó la decisión sin revisar el informe de un equipo argentino que, por invitación de las autoridades federales, que revisó las evidencias de muchos casos el año pasado. En un informe presentado aquí el mes pasado, los argentinos descubrieron que hay restos humanos no identificados en fosas comunes y en morgues del estado de al menos 53 personas.
Los argentinos han trabajado en 30 países en los últimos 20 años identificando a víctimas de asesinatos masivos y de genocidio político. Aunque hicieron presentaciones el mes pasado ante varias autoridades federales, locales y del estado, fueron incapaces de reunirse con González, cuya aprobación es necesaria para continuar sus pesquisas.
El portavoz de González, René Medrano, dijo que el informe de los argentinos no era relevante para la investigación del estado porque había sido solicitado por la comisario federal de Juárez, Guadalupe Morfín Otero. "Esa es otra autoridad que la del estado, con la que los argentinos no han colaborado", dijo Medrano.
Chávez, de Casa Antigua, dijo que la entrada del grupo forense podría significar más retrasos para que las familias de las víctimas reciben información sobre la identificación de sus seres queridos.
"Es muy extraño que las autoridades no quieran escuchar a la gente en la que confiamos, y en la que confían las familias de las víctimas", dijo Chávez sobre el equipo argentino.
El doctor William Haglund, de Médicos por los Derechos Humanos, visitó Ciudad Juárez la semana pasada pero se negó a hacer comentarios. En una declaración, su grupo dijo que todavía no había decidido si aceptaba la petición de Chihuahua.
"El fondo del asunto es que una vez más las autoridades están pidiendo a las familias de las víctimas que esperen respuestas, y han estado esperando demasiado tiempo", dijo Freeman.
El informe de Urbina, su tercero desde que asumió el cargo de procuradora, fue dado a conocer una semana después de un duro estudio por un grupo de Naciones Unidades, que señala "deficiencias" en la conducción oficial de las pesquisas, incluyendo negligencia y "omisiones graves" en el manejo de la evidencia.
1 de febrero de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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