oposición a ley antiterrorista
El gobierno de Tony Blair, acusado de preparar un estado policial, podrá difícilmente imponer la nueva versión de su legislación antiterrorista, frente a una oposición que por una vez se unió en contra y a los juristas que ya consideran está condenada a fracasar.
Londres, Gran Bretaña. El 26 de enero, al anunciar la revisión de la ley antiterrorista de 2001, que originó un mini "Guantánamo bis", según Amnistía Internacional (en referencia a la prisión estadounidense en Cuba), el ministro del Interior Charles Clarke pensaba quitarse de encima el problema heredado de su predecesor David Blunkett.
Para hacer cambiar esta legislación, que permite detener de manera ilimitada, sin juicio ni acusación, a los extranjeros acusados de terrorismo, Charles Clarke había encontrado la solución: darles la casa por cárcel a los sospechosos, extranjeros o británicos, colocarles un brazalete electrónico, intervenir sus teléfonos y prohibirles internet.
Pero nada más que el anuncio ya generó cólera.
Es "el tipo de medidas contra Aung San Suuj Kyi en Birmania", acusó Louise Christian, abogada de cuatro británicos recientemente repatriados de Guantánamo.
Otros hicieron la comparación con Zimbabue o Corea del Norte.
"Frente al terrorismo se necesita una respuesta proporcionada, no poderes que hacen que el gobierno se convierta en policía, juez y jurado", insistió Edward Nally, presidente de la Law Society, organización que representa a 90.000 abogados ingleses y galeses.
"Estas medidas serán sin lugar a dudas en contravención con la convención europea de los derechos humanos", predijo Roger Leng, profesor de derecho criminal en la universidad de Warwick (centro).
"El problema es simple: no es posible derogar el derecho a un proceso equitativo", explicó. La Cámara de los Lores (la más alta instancia judicial británica) debería entonces, una vez más, calificar esta legislación de ilegal".
El propio Attorney General (ministro de Justicia) Lord Peter Goldsmith, consejero jurídico del gobierno, temía que las nuevas proposiciones fuesen condenadas por los La Cámara de los Lores, según la prensa británica.
El gobierno Blair, que ya en diciembre se vio obligado a reconsiderar su legislación terrorista luego de un primer veredicto de la Cámara de los Lores, se ve una vez más en el punto de partida.
Tanto más cuanto que las proposiciones de Charles Clarke son rechazadas unánimemente por la oposición conservadora y liberal-democrática, habitualmente dividida.
Insistiendo sobre la necesidad de un proceso, tanto los Laboristas como los liberales democráticos defienden la utilización de la intervención telefónica como prueba. También quieren que se cree una nueva figura jurídica de inculpación, la de "preparación de actos terroristas".
Otras tantas proposiciones rechazadas por el gobierno.
Esta semana, las piruetas de Charles Clarke en el caso de "C", uno de los 12 extranjeros sospechosos de terrorismo y detenidos sin cargo, demuestran el lío en que está metido.
El 31 de enero en la noche, "C" era un "peligro importante" para la seguridad nacional. El 1 de febrero era liberado súbitamente de la prisión de Belmarsh, después de tres años.
Ni siquiera su abogada podía creerlo.
"Es una muestra del futuro terrible que nos espera si podemos ser detenidos sobre las base de informaciones calificadas como secreto de Estado o por el capricho de un hombre político", acusó Shami Chakrabarti, presidenta de Liberty, asociación de defensa de las libertades civiles.
4 de febrero de 2005
©mi punto"
Londres, Gran Bretaña. El 26 de enero, al anunciar la revisión de la ley antiterrorista de 2001, que originó un mini "Guantánamo bis", según Amnistía Internacional (en referencia a la prisión estadounidense en Cuba), el ministro del Interior Charles Clarke pensaba quitarse de encima el problema heredado de su predecesor David Blunkett. Para hacer cambiar esta legislación, que permite detener de manera ilimitada, sin juicio ni acusación, a los extranjeros acusados de terrorismo, Charles Clarke había encontrado la solución: darles la casa por cárcel a los sospechosos, extranjeros o británicos, colocarles un brazalete electrónico, intervenir sus teléfonos y prohibirles internet.
Pero nada más que el anuncio ya generó cólera.
Es "el tipo de medidas contra Aung San Suuj Kyi en Birmania", acusó Louise Christian, abogada de cuatro británicos recientemente repatriados de Guantánamo.
Otros hicieron la comparación con Zimbabue o Corea del Norte.
"Frente al terrorismo se necesita una respuesta proporcionada, no poderes que hacen que el gobierno se convierta en policía, juez y jurado", insistió Edward Nally, presidente de la Law Society, organización que representa a 90.000 abogados ingleses y galeses.
"Estas medidas serán sin lugar a dudas en contravención con la convención europea de los derechos humanos", predijo Roger Leng, profesor de derecho criminal en la universidad de Warwick (centro).
"El problema es simple: no es posible derogar el derecho a un proceso equitativo", explicó. La Cámara de los Lores (la más alta instancia judicial británica) debería entonces, una vez más, calificar esta legislación de ilegal".
El propio Attorney General (ministro de Justicia) Lord Peter Goldsmith, consejero jurídico del gobierno, temía que las nuevas proposiciones fuesen condenadas por los La Cámara de los Lores, según la prensa británica.
El gobierno Blair, que ya en diciembre se vio obligado a reconsiderar su legislación terrorista luego de un primer veredicto de la Cámara de los Lores, se ve una vez más en el punto de partida.
Tanto más cuanto que las proposiciones de Charles Clarke son rechazadas unánimemente por la oposición conservadora y liberal-democrática, habitualmente dividida.
Insistiendo sobre la necesidad de un proceso, tanto los Laboristas como los liberales democráticos defienden la utilización de la intervención telefónica como prueba. También quieren que se cree una nueva figura jurídica de inculpación, la de "preparación de actos terroristas".
Otras tantas proposiciones rechazadas por el gobierno.
Esta semana, las piruetas de Charles Clarke en el caso de "C", uno de los 12 extranjeros sospechosos de terrorismo y detenidos sin cargo, demuestran el lío en que está metido.
El 31 de enero en la noche, "C" era un "peligro importante" para la seguridad nacional. El 1 de febrero era liberado súbitamente de la prisión de Belmarsh, después de tres años.
Ni siquiera su abogada podía creerlo.
"Es una muestra del futuro terrible que nos espera si podemos ser detenidos sobre las base de informaciones calificadas como secreto de Estado o por el capricho de un hombre político", acusó Shami Chakrabarti, presidenta de Liberty, asociación de defensa de las libertades civiles.
4 de febrero de 2005
©mi punto"
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