políticos amenazan a jueces
Reacciones de políticos sobre las medidas anti-terroristas. Cámara Baja dividida sobre oposición de poder judicial a leyes anti-terroristas.
La Haya, Holanda. La Cámara Baja ha reaccionado dividida ante la pregunta de si representantes del poder judicial pueden criticar abiertamente la política anti-terrorista del gabinete.
El sábado pasado varios jueces, entre ellos el juez G. Corstens, del Tribunal Supremo, expresaron estar muy preocupados con los planes del gabinete para combatir el terrorismo a través del derecho penal.
El demócrata-cristiano CDA cree que los jueces se colocan con esas críticas públicas en una situación vulnerable, dijo ayer el portavoz del CDA, Van Fessem en el programa de televisión Buitenhof, porque deberán tomar parte en procesos y ser capaces de actuar con independencia.
El portavoz del PvdA Wolfsen opina que los jueces sí pueden dar a conocer sus opiniones. "Es un claro aviso que debemos tomar muy en serio. Han hecho una crítica en términos generales y se trata de planes que no han sido trasladados todavía a proyectos de ley concretos".
El portavoz de los liberales de D-66 Dittrich dijo que era "sorprendente" que esas críticas entre círculos de científicos y en el poder judicial no se hayan hecho antes. Dittrich opina que el ministro de Justicia, Donner (CDA) debe consultar con representantes del poder judicial sobre materias de contenido antes de presentar proyectos de ley definitivos.
El VVD (extrema derecha) cree que la crítica de los jueces es prematura, porque los proyectos de ley no han sido redactados, según la portavoz Griffith. Tan pronto como los borradores estén disponibles, el poder judicial tendría la oportunidad de hacer comentarios.
Corstens advirtió el sábado pasado en este diario que con las medidas anti-terroristas se pone en peligro la relación entre el poder judicial y la política. Eso podría ocurrir si los jueces dejan en libertad a sospechosos de actividades terroristas cuando la prisión preventiva contradiga el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Este tratado impone severas condiciones a la prisión preventiva, mientras que el gabinete propone encarcelar a personas por sospechas leves durante un período de más de dos años.
El laborista PvdA no quiso pronunciarse la semana pasada durante el debate en la Cámara Baja sobre la política anti-terrorista del gobierno mientras no haya proyectos de ley concretos. El partido de la coalición de gobierno D66 rechazó las propuestas administrativas. Dittrich: "El debate tendría tenido más profundidad si hubiésemos considerado estos argumentos".
14 de febrero de 2005
©nrc-handelsblad
©traducción mQh
La Haya, Holanda. La Cámara Baja ha reaccionado dividida ante la pregunta de si representantes del poder judicial pueden criticar abiertamente la política anti-terrorista del gabinete.El sábado pasado varios jueces, entre ellos el juez G. Corstens, del Tribunal Supremo, expresaron estar muy preocupados con los planes del gabinete para combatir el terrorismo a través del derecho penal.
El demócrata-cristiano CDA cree que los jueces se colocan con esas críticas públicas en una situación vulnerable, dijo ayer el portavoz del CDA, Van Fessem en el programa de televisión Buitenhof, porque deberán tomar parte en procesos y ser capaces de actuar con independencia.
El portavoz del PvdA Wolfsen opina que los jueces sí pueden dar a conocer sus opiniones. "Es un claro aviso que debemos tomar muy en serio. Han hecho una crítica en términos generales y se trata de planes que no han sido trasladados todavía a proyectos de ley concretos".
El portavoz de los liberales de D-66 Dittrich dijo que era "sorprendente" que esas críticas entre círculos de científicos y en el poder judicial no se hayan hecho antes. Dittrich opina que el ministro de Justicia, Donner (CDA) debe consultar con representantes del poder judicial sobre materias de contenido antes de presentar proyectos de ley definitivos.
El VVD (extrema derecha) cree que la crítica de los jueces es prematura, porque los proyectos de ley no han sido redactados, según la portavoz Griffith. Tan pronto como los borradores estén disponibles, el poder judicial tendría la oportunidad de hacer comentarios.
Corstens advirtió el sábado pasado en este diario que con las medidas anti-terroristas se pone en peligro la relación entre el poder judicial y la política. Eso podría ocurrir si los jueces dejan en libertad a sospechosos de actividades terroristas cuando la prisión preventiva contradiga el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Este tratado impone severas condiciones a la prisión preventiva, mientras que el gabinete propone encarcelar a personas por sospechas leves durante un período de más de dos años.
El laborista PvdA no quiso pronunciarse la semana pasada durante el debate en la Cámara Baja sobre la política anti-terrorista del gobierno mientras no haya proyectos de ley concretos. El partido de la coalición de gobierno D66 rechazó las propuestas administrativas. Dittrich: "El debate tendría tenido más profundidad si hubiésemos considerado estos argumentos".
14 de febrero de 2005
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