muertes bajo custodia en iraq
[Douglas Jehl y Eric Schmitt] Fuerzas Armadas norteamericanas dicen que la muerte de 26 reclusos fueron homicidios.
Washington, Estados Unidos. Al menos 26 prisioneros han muerto en custodia norteamericana en Iraq y Afganistán desde 2002 en lo que investigadores del Ejército y la Marina han concluido o sospechan que fueron homicidios voluntarios, de acuerdo a oficiales norteamericanos.
El número de casos confirmados o sospechados es mucho más alto que las cifras dadas a conocer previamente por los militares. Un informe del Pentágono enviado al Congreso la semana pasada mencionó la muerte de sólo seis prisioneros causadas por torturas, pero ese conteo parcial se limitaba a septiembre último a lo que el autor, el vice-almirante Albert T. Church III de la Marina, llamó "casos de abusos concluidos y comprobados".
La nueva cifra de 26 fue proporcionada por el Ejército y la Marina esta semana después de repetidas pesquisas. En 18 casos revisados por el Ejército y la Marina, los investigadores han ahora cerrado sus pesquisas y han recomendado que sean procesados o referidos a otras agencias para que tomen medidas, dijeron oficiales del Ejército y la Marina. Ocho casos están todavía bajo investigación, pero están clasificados por el Ejército como homicidios confirmados o sospechados, dijeron los oficiales.
Sólo una de las muertes ocurrió en la prisión de Abu Ghraib en Iraq, dijeron los oficiales, mostrando el alcance de la extensión de los maltratos más violentos fuera de las murallas de la cárcel y contradiciendo las primeras impresiones de que las malas conductas estaban confinadas a un puñado de miembros de la policía militar durante los turnos nocturnos de la prisión.
Entre los casos hay al menos cuatro que implican a funcionarios de la CIA que están siendo revisados por el ministerio de Justicia para su posible enjuiciamiento. Incluyen un asesinato en Afganistán en junio de 2003 por el que David Passaro, un guardia privado de la CIA, será enjuiciado por un tribunal federal en Carolina del Norte.
Grupos de derechos humanos han expresado consternación por el número de homicidios y renovaron sus llamados a realizar una investigación del tipo de la del 11 de septiembre sobre las operaciones de detención y maltratos en Iraq y Afganistán. "La cifra me parece asombrosa", dijo James D. Ross, asesor jurídico de Human Rights Watch en Nueva York. "Esto refleja un fracaso general en tomar en serio los maltratos ocurridos".
Funcionarios del Pentágono y del Ejército rechazaron esa acusación. Lawrence Di Rita, el principal portavoz del Pentágono, dijo que él no sabía que el ministerio de Defensa hubiera reconocido previamente, públicamente, los homicidios voluntarios entre las muertes de detenidos en Afganistán e Iraq, pero insistió en que las autoridades militares estaban investigando activamente cada caso.
"No he visto las cifras recogidas que usted ha descrito, pero obviamente un homicidio voluntario es ya demasiado", dijo Di Rita, que observó que las fuerzas norteamericanas han mantenido a más de 50.000 detenidos en Iraq y Afganistán en los últimos tres años.
Oficiales de Ejército dijo que los asesinatos ocurrieron tanto dentro como fuera de áreas de detención, incluyendo en el momento de captura en condiciones de campo de batalla a menudo violentas. "El Ejército investigará cada muerte de detenidos, tanto dentro como fuera de centros de detención", dijo el coronel Joseph Cartin, un portavoz del Ejército. "Dicho simplemente, el maltrato a detenidos no es tolerado, y el Ejército hará rendir cuentas a los soldados. Estamos tomando medidas para enjuiciar a los sospechados de abusos y medidas para adiestrar a los soldados sobre cómo evitar esas situaciones en el futuro".
En su informe la semana pasada, el almirante Church concluyó que el abuso de prisioneros en Iraq y Afganistán han sido el resultado sobre todo de un colapso de la disciplina, no de políticas defectuosas o mando incorrecto de comandantes o funcionarios del Pentágono. Pero advirtió que sus conclusiones se basaban "fundamentalmente en la información con que contábamos al 30 de septiembre de 2004", y agregó: "Si se hiciera disponible más informaciones, nuestras conclusiones deberían ser analizadas a la luz de esas informaciones".
Además de los homicidios voluntarios, 11 casos de muertes de prisioneros a manos de tropas norteamericanas son considerados ahora como homicidios justificados que no deberían ser llevados a juicio, dijeron oficiales del Ejército. Esos casos incluyen muertes causadas por soldados al reprimir revueltas de prisioneros en Iraq, dijeron. Otros prisioneros han muerto en cautiverio o de causas naturales, según los militares.
Un conteo del New York Times de mayo de 2004, basado en informes de oficiales militares y una revisión de documentos del Ejército, identificó 16 casos de homicidios confirmados o sospechados de prisioneros bajo custodia norteamericana en Iraq y Afganistán. Sin embargo, en esa época sólo fueron clasificadas como homicidios, y 11 de los casos están todavía siendo investigados.
El Ejército define el homicidio como "una muerte que resulta de la conducta notoriamente imprudente (explícita o implícita) de una o más personas".
"El homicidio no es sinónimo de asesinato (una definición legal) e incluye tanto acciones criminales como incidentes justificables (vale decir, defensa personal, aplicación de la ley, combate)", de acuerdo a una declaración del Ejército.
El nuevo total de 26 casos de muertes de prisioneros que han sido clasificados como homicidios voluntarios confirmados o sospechados incluye 24 casos del Ejército y 2 de la Marina, dijeron portavoces de esos servicios. Dos de los casos del Ejército han sido transferidos a la Marina y uno al ministerio de Justicia. La Marina dijo que cada caso incluía la muerte de un prisionero, aunque el Ejército dijo que era posible que al menos en algunos casos investigados por el servicio se tratara de la muerte de más de un prisionero.
El Cuerpo de Marines dijo que nueve prisioneros habían muerto bajo custodia de la Marina, pero que ninguna de las muertes era homicidio. No está claro si esta cifra incluye la muerte de un prisionero iraquí matado por un marine en una mezquita en Faluya en noviembre pasado, que fue filmada por un equipo de televisión.
Ni la Marina ni el Ejército proporcionaron un informe detallado de todos los casos ahora considerados como homicidios confirmados o sospechados.
Al menos ocho soldados norteamericanos han sido condenados por la muerte de prisioneros bajo custodia norteamericana, incluyendo a un teniente que se declaró este mes culpable en Fort Hood, Texas, de cargos que incluían agresión grave y lesiones, obstrucción a la justicia y abandono de deberes. El cargo de homicidio involuntario fue retirado.
Otros 13 soldados del Ejército están ahora bajo juicio, de acuerdo a oficiales del Ejército. Incluyen al soldado de primera clase Willie V. Brand, que será enjuiciado en Fort Bliss, Texas, la próxima semana por cargos de homicidio y mutilación en la muerte de dos prisioneros en el Bagram Control Point en Afganistán en diciembre de 2002.
Pero en algunos de los casos, incluyendo la muerte de un iraquí, Manadel al-Jamadi, en Abu Ghraib en noviembre de 2003, la mayoría de los fueron acusados de crímenes inicialmente han terminado recibiendo castigos no judiciales, y ninguno de sus nombres ni detalles de las sentencias han sido dados a conocer.
En total, los investigadores criminales del Ejército han realizado 68 investigaciones sobre muertes de detenidos, con 79 víctimas posibles a febrero de 2005, dijo la teniente coronel Pamela Hart, portavoz del Ejército. De esas investigaciones, 53 han sido cerradas y 15 casos siguen pendientes, dijo la coronel Hart.
Además de los 24 casos del Ejército clasificados como homicidios voluntarios y de los 11 casos clasificados como homicidios justificados, 28 casos son clasificados como muertes confirmadas o sospechadas por accidentes o causas naturales. Otros cinco son casos en los que no se ha determinado la causa de la muerte, dijo la coronel Hart.
En total, los investigadores criminales del Ejército han examinado 308 casos sobre acusaciones de maltratos a prisioneros. Incluyen las 68 investigaciones sobre muertes y 240 otras acusaciones de potencial mala conducta, como acusaciones de agresión, agresión sexual y robos, dijo la coronel Hart. De los 308 casos, 201 han sido cerrados y 107 estaban pendientes a mediados de febrero de 2005.
Además del número de muertes de detenidos, otras conclusiones en el informe de Church requieren escrutinio. El informe, por ejemplo, también dice que psiquiatras y psicólogos que asesoran a los interrogadores no tenían acceso a los historiales médicos de los detenidos. Eso contrasta fuertemente con los informes de la Cruz Roja y de interrogadores entrevistados por Times.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en un informe confidencial en julio pasado que los historiales médicos de los prisioneros podían ser consultados por cualquiera. El informe dijo que no era ético y que disminuía el cuidado médico prestado a los detenidos, porque les desalentaba a solicitar atención médica si sabían que esa información sería compartida con los interrogadores.
Un interrogador dijo en entrevistas que los historiales estuvieron inicialmente abiertos a todos y que era una práctica normal de los interrogadores simplemente ir al hospital de los detenidos y revisar los historiales. El interrogador dijo que cuando el personal del hospital se mostró reticente a compartir los documentos, los interrogadores descubrieron que podían pedir a psicólogos y psiquiatras que los obtuvieran por ellos.
Neil A. Lewis contribuyó a este reportaje.
17 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
El número de casos confirmados o sospechados es mucho más alto que las cifras dadas a conocer previamente por los militares. Un informe del Pentágono enviado al Congreso la semana pasada mencionó la muerte de sólo seis prisioneros causadas por torturas, pero ese conteo parcial se limitaba a septiembre último a lo que el autor, el vice-almirante Albert T. Church III de la Marina, llamó "casos de abusos concluidos y comprobados".
La nueva cifra de 26 fue proporcionada por el Ejército y la Marina esta semana después de repetidas pesquisas. En 18 casos revisados por el Ejército y la Marina, los investigadores han ahora cerrado sus pesquisas y han recomendado que sean procesados o referidos a otras agencias para que tomen medidas, dijeron oficiales del Ejército y la Marina. Ocho casos están todavía bajo investigación, pero están clasificados por el Ejército como homicidios confirmados o sospechados, dijeron los oficiales.
Sólo una de las muertes ocurrió en la prisión de Abu Ghraib en Iraq, dijeron los oficiales, mostrando el alcance de la extensión de los maltratos más violentos fuera de las murallas de la cárcel y contradiciendo las primeras impresiones de que las malas conductas estaban confinadas a un puñado de miembros de la policía militar durante los turnos nocturnos de la prisión.
Entre los casos hay al menos cuatro que implican a funcionarios de la CIA que están siendo revisados por el ministerio de Justicia para su posible enjuiciamiento. Incluyen un asesinato en Afganistán en junio de 2003 por el que David Passaro, un guardia privado de la CIA, será enjuiciado por un tribunal federal en Carolina del Norte.
Grupos de derechos humanos han expresado consternación por el número de homicidios y renovaron sus llamados a realizar una investigación del tipo de la del 11 de septiembre sobre las operaciones de detención y maltratos en Iraq y Afganistán. "La cifra me parece asombrosa", dijo James D. Ross, asesor jurídico de Human Rights Watch en Nueva York. "Esto refleja un fracaso general en tomar en serio los maltratos ocurridos".
Funcionarios del Pentágono y del Ejército rechazaron esa acusación. Lawrence Di Rita, el principal portavoz del Pentágono, dijo que él no sabía que el ministerio de Defensa hubiera reconocido previamente, públicamente, los homicidios voluntarios entre las muertes de detenidos en Afganistán e Iraq, pero insistió en que las autoridades militares estaban investigando activamente cada caso.
"No he visto las cifras recogidas que usted ha descrito, pero obviamente un homicidio voluntario es ya demasiado", dijo Di Rita, que observó que las fuerzas norteamericanas han mantenido a más de 50.000 detenidos en Iraq y Afganistán en los últimos tres años.
Oficiales de Ejército dijo que los asesinatos ocurrieron tanto dentro como fuera de áreas de detención, incluyendo en el momento de captura en condiciones de campo de batalla a menudo violentas. "El Ejército investigará cada muerte de detenidos, tanto dentro como fuera de centros de detención", dijo el coronel Joseph Cartin, un portavoz del Ejército. "Dicho simplemente, el maltrato a detenidos no es tolerado, y el Ejército hará rendir cuentas a los soldados. Estamos tomando medidas para enjuiciar a los sospechados de abusos y medidas para adiestrar a los soldados sobre cómo evitar esas situaciones en el futuro".
En su informe la semana pasada, el almirante Church concluyó que el abuso de prisioneros en Iraq y Afganistán han sido el resultado sobre todo de un colapso de la disciplina, no de políticas defectuosas o mando incorrecto de comandantes o funcionarios del Pentágono. Pero advirtió que sus conclusiones se basaban "fundamentalmente en la información con que contábamos al 30 de septiembre de 2004", y agregó: "Si se hiciera disponible más informaciones, nuestras conclusiones deberían ser analizadas a la luz de esas informaciones".
Además de los homicidios voluntarios, 11 casos de muertes de prisioneros a manos de tropas norteamericanas son considerados ahora como homicidios justificados que no deberían ser llevados a juicio, dijeron oficiales del Ejército. Esos casos incluyen muertes causadas por soldados al reprimir revueltas de prisioneros en Iraq, dijeron. Otros prisioneros han muerto en cautiverio o de causas naturales, según los militares.
Un conteo del New York Times de mayo de 2004, basado en informes de oficiales militares y una revisión de documentos del Ejército, identificó 16 casos de homicidios confirmados o sospechados de prisioneros bajo custodia norteamericana en Iraq y Afganistán. Sin embargo, en esa época sólo fueron clasificadas como homicidios, y 11 de los casos están todavía siendo investigados.
El Ejército define el homicidio como "una muerte que resulta de la conducta notoriamente imprudente (explícita o implícita) de una o más personas".
"El homicidio no es sinónimo de asesinato (una definición legal) e incluye tanto acciones criminales como incidentes justificables (vale decir, defensa personal, aplicación de la ley, combate)", de acuerdo a una declaración del Ejército.
El nuevo total de 26 casos de muertes de prisioneros que han sido clasificados como homicidios voluntarios confirmados o sospechados incluye 24 casos del Ejército y 2 de la Marina, dijeron portavoces de esos servicios. Dos de los casos del Ejército han sido transferidos a la Marina y uno al ministerio de Justicia. La Marina dijo que cada caso incluía la muerte de un prisionero, aunque el Ejército dijo que era posible que al menos en algunos casos investigados por el servicio se tratara de la muerte de más de un prisionero.
El Cuerpo de Marines dijo que nueve prisioneros habían muerto bajo custodia de la Marina, pero que ninguna de las muertes era homicidio. No está claro si esta cifra incluye la muerte de un prisionero iraquí matado por un marine en una mezquita en Faluya en noviembre pasado, que fue filmada por un equipo de televisión.
Ni la Marina ni el Ejército proporcionaron un informe detallado de todos los casos ahora considerados como homicidios confirmados o sospechados.
Al menos ocho soldados norteamericanos han sido condenados por la muerte de prisioneros bajo custodia norteamericana, incluyendo a un teniente que se declaró este mes culpable en Fort Hood, Texas, de cargos que incluían agresión grave y lesiones, obstrucción a la justicia y abandono de deberes. El cargo de homicidio involuntario fue retirado.
Otros 13 soldados del Ejército están ahora bajo juicio, de acuerdo a oficiales del Ejército. Incluyen al soldado de primera clase Willie V. Brand, que será enjuiciado en Fort Bliss, Texas, la próxima semana por cargos de homicidio y mutilación en la muerte de dos prisioneros en el Bagram Control Point en Afganistán en diciembre de 2002.
Pero en algunos de los casos, incluyendo la muerte de un iraquí, Manadel al-Jamadi, en Abu Ghraib en noviembre de 2003, la mayoría de los fueron acusados de crímenes inicialmente han terminado recibiendo castigos no judiciales, y ninguno de sus nombres ni detalles de las sentencias han sido dados a conocer.
En total, los investigadores criminales del Ejército han realizado 68 investigaciones sobre muertes de detenidos, con 79 víctimas posibles a febrero de 2005, dijo la teniente coronel Pamela Hart, portavoz del Ejército. De esas investigaciones, 53 han sido cerradas y 15 casos siguen pendientes, dijo la coronel Hart.
Además de los 24 casos del Ejército clasificados como homicidios voluntarios y de los 11 casos clasificados como homicidios justificados, 28 casos son clasificados como muertes confirmadas o sospechadas por accidentes o causas naturales. Otros cinco son casos en los que no se ha determinado la causa de la muerte, dijo la coronel Hart.
En total, los investigadores criminales del Ejército han examinado 308 casos sobre acusaciones de maltratos a prisioneros. Incluyen las 68 investigaciones sobre muertes y 240 otras acusaciones de potencial mala conducta, como acusaciones de agresión, agresión sexual y robos, dijo la coronel Hart. De los 308 casos, 201 han sido cerrados y 107 estaban pendientes a mediados de febrero de 2005.
Además del número de muertes de detenidos, otras conclusiones en el informe de Church requieren escrutinio. El informe, por ejemplo, también dice que psiquiatras y psicólogos que asesoran a los interrogadores no tenían acceso a los historiales médicos de los detenidos. Eso contrasta fuertemente con los informes de la Cruz Roja y de interrogadores entrevistados por Times.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo en un informe confidencial en julio pasado que los historiales médicos de los prisioneros podían ser consultados por cualquiera. El informe dijo que no era ético y que disminuía el cuidado médico prestado a los detenidos, porque les desalentaba a solicitar atención médica si sabían que esa información sería compartida con los interrogadores.
Un interrogador dijo en entrevistas que los historiales estuvieron inicialmente abiertos a todos y que era una práctica normal de los interrogadores simplemente ir al hospital de los detenidos y revisar los historiales. El interrogador dijo que cuando el personal del hospital se mostró reticente a compartir los documentos, los interrogadores descubrieron que podían pedir a psicólogos y psiquiatras que los obtuvieran por ellos.
Neil A. Lewis contribuyó a este reportaje.
17 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
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