temor a la justicia en haití
[Carol J. Williams] El juicio de ex líderes acusados de asesinatos políticos se pospone por temor a que los parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
St. Marc, Haití. La maleza ha vuelto a crecer entre los escombros de su casa y el polvo descolora las chamuscadas ruinas, pero la sed de justicia de Fetiere Louidort no ha disminuido desde el año en que fuerzas especiales vestidas de negro abrieron fuego contra opositores locales de Jean-Bertrand Aristide en los últimos días de su presidencia.
La última ciudad importante entre las avanzadas de los rebeldes y la capital, St. Marc estaba a punto de caer y dejar sin protección al gobierno de Aristide en Puerto Príncipe cuando el 11 de febrero de 2004 aparecieron unos helicópteros con pistoleros. Vecinos, misioneros y activistas de derechos humanos dicen que al menos 50 personas murieron en el ataque, pero esa cifra no puede ser confirmada.
"Incendiaron mi casa y la usaron como horno para quemar los cuerpos de los muertos", dijo Louidort.
Más de un año después, dos importantes antiguos funcionarios de gobierno y un político de la localidad serán enjuiciados aquí por su supuesto papel en los asesinatos.
Pero el ex primer ministro, Yvon Nepture, y el ex ministro del Interior, Jocelerme Privert, no han sido citados debido a que la rabia sigue tan intensa que las autoridades temen que amigos y parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
Cuando un partidario de Aristide que participó supuestamente en los asesinatos volvió a St. Marc hace un mes a buscar una reconciliación, dijo el misionero Terry Snow, fue decapitado, desmembrado y partes de su cuerpo arrastrado por las calles en una orgía de jubilosa venganza.
"Es la justicia haitiana. Están pagando por sus crímenes, aunque no a través de tribunales", dijo Snow sobre ese linchamiento y otros juicios sumarios implementados más tarde en las calles. Durante la matanza del año pasado, Snow dio refugio a rivales de Aristide que eran perseguidos.
La justicia de los vigilantes que siguió el vuelo al exilio de Aristide el 29 de febrero de 2004 ayudó a fomentar la turbia inseguridad que domina hoy a la mayoría de las ciudades haitianas.
Aunque los pistoleros, que se cree son leales a Aristide, son acusados de gran parte de la violencia que asola los barrios bajos de Puerto Príncipe, agentes de policía renegados y soldados desmovilizados del ejército haitiano que participaron en la rebelión del año pasado todavía recorren la capital con sus armas prestas. Una investigación de la Coalición Nacional por los Derechos de Haití documentó al menos 403 muertes causadas por la violencia de las bandas desde el 30 de septiembre, muchos de ellos transeúntes sorprendidos en fuegos cruzados.
El riesgo de que una turba de linchamiento ataque a los acusados de organizar la matanza de St. Marc ha retrasado el inicio de los trámites judiciales contra Neptune, Privert y Amadeus Mayette, un antiguo diputado del Partido Lavalas. Mayette ha sido acusado por muchos vecinos de la ciudad de coordinar a los militantes de Lavalas y las fuerzas de seguridad enviadas por helicóptero, supuestamente bajo autoridad de Privert y por órdenes de Neptune.
"Es necesario calmar el clima social y castigar a los culpables", dijo el mayor Carmeleau Etienne.
"Estos juicios son muy importantes para curar las heridas y aplacar los ánimos", dijo Jeancrede Jeanty, el mayor del Estado Mayor. "Pero necesitamos seguridad. Si no es lo suficientemente buena, la gente se volverá loca. Ven a los acusados como si el mismo diablo viniera a la ciudad".
Neptune ha pedido un cambio de localidad, pero la Corte Suprema haitiana resolvió en enero que los acusados deben ser enjuiciados en el lugar del ataque.
Desde su celda en la húmeda penitenciaría nacional en el centro de Puerto Príncipe, Neptune negó toda participación en la matanza de St. Marc y calificó las acusaciones de ser una "persecución motivada políticamente".
"La orden de detención decía que he organizado y participado en la llamada masacre de St. Marc. Yo estuve ahí dos días antes. Pero mi visita no tenía nada que ver con las bandas rivales que han estado luchando unas contra otras en los últimos tres años", dijo Neptune. "Mi presencia en St. Marc tenía que ver con asegurarme de que la policía recuperara el control de la zona".
Pensando en el poder del rumor y de las sospechas para convencer a muchos haitianos que su sed de venganza es justificada, algunos aquí insisten en que Neptune tripulaba uno de los helicópteros que abrió fuego contra un vecindario al principio del asalto de dos días. Arquitecto e intelectual que retornó a Haití en 1994 después de pasar 28 años en Estados Unidos, de Neptune no se sabía que estuviera directamente involucrado en operaciones policiales o de seguridad durante su mandato.
"Todos vimos a Neptune en el helicóptero. De ahí marcharon al cuartel de la policía", dijo James Dorcelus, que trabaja en el ministerio de Hacienda. "Para mí, es evidente que su visita estaba relacionada con el inicio de la masacre".
John Valery Servil perdió a su esposa y al más joven de sus seis hijos cuando la casa donde alojaban fue incendiada durante el ataque.
"Este no será un juicio justo. No hay justicia para la gente pobre de Haití. Aquí, es un asunto de dinero", dijo Servil, pronosticando que las autoridades judiciales serán sobornadas en Puerto Príncipe para que los acusados queden en libertad.
Leslie Jules, el fiscal de distrito de St. Marc, se opuso a los intentos de la defensa de trasladar el juicio para seguridad de los acusados. Dijo que tenía confianza en que se podía formar un jurado objetivo y realizar un juicio justo.
"El objetivo último no es calmar a la gente, sino hacer justicia", dijo, mientras docenas de personas gritaban frente al tribunal que los acusados fueran colgados.
Activistas de derechos humanos en la capital acusan al gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue y a la inefectiva misión de paz de Naciones Unidas por la persistente inseguridad y venganzas a través del país.
"El gobierno no proporciona a la policía ni a los tribunales los medios para hacer sus trabajos", dijo Pierre Esperance, director de la Coalición Nacional para los Derechos de Haití.
Hizo sus críticas más duras contra las fuerzas de Naciones Unidas, observando que las tropas, predominantemente sudamericanas, y los cientos de vehículos blindados desplegados con ellos eran rara vez vistas en las cada vez más numerosas zonas peligrosas de la capital.
No había ningún soldado de Naciones Unidas en la penitenciaría nacional el 19 de febrero cuando pistoleros armados liberaron a decenas de sus compinches y, según se dice, trataron de matar a Privert y a Neptune, dijo una fuente de Naciones Unidas. Los acusados fueron salvador por los guardias, que los trasladaron a un lugar seguro.
En St. Marc, la rabia contra Privert y Neptune todavía arde. Más allá de las calcinadas ruinas de la casa de Louidort cuelga un lienzo diciendo en creole que los autores de la masacre no serán ni olvidados ni perdonados. "Puedes olvidar el golpe, pero las cicatrices te lo recordarán siempre", dice el lienzo, un tema principal de una población que exige y entorpece a la vez la labor de la justicia.
"Leslie Jules está haciendo todo lo que está en su poder para que se realice un juicio justo y rápido. Pero lo esencial es que la gente de Haití no verá nunca la justicia y por esa razón pasan tiempos difíciles a la hora de perdonar", dijo Snow, que ha sido misionero aquí desde 1991.
"Aquí no habrá justicia porque tendría que comenzar en el corazón".
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
La última ciudad importante entre las avanzadas de los rebeldes y la capital, St. Marc estaba a punto de caer y dejar sin protección al gobierno de Aristide en Puerto Príncipe cuando el 11 de febrero de 2004 aparecieron unos helicópteros con pistoleros. Vecinos, misioneros y activistas de derechos humanos dicen que al menos 50 personas murieron en el ataque, pero esa cifra no puede ser confirmada.
"Incendiaron mi casa y la usaron como horno para quemar los cuerpos de los muertos", dijo Louidort.
Más de un año después, dos importantes antiguos funcionarios de gobierno y un político de la localidad serán enjuiciados aquí por su supuesto papel en los asesinatos.
Pero el ex primer ministro, Yvon Nepture, y el ex ministro del Interior, Jocelerme Privert, no han sido citados debido a que la rabia sigue tan intensa que las autoridades temen que amigos y parientes de las víctimas ataquen a los acusados.
Cuando un partidario de Aristide que participó supuestamente en los asesinatos volvió a St. Marc hace un mes a buscar una reconciliación, dijo el misionero Terry Snow, fue decapitado, desmembrado y partes de su cuerpo arrastrado por las calles en una orgía de jubilosa venganza.
"Es la justicia haitiana. Están pagando por sus crímenes, aunque no a través de tribunales", dijo Snow sobre ese linchamiento y otros juicios sumarios implementados más tarde en las calles. Durante la matanza del año pasado, Snow dio refugio a rivales de Aristide que eran perseguidos.
La justicia de los vigilantes que siguió el vuelo al exilio de Aristide el 29 de febrero de 2004 ayudó a fomentar la turbia inseguridad que domina hoy a la mayoría de las ciudades haitianas.
Aunque los pistoleros, que se cree son leales a Aristide, son acusados de gran parte de la violencia que asola los barrios bajos de Puerto Príncipe, agentes de policía renegados y soldados desmovilizados del ejército haitiano que participaron en la rebelión del año pasado todavía recorren la capital con sus armas prestas. Una investigación de la Coalición Nacional por los Derechos de Haití documentó al menos 403 muertes causadas por la violencia de las bandas desde el 30 de septiembre, muchos de ellos transeúntes sorprendidos en fuegos cruzados.
El riesgo de que una turba de linchamiento ataque a los acusados de organizar la matanza de St. Marc ha retrasado el inicio de los trámites judiciales contra Neptune, Privert y Amadeus Mayette, un antiguo diputado del Partido Lavalas. Mayette ha sido acusado por muchos vecinos de la ciudad de coordinar a los militantes de Lavalas y las fuerzas de seguridad enviadas por helicóptero, supuestamente bajo autoridad de Privert y por órdenes de Neptune.
"Es necesario calmar el clima social y castigar a los culpables", dijo el mayor Carmeleau Etienne.
"Estos juicios son muy importantes para curar las heridas y aplacar los ánimos", dijo Jeancrede Jeanty, el mayor del Estado Mayor. "Pero necesitamos seguridad. Si no es lo suficientemente buena, la gente se volverá loca. Ven a los acusados como si el mismo diablo viniera a la ciudad".
Neptune ha pedido un cambio de localidad, pero la Corte Suprema haitiana resolvió en enero que los acusados deben ser enjuiciados en el lugar del ataque.
Desde su celda en la húmeda penitenciaría nacional en el centro de Puerto Príncipe, Neptune negó toda participación en la matanza de St. Marc y calificó las acusaciones de ser una "persecución motivada políticamente".
"La orden de detención decía que he organizado y participado en la llamada masacre de St. Marc. Yo estuve ahí dos días antes. Pero mi visita no tenía nada que ver con las bandas rivales que han estado luchando unas contra otras en los últimos tres años", dijo Neptune. "Mi presencia en St. Marc tenía que ver con asegurarme de que la policía recuperara el control de la zona".
Pensando en el poder del rumor y de las sospechas para convencer a muchos haitianos que su sed de venganza es justificada, algunos aquí insisten en que Neptune tripulaba uno de los helicópteros que abrió fuego contra un vecindario al principio del asalto de dos días. Arquitecto e intelectual que retornó a Haití en 1994 después de pasar 28 años en Estados Unidos, de Neptune no se sabía que estuviera directamente involucrado en operaciones policiales o de seguridad durante su mandato.
"Todos vimos a Neptune en el helicóptero. De ahí marcharon al cuartel de la policía", dijo James Dorcelus, que trabaja en el ministerio de Hacienda. "Para mí, es evidente que su visita estaba relacionada con el inicio de la masacre".
John Valery Servil perdió a su esposa y al más joven de sus seis hijos cuando la casa donde alojaban fue incendiada durante el ataque.
"Este no será un juicio justo. No hay justicia para la gente pobre de Haití. Aquí, es un asunto de dinero", dijo Servil, pronosticando que las autoridades judiciales serán sobornadas en Puerto Príncipe para que los acusados queden en libertad.
Leslie Jules, el fiscal de distrito de St. Marc, se opuso a los intentos de la defensa de trasladar el juicio para seguridad de los acusados. Dijo que tenía confianza en que se podía formar un jurado objetivo y realizar un juicio justo.
"El objetivo último no es calmar a la gente, sino hacer justicia", dijo, mientras docenas de personas gritaban frente al tribunal que los acusados fueran colgados.
Activistas de derechos humanos en la capital acusan al gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue y a la inefectiva misión de paz de Naciones Unidas por la persistente inseguridad y venganzas a través del país.
"El gobierno no proporciona a la policía ni a los tribunales los medios para hacer sus trabajos", dijo Pierre Esperance, director de la Coalición Nacional para los Derechos de Haití.
Hizo sus críticas más duras contra las fuerzas de Naciones Unidas, observando que las tropas, predominantemente sudamericanas, y los cientos de vehículos blindados desplegados con ellos eran rara vez vistas en las cada vez más numerosas zonas peligrosas de la capital.
No había ningún soldado de Naciones Unidas en la penitenciaría nacional el 19 de febrero cuando pistoleros armados liberaron a decenas de sus compinches y, según se dice, trataron de matar a Privert y a Neptune, dijo una fuente de Naciones Unidas. Los acusados fueron salvador por los guardias, que los trasladaron a un lugar seguro.
En St. Marc, la rabia contra Privert y Neptune todavía arde. Más allá de las calcinadas ruinas de la casa de Louidort cuelga un lienzo diciendo en creole que los autores de la masacre no serán ni olvidados ni perdonados. "Puedes olvidar el golpe, pero las cicatrices te lo recordarán siempre", dice el lienzo, un tema principal de una población que exige y entorpece a la vez la labor de la justicia.
"Leslie Jules está haciendo todo lo que está en su poder para que se realice un juicio justo y rápido. Pero lo esencial es que la gente de Haití no verá nunca la justicia y por esa razón pasan tiempos difíciles a la hora de perdonar", dijo Snow, que ha sido misionero aquí desde 1991.
"Aquí no habrá justicia porque tendría que comenzar en el corazón".
22 de marzo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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