cuánto cuesta morir
[Sandra Kobrin] En la cárcel, con nuestros centavos. Las prisiones de California rebosan de reclusos más viejos que gastan un montón en costes médicos.
El hedor del estiércol de una fábrica de fertilizantes cercana eluden los alambres de púas y los francotiradores en las torres de vigilancia. El mal olor persigue a los reclusos por todas partes, desde el patio cubierto de hierba donde leen o juegan a la pelota, hasta las celdas de dos mujeres decoradas con fotos de familia y los televisores en los dormitorios. No hay modo de escapar a él.
Un artículo publicado el domingo por Los Angeles Times sobre el creciente número de prisioneros de la tercera edad en las prisiones de California afirmaba erróneamente que el antiguo gobernador Gray Davis dijo que los asesinos que dejaran la prisión durante su mandato lo harían solamente "en un ataúd de pino". Aunque otros han descrito de ese modo su política, Davis en realidad no hizo esa observación. Además, el artículo afirmaba incorrectamente que el gobernador Arnold Schwarzenegger "tiene la misma posición" que Davis cuando se trataba de dejar en libertad a asesinos. De hecho, el gobernador otorgó libertad condicional a 84 asesinos convictos cuyas sentencias les permitían su liberación anticipada, mientras que Davis sólo otorgó libertad condicional a cinco reclusos. También, el artículo se refería incorrectamente a la ubicación del Instituto Penitenciario Femenino. Está en Chino, no en Corona.
Sin embargo, tratándose de penitenciarías del estado, el Instituto Penitenciario Femenino de Corona es considerado un bonito lugar, casi tan acogedor como un campus universitario suburbano. Sin embargo, nadie quiere realmente vivir ahí. Y, más enfáticamente, nadie quiere morir ahí.
Es todavía oscuro cuando la reclusa número 41465 se despierta todas las mañanas. La empequeñecida mujer de 82 años se cambia su pijama y bata rosada por vaqueros y una camisa de mezclilla que dice Preso de California' [California Prisoner] y empieza su rutina: desayuno a las seis, recogida de la caja con el almuerzo a las 6:30 y enfermería a las 7, donde le colocan una cadena en el tobillo, en las caderas y esposas. Cojea hasta la furgoneta para el trayecto de 40 minutos hacia el Hospital Riverside para una diálisis que empieza a las 8. Helen Loheac sufre de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que piensa que le cuesta al estado unos 436.000 dólares al año, sin contar los 24.75 dólares por hora que hay que pagar a los gendarmes armados que la custodian, a ella y su metro 80, durante hasta 8 horas tres veces a la semana.
El coste económico del encarcelamiento de ciudadanos de la tercera edad está aumentando en todo el país. Las gafas, audífonos, medicinas y terapias, a menudo para enfermedades crónicas o terminales, se suman a los 30.929 dólares al año que cuesta albergar a un recluso joven y robusto.
Las condiciones en las cárceles aceleran el envejecimiento, agregando años psicológicos a las vidas de hombres y mujeres que en muchos casos perjudicaron su salud antes de ser arrestados. Tienden a enfermarse más que otros reclusos con las mismas dolencias, en parte porque los diagnósticos y tratamientos llegan tarde. Son especialmente vulnerables a la diabetes, a condiciones cardíacas y hepatitis.
California gasta dos a tres veces más al año en el alojamiento de reclusos de más de 55 años, de los que hay 6.400 encarcelados actualmente en prisiones del estado, de acuerdo a la Dirección de Prisiones. Un estudio de la Oficina de Analistas de la Legislatura del estado ha proyectado que el número de internos mayores de 60 años podría llegar a 30.200 en 2022, costando al estado al menos 1 billón de dólares al año.
El principal culpable es la reforma de las sentencias. La ley de 1994 del estado impone sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional para algunos criminales reincidentes, y esos reincidentes -42.240 reincidentes por segunda y tercera vez a junio de 2002- envejecerán inevitablemente y morirán en la cárcel. La única otra posibilidad para salir de prisión es la liberación compasiva. Designada para dejar en libertad a los reclusos que tienen seis o menos meses de vida y que no representan ya un peligro público, esta legislación ha liberado a un promedio de sólo 12 personas al año desde 1997. Los internos sentenciados a cadena perpetua o a la muerte no pueden acogerse a esta ley.
Hace 11 años los californianos aprobaron abrumadoramente la ley de tres delitos, y de momento han impedido intentos de ablandarla. Sin una reforma que reduzca el número de reclusos a perpetua, la mayor esperanza de limitar los costes de salud residen dentro del recalcitrante sistema."Puede haber hecho algo atroz o haber cometido un crimen en sus días, pero a esta altura no es ningún riesgo para el estado -excepto fiscalmente", dice la senadora Gloria Romero (demócrata, Los Angeles), presidente de una comisión que supervisa el sistema correccional. "Estamos encerrando a los viejos a expensas de construir escuelas y de matrículas universitarias, y no podemos engañarnos y pretender que no pasa nada".
¿Quieren los californianos gastar un billón de dólares para impedir que reclusos viejos y enfermos recorran las calles, incluso si lo hacen en sillas de rueda? Mucha gente dice sí. Creen que hay que arrojar las llaves -no importa lo que cueste.
"Creemos que si gente comete un crimen y es juzgada y sentenciada, debe cumplir las sentencias", dice J.P. Tremblay, ayudante de Roderick Hickman, secretario de estado de la Agencia Correccional para Jóvenes y Adultos. "Nada más que por que atravesamos una crisis presupuestaria no vamos a tomar decisiones sobre crimen y castigo sobre la base de criterios fiscales".
Cientos de esos reclusos viejos cuestan al estado unos 400.000 dólares o más al año. Loheac entró al Instituto Penitenciario Femenino hace 13 años, a los 69, después de ser condenada a 25 años por intento de homicidio. Dice que pensaba que estaba ayudando a su perturbado hijo cuando entregó una billetera con dinero a un hombre. Ese hombre era un agente encubierto, y el dinero era para cometer un asesinato.
En los años cincuenta, California se transformó en el primer estado en gestionar una prisión específicamente para reclusos de la tercera edad, pero la cerró en 1971 cuando se redujo la población carcelaria. Hoy, los criminales viejos están distribuidos en todo el sistema penitenciario de 163.939 reclusos, aunque estudios federales indican que la distribución cuesta más que fundar unidades especializadas. Una vez más allá de la curva, el estado ahora va detrás en su ajuste a las realidades demográficas.
"Hay que hacer algo, sino California perderá esos programas. Parques, escuelas y carreteras se verán afectadas por el coste de los viejos en las cárceles", dice Jonathan
Turley, fundador y presidente del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad, una organización con sede en Washington que elabora métodos para disminuir los gastos geriátricos. Turley estudió a los reclusos de la tercera edad de California y presentó sus sombríos hallazgos ante el Senado del estado a principios de 2003. En los últimos dos años, sin embargo, no han habido propuesta serias para solucionar el problema.
Entretanto tomó más de cinco años para que la dirección de prisiones actuara sobre la base de su propio informe de 1999 instando a la creación de una unidad interna para evaluar las necesidades de los reclusos más viejos y definir qué tipo de adiestramiento deben seguir los gendarmes para atenderlas. Otra vez, no hay ningún nuevo programa.
"Tenemos que analizar diferentes estrategias correccionales que han funcionado en otros estados", dice John Dovey, director de la dirección de prisiones. "Tenemos una tarea monumental, que es ocuparnos de nuestros ancianos".
La proposición 66, un intento de suavizar la ley de reincidencia dirigido por Joe Klass, abuelo de la niña de Petaluma cuyo asesinato por un reincidente crónico encendió la legislación original, fracasó en las elecciones de noviembre pasado, perdiendo por un 5.4 por ciento -634.000 votos- después de que el gobernador Schwarnezegger organizara la oposición a último minuto. El parlamentario del estado Mark Leno (demócrata, San Francisco) presentó hace poco un proyecto de ley que reduciría la población carcelaria reincidente por medio de nuevas directrices para dictar sentencia.
"El objetivo tiene que ser la seguridad pública, no el bienestar psicológico de alguien que ha sido castigado por un crimen", dice Ryan King, del Proyecto de Sentencia. "Si California sigue admitiendo a 1.200 reincidentes al año, para 2026 tendremos 30.000 internos reincidentes cumpliendo sentencias de 25 años a perpetua con un coste de 750 millones de dólares al año".
Y el estado se hará cargo de toda la cuenta de sus cuidados médicos, como hace con las reclusas de Corona, Norma Jean Jackson, encadenada a una silla de ruedas, y Carol Hargis, que han cumplido más de 25 años de sus sentencias a cadena perpetua. Las dos mujeres también han perdido peticiones de liberación por motivos compasivos. Jackson, 74, sufre de las secuelas de un derrame, una afección cardíaca, diabetes y artritis. Hargis, 64, está muriendo de insuficiencia pulmonar crónica.
La Clínica Médica de California es un recinto penitenciario con dos entradas en las afueras de Vacaville, un tranquilo pueblo a 30 minutos de Sacramento. Los visitantes que bajan sus ventanillas reciben el olor a vaca cuando pasan por las granjas lecheras en ruta a lo que parece más un parque desaliñado que un lugar de sanación. Dentro, tubos goteantes cuelgan del techo pegados con cinta de pegar y entre paredes agrietadas -excepto una en un pasillo especial donde hay puertas dobles automáticas. Cruzar el umbral entre la prisión y el hospicio es como ir de Kansas al país de Oz.
Es vísperas del Año Nuevo y hay un árbol de Navidad encendido en la sala de visitas, que ha sido decorada con pinturas de los internos, la mayoría de ellas escenas pastorales, y dibujos de niños. Hay barras de metal ocultas detrás de los postigos. Hay más gendarmes que enfermeras patrullando los cuartos, donde los ocupantes miran televisión o miran con los ojos de los muy enfermos.
Frank Parker lleva una brillante chaqueta naranja que dice Vista Mala' [Sight Impaired] mientras avanza de cama en cama con su carrito para caminar, saludando, cambiando los canales de la tele, contando chismes de las unidades y ofreciendo consuelo a los agonizantes.
"Es realmente un tesoro. Realmente servicial, realmente amable", dice el capellán de la prisión, Keith Knauf.
Ahora de 72, Parker está cumpliendo una sentencia de 15 años a perpetua por asesinar a un hombre del que creía que tenía una aventura con su esposa. Su tiempo en prisión, 20 años, no ha sido fácil para él -ni para los contribuyentes. Hasta el momento los doctores han tratado a Parker de tres derrames y dos ataques al corazón. Sus operaciones incluyen el cuentapasos, a la rodilla y de una catarata, que lo dejó con un ojo ciego. Parker ingiere 15 píldoras al día. Le han negado la libertad condicional y la liberación por motivos compasivos y, según sus propias cuentas, sus tratamientos han costado más de un 1 millón de dólares.
Si fuera dejado en libertad, Parker volvería a su casa en California del Norte y dejaría que la Administración federal de Veteranos pagara sus cuentas médicas. "Soy el único que tiene la culpa de estar aquí", dice. "No quiero ser una carga para nadie. ¿A quién le haría todavía daño, un hombre viejo y lisiado como yo?"
Mientras hace sus rondas habituales en este frío día de invierno, Parker se sienta junto a la cama de uno de sus parroquianos. Claude Hoffman, 80, se sienta en la cama cubierta con una colcha de retales hecha a mano por las señoras de la Iglesia Luterana El Pastor de las Montañas, en la cercana Vacaville, y mira televisión en un pequeño aparato. Aunque la mayoría de los reclusos de la unidad de ocho celdas mueren a los pocos meses, él llegó aquí hace más de un año dispuesto a morir de cáncer al pulmón y una insuficiencia pulmonar crónica obstructiva. Su estadía, sin incluir los medicamentos, cuestan al estado 1.500 dólares a la semana, tres veces más que un preso sano.
Hoffman fue condenado a 15 años a perpetua por matar a su novia hace 18 años, un acto que cometió borracho. Ahora un cristiano renacido, pasa la mayor parte del tiempo escribiendo sobre Jesús:
"Acostumbraba a luchar por el poder,
Algo solitario y hueco.
Ahora me tuteo
Con el Rey de los Reyes".
"Ruego todos los días a Cristo Nuestro Señor que me saque de las listas del estado y me dejen ir a morir a casa", susurra, usando su inhalador para respirar antes de proseguir. "Podría recibir una pensión de vejez. Económicamente podría cuidar de mí mismo, en lugar de que el estado gaste dinero mirándome morir".
A pesar de la implementación del programa de liberación anticipada por motivos compasivos para los reclusos enfermos de muerte, de 2000 a 2002 sólo un 30 por ciento de los solicitantes salió de las cárceles para morir en otro lugar. Y el estado se muestra reluctante a dejar en libertad a los condenados a perpetua.
El proceso de aplicación es tan largo que a veces los reclusos mueren antes de que se tome una decisión. Primero, el doctor de la prisión debe escribir una recomendación certificando que al recluso no le quedan más de 6 meses de vida. Si el solicitante no ha sido condenado a perpetua, el trabajo burocrático para llegar a su aprobación final pasa por el alcaide hasta el director del sistema de prisiones y el juez que dictó la sentencia. Sin embargo, si el solicitante es un condenado a prisión perpetua, como la mayoría de los reclusos de la tercera edad, el caso puede requerir la aprobación de la Comisión de Penas de Prisión antes de que sea enviada al juez que dictó sentencia. En 2003, de los 48 reclusos que solicitaron su liberación anticipada, 16 recibieron recomendaciones de la comisión y sólo 10 fueron dejados en libertad.El año pasado, los legisladores del estado aprobaron un proyecto de ley para extender el programa de liberación por motivos compasivos a los presos incapacitados médicamente sobre bases permanentes, como un recluso que es tetrapléjico, con el objetivo de ahorrar millones de dólares. El despacho del fiscal de distrito del condado de Los Angeles respaldó el plan. Pero el gobernador Schwarzenegger lo vetó, diciendo que la ley carecía de "cualquier mecanismo para retornar a los presos a la cárcel" en caso de que se recuperaran o representaran una amenaza para la seguridad pública.
El veto choqueó a Cynthia Chandler, abogado y co-directora de Justicia Ahora, un grupo de defensa con sede en Oakland de los casos de liberación por motivos compasivos. "Schwarnezegger dice que va a abordar en serio el tema de la crisis de presupuesto y que se apartará de los líos políticos bipartidistas y reformará el sistema penitenciario", dice Chandler.
Otras medidas para reducir los costes usadas en otros estado deben todavía ganar terreno en California. Una medida implica crear unidades de seguridad reducida para los presos geriátricos y gestionarlos con menos gendarmes, aunque serán especialmente adiestrados. Otra propone dejar en libertad a los reclusos enfermos que puedan recibir seguro médico, la seguridad social o pensiones de vejez, y vigilarlos por medio de un sistema de brazaletes que cuesta 10 dólares al día.
Pero Turley, del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad, cree que California obtendría un alto rendimiento si implementara un programa de liberación adelantada sistemático como los que ha ayudado a montar en Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Michigan. Conservadores y liberales apoyan ese enfoque, dice Turley, porque se basa en el riesgo. "Podemos predecir bastante bien los casos de reincidencia", dice. "Si California montara un despacho del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad en una facultad de leyes, como en otros estado, ayudaría a determinar los presos que presentan bajos riesgos y altos costes. Ganarían en espacio y ahorrarían millones de dólares. No hay pérdidas". El estado también debería crear un programa de reclusión alternativa y analizar la manera en que pueda utilizar sus programas de salud pública y sus universidades para procurar atención médica a los reclusos, dice Turley.
Helen Loheac, la paciente insuficiencia renal en Corona, cree que para su caso hay una solución simple. Podría vivir el tiempo que le queda en un pequeño cuarto que le han ofrecido las monjas de Crossroads en Claremont, que a menudo ayudan a los presos. La Hermana Terry Dodge ha dicho que la aceptarían, y que el seguro médico pagaría sus diálisis.
Frank Parker volvería a su familia en California del Norte, como también haría Claude Hoffman. La liberación de muchos presos de la tercera edad traspasaría la carga económica de su salud y bienestar del gobierno del estado al federal. Liberaría fondos del estado no para equilibrar el presupuesto, sino para pagar escuelas, parques y autopistas.
Como con muchos otros asuntos de administración, la solución obvia parece a veces fuera de alcance, empantanada en legítimos desacuerdos entre lados opuestos.
Muchos defensores de los viejos en prisión, incluyendo a la senadora Romero y el Proyecto de Sentencias, de King, cree que la reforma de la ley de reincidencia es la única solución a largo plazo. "Tenemos que analizar nuestras leyes y determina en primer lugar qué es lo que pone a la gente ahí", dice King.
El gobierno del estado está en desacuerdo. "No hay nada malo con el proceso de sentencias en California", dice Tremblay, de la Agencia Correccional para Jóvenes y Adultos. "Y ciertamente no vamos a vaciar nuestras cárcles para balancear el presupuesto".
Así que Claude Hoffman espera. El árbol de Navidad da a los conejitos de Pascuas cuando marca sus segundas Pascuas en el hospicio. Se abre la temporada de béisbol. Hoffman recuerda con nostalgia haber visto a Babe Ruth y Hank Greenberg jugar en Detroit, su ciudad natal. Espera mirar un partido con su familia, una última vez.
2 de julio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
El hedor del estiércol de una fábrica de fertilizantes cercana eluden los alambres de púas y los francotiradores en las torres de vigilancia. El mal olor persigue a los reclusos por todas partes, desde el patio cubierto de hierba donde leen o juegan a la pelota, hasta las celdas de dos mujeres decoradas con fotos de familia y los televisores en los dormitorios. No hay modo de escapar a él.Un artículo publicado el domingo por Los Angeles Times sobre el creciente número de prisioneros de la tercera edad en las prisiones de California afirmaba erróneamente que el antiguo gobernador Gray Davis dijo que los asesinos que dejaran la prisión durante su mandato lo harían solamente "en un ataúd de pino". Aunque otros han descrito de ese modo su política, Davis en realidad no hizo esa observación. Además, el artículo afirmaba incorrectamente que el gobernador Arnold Schwarzenegger "tiene la misma posición" que Davis cuando se trataba de dejar en libertad a asesinos. De hecho, el gobernador otorgó libertad condicional a 84 asesinos convictos cuyas sentencias les permitían su liberación anticipada, mientras que Davis sólo otorgó libertad condicional a cinco reclusos. También, el artículo se refería incorrectamente a la ubicación del Instituto Penitenciario Femenino. Está en Chino, no en Corona.
Sin embargo, tratándose de penitenciarías del estado, el Instituto Penitenciario Femenino de Corona es considerado un bonito lugar, casi tan acogedor como un campus universitario suburbano. Sin embargo, nadie quiere realmente vivir ahí. Y, más enfáticamente, nadie quiere morir ahí.
Es todavía oscuro cuando la reclusa número 41465 se despierta todas las mañanas. La empequeñecida mujer de 82 años se cambia su pijama y bata rosada por vaqueros y una camisa de mezclilla que dice Preso de California' [California Prisoner] y empieza su rutina: desayuno a las seis, recogida de la caja con el almuerzo a las 6:30 y enfermería a las 7, donde le colocan una cadena en el tobillo, en las caderas y esposas. Cojea hasta la furgoneta para el trayecto de 40 minutos hacia el Hospital Riverside para una diálisis que empieza a las 8. Helen Loheac sufre de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que piensa que le cuesta al estado unos 436.000 dólares al año, sin contar los 24.75 dólares por hora que hay que pagar a los gendarmes armados que la custodian, a ella y su metro 80, durante hasta 8 horas tres veces a la semana.
El coste económico del encarcelamiento de ciudadanos de la tercera edad está aumentando en todo el país. Las gafas, audífonos, medicinas y terapias, a menudo para enfermedades crónicas o terminales, se suman a los 30.929 dólares al año que cuesta albergar a un recluso joven y robusto.
Las condiciones en las cárceles aceleran el envejecimiento, agregando años psicológicos a las vidas de hombres y mujeres que en muchos casos perjudicaron su salud antes de ser arrestados. Tienden a enfermarse más que otros reclusos con las mismas dolencias, en parte porque los diagnósticos y tratamientos llegan tarde. Son especialmente vulnerables a la diabetes, a condiciones cardíacas y hepatitis.
California gasta dos a tres veces más al año en el alojamiento de reclusos de más de 55 años, de los que hay 6.400 encarcelados actualmente en prisiones del estado, de acuerdo a la Dirección de Prisiones. Un estudio de la Oficina de Analistas de la Legislatura del estado ha proyectado que el número de internos mayores de 60 años podría llegar a 30.200 en 2022, costando al estado al menos 1 billón de dólares al año.
El principal culpable es la reforma de las sentencias. La ley de 1994 del estado impone sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional para algunos criminales reincidentes, y esos reincidentes -42.240 reincidentes por segunda y tercera vez a junio de 2002- envejecerán inevitablemente y morirán en la cárcel. La única otra posibilidad para salir de prisión es la liberación compasiva. Designada para dejar en libertad a los reclusos que tienen seis o menos meses de vida y que no representan ya un peligro público, esta legislación ha liberado a un promedio de sólo 12 personas al año desde 1997. Los internos sentenciados a cadena perpetua o a la muerte no pueden acogerse a esta ley.
Hace 11 años los californianos aprobaron abrumadoramente la ley de tres delitos, y de momento han impedido intentos de ablandarla. Sin una reforma que reduzca el número de reclusos a perpetua, la mayor esperanza de limitar los costes de salud residen dentro del recalcitrante sistema."Puede haber hecho algo atroz o haber cometido un crimen en sus días, pero a esta altura no es ningún riesgo para el estado -excepto fiscalmente", dice la senadora Gloria Romero (demócrata, Los Angeles), presidente de una comisión que supervisa el sistema correccional. "Estamos encerrando a los viejos a expensas de construir escuelas y de matrículas universitarias, y no podemos engañarnos y pretender que no pasa nada".
¿Quieren los californianos gastar un billón de dólares para impedir que reclusos viejos y enfermos recorran las calles, incluso si lo hacen en sillas de rueda? Mucha gente dice sí. Creen que hay que arrojar las llaves -no importa lo que cueste.
"Creemos que si gente comete un crimen y es juzgada y sentenciada, debe cumplir las sentencias", dice J.P. Tremblay, ayudante de Roderick Hickman, secretario de estado de la Agencia Correccional para Jóvenes y Adultos. "Nada más que por que atravesamos una crisis presupuestaria no vamos a tomar decisiones sobre crimen y castigo sobre la base de criterios fiscales".
Cientos de esos reclusos viejos cuestan al estado unos 400.000 dólares o más al año. Loheac entró al Instituto Penitenciario Femenino hace 13 años, a los 69, después de ser condenada a 25 años por intento de homicidio. Dice que pensaba que estaba ayudando a su perturbado hijo cuando entregó una billetera con dinero a un hombre. Ese hombre era un agente encubierto, y el dinero era para cometer un asesinato.
En los años cincuenta, California se transformó en el primer estado en gestionar una prisión específicamente para reclusos de la tercera edad, pero la cerró en 1971 cuando se redujo la población carcelaria. Hoy, los criminales viejos están distribuidos en todo el sistema penitenciario de 163.939 reclusos, aunque estudios federales indican que la distribución cuesta más que fundar unidades especializadas. Una vez más allá de la curva, el estado ahora va detrás en su ajuste a las realidades demográficas.
"Hay que hacer algo, sino California perderá esos programas. Parques, escuelas y carreteras se verán afectadas por el coste de los viejos en las cárceles", dice Jonathan
Turley, fundador y presidente del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad, una organización con sede en Washington que elabora métodos para disminuir los gastos geriátricos. Turley estudió a los reclusos de la tercera edad de California y presentó sus sombríos hallazgos ante el Senado del estado a principios de 2003. En los últimos dos años, sin embargo, no han habido propuesta serias para solucionar el problema.
Entretanto tomó más de cinco años para que la dirección de prisiones actuara sobre la base de su propio informe de 1999 instando a la creación de una unidad interna para evaluar las necesidades de los reclusos más viejos y definir qué tipo de adiestramiento deben seguir los gendarmes para atenderlas. Otra vez, no hay ningún nuevo programa.
"Tenemos que analizar diferentes estrategias correccionales que han funcionado en otros estados", dice John Dovey, director de la dirección de prisiones. "Tenemos una tarea monumental, que es ocuparnos de nuestros ancianos".
La proposición 66, un intento de suavizar la ley de reincidencia dirigido por Joe Klass, abuelo de la niña de Petaluma cuyo asesinato por un reincidente crónico encendió la legislación original, fracasó en las elecciones de noviembre pasado, perdiendo por un 5.4 por ciento -634.000 votos- después de que el gobernador Schwarnezegger organizara la oposición a último minuto. El parlamentario del estado Mark Leno (demócrata, San Francisco) presentó hace poco un proyecto de ley que reduciría la población carcelaria reincidente por medio de nuevas directrices para dictar sentencia.
"El objetivo tiene que ser la seguridad pública, no el bienestar psicológico de alguien que ha sido castigado por un crimen", dice Ryan King, del Proyecto de Sentencia. "Si California sigue admitiendo a 1.200 reincidentes al año, para 2026 tendremos 30.000 internos reincidentes cumpliendo sentencias de 25 años a perpetua con un coste de 750 millones de dólares al año".
Y el estado se hará cargo de toda la cuenta de sus cuidados médicos, como hace con las reclusas de Corona, Norma Jean Jackson, encadenada a una silla de ruedas, y Carol Hargis, que han cumplido más de 25 años de sus sentencias a cadena perpetua. Las dos mujeres también han perdido peticiones de liberación por motivos compasivos. Jackson, 74, sufre de las secuelas de un derrame, una afección cardíaca, diabetes y artritis. Hargis, 64, está muriendo de insuficiencia pulmonar crónica.
La Clínica Médica de California es un recinto penitenciario con dos entradas en las afueras de Vacaville, un tranquilo pueblo a 30 minutos de Sacramento. Los visitantes que bajan sus ventanillas reciben el olor a vaca cuando pasan por las granjas lecheras en ruta a lo que parece más un parque desaliñado que un lugar de sanación. Dentro, tubos goteantes cuelgan del techo pegados con cinta de pegar y entre paredes agrietadas -excepto una en un pasillo especial donde hay puertas dobles automáticas. Cruzar el umbral entre la prisión y el hospicio es como ir de Kansas al país de Oz.
Es vísperas del Año Nuevo y hay un árbol de Navidad encendido en la sala de visitas, que ha sido decorada con pinturas de los internos, la mayoría de ellas escenas pastorales, y dibujos de niños. Hay barras de metal ocultas detrás de los postigos. Hay más gendarmes que enfermeras patrullando los cuartos, donde los ocupantes miran televisión o miran con los ojos de los muy enfermos.
Frank Parker lleva una brillante chaqueta naranja que dice Vista Mala' [Sight Impaired] mientras avanza de cama en cama con su carrito para caminar, saludando, cambiando los canales de la tele, contando chismes de las unidades y ofreciendo consuelo a los agonizantes.
"Es realmente un tesoro. Realmente servicial, realmente amable", dice el capellán de la prisión, Keith Knauf.
Ahora de 72, Parker está cumpliendo una sentencia de 15 años a perpetua por asesinar a un hombre del que creía que tenía una aventura con su esposa. Su tiempo en prisión, 20 años, no ha sido fácil para él -ni para los contribuyentes. Hasta el momento los doctores han tratado a Parker de tres derrames y dos ataques al corazón. Sus operaciones incluyen el cuentapasos, a la rodilla y de una catarata, que lo dejó con un ojo ciego. Parker ingiere 15 píldoras al día. Le han negado la libertad condicional y la liberación por motivos compasivos y, según sus propias cuentas, sus tratamientos han costado más de un 1 millón de dólares.
Si fuera dejado en libertad, Parker volvería a su casa en California del Norte y dejaría que la Administración federal de Veteranos pagara sus cuentas médicas. "Soy el único que tiene la culpa de estar aquí", dice. "No quiero ser una carga para nadie. ¿A quién le haría todavía daño, un hombre viejo y lisiado como yo?"
Mientras hace sus rondas habituales en este frío día de invierno, Parker se sienta junto a la cama de uno de sus parroquianos. Claude Hoffman, 80, se sienta en la cama cubierta con una colcha de retales hecha a mano por las señoras de la Iglesia Luterana El Pastor de las Montañas, en la cercana Vacaville, y mira televisión en un pequeño aparato. Aunque la mayoría de los reclusos de la unidad de ocho celdas mueren a los pocos meses, él llegó aquí hace más de un año dispuesto a morir de cáncer al pulmón y una insuficiencia pulmonar crónica obstructiva. Su estadía, sin incluir los medicamentos, cuestan al estado 1.500 dólares a la semana, tres veces más que un preso sano.
Hoffman fue condenado a 15 años a perpetua por matar a su novia hace 18 años, un acto que cometió borracho. Ahora un cristiano renacido, pasa la mayor parte del tiempo escribiendo sobre Jesús:
"Acostumbraba a luchar por el poder,
Algo solitario y hueco.
Ahora me tuteo
Con el Rey de los Reyes".
"Ruego todos los días a Cristo Nuestro Señor que me saque de las listas del estado y me dejen ir a morir a casa", susurra, usando su inhalador para respirar antes de proseguir. "Podría recibir una pensión de vejez. Económicamente podría cuidar de mí mismo, en lugar de que el estado gaste dinero mirándome morir".
A pesar de la implementación del programa de liberación anticipada por motivos compasivos para los reclusos enfermos de muerte, de 2000 a 2002 sólo un 30 por ciento de los solicitantes salió de las cárceles para morir en otro lugar. Y el estado se muestra reluctante a dejar en libertad a los condenados a perpetua.
El proceso de aplicación es tan largo que a veces los reclusos mueren antes de que se tome una decisión. Primero, el doctor de la prisión debe escribir una recomendación certificando que al recluso no le quedan más de 6 meses de vida. Si el solicitante no ha sido condenado a perpetua, el trabajo burocrático para llegar a su aprobación final pasa por el alcaide hasta el director del sistema de prisiones y el juez que dictó la sentencia. Sin embargo, si el solicitante es un condenado a prisión perpetua, como la mayoría de los reclusos de la tercera edad, el caso puede requerir la aprobación de la Comisión de Penas de Prisión antes de que sea enviada al juez que dictó sentencia. En 2003, de los 48 reclusos que solicitaron su liberación anticipada, 16 recibieron recomendaciones de la comisión y sólo 10 fueron dejados en libertad.El año pasado, los legisladores del estado aprobaron un proyecto de ley para extender el programa de liberación por motivos compasivos a los presos incapacitados médicamente sobre bases permanentes, como un recluso que es tetrapléjico, con el objetivo de ahorrar millones de dólares. El despacho del fiscal de distrito del condado de Los Angeles respaldó el plan. Pero el gobernador Schwarzenegger lo vetó, diciendo que la ley carecía de "cualquier mecanismo para retornar a los presos a la cárcel" en caso de que se recuperaran o representaran una amenaza para la seguridad pública.
El veto choqueó a Cynthia Chandler, abogado y co-directora de Justicia Ahora, un grupo de defensa con sede en Oakland de los casos de liberación por motivos compasivos. "Schwarnezegger dice que va a abordar en serio el tema de la crisis de presupuesto y que se apartará de los líos políticos bipartidistas y reformará el sistema penitenciario", dice Chandler.
Otras medidas para reducir los costes usadas en otros estado deben todavía ganar terreno en California. Una medida implica crear unidades de seguridad reducida para los presos geriátricos y gestionarlos con menos gendarmes, aunque serán especialmente adiestrados. Otra propone dejar en libertad a los reclusos enfermos que puedan recibir seguro médico, la seguridad social o pensiones de vejez, y vigilarlos por medio de un sistema de brazaletes que cuesta 10 dólares al día.
Pero Turley, del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad, cree que California obtendría un alto rendimiento si implementara un programa de liberación adelantada sistemático como los que ha ayudado a montar en Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Michigan. Conservadores y liberales apoyan ese enfoque, dice Turley, porque se basa en el riesgo. "Podemos predecir bastante bien los casos de reincidencia", dice. "Si California montara un despacho del Proyecto para Reclusos de la Tercera Edad en una facultad de leyes, como en otros estado, ayudaría a determinar los presos que presentan bajos riesgos y altos costes. Ganarían en espacio y ahorrarían millones de dólares. No hay pérdidas". El estado también debería crear un programa de reclusión alternativa y analizar la manera en que pueda utilizar sus programas de salud pública y sus universidades para procurar atención médica a los reclusos, dice Turley.
Helen Loheac, la paciente insuficiencia renal en Corona, cree que para su caso hay una solución simple. Podría vivir el tiempo que le queda en un pequeño cuarto que le han ofrecido las monjas de Crossroads en Claremont, que a menudo ayudan a los presos. La Hermana Terry Dodge ha dicho que la aceptarían, y que el seguro médico pagaría sus diálisis.
Frank Parker volvería a su familia en California del Norte, como también haría Claude Hoffman. La liberación de muchos presos de la tercera edad traspasaría la carga económica de su salud y bienestar del gobierno del estado al federal. Liberaría fondos del estado no para equilibrar el presupuesto, sino para pagar escuelas, parques y autopistas.
Como con muchos otros asuntos de administración, la solución obvia parece a veces fuera de alcance, empantanada en legítimos desacuerdos entre lados opuestos.
Muchos defensores de los viejos en prisión, incluyendo a la senadora Romero y el Proyecto de Sentencias, de King, cree que la reforma de la ley de reincidencia es la única solución a largo plazo. "Tenemos que analizar nuestras leyes y determina en primer lugar qué es lo que pone a la gente ahí", dice King.
El gobierno del estado está en desacuerdo. "No hay nada malo con el proceso de sentencias en California", dice Tremblay, de la Agencia Correccional para Jóvenes y Adultos. "Y ciertamente no vamos a vaciar nuestras cárcles para balancear el presupuesto".
Así que Claude Hoffman espera. El árbol de Navidad da a los conejitos de Pascuas cuando marca sus segundas Pascuas en el hospicio. Se abre la temporada de béisbol. Hoffman recuerda con nostalgia haber visto a Babe Ruth y Hank Greenberg jugar en Detroit, su ciudad natal. Espera mirar un partido con su familia, una última vez.
2 de julio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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