temor y muerte en rusia
[Peter Finn] Recurrir decisiones del tribunal es castigado con intimidaciones y asesinatos.
Nazran, Rusia. Los rusos que recurren a la Corte Europea de Derechos Humanos después de que sus familiares han desaparecido o sido asesinados en Chechenia o en la vecina Inguchetia hacen frente a constantes amenazas con que pretenden obligarles a abandonar las denuncias. En al menos cinco casos los denunciantes que recurrieron a la corte fueron ellos mismos asesinados o han desaparecido, de acuerdo a abogados, grupos de derechos humanos, documentos judiciales y familiares.
En abril dos hombres fueron sacados de sus casas por hombres armados después de que presentaran una denuncia por el secuestro en 2004 de ocho personas en un pueblo checheno, de acuerdo a Memorial, un grupo ruso de derechos humanos. El cuerpo de uno de los denunciantes fue encontrado en mayo. Su familia vive ahora bajo el temor y considera retirar la denuncia, de acuerdo a Memorial.
Activistas de derechos humanos dicen que los incidentes forman parte de una campaña de intimidación contra los cerca de 120 rusos del Caúcaso del Norte que han pedido la intervención de la corte. Los activistas no llegaron a acusar al gobierno central, sugiriendo que funcionarios locales pueden haber actuado por su propia cuenta. El gobierno ruso ha negado toda vinculación con los incidentes.
El año pasado una coalición de grupos de derechos humanos envió una carta a la corte, que sita en Estrasburgo, Francia, y atiende las denuncias de violaciones de la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1950, que Rusia firmó en 1998. La carta detallaba la desaparición y asesinato de dos rusos de Chechenia que habían apelado a la Corte Europea, así como 12 ejemplos de supuestas amenazas y golpizas.
En una entrevista, Zalina Medova dijo que ha recibido al mismo tiempo amenazas de muerte y ofrecimientos de dinero para obligarla a retirar una denuncia ante la corte a favor de su marido, Adam Medoc, un taxista que desapareció en junio de 2004. "Mi respuesta fue siempre la misma", dijo Medova, madre de dos hijos menores, uno de los cuales nació después de la desaparición de su marido. "Retiraré la denuncia cuando me entreguen a mi marido".
Jane Buchanan, hasta hace poco presidente de la organización rusa Iniciativa por la Justicia, califica las intimidaciones como "un problema realmente inquietante y escandaloso". El grupo ha presentado cerca de 80 recursos ante la corte. Pero Isa Gandarov, abogado de la oficina de Memorial en la república de Inguchetia en el sur, dijo que dos tercios de los denunciantes potenciales que recibe se niegan a seguir adelante con sus denuncias cuando se les advierte de los peligros de apelar a la corte.
Funcionarios rusos no respondieron a la carta a la corte del año pasado. "Si existe una carta así, se supone que es la Corte Europea la que debe responder", dijo en una respuesta escrita Pavel Laptev, el representante ruso ante la corte. Laptev se negó a ser entrevistado en persona.
En declaraciones a la corte, funcionarios rusos han negado toda implicación de agencias del estado o de las fuerzas armadas en casos específicos de asesinatos, desapariciones o intimidación de los denunciantes. En su respuesta a preguntas, Laptev escribió que las acusaciones "no han sido confirmadas".
Uno de los casos implica a Medov, el taxista. En 2004 fue detenido mientras trabajaba en Inguchetia. Se transformó en uno de al menos 3.000 personas que han desaparecido en la región en los últimos cinco años en la segunda guerra que estalló en Chechenia, según un reciente informe de Human Rights Watch.
El grupo dijo que las fuerzas de seguridad rusas o chechenas eran responsables de la mayoría de los secuestros. El conflicto se extendió a las repúblicas vecinas, incluyendo a Inguchetia y Osetia del Norte, donde el año pasado separatistas chechenos ocuparon una escuela en la que murieron en el posterior asalto 330 personas, la mayoría de ellos niños.
En la noche del 17 de junio de 2004 la policía de tráfico en Inguchetia pararon a dos coches que se dirigían a la frontera chechena. Había seis hombres armados en los vehículos.
Tras oír ruidos en el maletero de uno de los coches, la policía lo abrió para revisarlo. Dentro los agentes encontraron a Medov, con las manos atadas, de acuerdo a una versión de los hechos escrita por la Corte Europea en abril. Había otro hombre en el maletero del otro coche.
Los seis hombres armados dijeron que eran agentes del Servicio de Seguridad Federal FSB, el sucesor doméstico de la KGB. Sin embargo, la policía de tráfico tenía sospechas. Consultaron con un fiscal local y llevaron a los hombres y sus prisioneros a una comisaría de policía cercana, de acuerdo a documentos de la corte.
Pero el ministro del Interior suplente de Inguchetia, Abukar Kostoyev, ordenó la liberación de los seis y sus prisioneros, según una versión del incidente escrito por la oficina del fiscal general ruso. Volvieron a sus coches y se internaron a Chechenia.
El 21 de junio, la familia Medov fue informada por una carta de un fiscal en Inguchetia de que Medov había sido detenido por "agentes de la FSB en Chechenia bajo el mando del teniente coronel Beletskiy V.V."
Pero el 7 de julio, el director de la FSB en Chechenia escribió para decir que Medov no había sido detenido por sus agentes y que su departamento no tenía antecedentes sobre su paradero. La agencia también dijo que no conocían a ningún agente llamado Beletskiy.
Con las agencias del estado ruso contradiciéndose descaradamente, la esposa de Medov, Zalina Medova, apeló a la Corte Europea de Derechos Humanos. Pronto siguieron amenazas y ofertas de dinero, dijo en una entrevista.
Medova, una mujer de 25 años de voz suave que lleva un velo de color claro sobre su pelo, dijo que el primer mensaje le fue transmitido en enero por medio de un primo lejano. La telefoneó y le dijo que unos funcionarios rusos, que dijo que habían tomado contacto con él, querían que ella retirara la denuncia. Ella se negó, dijo, pero el primo la siguió llamando.
En febrero el primo la presentó a un hombre que dijo que era un antiguo mayor de la FSB. El hombre dijo que su denuncia ante la Corte Europea amenazaba la carrera de algunos importantes funcionarios rusos. Le dijo que retirara la denuncia porque no tenía sentido que la continuara porque su marido estaba muerto, dijo.
El mayor, que se negó siempre a decir quién era, dijo que no "quería que los niños se quedaran huérfanos de madre", según Medova y documentos entregados a la corte. Las llamadas continuaron, y empezó a oír sugerencias de que podría recibir dinero si colaboraba.
En marzo recibió un aviso final. Su primo la llamó a casa y le dijo que había varios agentes del servicio de seguridad ruso junto a él. Dijeron que estaban dispuestos a pagarle 30.000 dólares si retiraba su denuncia. Si no, dijo el primo, la podrían matar a ella.
En abril, la Corte Europea pidió formalmente al gobierno ruso si "el estado ha obstaculizado" de alguna manera el caso de Medov. Rusia tiene plazo hasta el 25 de julio para dar una respuesta.
En la entrevista, Medova, con su inquieto hijo en su regazo, dijo que su marido no tenía ninguna relación con grupos armados o terroristas. "Somos una familia tranquila", dijo, rechazando una afirmación en un documento oficial de que su marido fue detenido por "sospechas de haber cometido delitos graves".
En cualquier caso, señalan activistas de derechos humanos, una persona bajo sospecha de terrorismo o delitos relacionados tiene derecho a un proceso debido según la ley rusa.
Los denunciantes que recurren a la Corte Europea como un último recurso, después de haber agotado sus oportunidades en su país natal. La corte decide primero si comunica o no la queja al gobierno ruso. Tras la respuesta del gobierno, la corte determina si se admitirá el caso para su juicio y decisión. El proceso puede tomar varios años.
La corte hace frente a una enorme acumulación de casos. En agosto pasado dio formalmente prioridad a todos los casos relacionados con la guerra en Chechenia, una decisión que pareció estar motivada, en parte, por informes sobre las presiones sobre los denunciantes, de acuerdo a Iniciativa por la Justicia.
Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyos países miembros fundaron el tribunal en 1959, aprobó el año pasado una resolución expresando su "indignación" sobre varios casos en los que los denunciantes habían sido matados o habían desaparecido.
Marzet Imakayeva y su marido Said-Magomed Imakayev, recurrieron a la corte en febrero de 2002, 14 meses después de que su hijo de 23 desapareciera en Chechenia. Ese junio, la casa de los Imakayev fue allanada por hombres uniformados, y Said-Magomed Imakayev fue detenido. Desde entonces no le han vuelto a ver.
Oficiales militares y de la fiscalía continuaron acosando a Imakayeva y la han acusado de financiar el terrorismo, de acuerdo a documentos de la corte. Imakayeva, su hijo, su hija y nieto huyeron a Estados Unidos en 2004, donde viven como refugiados.
"Yo era permanentemente seguida por vehículos militares", dijo Imakayeva en una entrevista telefónica. "Los abogados que trabajaban conmigo me avisaron que tuviera cuidado. Tuve que marcharme para salvar a mis hijos".
En declaraciones a la corte, el estado ruso negó primero firmemente toda implicación en la desaparición de Said-Magomed, diciendo que había sido secuestrado "por miembros de una de las organizaciones terroristas que operan en la república chechena" que usaron uniformes militares como disfraz. Las autoridades rusas corrigieron esa declaración después para decir que su marido "había sido detenido por soldados en conformidad con la ley", pero liberado más tarde.
En otro caso, Zura Bitieva, activista de derechos humanos en Chechenia, recurrió a la corte diciendo que fue torturada cuando estuvo detenida en enero y febrero de 2000. En mayo de 2003, Bitieva, su marido Ramzan, su hijo Idris y su hermano fueron asesinados a balazos en su casa una madrugada.
En abril de 2004 otro denunciante, Yakub Magomadov, despareció. Madomadov, que vivía en Moscú, había presentando una denuncia por la desaparición de su hermano Ayubkhan, en Chechenia en 2000.
"Todo lo que hizo fue buscar a Ayubkhan", dijo Eliza Magomadova, hermana de los dos desaparecidos. "Es por eso que se lo llevaron".
En una carta a la corte, Laptev dijo que los detectives, después de varias pesquisas, no encontraron huella de Magomadov.
La desaparición y asesinato más reciente de denunciantes ocurrió a principios de 2004, cuando ocho personas fueron detenidas en un pueblo checheno por hombres no identificados a los que los vecinos describieron como "militares", de acuerdo a Memorial. Sus cuerpos y el de otra persona fueron encontrados en una fosa poco profunda casi dos semanas después.
Los dos familiares de uno de los muertos recurrieron a la Corte Europea. En abril de este año, hombres armados irrumpieron en su casa y fueron secuestrados. Activistas de derechos humanos pidieron no identificar a las víctimas para proteger a los sobrevivientes de la familia contra las autoridades rusas.
El cuerpo de uno de los hombres fue encontrado en mayo en un río en Chechenia. El otro todavía está desaparecido.
3 de julio de 2005
©washington post
©traducción mQh
Nazran, Rusia. Los rusos que recurren a la Corte Europea de Derechos Humanos después de que sus familiares han desaparecido o sido asesinados en Chechenia o en la vecina Inguchetia hacen frente a constantes amenazas con que pretenden obligarles a abandonar las denuncias. En al menos cinco casos los denunciantes que recurrieron a la corte fueron ellos mismos asesinados o han desaparecido, de acuerdo a abogados, grupos de derechos humanos, documentos judiciales y familiares.En abril dos hombres fueron sacados de sus casas por hombres armados después de que presentaran una denuncia por el secuestro en 2004 de ocho personas en un pueblo checheno, de acuerdo a Memorial, un grupo ruso de derechos humanos. El cuerpo de uno de los denunciantes fue encontrado en mayo. Su familia vive ahora bajo el temor y considera retirar la denuncia, de acuerdo a Memorial.
Activistas de derechos humanos dicen que los incidentes forman parte de una campaña de intimidación contra los cerca de 120 rusos del Caúcaso del Norte que han pedido la intervención de la corte. Los activistas no llegaron a acusar al gobierno central, sugiriendo que funcionarios locales pueden haber actuado por su propia cuenta. El gobierno ruso ha negado toda vinculación con los incidentes.
El año pasado una coalición de grupos de derechos humanos envió una carta a la corte, que sita en Estrasburgo, Francia, y atiende las denuncias de violaciones de la Convención Europea sobre Derechos Humanos de 1950, que Rusia firmó en 1998. La carta detallaba la desaparición y asesinato de dos rusos de Chechenia que habían apelado a la Corte Europea, así como 12 ejemplos de supuestas amenazas y golpizas.
En una entrevista, Zalina Medova dijo que ha recibido al mismo tiempo amenazas de muerte y ofrecimientos de dinero para obligarla a retirar una denuncia ante la corte a favor de su marido, Adam Medoc, un taxista que desapareció en junio de 2004. "Mi respuesta fue siempre la misma", dijo Medova, madre de dos hijos menores, uno de los cuales nació después de la desaparición de su marido. "Retiraré la denuncia cuando me entreguen a mi marido".
Jane Buchanan, hasta hace poco presidente de la organización rusa Iniciativa por la Justicia, califica las intimidaciones como "un problema realmente inquietante y escandaloso". El grupo ha presentado cerca de 80 recursos ante la corte. Pero Isa Gandarov, abogado de la oficina de Memorial en la república de Inguchetia en el sur, dijo que dos tercios de los denunciantes potenciales que recibe se niegan a seguir adelante con sus denuncias cuando se les advierte de los peligros de apelar a la corte.
Funcionarios rusos no respondieron a la carta a la corte del año pasado. "Si existe una carta así, se supone que es la Corte Europea la que debe responder", dijo en una respuesta escrita Pavel Laptev, el representante ruso ante la corte. Laptev se negó a ser entrevistado en persona.
En declaraciones a la corte, funcionarios rusos han negado toda implicación de agencias del estado o de las fuerzas armadas en casos específicos de asesinatos, desapariciones o intimidación de los denunciantes. En su respuesta a preguntas, Laptev escribió que las acusaciones "no han sido confirmadas".
Uno de los casos implica a Medov, el taxista. En 2004 fue detenido mientras trabajaba en Inguchetia. Se transformó en uno de al menos 3.000 personas que han desaparecido en la región en los últimos cinco años en la segunda guerra que estalló en Chechenia, según un reciente informe de Human Rights Watch.
El grupo dijo que las fuerzas de seguridad rusas o chechenas eran responsables de la mayoría de los secuestros. El conflicto se extendió a las repúblicas vecinas, incluyendo a Inguchetia y Osetia del Norte, donde el año pasado separatistas chechenos ocuparon una escuela en la que murieron en el posterior asalto 330 personas, la mayoría de ellos niños.
En la noche del 17 de junio de 2004 la policía de tráfico en Inguchetia pararon a dos coches que se dirigían a la frontera chechena. Había seis hombres armados en los vehículos.
Tras oír ruidos en el maletero de uno de los coches, la policía lo abrió para revisarlo. Dentro los agentes encontraron a Medov, con las manos atadas, de acuerdo a una versión de los hechos escrita por la Corte Europea en abril. Había otro hombre en el maletero del otro coche.
Los seis hombres armados dijeron que eran agentes del Servicio de Seguridad Federal FSB, el sucesor doméstico de la KGB. Sin embargo, la policía de tráfico tenía sospechas. Consultaron con un fiscal local y llevaron a los hombres y sus prisioneros a una comisaría de policía cercana, de acuerdo a documentos de la corte.
Pero el ministro del Interior suplente de Inguchetia, Abukar Kostoyev, ordenó la liberación de los seis y sus prisioneros, según una versión del incidente escrito por la oficina del fiscal general ruso. Volvieron a sus coches y se internaron a Chechenia.
El 21 de junio, la familia Medov fue informada por una carta de un fiscal en Inguchetia de que Medov había sido detenido por "agentes de la FSB en Chechenia bajo el mando del teniente coronel Beletskiy V.V."
Pero el 7 de julio, el director de la FSB en Chechenia escribió para decir que Medov no había sido detenido por sus agentes y que su departamento no tenía antecedentes sobre su paradero. La agencia también dijo que no conocían a ningún agente llamado Beletskiy.
Con las agencias del estado ruso contradiciéndose descaradamente, la esposa de Medov, Zalina Medova, apeló a la Corte Europea de Derechos Humanos. Pronto siguieron amenazas y ofertas de dinero, dijo en una entrevista.
Medova, una mujer de 25 años de voz suave que lleva un velo de color claro sobre su pelo, dijo que el primer mensaje le fue transmitido en enero por medio de un primo lejano. La telefoneó y le dijo que unos funcionarios rusos, que dijo que habían tomado contacto con él, querían que ella retirara la denuncia. Ella se negó, dijo, pero el primo la siguió llamando.
En febrero el primo la presentó a un hombre que dijo que era un antiguo mayor de la FSB. El hombre dijo que su denuncia ante la Corte Europea amenazaba la carrera de algunos importantes funcionarios rusos. Le dijo que retirara la denuncia porque no tenía sentido que la continuara porque su marido estaba muerto, dijo.
El mayor, que se negó siempre a decir quién era, dijo que no "quería que los niños se quedaran huérfanos de madre", según Medova y documentos entregados a la corte. Las llamadas continuaron, y empezó a oír sugerencias de que podría recibir dinero si colaboraba.
En marzo recibió un aviso final. Su primo la llamó a casa y le dijo que había varios agentes del servicio de seguridad ruso junto a él. Dijeron que estaban dispuestos a pagarle 30.000 dólares si retiraba su denuncia. Si no, dijo el primo, la podrían matar a ella.
En abril, la Corte Europea pidió formalmente al gobierno ruso si "el estado ha obstaculizado" de alguna manera el caso de Medov. Rusia tiene plazo hasta el 25 de julio para dar una respuesta.
En la entrevista, Medova, con su inquieto hijo en su regazo, dijo que su marido no tenía ninguna relación con grupos armados o terroristas. "Somos una familia tranquila", dijo, rechazando una afirmación en un documento oficial de que su marido fue detenido por "sospechas de haber cometido delitos graves".
En cualquier caso, señalan activistas de derechos humanos, una persona bajo sospecha de terrorismo o delitos relacionados tiene derecho a un proceso debido según la ley rusa.
Los denunciantes que recurren a la Corte Europea como un último recurso, después de haber agotado sus oportunidades en su país natal. La corte decide primero si comunica o no la queja al gobierno ruso. Tras la respuesta del gobierno, la corte determina si se admitirá el caso para su juicio y decisión. El proceso puede tomar varios años.
La corte hace frente a una enorme acumulación de casos. En agosto pasado dio formalmente prioridad a todos los casos relacionados con la guerra en Chechenia, una decisión que pareció estar motivada, en parte, por informes sobre las presiones sobre los denunciantes, de acuerdo a Iniciativa por la Justicia.
Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuyos países miembros fundaron el tribunal en 1959, aprobó el año pasado una resolución expresando su "indignación" sobre varios casos en los que los denunciantes habían sido matados o habían desaparecido.
Marzet Imakayeva y su marido Said-Magomed Imakayev, recurrieron a la corte en febrero de 2002, 14 meses después de que su hijo de 23 desapareciera en Chechenia. Ese junio, la casa de los Imakayev fue allanada por hombres uniformados, y Said-Magomed Imakayev fue detenido. Desde entonces no le han vuelto a ver.
Oficiales militares y de la fiscalía continuaron acosando a Imakayeva y la han acusado de financiar el terrorismo, de acuerdo a documentos de la corte. Imakayeva, su hijo, su hija y nieto huyeron a Estados Unidos en 2004, donde viven como refugiados.
"Yo era permanentemente seguida por vehículos militares", dijo Imakayeva en una entrevista telefónica. "Los abogados que trabajaban conmigo me avisaron que tuviera cuidado. Tuve que marcharme para salvar a mis hijos".
En declaraciones a la corte, el estado ruso negó primero firmemente toda implicación en la desaparición de Said-Magomed, diciendo que había sido secuestrado "por miembros de una de las organizaciones terroristas que operan en la república chechena" que usaron uniformes militares como disfraz. Las autoridades rusas corrigieron esa declaración después para decir que su marido "había sido detenido por soldados en conformidad con la ley", pero liberado más tarde.
En otro caso, Zura Bitieva, activista de derechos humanos en Chechenia, recurrió a la corte diciendo que fue torturada cuando estuvo detenida en enero y febrero de 2000. En mayo de 2003, Bitieva, su marido Ramzan, su hijo Idris y su hermano fueron asesinados a balazos en su casa una madrugada.
En abril de 2004 otro denunciante, Yakub Magomadov, despareció. Madomadov, que vivía en Moscú, había presentando una denuncia por la desaparición de su hermano Ayubkhan, en Chechenia en 2000.
"Todo lo que hizo fue buscar a Ayubkhan", dijo Eliza Magomadova, hermana de los dos desaparecidos. "Es por eso que se lo llevaron".
En una carta a la corte, Laptev dijo que los detectives, después de varias pesquisas, no encontraron huella de Magomadov.
La desaparición y asesinato más reciente de denunciantes ocurrió a principios de 2004, cuando ocho personas fueron detenidas en un pueblo checheno por hombres no identificados a los que los vecinos describieron como "militares", de acuerdo a Memorial. Sus cuerpos y el de otra persona fueron encontrados en una fosa poco profunda casi dos semanas después.
Los dos familiares de uno de los muertos recurrieron a la Corte Europea. En abril de este año, hombres armados irrumpieron en su casa y fueron secuestrados. Activistas de derechos humanos pidieron no identificar a las víctimas para proteger a los sobrevivientes de la familia contra las autoridades rusas.
El cuerpo de uno de los hombres fue encontrado en mayo en un río en Chechenia. El otro todavía está desaparecido.
3 de julio de 2005
©washington post
©traducción mQh
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