petróleo y ladrones
[Chris Kraul] Una mezcla volátil en México. El estado pierde a manos de delincuentes más de 1 billón de dólares.
Poza Rica, México. Los ladrones son descarados: cargan sus camiones cisternas derechamente en los terminales de la refinadoras y se marchan con millones de galones de gasolina a la vez.
Mezclan la buena gasolina con aditivos de mala calidad, incluyendo disolventes y aceite usado, luego venden la mezcla adulterada como diesel o bencina a propietarios de gasolineras en todo México, que lo venden a confiados automovilistas.
El monopolio estatal del petróleo, Petróleos Mexicanos, pierde más de 1 billón de dólares al año en ventas de combustible a manos de ladrones, reconocen funcionarios de gobierno. Y se cree que funcionarios del gigante del petróleo, conocido como Pemex, están implicados, recibiendo una parte de los beneficios a cambio de preparar los robos o hacer la vista gorda.
"Es un problema grave que afecta no sólo a los automovilistas sino a muchos trabajadores y a la salud financiera del país", dijo la senadora Lydia Madero García, miembro de un comité legislativo especial que investiga a Pemex, que dice que probablemente hay implicados funcionarios de la compañía. "Existe una cultura del robo que depende de muchos elementos, incluyendo a gente que ha trabajado o trabaja para el gobierno".
Los intereses en torno al contrabando de gasolina y diesel en México son enormes, lo que puede explicar por qué el propietario y editor del comprometido diario La Opinión de esta ciudad fue asesinado mientras se dirigía a su casa cerca de Papantla, el 8 de abril.
Raúl Gibb Guerrero, descrito por sus colegas como un bienhechor que veía su diario como un instrumento para mejorar el bienestar general, había descubierto lo que el diario dice que es una sórdida organización local de contrabando de combustible que se extiende por ocho estados. Gibb hizo una campaña de cuatro años para impulsar a Pemex y autoridades locales y federales a que tomaran acción.
En el todo el país los robos pueden estar privando al gobierno de casi un 11 por ciento de su gasolina, diesel y otros combustibles refinados cada año, han dicho empleados de Pemex.
También está afectando las billeteras de los mexicanos cuyos coches son destruidos por la gasolina contaminada. El año pasado, Pemex pagó al menos 700.000 dólares a 3.200 automovilistas en acuerdos de reparación.
Además, los automovilistas son frecuentemente sisados en la gasolinera, donde reciben un 5 por ciento menos, en promedio, de lo que muestra el medidor, de acuerdo a Profeco, la agencia de protección de los consumidores de México. En Acapulco, una ciudad llena de gasolineras fraudulentas, los automovilistas normalmente reciben menos de 2 tercios de la gasolina por la que pagan.
El gobierno del presidente Vicente Fox reconoció los problemas y el año pasado envió al ejército y unidades de la policía a custodiar las instalaciones de Pemex. La vigilancia resultó en un aumento del 11 por ciento de la producción de la refinadora en 2004, dijo a periodistas el ejecutivo de Pemex, Juan Bueno Torio.
Las tropas y los polis ya se han marchado, pero continúa una intensa investigación encubierta.
Fox también formó una comisión, compuesta por cuatro secretarios a nivel de gabinete para investigar los robos y la corrupción. Y está proponiendo una ley federal que transforma en delito robar gasolina, una ley a la que se resisten a brazo partido los propietarios de gasolineras y de firmas de transporte de combustibles, que según Maduro García obtienen pingües beneficios con el contrabando.
Los contrabandistas sacan ventaja de lo que los fiscales llaman "laguna jurídicas", así como controles internos laxos y una persistente corrupción dentro de Pemex, dicen funcionarios policiales y de la industria.
"Este es un problema serio que no se encuentra en ninguna otra área de producción. En su gravedad y dimensión, no podría existir sin la complicidad" de empleados de alto nivel en Pemex, dijo Rodriguo Roque Díaz, subsecretario en Profeco.
Empleados del Pemex, incluyendo a ex director Raúl Muñoz Leos, han reconocido que la escala de los robos y adulteración fue posible sólo con la complicidad de empleados de Pemex.
Muchos propietarios de las 7.000 gasolineras de México -todas de Pemex, pero prácticamente todas ellas franquicias independientes- se rebelaron contra los esfuerzos de Fox de controlar aleatoriamente la calidad y cantidad de las ventas en las gasolineras. Unos 40 propietarios, que juntos controlan 1.500 gasolineras, obtuvieron órdenes judiciales que impiden la entrada de los supervisores a sus propiedades.
Aunque reconociendo que algunos propietarios de gasolineras están vendiendo gasolina adulterada o menos gasolina de lo que muestran los medidores, Eduardo Knapp Aguilar, un director de Onexpo, la asociación nacional de propietarios de estaciones, dijo a la revista Proceso este año que su grupo se opone a los chequeos aleatorios porque Pemex no certifica la cantidad y calidad de la gasolina que entrega a sus miembros.
"El gran problema es Pemex", dijo Knapp Aguialar.
Un ex ejecutivo de Pemex dijo que más allá de robo descarado, las bandas de contrabando de combustible también sacan ventaja de los "subsidios" de Pemex -descuentos sobre la gasolina que se otorgan a la agricultura, pesca y firmas de transporte en la suposición de que estas industrias crean empleos y exportaciones.
"El problema es que esa gente no usa el combustible para lo que dicen y lo venden en el mercado", dijo el ex ejecutivo.
José Antonio Herrera, gerente de control técnico de la división de refinación de Pemex, dijo que la compañía consideraba el robo un problema serio y complejo, implicando corrupción en varios puntos a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo los oleoductos, tanques de almacenamiento y camiones cisterna. "Cuentan con la complicidad del personal de Pemex".
Pero Herrera también dijo que la compañía hizo significativos recuperaciones de abastecimientos robados en los últimos dos años con una combinación de trabajo policial, vigilancia encubierta y mejor tecnología para detectar oleoductos con filtraciones y errores de presión.
"Estaremos mejorando los controles", dijo.
En La Opinión, el diario de Gibb, gran parte de la cobertura se concentraba en el negocio de los "combustibles alternativos", dirigido por Martín Rojas cerca de Poza Rica, uno de los centros de refinamiento más grandes de Pemex y el sitio de gran parte de los robos.
Rojas dirige lo que los vecinos llaman Pemexito, un negocio en el vecino pueblo de Tihuatlán, que incluye tres grandes tanques de almacenamiento donde se mezclaban y guardaban los combustibles adulterados, según los reportajes de La Opinión. La instalación de Tihuatlán ha sido cerrada por infracciones medio-ambientales.
Rojas no ha sido acusado nunca del robo del combustibles, y la mezcla o posesión de gasolina con aditivos cuestionables no es un delito, aunque su venta sí lo es. Pero en marzo de 2004, Rojas fue acusado y arrestado por la policía federal por cargos de evasión fiscal. Desapareció después de pagar una fianza y está considerado fugitivo.
Las instalaciones de mezcla de combustibles de propiedad de Rojas en ocho estados han sido cerrados por supuestas infracciones medio-ambientales y fiscales, informó La Opinión en reportajes con los que ganó dos premios periodísticos mexicanos.
Fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Gibb dijeron que antes de que Rojas desapareciera se acercó a Gigg a hacerle una oferta de plata o plomo, que se traduce como una parte de las ganancias de la venta de gasolina -si los editores dejaban de seguir publicando- o una bala si no lo hacía.
Entre las teorías que están siendo investigadas por la fiscalía general federal es que Gibb fue asesinado en venganza por los artículos o para silenciar la crítica voz del periódico, de acuerdo a informes publicados. Traficantes de drogas, miembros de la familia y empresarios locales están también siendo investigados en conexión con su asesinato, dicen los informes.
La portavoz Eunice Enciso de la fiscalía general en Veracruz, se negó a hacer comentarios sobre el caso, diciendo solamente que el gobierno había formado una fuerza especial para investigar el asesinato.
Gibb era uno de los tres periodistas mexicanos que desaparecieron o fueron asesinados a principios de abril.
Aunque no tenía conocimiento de primera mano de la pesquisa, la senadora Madero García dijo que creía que Gibb puede haber sido asesinado por su cruzada editorial.
"Esta es una mafia como cualquiera de las mafias de traficantes de drogas", dijo. "Mire quién se está beneficiando. Si les quitas la llave de su enriquecimiento, como periodista o funcionario de gobierno, te harán pagar".
Roque Díaz, de Profeco, dijo que el problema del robo de gasolina no se solucionaría de un día para otro. "Tiene que ver con la cultura de la impunidad, la falta de control y de disciplina económica que han caracterizado a la industria de la energía durante largo tiempo", dijo. "Pero estamos haciendo un esfuerzo y encontraremos una solución".
11 de agosto de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Poza Rica, México. Los ladrones son descarados: cargan sus camiones cisternas derechamente en los terminales de la refinadoras y se marchan con millones de galones de gasolina a la vez.Mezclan la buena gasolina con aditivos de mala calidad, incluyendo disolventes y aceite usado, luego venden la mezcla adulterada como diesel o bencina a propietarios de gasolineras en todo México, que lo venden a confiados automovilistas.
El monopolio estatal del petróleo, Petróleos Mexicanos, pierde más de 1 billón de dólares al año en ventas de combustible a manos de ladrones, reconocen funcionarios de gobierno. Y se cree que funcionarios del gigante del petróleo, conocido como Pemex, están implicados, recibiendo una parte de los beneficios a cambio de preparar los robos o hacer la vista gorda.
"Es un problema grave que afecta no sólo a los automovilistas sino a muchos trabajadores y a la salud financiera del país", dijo la senadora Lydia Madero García, miembro de un comité legislativo especial que investiga a Pemex, que dice que probablemente hay implicados funcionarios de la compañía. "Existe una cultura del robo que depende de muchos elementos, incluyendo a gente que ha trabajado o trabaja para el gobierno".
Los intereses en torno al contrabando de gasolina y diesel en México son enormes, lo que puede explicar por qué el propietario y editor del comprometido diario La Opinión de esta ciudad fue asesinado mientras se dirigía a su casa cerca de Papantla, el 8 de abril.
Raúl Gibb Guerrero, descrito por sus colegas como un bienhechor que veía su diario como un instrumento para mejorar el bienestar general, había descubierto lo que el diario dice que es una sórdida organización local de contrabando de combustible que se extiende por ocho estados. Gibb hizo una campaña de cuatro años para impulsar a Pemex y autoridades locales y federales a que tomaran acción.
En el todo el país los robos pueden estar privando al gobierno de casi un 11 por ciento de su gasolina, diesel y otros combustibles refinados cada año, han dicho empleados de Pemex.
También está afectando las billeteras de los mexicanos cuyos coches son destruidos por la gasolina contaminada. El año pasado, Pemex pagó al menos 700.000 dólares a 3.200 automovilistas en acuerdos de reparación.
Además, los automovilistas son frecuentemente sisados en la gasolinera, donde reciben un 5 por ciento menos, en promedio, de lo que muestra el medidor, de acuerdo a Profeco, la agencia de protección de los consumidores de México. En Acapulco, una ciudad llena de gasolineras fraudulentas, los automovilistas normalmente reciben menos de 2 tercios de la gasolina por la que pagan.
El gobierno del presidente Vicente Fox reconoció los problemas y el año pasado envió al ejército y unidades de la policía a custodiar las instalaciones de Pemex. La vigilancia resultó en un aumento del 11 por ciento de la producción de la refinadora en 2004, dijo a periodistas el ejecutivo de Pemex, Juan Bueno Torio.
Las tropas y los polis ya se han marchado, pero continúa una intensa investigación encubierta.
Fox también formó una comisión, compuesta por cuatro secretarios a nivel de gabinete para investigar los robos y la corrupción. Y está proponiendo una ley federal que transforma en delito robar gasolina, una ley a la que se resisten a brazo partido los propietarios de gasolineras y de firmas de transporte de combustibles, que según Maduro García obtienen pingües beneficios con el contrabando.
Los contrabandistas sacan ventaja de lo que los fiscales llaman "laguna jurídicas", así como controles internos laxos y una persistente corrupción dentro de Pemex, dicen funcionarios policiales y de la industria.
"Este es un problema serio que no se encuentra en ninguna otra área de producción. En su gravedad y dimensión, no podría existir sin la complicidad" de empleados de alto nivel en Pemex, dijo Rodriguo Roque Díaz, subsecretario en Profeco.
Empleados del Pemex, incluyendo a ex director Raúl Muñoz Leos, han reconocido que la escala de los robos y adulteración fue posible sólo con la complicidad de empleados de Pemex.
Muchos propietarios de las 7.000 gasolineras de México -todas de Pemex, pero prácticamente todas ellas franquicias independientes- se rebelaron contra los esfuerzos de Fox de controlar aleatoriamente la calidad y cantidad de las ventas en las gasolineras. Unos 40 propietarios, que juntos controlan 1.500 gasolineras, obtuvieron órdenes judiciales que impiden la entrada de los supervisores a sus propiedades.
Aunque reconociendo que algunos propietarios de gasolineras están vendiendo gasolina adulterada o menos gasolina de lo que muestran los medidores, Eduardo Knapp Aguilar, un director de Onexpo, la asociación nacional de propietarios de estaciones, dijo a la revista Proceso este año que su grupo se opone a los chequeos aleatorios porque Pemex no certifica la cantidad y calidad de la gasolina que entrega a sus miembros.
"El gran problema es Pemex", dijo Knapp Aguialar.
Un ex ejecutivo de Pemex dijo que más allá de robo descarado, las bandas de contrabando de combustible también sacan ventaja de los "subsidios" de Pemex -descuentos sobre la gasolina que se otorgan a la agricultura, pesca y firmas de transporte en la suposición de que estas industrias crean empleos y exportaciones.
"El problema es que esa gente no usa el combustible para lo que dicen y lo venden en el mercado", dijo el ex ejecutivo.
José Antonio Herrera, gerente de control técnico de la división de refinación de Pemex, dijo que la compañía consideraba el robo un problema serio y complejo, implicando corrupción en varios puntos a lo largo de la cadena de suministro, incluyendo los oleoductos, tanques de almacenamiento y camiones cisterna. "Cuentan con la complicidad del personal de Pemex".
Pero Herrera también dijo que la compañía hizo significativos recuperaciones de abastecimientos robados en los últimos dos años con una combinación de trabajo policial, vigilancia encubierta y mejor tecnología para detectar oleoductos con filtraciones y errores de presión.
"Estaremos mejorando los controles", dijo.
En La Opinión, el diario de Gibb, gran parte de la cobertura se concentraba en el negocio de los "combustibles alternativos", dirigido por Martín Rojas cerca de Poza Rica, uno de los centros de refinamiento más grandes de Pemex y el sitio de gran parte de los robos.
Rojas dirige lo que los vecinos llaman Pemexito, un negocio en el vecino pueblo de Tihuatlán, que incluye tres grandes tanques de almacenamiento donde se mezclaban y guardaban los combustibles adulterados, según los reportajes de La Opinión. La instalación de Tihuatlán ha sido cerrada por infracciones medio-ambientales.
Rojas no ha sido acusado nunca del robo del combustibles, y la mezcla o posesión de gasolina con aditivos cuestionables no es un delito, aunque su venta sí lo es. Pero en marzo de 2004, Rojas fue acusado y arrestado por la policía federal por cargos de evasión fiscal. Desapareció después de pagar una fianza y está considerado fugitivo.
Las instalaciones de mezcla de combustibles de propiedad de Rojas en ocho estados han sido cerrados por supuestas infracciones medio-ambientales y fiscales, informó La Opinión en reportajes con los que ganó dos premios periodísticos mexicanos.
Fuentes cercanas a la investigación del asesinato de Gibb dijeron que antes de que Rojas desapareciera se acercó a Gigg a hacerle una oferta de plata o plomo, que se traduce como una parte de las ganancias de la venta de gasolina -si los editores dejaban de seguir publicando- o una bala si no lo hacía.
Entre las teorías que están siendo investigadas por la fiscalía general federal es que Gibb fue asesinado en venganza por los artículos o para silenciar la crítica voz del periódico, de acuerdo a informes publicados. Traficantes de drogas, miembros de la familia y empresarios locales están también siendo investigados en conexión con su asesinato, dicen los informes.
La portavoz Eunice Enciso de la fiscalía general en Veracruz, se negó a hacer comentarios sobre el caso, diciendo solamente que el gobierno había formado una fuerza especial para investigar el asesinato.
Gibb era uno de los tres periodistas mexicanos que desaparecieron o fueron asesinados a principios de abril.
Aunque no tenía conocimiento de primera mano de la pesquisa, la senadora Madero García dijo que creía que Gibb puede haber sido asesinado por su cruzada editorial.
"Esta es una mafia como cualquiera de las mafias de traficantes de drogas", dijo. "Mire quién se está beneficiando. Si les quitas la llave de su enriquecimiento, como periodista o funcionario de gobierno, te harán pagar".
Roque Díaz, de Profeco, dijo que el problema del robo de gasolina no se solucionaría de un día para otro. "Tiene que ver con la cultura de la impunidad, la falta de control y de disciplina económica que han caracterizado a la industria de la energía durante largo tiempo", dijo. "Pero estamos haciendo un esfuerzo y encontraremos una solución".
11 de agosto de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
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SANTIAGO LAZO -