amnistía para mercenarios
[Monte Reel] Ley blanda para milicianos de extrema derecha en Colombia.
Bogotá, Colombia. No hace mucho, la perspectiva de estar ante un grupo de poderosos agentes de policía habría sido una pesadilla para Alcibíades Fuentes, miembro durante largo tiempo de una de las milicias ilegales responsables de la dilatada violencia y gran parte del tráfico de drogas de Colombia.
Pero el viernes, Fuentes se paseó frente a un grupo de agentes de policía y fue saludado con sonrisas y apretones de mano. El año pasado, entregó su arma y se enroló en el programa de gobierno para reintegrarse en la sociedad, convirtiéndose en uno de los primeros en hacer la transición desde la ilegalidad a la legitimidad, por medio de un proceso que el gobierno espera que se repita miles de veces más.
"El programa nos da la oportunidad de empezar de nuevo y empezar una nueva vida", dijo Fuentes, ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que espera que Canadá le pueda otorgar asilo político. "¿Por qué volvería uno a una vida fuera de la ley donde hemos sufrido, sabiendo que aquí estamos bien y recibimos una oportunidad para estudiar?"
Pero el programa de desmovilización, basado en una nueva ley, ha provocado intensas críticas de grupos de derechos humanos, políticos norteamericanos y otros. Los críticos dicen que los incentivos en la ley permitirán que algunos de los criminales más peligrosos del país escapen a la justicia mediante penas ligeras y resquicios legales que los protegen de ser extraditados. Dicen que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, aunque bien intencionado, está siendo manipulado por terroristas internacionales.
"La ley no hace ningún esfuerzo por desbandar a esos grupos", dice César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y ahora encabeza un partido político de oposición. "Conservarán todo su poder económico, su poder político, y serán perdonados por todo lo que hicieron".
El gobierno de Uribe espera que la ley, aprobada este mes, llevará a unos 20.000 paramilitares a deponer sus armas y reintegrarse en la sociedad civil después de años de guerra contra los rebeldes marxistas, asesinando a políticos y financiando sus operaciones con el tráfico de drogas. Los grupos de extrema derecha paramilitares fueron formados en los años ochenta por grandes hacendados y carteles de narcotraficantes para proteger sus intereses contra las guerrillas de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos considera a Uribe como uno de sus aliados más cercanos en América Latina, y le ha destinado, desde 2000, unos 3.5 billones de dólares en ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, responsable de hasta el 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos, de acuerdo a cifras del gobierno estadounidense. Funcionarios americanos cree que pagarán parcialmente la cuenta de la campaña de desmovilización masiva, pero el mes pasado el senado aprobó una medida que impide la asistencia norteamericana si no se superan los defectos de la ley.
La nueva ley exige que los fiscales presenten cargos dentro de 36 horas después de recibir una declaración de confesión, y limita la investigación de los delitos a 60 días. También exige que los criminales sean juzgados en Colombia si confiesan delitos cometidos allá. Grupos de derechos humanos dicen que sólo los que temen ser extraditados confesarán sus crímenes, simplemente sacando ventaja de sentencias aligeradas y para evitar la ley en Estados Unidos.
Se cree que los grupos paramilitares son responsables de 12.999 asesinatos desde 1996, de acuerdo a un informe de este año de la Comisión Colombiana de Juristas. También se cree que controlan la mitad de la cocaína que llega a Estados Unidos.
"Los comandantes condenados de atrocidades y otros crímenes graves, como tráfico de drogas, escaparán con sentencias de algo más de dos años, probablemente en colonias agrícolas", concluyó recientemente un informe altamente crítico del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
En general el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la ley, sosteniendo que Colombia debería tener la libertad de buscar sus propias soluciones para terminar con 40 años de guerra civil. Diplomáticos norteamericanos se han mostrado reluctantes a criticar directamente la ley, pero han llamado a los colombianos a limitar las concesiones en los crímenes más graves.
"Álvaro Uribe ha transformado a Colombia", dijo en un discurso en Washington el mes pasado R. Nicholas Burns, el subsecretario de estado. "Las discusiones y las diferencias de enfoque que estamos teniendo son resultado del éxito y de nuestro deseo de seguir construyendo sobre ese éxito".
Funcionarios colombianos dicen que los defectos de la ley han sido simplificados y exagerados, pero admiten que algunos compromisos fueron necesarios para avanzar en un conflicto que ha sido muy difícil. La nueva ley, dicen, abre la puerta a negociaciones con los comandantes que participaron en el conflicto.
"Hay gente que quiere, inmediatamente, que meta en la cárcel a los jefes de los grupos paramilitares, que les coloque esposas y los muestre al mundo", dijo Luis Carlos Restrepo, Comisionado para la Paz, en un discurso este mes en Bogotá. "Les voy a decir honestamente que si me viera obligado a hacer eso, el proceso de paz no seguiría adelante".
El gobierno colombiano no ha hecho una petición específica de fondos de ayuda a Estados Unidos para el plan de desmovilización, pero miembros del comité de asignaciones del senado dijo que Washington cree que financiará una parte importante del programa, calculado entre 80 y 200 millones de dólares.
Varios senadores de Estados Unidos se escribieron con el gobierno de Uribe mientras se redactaba la ley, llamando a los funcionarios a asegurarse de que las posibilidades de extradición quedaran intactas y que los participantes paramilitares fueran obligados a confesar las estructuras económicas y organizativas de sus grupos.
"Es muy decepcionante. Las preocupaciones de los senadores han sido ignoradas", dijo Tim Rieser, asistente en política exterior del senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont). "El presidente Uribe es popular, y pensábamos que escribirían una ley de modo que alcanzara sus objetivos".
Desde que empezara el proceso de paz hace dos años, se han desmovilizado más de 8.000 milicianos paramilitares. En una ceremonia en Bogotá el viernes, 24 ex paramilitares y guerrilleros recibieron diplomas tras completar los programas de formación destinados a prepararlos para trabajos civiles en el campo de la seguridad.
Pero los críticos dicen que debido a que la ley no estipula la confiscación de bienes, los grupos paramilitares serán capaces de seguir reclutando para remplazarlos.
El gobierno dijo que la ley se aplicaría también a las organizaciones de la guerrilla de izquierda -incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- si ellos decidían desarmarse colectivamente. Pero las concesiones de la ley han provocado preocupación de que esos grupos lleven la voz cantante en futuras negociaciones.
"Los guerrilleros deben estar complacidos de ver lo indulgente que es esta ley", dijo el ex presidente Gaviria. "Ellos podrán pedir más".
21 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. No hace mucho, la perspectiva de estar ante un grupo de poderosos agentes de policía habría sido una pesadilla para Alcibíades Fuentes, miembro durante largo tiempo de una de las milicias ilegales responsables de la dilatada violencia y gran parte del tráfico de drogas de Colombia.Pero el viernes, Fuentes se paseó frente a un grupo de agentes de policía y fue saludado con sonrisas y apretones de mano. El año pasado, entregó su arma y se enroló en el programa de gobierno para reintegrarse en la sociedad, convirtiéndose en uno de los primeros en hacer la transición desde la ilegalidad a la legitimidad, por medio de un proceso que el gobierno espera que se repita miles de veces más.
"El programa nos da la oportunidad de empezar de nuevo y empezar una nueva vida", dijo Fuentes, ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que espera que Canadá le pueda otorgar asilo político. "¿Por qué volvería uno a una vida fuera de la ley donde hemos sufrido, sabiendo que aquí estamos bien y recibimos una oportunidad para estudiar?"
Pero el programa de desmovilización, basado en una nueva ley, ha provocado intensas críticas de grupos de derechos humanos, políticos norteamericanos y otros. Los críticos dicen que los incentivos en la ley permitirán que algunos de los criminales más peligrosos del país escapen a la justicia mediante penas ligeras y resquicios legales que los protegen de ser extraditados. Dicen que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, aunque bien intencionado, está siendo manipulado por terroristas internacionales.
"La ley no hace ningún esfuerzo por desbandar a esos grupos", dice César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y ahora encabeza un partido político de oposición. "Conservarán todo su poder económico, su poder político, y serán perdonados por todo lo que hicieron".
El gobierno de Uribe espera que la ley, aprobada este mes, llevará a unos 20.000 paramilitares a deponer sus armas y reintegrarse en la sociedad civil después de años de guerra contra los rebeldes marxistas, asesinando a políticos y financiando sus operaciones con el tráfico de drogas. Los grupos de extrema derecha paramilitares fueron formados en los años ochenta por grandes hacendados y carteles de narcotraficantes para proteger sus intereses contra las guerrillas de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos considera a Uribe como uno de sus aliados más cercanos en América Latina, y le ha destinado, desde 2000, unos 3.5 billones de dólares en ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, responsable de hasta el 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos, de acuerdo a cifras del gobierno estadounidense. Funcionarios americanos cree que pagarán parcialmente la cuenta de la campaña de desmovilización masiva, pero el mes pasado el senado aprobó una medida que impide la asistencia norteamericana si no se superan los defectos de la ley.
La nueva ley exige que los fiscales presenten cargos dentro de 36 horas después de recibir una declaración de confesión, y limita la investigación de los delitos a 60 días. También exige que los criminales sean juzgados en Colombia si confiesan delitos cometidos allá. Grupos de derechos humanos dicen que sólo los que temen ser extraditados confesarán sus crímenes, simplemente sacando ventaja de sentencias aligeradas y para evitar la ley en Estados Unidos.
Se cree que los grupos paramilitares son responsables de 12.999 asesinatos desde 1996, de acuerdo a un informe de este año de la Comisión Colombiana de Juristas. También se cree que controlan la mitad de la cocaína que llega a Estados Unidos.
"Los comandantes condenados de atrocidades y otros crímenes graves, como tráfico de drogas, escaparán con sentencias de algo más de dos años, probablemente en colonias agrícolas", concluyó recientemente un informe altamente crítico del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
En general el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la ley, sosteniendo que Colombia debería tener la libertad de buscar sus propias soluciones para terminar con 40 años de guerra civil. Diplomáticos norteamericanos se han mostrado reluctantes a criticar directamente la ley, pero han llamado a los colombianos a limitar las concesiones en los crímenes más graves.
"Álvaro Uribe ha transformado a Colombia", dijo en un discurso en Washington el mes pasado R. Nicholas Burns, el subsecretario de estado. "Las discusiones y las diferencias de enfoque que estamos teniendo son resultado del éxito y de nuestro deseo de seguir construyendo sobre ese éxito".
Funcionarios colombianos dicen que los defectos de la ley han sido simplificados y exagerados, pero admiten que algunos compromisos fueron necesarios para avanzar en un conflicto que ha sido muy difícil. La nueva ley, dicen, abre la puerta a negociaciones con los comandantes que participaron en el conflicto.
"Hay gente que quiere, inmediatamente, que meta en la cárcel a los jefes de los grupos paramilitares, que les coloque esposas y los muestre al mundo", dijo Luis Carlos Restrepo, Comisionado para la Paz, en un discurso este mes en Bogotá. "Les voy a decir honestamente que si me viera obligado a hacer eso, el proceso de paz no seguiría adelante".
El gobierno colombiano no ha hecho una petición específica de fondos de ayuda a Estados Unidos para el plan de desmovilización, pero miembros del comité de asignaciones del senado dijo que Washington cree que financiará una parte importante del programa, calculado entre 80 y 200 millones de dólares.
Varios senadores de Estados Unidos se escribieron con el gobierno de Uribe mientras se redactaba la ley, llamando a los funcionarios a asegurarse de que las posibilidades de extradición quedaran intactas y que los participantes paramilitares fueran obligados a confesar las estructuras económicas y organizativas de sus grupos.
"Es muy decepcionante. Las preocupaciones de los senadores han sido ignoradas", dijo Tim Rieser, asistente en política exterior del senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont). "El presidente Uribe es popular, y pensábamos que escribirían una ley de modo que alcanzara sus objetivos".
Desde que empezara el proceso de paz hace dos años, se han desmovilizado más de 8.000 milicianos paramilitares. En una ceremonia en Bogotá el viernes, 24 ex paramilitares y guerrilleros recibieron diplomas tras completar los programas de formación destinados a prepararlos para trabajos civiles en el campo de la seguridad.
Pero los críticos dicen que debido a que la ley no estipula la confiscación de bienes, los grupos paramilitares serán capaces de seguir reclutando para remplazarlos.
El gobierno dijo que la ley se aplicaría también a las organizaciones de la guerrilla de izquierda -incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- si ellos decidían desarmarse colectivamente. Pero las concesiones de la ley han provocado preocupación de que esos grupos lleven la voz cantante en futuras negociaciones.
"Los guerrilleros deben estar complacidos de ver lo indulgente que es esta ley", dijo el ex presidente Gaviria. "Ellos podrán pedir más".
21 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh
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