inseguridad en la frontera
[Brian MacQuarrie] No hay espacio de detención; los que cruzan los liberados.
Harlingen, Tejas, Estados Unidos. En el tribunal del agobiante Valle del Río Grande, junto a una "academia de belleza" y al otro lado de una somnolienta cafetería, el juez de inmigración norteamericano, David Ayala, es un caso de una eficiencia sin esfuerzos. Saca carpetas azules una por una de una enorme pila, anuncia el nombre de un inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera de Estados Unidos, y ordena que el acusado sea deportado.
No hay gritos de protesta. Los acusados no están en ninguna parte. Aparte el sonoro golpe de un sello y la voz del juez, el único otro sonido en la diminuta sala del tribunal es el tranquilo zumbido del aire acondicionado, mientras Ayala repite los trámites ante un fiscal del ministerio de Seguridad Interior, y un periodista.
A diferencia de los mexicanos indocumentados, la mayoría de los cuales son retornados rápidamente a su país después de ser detenidos, casi todos los no-mexicanos son acusados y liberados en Estados Unidos si no tienen antecedentes penales y no son considerados una amenaza a la seguridad. Pero como hoy, pocos inmigrantes se aparecen para oír los cargos de que han entrado ilegalmente al país.
Cuando se llaman sus nombres, 98 por ciento de los extranjeros indocumentados con citaciones para presentarse al Tribunal de Inmigración de Harlingen, no responden. Ya llevan semanas viviendo sus nuevas vidas en todos los rincones de Estados Unidos.
La tasa de no-presentación, la más alta de todas las 53 cortes de inmigración en el país, se ha deteriorado a medida que los inmigrantes indocumentados no-mexicanos cruzan la frontera en cantidades cada vez mayores, muchos de semilleros terroristas como Pakistán. Funcionarios de alto nivel, entre ellos el almirante James Loy, de la Guardia Costera, que fue secretario adjunto de Seguridad Interior hasta marzo, han advertido al congreso que los terroristas pueden utilizar la porosa frontera con México para entrar a Estados Unidos, donde pueden echar su suerte con los funcionarios de inmigración que a menudo no tienen otra opción que dejar en libertad a los no-mexicanos.
Esas infiltraciones "nos preocupan", dijo Roy Cervantes, portavoz de la Patrulla Fronteriza norteamericana en Harlingen.
En todo el país, el número de no-mexicanos que entran ilegalmente al país está subiendo en picado, de acuerdo al ministerio de Seguridad Interior. Hasta el 9 de agosto durante los 10 primeros meses del año fiscal 2005, se detuvo a un total de 1.02 millones de inmigrantes indocumentados. En todo el año fiscal 2004, el número de no-mexicanos fue de 75.392; en el año fiscal 2003, la cifra fue de 49.545.
La gente llega de todas partes del mundo, por medio de traficantes en México y Estados Unidos que los transportan a cruces de río y los guían a través de peligrosos senderos en el desierto en su búsqueda de una vida mejor. La incapacidad de la Patrulla Fronteriza para parar la ola ha provocado un fiero debate sobre la política de inmigración y las prioridades de seguridad. Los gobernadores de Nuevo México, Bill Richardson, y la de Arizona, Janet Napolitano, ambos demócratas, han declarado el estado de emergencia a lo largo de sus fronteras en el sur este mes.
Los intereses de grandes empresas están preocupados de que una represión federal agresiva de la inmigración podría afectar a los 10 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, y que proporcionan una constante fuente de fuerza de trabajo barata.
Pero muchos legisladores de los estados fronterizos y otros, como los Vigilantes [Minutemen] voluntarios que vigilan las fronteras, están haciendo sonar la alarma.
"Hoy las fronteras están peor que nunca", dijo el representante John Culberon, un republicano de Houston que ha presentado un proyecto de ley para crear una milicia voluntaria armada que sería supervisada por los gobernadores de los estados fronterizos. "Lo que hay ahora es una invasión".
Otros observadores, como el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Brent Wilkes, sugiere que la indignación en torno al creciente flujo de inmigrantes no-mexicanos, muchos de ellos de América Central y del Sur, se deriva de prejuicios raciales.
"Estamos preocupados de que el problema de la seguridad está siendo usado como una excusa para reprimir a los inmigrantes hispanos que son refugiados económicos", dijo Wilkes. "Hay un montón de gente que está utilizando la amenaza de que hay terroristas que están cruzando la frontera mexicana".
Funcionarios de inmigración están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Pero si no dejan en libertad a la mayoría de los inmigrantes no-mexicanos, dicen funcionarios federales, la alternativa es detener a decenas de miles de ellos en un proceso de deportación lento, cuyas dificultades se ven agravadas por una escasez de espacio de detención. Con las 19.500 camas del país ocupadas, el resultado "nos obliga a tomar decisiones muy diferentes", dice Dean Boyd, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas del ministerio de Seguridad Interior.
En ninguna otra parte son esas decisiones más evidentes que en Harlingen. En los primeros nueve meses del año fiscal 2005, que termina el 30 de septiembre, no se presentaron al tribunal 16,376 inmigrantes indocumentados. Sólo 214 de ellos eran mexicanos. En el año fiscal 2004, no se presentaron 9.166, un 88 por ciento. En el año fiscal 2003, el número de no-presentaciones fue de 4.868, nuevamente un récord nacional con un 88 por ciento.
En el extenso sector de Río Grande, que incluye a Herlingen y cubre 515 kilómetros de río, este año fiscal se detuvo a 68.438 inmigrantes no-mexicanos de 65 países, dijo Cervantes. Ese número es mucho más que el doble de los 26.437 inmigrantes no-mexicanos que cruzaron ilegalmente a este lado durante todo el año fiscal 2004.
En la ciudad fronteriza de Browsville, a 40 kilómetros río abajo de Harlingen, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Ernesto Castillo, dijo que 202 agentes de su atareada comisaría son insuficientes para hacer el trabajo. Los agentes de Brownsville hacen 60 detenciones al día, dijo Castillo, incluyendo a tres que vio detener hace poco en una patrulla a lo largo del Río Grande.
Dos de los inmigrantes, una pareja mexicana que no hablaba inglés, se abrazaban uno al otro mientras los agentes atendían una profunda, sangrienta herida que había sufrido la mujer de 24 años al caer en una acequia. Los dos fueron devueltos a México más tarde ese día.
A nivel nacional, la tasa de no-presentación del año fiscal 2005 estaba en un 36 por ciento el 30 de junio, o 68.634 de los inmigrantes indocumentados que habían sido arrestados.
En el año fiscal 2004, entre los 54.261 sospechosos que no se presentaron al tribunal se incluía a 530 de Pakistán, 206 de Irán, 164 de Jordania, 93 de Iraq, 80 de Yemen, y 29 de Afganistán, de acuerdo a cifras del ministerio de Justicia.
Boyd dijo que los extranjeros indocumentados de un país de "interés especial", un término que utiliza el gobierno para describir una base potencial de terroristas, son sometidos a un cuidadoso chequeo y no son liberados sino hasta que los detectives tienen la certeza de que no representan una amenaza para la seguridad nacional. "Porque que alguien venga de Pakistán, no significa nada", dijo Boyd. "Podría ser una familia con niños".
Sin embargo, la cantidad de inmigrantes ilegales de esos países está haciendo surgir preguntas sobre la adecuación y consistencia de la protección de las fronteras norteamericanas. "Creo que hay una falta de urgencia en Casa Blanca y en el congreso", dijo Mark Krikorian, presidente del Centro de Estudios de la Inmigración, un laboratorio ideológico independiente de Washington. "Esto tiene el potencial de ser un gran tema, y los costes políticos serán altos".
Culberson, el republicano de Houston, fue más allá. "A partir de hoy, cualquier día podemos enfrentarnos a masivas explosiones de camiones-bomba en nuestras ciudades y catastróficas pérdidas de vidas causadas por terroristas de Oriente Medio que se reirán de nosotros porque simplemente cruzaron la frontera y nosotros los dejamos", dijo.
Con el plan de Culberson, que cuenta con 50 votos en la Cámara Baja, voluntarios de cualquier país podrían incorporarse a un Cuerpo de Protección de Fronteras y "usar para impedir la inmigración ilegal cualquier medio y cualquier fuerza autorizada por las leyes del estado". Los miembros del Cuerpo serán sometidos a chequeos de antecedentes penales y de enfermedad mental, dijo.
Wilkes, de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, acusó amargamente la propuesta. "Si le das a esta gente los medios necesarios para hacer detenciones, cuando el delito que cometen los inmigrantes es un delito menor, es escandaloso, es enfermizo", dijo Wilkes.
Entretanto, funcionarios de la Patrulla Fronteriza, mencionaron un programa implementado recientemente, llamado "deportación acelerada", como una experiencia exitosa. Tras empezar en 2004 en Tucson y en Laredo, Tejas, el programa se extendió en julio para atacarse a un fuerte aumento de brasileños indocumentados que cruzaban el Valle de Río Grande. Como resultado, dijo Cervantes, el flujo de brasileños, que se han transformado en el grupo más grande de no-mexicanos que entran en el área, se ha reducido considerablemente.
Para que se aplique la "deportación acelerada", un inmigrante indocumentado no debe tener antecedentes, no debe ser un delincuente juvenil, no debe ser un refugiado, y debe haber sido arrestado dentro de 160 kilómetros de la frontera y 14 días desde que ha cruzado la frontera, de acuerdo a Salvador Zamora, de la Protección de Fronteras y Aduanas, una dependencia del ministerio de Seguridad Interior.
Desde julio, se ha vuelto a su país a expensas de Estados Unidos a 757 brasileños, según la Patrulla Fronteriza. Zamora agregó que espera eventualmente extender la "deportación acelerada" a lo largo de toda la frontera sudoeste.
Entretanto, la marea de la batalla sobre la inmigración es evidente en la comisaría de la Patrulla Fronteriza aquí, donde la mayor parte de los indocumentados, los extranjeros no-mexicanos son dejados en libertad después de ser interrogados y recibir una citación judicial.
Una vez fuera de la comisaría con una cerca alambrada, muchos de los inmigrantes abordan un vehículo enviado desde la terminal de buses de Harlingen, de donde salen a destinos en todo el país, dijo Cervantes.
"Han estado aquí constantemente", dijo José Degollado, que trabaja en la terminal de buses.
En Brownsville, Castillo sacudió su cabeza cuando se le preguntó si le frustraba la tasa de no-presentación al tribunal. "Nuestro trabajo", dijo, "es aplicar la ley".
22 de agosto de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Harlingen, Tejas, Estados Unidos. En el tribunal del agobiante Valle del Río Grande, junto a una "academia de belleza" y al otro lado de una somnolienta cafetería, el juez de inmigración norteamericano, David Ayala, es un caso de una eficiencia sin esfuerzos. Saca carpetas azules una por una de una enorme pila, anuncia el nombre de un inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera de Estados Unidos, y ordena que el acusado sea deportado.No hay gritos de protesta. Los acusados no están en ninguna parte. Aparte el sonoro golpe de un sello y la voz del juez, el único otro sonido en la diminuta sala del tribunal es el tranquilo zumbido del aire acondicionado, mientras Ayala repite los trámites ante un fiscal del ministerio de Seguridad Interior, y un periodista.
A diferencia de los mexicanos indocumentados, la mayoría de los cuales son retornados rápidamente a su país después de ser detenidos, casi todos los no-mexicanos son acusados y liberados en Estados Unidos si no tienen antecedentes penales y no son considerados una amenaza a la seguridad. Pero como hoy, pocos inmigrantes se aparecen para oír los cargos de que han entrado ilegalmente al país.
Cuando se llaman sus nombres, 98 por ciento de los extranjeros indocumentados con citaciones para presentarse al Tribunal de Inmigración de Harlingen, no responden. Ya llevan semanas viviendo sus nuevas vidas en todos los rincones de Estados Unidos.
La tasa de no-presentación, la más alta de todas las 53 cortes de inmigración en el país, se ha deteriorado a medida que los inmigrantes indocumentados no-mexicanos cruzan la frontera en cantidades cada vez mayores, muchos de semilleros terroristas como Pakistán. Funcionarios de alto nivel, entre ellos el almirante James Loy, de la Guardia Costera, que fue secretario adjunto de Seguridad Interior hasta marzo, han advertido al congreso que los terroristas pueden utilizar la porosa frontera con México para entrar a Estados Unidos, donde pueden echar su suerte con los funcionarios de inmigración que a menudo no tienen otra opción que dejar en libertad a los no-mexicanos.
Esas infiltraciones "nos preocupan", dijo Roy Cervantes, portavoz de la Patrulla Fronteriza norteamericana en Harlingen.
En todo el país, el número de no-mexicanos que entran ilegalmente al país está subiendo en picado, de acuerdo al ministerio de Seguridad Interior. Hasta el 9 de agosto durante los 10 primeros meses del año fiscal 2005, se detuvo a un total de 1.02 millones de inmigrantes indocumentados. En todo el año fiscal 2004, el número de no-mexicanos fue de 75.392; en el año fiscal 2003, la cifra fue de 49.545.
La gente llega de todas partes del mundo, por medio de traficantes en México y Estados Unidos que los transportan a cruces de río y los guían a través de peligrosos senderos en el desierto en su búsqueda de una vida mejor. La incapacidad de la Patrulla Fronteriza para parar la ola ha provocado un fiero debate sobre la política de inmigración y las prioridades de seguridad. Los gobernadores de Nuevo México, Bill Richardson, y la de Arizona, Janet Napolitano, ambos demócratas, han declarado el estado de emergencia a lo largo de sus fronteras en el sur este mes.
Los intereses de grandes empresas están preocupados de que una represión federal agresiva de la inmigración podría afectar a los 10 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, y que proporcionan una constante fuente de fuerza de trabajo barata.
Pero muchos legisladores de los estados fronterizos y otros, como los Vigilantes [Minutemen] voluntarios que vigilan las fronteras, están haciendo sonar la alarma.
"Hoy las fronteras están peor que nunca", dijo el representante John Culberon, un republicano de Houston que ha presentado un proyecto de ley para crear una milicia voluntaria armada que sería supervisada por los gobernadores de los estados fronterizos. "Lo que hay ahora es una invasión".
Otros observadores, como el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Brent Wilkes, sugiere que la indignación en torno al creciente flujo de inmigrantes no-mexicanos, muchos de ellos de América Central y del Sur, se deriva de prejuicios raciales.
"Estamos preocupados de que el problema de la seguridad está siendo usado como una excusa para reprimir a los inmigrantes hispanos que son refugiados económicos", dijo Wilkes. "Hay un montón de gente que está utilizando la amenaza de que hay terroristas que están cruzando la frontera mexicana".
Funcionarios de inmigración están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Pero si no dejan en libertad a la mayoría de los inmigrantes no-mexicanos, dicen funcionarios federales, la alternativa es detener a decenas de miles de ellos en un proceso de deportación lento, cuyas dificultades se ven agravadas por una escasez de espacio de detención. Con las 19.500 camas del país ocupadas, el resultado "nos obliga a tomar decisiones muy diferentes", dice Dean Boyd, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas del ministerio de Seguridad Interior.
En ninguna otra parte son esas decisiones más evidentes que en Harlingen. En los primeros nueve meses del año fiscal 2005, que termina el 30 de septiembre, no se presentaron al tribunal 16,376 inmigrantes indocumentados. Sólo 214 de ellos eran mexicanos. En el año fiscal 2004, no se presentaron 9.166, un 88 por ciento. En el año fiscal 2003, el número de no-presentaciones fue de 4.868, nuevamente un récord nacional con un 88 por ciento.
En el extenso sector de Río Grande, que incluye a Herlingen y cubre 515 kilómetros de río, este año fiscal se detuvo a 68.438 inmigrantes no-mexicanos de 65 países, dijo Cervantes. Ese número es mucho más que el doble de los 26.437 inmigrantes no-mexicanos que cruzaron ilegalmente a este lado durante todo el año fiscal 2004.
En la ciudad fronteriza de Browsville, a 40 kilómetros río abajo de Harlingen, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Ernesto Castillo, dijo que 202 agentes de su atareada comisaría son insuficientes para hacer el trabajo. Los agentes de Brownsville hacen 60 detenciones al día, dijo Castillo, incluyendo a tres que vio detener hace poco en una patrulla a lo largo del Río Grande.
Dos de los inmigrantes, una pareja mexicana que no hablaba inglés, se abrazaban uno al otro mientras los agentes atendían una profunda, sangrienta herida que había sufrido la mujer de 24 años al caer en una acequia. Los dos fueron devueltos a México más tarde ese día.
A nivel nacional, la tasa de no-presentación del año fiscal 2005 estaba en un 36 por ciento el 30 de junio, o 68.634 de los inmigrantes indocumentados que habían sido arrestados.
En el año fiscal 2004, entre los 54.261 sospechosos que no se presentaron al tribunal se incluía a 530 de Pakistán, 206 de Irán, 164 de Jordania, 93 de Iraq, 80 de Yemen, y 29 de Afganistán, de acuerdo a cifras del ministerio de Justicia.
Boyd dijo que los extranjeros indocumentados de un país de "interés especial", un término que utiliza el gobierno para describir una base potencial de terroristas, son sometidos a un cuidadoso chequeo y no son liberados sino hasta que los detectives tienen la certeza de que no representan una amenaza para la seguridad nacional. "Porque que alguien venga de Pakistán, no significa nada", dijo Boyd. "Podría ser una familia con niños".
Sin embargo, la cantidad de inmigrantes ilegales de esos países está haciendo surgir preguntas sobre la adecuación y consistencia de la protección de las fronteras norteamericanas. "Creo que hay una falta de urgencia en Casa Blanca y en el congreso", dijo Mark Krikorian, presidente del Centro de Estudios de la Inmigración, un laboratorio ideológico independiente de Washington. "Esto tiene el potencial de ser un gran tema, y los costes políticos serán altos".
Culberson, el republicano de Houston, fue más allá. "A partir de hoy, cualquier día podemos enfrentarnos a masivas explosiones de camiones-bomba en nuestras ciudades y catastróficas pérdidas de vidas causadas por terroristas de Oriente Medio que se reirán de nosotros porque simplemente cruzaron la frontera y nosotros los dejamos", dijo.
Con el plan de Culberson, que cuenta con 50 votos en la Cámara Baja, voluntarios de cualquier país podrían incorporarse a un Cuerpo de Protección de Fronteras y "usar para impedir la inmigración ilegal cualquier medio y cualquier fuerza autorizada por las leyes del estado". Los miembros del Cuerpo serán sometidos a chequeos de antecedentes penales y de enfermedad mental, dijo.
Wilkes, de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, acusó amargamente la propuesta. "Si le das a esta gente los medios necesarios para hacer detenciones, cuando el delito que cometen los inmigrantes es un delito menor, es escandaloso, es enfermizo", dijo Wilkes.
Entretanto, funcionarios de la Patrulla Fronteriza, mencionaron un programa implementado recientemente, llamado "deportación acelerada", como una experiencia exitosa. Tras empezar en 2004 en Tucson y en Laredo, Tejas, el programa se extendió en julio para atacarse a un fuerte aumento de brasileños indocumentados que cruzaban el Valle de Río Grande. Como resultado, dijo Cervantes, el flujo de brasileños, que se han transformado en el grupo más grande de no-mexicanos que entran en el área, se ha reducido considerablemente.
Para que se aplique la "deportación acelerada", un inmigrante indocumentado no debe tener antecedentes, no debe ser un delincuente juvenil, no debe ser un refugiado, y debe haber sido arrestado dentro de 160 kilómetros de la frontera y 14 días desde que ha cruzado la frontera, de acuerdo a Salvador Zamora, de la Protección de Fronteras y Aduanas, una dependencia del ministerio de Seguridad Interior.
Desde julio, se ha vuelto a su país a expensas de Estados Unidos a 757 brasileños, según la Patrulla Fronteriza. Zamora agregó que espera eventualmente extender la "deportación acelerada" a lo largo de toda la frontera sudoeste.
Entretanto, la marea de la batalla sobre la inmigración es evidente en la comisaría de la Patrulla Fronteriza aquí, donde la mayor parte de los indocumentados, los extranjeros no-mexicanos son dejados en libertad después de ser interrogados y recibir una citación judicial.
Una vez fuera de la comisaría con una cerca alambrada, muchos de los inmigrantes abordan un vehículo enviado desde la terminal de buses de Harlingen, de donde salen a destinos en todo el país, dijo Cervantes.
"Han estado aquí constantemente", dijo José Degollado, que trabaja en la terminal de buses.
En Brownsville, Castillo sacudió su cabeza cuando se le preguntó si le frustraba la tasa de no-presentación al tribunal. "Nuestro trabajo", dijo, "es aplicar la ley".
22 de agosto de 2005
©boston globe
©traducción mQh
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