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blair quiere encarcelar a opositores


[John Daniszewski] Dos británicos son acusados de filtrar apuntes de una conversación entre Bush y Blair sobre el proyecto de bombardear Al Yazira por su cobertura de la guerra en Iraq.
Londres, Gran Bretaña. ¿Pueden dos hombres ser encarcelados por revelar un secreto de estado que no existe oficialmente?
La Fiscalía General del Estado [Crown Prosecution Service} de Gran Bretaña opina que sí.
El martes, un funcionario y un ex asistente parlamentario serán procesados por acusaciones de filtrar los apuntes de una conversación entre el primer ministro Tony Blair y el presidente Bush que supuestamente indican que Bush expresó la intención de bombardear las oficinas de la televisión Al Yazira en Qatar.
La Casa Blanca y Downing Street han negado esa conversación, y los apuntes no han sido publicados.
Pero el caso contra los hombres se está presentando como una prueba de la capacidad del gobierno para proteger sus secretos e implementar la Ley de Secretos Oficiales en momentos en que la guerra en Iraq ha provocado un torrente de inquietantes revelaciones desde dentro.
Los cargos contra el funcionario David Keogh, 49, y el ex asistente parlamentario Leo O’Connor, 42, son ampliamente interpretados como una advertencia a los que tienen acceso a lo que el gobierno considera información delicada, de que si filtran esa información pueden ser procesados.
Pero eso ha provocado la indignación de algunos opositores al gobierno.
"Este es un asunto de interés público", dijo Peter Kilfoyle, del partido laborista y miembro del Parlamento, de Liverpool, que estuvo entre los primeros en enterarse sobre el documento filtrado.
Kilfoyle dijo que había oído sobre los apuntes a principios de junio de 2004, de su colega Tony Clarke, entonces parlamentario por Northampton. Clarke empleaba a su amigo O’Connor como su investigador parlamentario.
"Creo que la opinión pública inglesa y el público estadounidense tienen el derecho a saber. Deben saber qué clase de personas son los que los están gobernando", dijo Kilfoyle.
Kilfoyle ha tenido más que un papel secundario en el caso. Ha reconocido haber discutido el documento con "todo el mundo" después de que Clarke le hablara sobre él. Dijo que incluso trató de convencer a un miembro del Partido Demócrata de California de que publicara la historia en Estados Unidos para perjudicar a Bush en las elecciones de 2004.
Todavía convencido de que la información debe ser pública, retó a los fiscales recientemente a que también lo procesaran a él.
"Plan de Bush Para Bombardear a Aliado Árabe", bramaban los enormes titulares del tabloide londinense Mirror el 22 de noviembre de 2004 sobre una foto de un furioso presidente Bush. El diario, sin hacer citas directas, decía que Bush, en una conversación con Bush el 16 de abril, había propuesto atacar al canal de televisión árabe. Según se dice, Blair lo disuadió, apoyado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, Colin L. Powell.
Inicialmente la Casa Blanca rechazó el informe del Mirror como "estrafalario" y Downing Street declaró que no comentaría la filtración.
Pero la historia no desapareció. Ha estado circulando en los medios de comunicación y en bitácoras de internet en todo el mundo. El jueves fue inclusive mencionada en el último mensaje grabado atribuido a Osama bin Laden.
Ahora, con el juicio de Keogh y O’Connor a punto de comenzar y Al Yazira presentando una petición legal para obtener más información, la oficina de prensa del primer ministro emitió esta semana su denegación más enérgica hasta la fecha de que Bush siquiera sugiriera a Blair que Al Yazira debía ser bombardeada.
"Publicar conversaciones entre el primer ministro y otros líderes políticos del mundo no es nuestra práctica, y no lo será nunca", dijo el vocero oficial de Blair. "Pero lo que sí podemos confirmar es que el memorándum no se refiere al ataque contra el canal de Al Yazira en Qatar, a pesar de las afirmaciones en lo contrario".
Lo que para el público hace intrigante el caso es que sólo el gobierno y los que han leído el documento saben cuál es exactamente el contenido que los funcionarios están tratando de suprimir.
El abogado de O’Connor, Neil Clark, que lo ha leído, dijo: "No creo que haya nada en él que pueda poner en aprietos al gobierno", informó el diario británico The Guardian.
Clark dijo que el diario tenía una orden judicial que le impide comentar sobre el documento, pero agregó: "Es importante, esencial en nuestro caso, que se de a conocer al público".
Los juicios por la Ley de Secretos Oficiales de 1989, de Gran Bretaña, han sido relativamente escasos. Este caso se ha visto acompañado por una seria advertencia del fiscal general, Lord Peter Goldsmith: Los diarios que divulguen más detalles también serán procesados. Este juicio sería el primero en que se aplique la ley de secretos oficiales.
También es inusual que el gobierno haya acusado no solamente al funcionario que supuestamente filtró los apuntes de la conversación entre Bush y Blair, sino también al supuesto receptor de la información.
Al Yazira, que ha pedido a Gran Bretaña y Estados Unidos una aclaración sobre el documento, ha presentado una petición formal bajo la ley de libertad de información recientemente aprobada en Gran Bretaña. "Nos gustaría saber la verdad", dijo el jefe de despacho de Al Yazira.
El canal de televisión más popular del mundo árabe ha contratado a un bufete de abogados británico para ocuparse de su petición de leer el documento.
La conversación de Bush y Blair tomó lugar supuestamente durante un caótico período en 2004 cuando las fuerzas estadounidenses en Iraq estaban tratando de contener a los rebeldes en Faluya y Nayaf. De acuerdo al disputado informe del Mirror, Bush estaba molesto por los informes de Al Yazira sobre la ofensiva contra Faluya y sugirió bombardear el canal.
Kilfoyle dijo que el documento, según se lo describió a él Clarke, no dejaba dudas de que Bush hablaba en serio. "Si hubiese sido una broma, ni Blair ni Powell habrían tratado de disuadirlo", dijo el parlamentario laborista.
Kilfoyle dijo que Clarke lo fue a ver después de recibir el documento. Clarke no logró ser reelegido en mayo y volvió a su trabajo en la gestión de un equipo de fútbol. Dijo en una conferencia telefónica que tuvo en sus manos el documento durante un día, habló con Kilfoyle sobre este, y luego lo devolvió al gobierno. Clarke dijo que la ley le impedía hablar sobre el contenido del documento.
Keogh fue detenido en septiembre de 2004 y en noviembre de 2005 fue acusado por la Ley de Secretos Oficiales de filtrar el documento a O’Connor. O’Connor fue acusado de recibirlo y entregarlo a otros.
Poco después de que los cargos contra los dos fueran anunciados, el Mirror publicó el informe, basándose supuestamente en "un memorándum ultra secreto de Downing Street", aludiendo al domicilio del primer ministro. El diario no ha divulgado nunca su fuente.
La ley de secretos prohíbe la publicación no autorizada de información oficial si la revelación es considerada "perjudicial para el interés nacional". Se aplica a cualquiera que tenga acceso a "secretos de relaciones públicas" y otras categorías de información.
En el último caso presentado bajo la Ley de Secretos Oficiales, Katharine Gun, funcionaria de la agencia de espionaje de Gran Bretaña, fue acusada de filtrar los planes de Estados Unidos de espiar a diplomáticos de Naciones Unidas. Los fiscales dejaron caer el caso en 2004 debido a que temían que el juicio revelara demasiado sobre las prácticas de interceptaciones del gobierno.
Más recientemente, Craig Murray, el antiguo enviado británico a Uzbekistán, desafió al gobierno publicando online memoranda del gobierno. Los documentos discutían la tortura a manos de la policía secreta de Uzbekistán de supuestos militantes durante su mandato en el país de Asia Central.
Los memoranda mostraban que Murray había dicho a sus superiores que la información sobre Uzbekistán entregada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña había sido obtenida ilegalmente mediante torturas y era probablemente falsificada por el gobierno de Uzbekistán para ganarse el favor de Occidente. Sus protestas fueron ignoradas o rechazadas.
Murray no ha sido acusado de ningún delito por violar los secretos oficiales, pero cree que un jurado simpatizaría con él.
"Los jurados tienden a absolver a la gente cuando creen que han actuado por el interés general", dijo.

21 de enero de 2006

©los angeles times
©traducción mQh

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